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La impunidad empresarial

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JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA Y PEDRO RAMIRO * // En 2009, Abengoa presentó una demanda contra México ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. Lo hizo después de que una fuerte movilización social hubiera conseguido la paralización de una planta de gestión de residuos peligrosos de su propiedad en el Estado de Hidalgo, en una zona declarada área protegida por la UNESCO. Cuatro años más tarde, el laudo arbitral emitido por ese tribunal privado dictaminó que la empresa tenía que ser indemnizada con 31 millones de euros.

En 2012, Repsol interpuso ante ese mismo tribunal un recurso contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno de Cristina Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. A la vez, la petrolera emprendió acciones legales ante tribunales nacionales en Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Y se benefició de toda la presión política, económica y mediática ejercida por el Estado español y la Unión Europea. Dos años después, la multinacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y fue compensada con 5.000 millones de dólares en títulos de deuda pública.

En 2014, ACS abandonó el proyecto de construir un depósito de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona tras demostrarse la relación entre las inyecciones de gas y los cientos de terremotos que habían sufrido en esa zona. El Gobierno español asumió los costes del proyecto Castor e indemnizó al consorcio empresarial liderado por la constructora de Florentino Pérez con 1.350 millones de euros. Durante treinta años estaremos pagándolos en la factura del gas.

A principios de 2018, España se enfrenta a una treintena de demandas internacionales de arbitraje presentadas por diferentes transnacionales energéticas, fondos de inversión y sociedades de capital-riesgo. Son conglomerados empresariales que hace una década se lanzaron a hacer inversiones especulativas en el sector de las renovables, esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que hasta 2010 otorgó el Estado español. Pero cuando los gobiernos de Zapatero y Rajoy recortaron sucesivamente esas subvenciones, decidieron utilizar todos los instrumentos legales a su disposición para reclamar el dinero que iban a dejar de ganar. En caso de perder las demandas, el Estado se enfrenta al pago de miles de millones de euros en compensaciones.

Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro —vinculante, sancionador, coercitivo— que se basa en una idea de la seguridad jurídica únicamente vinculada a los intereses comerciales.

Es lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad, que sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo. Y que, mientras tutela con fuerza los intereses de las grandes corporaciones, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular sus obligaciones. Estas se remiten a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es manifiestamente frágil, y a una “responsabilidad social” que opera como un Derecho blando (soft law) basado en la voluntariedad, la unilateralidad y la no-exigibilidad jurídica. Por decirlo con un ejemplo: mientras Abengoa, ACS y Repsol pueden recurrir a tribunales de arbitraje y presionan a los gobiernos para exigirles compensaciones por lesionar sus expectativas de negocio, las comunidades afectadas por las operaciones de estas multinacionales no tienen ninguna instancia internacional a la que llevar sus demandas.

Como se recoge en su Estrategia 2020, la política comercial y la acción exterior de la Unión Europea se orientan a “crear un entorno favorable para las empresas y facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. En este marco, todos los tratados de ‘libre comercio’ y los acuerdos de asociación firmados en los últimos años, junto a otros muchos que se están negociando en la actualidad tanto a nivel bilateral como multilateral, sirven para otorgar plena seguridad jurídica a esos negocios empresariales. La lex mercatoria avanza adecuando las diferentes normativas nacionales e internacionales a los intereses de las grandes corporaciones, fortaleciendo la armadura jurídica de la que estas son las principales beneficiarias.

No obstante, a pesar de este contexto de asimetría normativa entre el Derecho Corporativo Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se está avanzando en la formulación y puesta en práctica de propuestas alternativas para enfrentar la arquitectura jurídica de la impunidad. Diferentes organizaciones sociales, sindicatos e instituciones públicas están planteando la implantación de mecanismos de control para que, por lo menos, los derechos humanos se coloquen al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas. Entre esas propuestas se encuentran, por ejemplo, denunciar los acuerdos comerciales cuando concluya su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; promover una normativa internacional para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos en todo el mundo; crear una corte mundial que complemente los mecanismos nacionales, regionales y universales. Todo ello con el objetivo de garantizar que las personas, comunidades y pueblos afectados tengan acceso la justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

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La mercantilización de la democracia

JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y PEDRO RAMIO* // La profunda crisis normativa en la que nos encontramos se ha convertido en un campo más de experimentación donde transformar el Derecho en una armadura jurídica de dominación, pasando a formar parte –de manera expresa y con funcionamiento autónomo– del conjunto de mecanismos de opresión de las mayorías sociales. La mercantilización de la democracia es una de sus expresiones más preocupantes.

Con la crisis económica y financiera que se inició en 2008 se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. Y así parece que la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales. No podemos olvidar que, al fin y al cabo, las constituciones son “mecanismos estabilizadores” que formalizan jurídicamente las relaciones de fuerza en el combate socio-político.

Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una “constitución económica” que se impone –en la mayoría de las ocasiones sin ninguna oposición de los gobiernos– a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberanía popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la mera interpretación de esa sacrosanta constitución económica. Como afirman Laval y Dardot, se sustituye el gobierno de las personas por el gobierno de las leyes privadas.

Esta constitución económica, eso sí, no se encuentra formalizada en ningún texto jurídico. Es una suma de normas, disposiciones, decisiones, pactos, tratados, resoluciones judiciales, planes, recomendaciones, rescates, deudas soberanas, indicadores riego-país, tratados comerciales y acuerdos de inversión, laudos arbitrales, etc. Todos ellos entrelazados, “amontonados” y superpuestos, de forma que desacoplan las reglas de la jerarquía normativa, el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

De la reforma del artículo 135 de la constitución española hasta la aprobación del CETA, pasando por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón que se ha anunciado hace unos días, se trata de normas que se sustraen a la democracia y a los derechos de las mayorías sociales. Un nuevo marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatización y la desregulación de los derechos sociales. Y que se vincula, a la vez, con acciones públicas que incorporan a la armadura jurídica de dominación la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la austeridad fiscal, el no endeudamiento, la “independencia” de los bancos centrales, el pago de la deuda… Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, al margen de los vaivenes de la democracia representativa. Lo que resulta novedoso es que se formaliza constitucionalmente la protección de los intereses de las clases dominantes y se disciplina la soberanía popular a las reglas de derecho privado.

Esta es una tendencia que viene fraguándose desde hace años y que el modelo neoliberal ha ido implementando poco a poco. Sería muy interesante disponer de un análisis detallado sobre los límites que las armaduras jurídicas globales heredadas por los gobiernos progresistas en América Latina han supuesto para el ejercicio de las políticas públicas a favor de las mayorías sociales, ya que nos podría dar mucha luz respecto a las dificultades que conlleva poner en práctica la voluntad popular. En cualquier caso, la Unión Europea es un ejemplo paradigmático en esta línea. Recordemos aquellas palabras de Juncker hace tres años cuando dijo que no podrían celebrarse elecciones que contravinieran los tratados europeos.

Esta afirmación implica limitar los cambios sustanciales que pueda generar la alternancia electoral y, al mismo tiempo, consolidar de facto las reglas económicas por encima de las normas que protegen los derechos humanos y socioambientales que también forman parte de los mismos tratados. Y como nos demuestra la experiencia reciente de Grecia, representa una amenaza latente para toda opción política que pretenda modificar los intereses corporativos constitucionalizados. ¿Qué papel jugaron la Carta Europa de Derechos Fundamentales de la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos en las decisiones que la troika impuso al pueblo griego que, por cierto, había ejercido su soberanía por medio de un referéndum democrático? Absolutamente ninguno.

Además, la propuesta de las instituciones comunitarias y de la mayoría de los gobiernos miembros de la Unión incide en la necesidad de filtrar la voluntad de las mayorías al ejercicio “responsable” de la política de los gobernantes, que deben ajustar la soberanía popular a las reglas privadas de carácter económico que consolidan la armadura jurídica de dominación. La aprobación de la reforma constitucional exprés para limitar el déficit público del gobierno Zapatero es nuevamente un ejemplo paradigmático al respecto.

La privatización de las normas jurídicas está dislocando los núcleos centrales y garantistas del Derecho. Así, el “derecho oficial” pierde su centralidad y se desestructura al coexistir con otro derecho no oficial dictado por diversos legisladores –no democráticos, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, el Banco Central Europeo, etc.– en el ámbito de la globalización neoliberal. A eso hay que añadir la “contractualización” de la ley y de las relaciones económicas, lo que provoca la anulación de los procedimientos legislativos, la dislocación de la separación de poderes y la mutilación de la soberanía de los pueblos y naciones. De este modo, se van suprimiendo las normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión, muy especializados, fragmentados y de una altísima complejidad técnica. Todos ellos, atravesados por las relaciones de poder que imponen las clases dominantes.

Como colofón, los acuerdos y tratados de comercio e inversiones van privatizando el poder judicial mediante los tribunales arbitrales. Igualmente, van “administrativizando” el poder legislativo, subordinándolo a instituciones y procedimientos que profundizan en la libre competencia y en la mercantilización de todas y cada una de las esferas del sector público y el interés general.

La fragilidad de los mecanismos de control, la irresponsabilidad de los poderes públicos, la sustitución de instituciones democráticas por instituciones tecnocráticas y la aprobación de técnicas y procedimientos que evalúan los derechos en función de su eficacia económica, además, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y “confusión democrática”. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del nuevo Derecho Corporativo Global y forman parte de su metabolismo funcional. De hecho, las reglas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y muy alejadas de la ciudadanía. Casi nunca se conocen los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”. Las decisiones se toman a espaldas de las mayorías sociales y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

Todo ello va alejando a la ciudadanía del control de los centros reales de poder, consolidando mecanismos autoritarios y debilitando la legitimidad de las instituciones representativas. Y es que la privatización de las normas jurídicas y la mercantilización de la democracia están provocando que los derechos humanos sean expulsados del imaginario colectivo y que se esté procediendo a una reconfiguración de quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Lo que nos conduce a una nueva etapa en la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos: las normas privadas están desplazando a los derechos humanos, protegiendo la “seguridad jurídica” de unos pocos frente a los intereses de la mayor parte de la población.

Frente a la hegemonía del proyecto neoliberal, los movimientos sociales y las comunidades en resistencia tenemos el reto de diseñar nuevas formas de participación para todas aquellas personas que viven en los márgenes del modelo político y económico. Y eso requiere, de entrada, reconstruir la democracia y los derechos humanos desde abajo y para las de abajo.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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“Hay una parte de la población amplísima que acepta la tortura, e incluso la pide”

Intxaurrondo torturas

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La narración más sorprendente y admirable sobre la tortura que he leído es un libro llamado Intxaurrondo. Lo escribió Ion Arretxe (Rentería, 1964) y lo publicó Manuel Blanco Chivite (San Sebastián, 1945) en El Garaje Ediciones. Chivite dice que lo último que hizo en su editorial fue descubrir “el enorme talento” de Arretxe. A Ion lo torturaron durante días en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. A Manuel Blanco Chivite, en “los despachos” de la Brigada Político Social franquista. Esta conversación podría haber sido con Arretxe, pero Arretxe murió en marzo de este año.

Cuando leí Intxaurrondo pensé que nunca había leído algo semejante sobre la tortura, esa forma de enfrentar violencia y dolor con inteligencia.

Él solía decir que había tardado 30 años en poder escribirlo. No en contarlo, porque en realidad, él contó lo que le había sucedido en Intxaurrondo en cuanto salió de la cárcel. Lo hizo inmediatamente: en el mismo hotel donde se hospedó para esperar a que su hermana llegara a recogerle, encontró a dos chicas desconocidas. Él les preguntó si se hospedaban en el hotel, le respondieron que sí, y resultó que eran de Bilbao. ¿Os puedo contar una cosa que me ha pasado?, les preguntó. Y les contó las torturas.

Y luego necesitó 30 años más para poder contarlo de otra manera.

Luego lo contó muchas veces, incluso al juez, que no le hizo ni puto caso. Pero tardó 30 años en escribirlo. Necesitó ese distanciamiento para, digamos, superar el trauma, o los elementos de rabia, viscerales… Para alcanzar la obra de arte, la estética.

¿Una forma de superación?

Él decía: “Yo ahora veo a aquella gente [a los torturadores] como cuando se mira el espejo retrovisor en un coche que avanza hacia delante, ahí los veo, cada vez más pequeños, atrás y pequeños”.

Ese distanciamiento le permite jugar con el elemento del humor, que haya humor. En la situación más dramática hay humor, como el momento en el que se inventa un comando o un zulo solo para que le den un pitillo.

El humor está en la escena en sí, y no digamos ya en la prosa, pero en lo que sucedió. Él se va inventando sobre la marcha porque quiere evitar el dolor… se inventa un zulo, un comando, se inventa no sé qué armas… y ellos poco a poco se van dando cuenta hasta que le dicen “coge esa pistola” y no sabe coger el arma, porque ni siquiera había hecho la mili.

Sí, humor, pero las torturas que describe son siniestras.

Para empezar, le meten en un saco y lo envuelven con cinta de precinto como una momia y le dejan fuera del saco la cabeza y las manos. Rasgan el envoltorio para sacar las manos porque al introducirlo en el río para ahogarlo, la coloración de las uñas da información sobre si está a punto de morir o no. Para controlar el terror y la muerte. El hombre es como una momia con las manos a los costados sueltas. Entonces lo introducen en un río, así, durante la noche, que es como probablemente murió Mikel Zabalza esa misma noche. Lo que hay en él es una superioridad humana, insisto, humana.

Esa superioridad humana frente al torturador la muestra sin mostrarla.

La expone, está ahí, solo eso, no hace panfleto, no hace política, por así decirlo. No hace más que narrar, y lo que se percibe es la superioridad humana de un hombre que está ahí sometido a esa tortura y en un momento dado se inventa lo que sea. Y ese invento tiene un aire de retranca.

Leyendo a Ion desaparece la suposición de inteligencia en el torturador, queda solo la obediencia animal.

Es la obediencia debida. Si uno lee los protocolos de la tortura de la Inquisición, son exactamente los mismos que los de la Brigada Político Social franquista. Y los mismos que la tortura en la actualidad, en este Estado monárquico. Consiste en lo siguiente: Nos obligas a hacerlo. Cuéntanos lo que nos tienes que contar y ya está, pero no nos obligues… Nos vas a obligar a hacer esto. Nos vas a obligar a hacer esto. En los protocolos de la Inquisición era lo mismo. Se decía: y si insiste el interrogado en no contar la verdad, y se produce derramamiento de sangre, la responsabilidad de este derramamiento o muerte será del interrogado.

Ha dicho “en la actualidad”.

Lo terrible es que, en los últimos 20 años, en este mundo en el que vivimos, la tortura no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado.

¿Por qué no hablamos de ello?

Porque hay una parte de la población amplísima que la acepta, e incluso que la pide. No contra ellos, sino contra quienes considera sus enemigos.

¿De verdad cree que la piden?

Lo creo de verdad porque lo he oído pronunciar en voz alta. Pero no en público, cuidado… Y porque se vota insistentemente a partidos que ejercen la tortura.

¿En qué ámbito lo ha oído?

Pues hasta en un bar de menú del día, vamos. Y también lo he oído en algún gabinete de prensa de algún partido que tiene diputados. Es más, Intxaurrondo no se ha reprobado socialmente. En el campo del periodismo, los periodistas de determinados medios, los que podríamos llamar periodistas policía, que hay muchos, están perfectamente al cabo de la calle de las torturas que se han hecho en este país, desde la Brigada Político Social hasta Intxaurrondo o en los años 80 o 90 o 2000. Lo saben perfectamente.

¿Y por qué lo callan?

Lo ocultan porque lo aprueban y lo callan porque lo aprueban. Quien calla la existencia de la tortura no lo hace porque cree que no existe, sino porque conscientemente la oculta. No hay nadie, nadie en España, ninguna persona con un oficio o profesión pública de información que no sepa que en España se ha torturado y que se siguen dando casos de tortura hoy en día. Y aquellos que lo niegan lo hacen por ocultamiento, un deseo consciente de ocultamiento y en muchísimos casos por sus propias relaciones de interés con los gabinetes de prensa de los cuerpos y fuerzas del Estado… del Estado, un nombre perfecto, no de la sociedad.

¿Por qué los grupos políticos no insisten en que salga a la luz?

Porque la sociedad está a favor de la tortura.

¿A favor o no quiere verla?

A favor, Cristina, a favor… Y no quiere verla porque está a favor. Es una relación hipócrita como otra cualquiera, como la señora que sabe que el marido viola a la hija y no quiere verlo.

Entiendo, se refiere a algo comparable a la violencia machista. De alguna forma hasta ahora no se ha permitido que se vea.

Es cierto que no se ha permitido. En el caso de la tortura, quienes no lo han permitido son la primera línea que la aprueba y la ejerce. En sus ámbitos gubernamentales la ejerce. Luego está el sector de “el ciudadano que vota”, que piensa que los aparatos armados del Estado tienen que cumplir unas funciones y ahí está la educación del cine, las series, la literatura, donde dicho cumplimiento les exige determinadas actividades moralmente reprobables pero necesarias para nuestra seguridad. Ahora mismo mientras hablamos se están produciendo muertes bajo tortura en Siria, en Irán, en Paquistán, en Marruecos, en Afganistán, Israel… y en todos estos países se están produciendo desapariciones bajo tortura.

Permítame que vuelva a la comparación con la “institucionalización” de los millones de mujeres torturadas en hogares y burdeles. Se escapa al delito/castigo.

Se escapa del vaso. El vaso esencial donde radica la tortura es en los aparatos del Estado. Además, hoy son tan numerosos… y de ahí se expande a la sociedad. Hay una hipocresía de no aceptación de la violencia.

Y una herencia…

La tortura forma parte de la cultura de la represión en España. Hay que tener en cuenta que la dictadura fue económica. Los militares solo se pusieron en marcha cuando los March, los Urquijo, etc., soltaron el dinerito.

Y manteniendo eso intacto se mantiene una forma de violencia constante contra una gran parte de la población.

En el franquismo, desde fines de los 50 se produce una reconversión general de la economía y se desplaza de la España agrícola a las grandes ciudades entre 6 y 8 millones personas. Hay que ver cuántos de ellos, en lugar de irse al andamio o a Alemania, deciden meterse en la Guardia Civil o en la Brigada Político Social […]. Estoy hablando del perfil humano del torturador. Es un tipo repugnante. En el mejor de los casos, un psicópata. En el mejor de los casos… Se trata de un castigo en términos de poder social. Placa y pistola: la placa es impunidad y la pistola poder. Es un acceso al poder por la vía rápida.

¿Cabe la posibilidad de que la tortura no deje mella?

Sí que dejaron mella en Ion. Lo que ocurre es que fue capaz de sanar. Me recuerda a algo que decía Virginia Woolf, que el gran escritor se desprende de las mellas, de la visceralidad, de lo inmediato para profundizar en lo que quiere decir. Para hacer universal su discurso. Para hacer arte, en definitiva. Es interesante en Intxaurrondo lo que tarda Arretxe en estar en disposición de escribir algo tan estremecedor y al mismo tiempo tan humano y profundo. Es porque el tiempo le ha dado sabiduría, distancia, y es importante, muy importante, la inteligencia.

A usted le torturaron hace 42 años.

Sí, pasé por los despachos de la Brigada Político Social, y no, no lo pasé muy bien. Pero uno no puede vivir toda la vida en la tortura. De la misma forma que si una ha salido de un campo de concentración no puede instalarse toda la vida ahí.

Entonces la grandeza de Ion es que es capaz de sublimarlo y hacer arte con ello.

No es una escritura terapéutica si no artística. Cuando sale y se lo cuenta a esas dos desconocidas ya inicia, de forma espontánea, una cura por su cuenta. En el caso de Ion como en el de muchos más, hay una opción por la vida.

E imagino que un ejercicio individual, íntimo.

Sí. Es un ejercicio individual, tiene un componente social, pero es un ejercicio fundamentalmente individual. Por ejemplo, yo hice mía la idea de Ion del retrovisor, de ver cómo esas personas se van haciendo cada vez más pequeñas, quedan atrás y uno avanza.

*La foto de Ion Arretxe incluida en este artículo fue realizada en diciembre de 2015 por Álvaro Minguito.

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Las tres vergüenzas de España

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Estas son las principales asignaturas pendientes que el Estado se niega a corregir a pesar de los toques de atención  –y condenas– de organismos internacionales.

MIGRACIÓN

Devoluciones en caliente

Lo dicen juristas, ONG, el Consejo de Europa… Y una condena al Estado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Existe una coincidencia mayoritaria sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente: no se trata de una práctica más de control migratorio, como alega el Gobierno, sino de una vulneración del derecho de asilo. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas ha vuelto a pedir que se acabe con ellas. Esto decía la ONU en su último informe: “Nos preocupa que dichas expulsiones se realicen sin las garantías suficientes”. Las devoluciones en caliente, que llevan años realizándose en la frontera de Ceuta y Melilla, fueron “legalizadas” por el Ejecutivo del PP con la Ley Mordaza –Ley de Seguridad Ciudadana–. Con esa normativa introducía, a través de una reforma de la Ley de Extranjería, el concepto de rechazo en frontera como un mecanismo legal para devolver sumariamente a las personas sin realizar trámite alguno.

Recientemente, fue denunciada la muerte de siete mujeres en una de esas devoluciones, de las que el Estado asegura no saber nada. En otro informe, Amnistía Internacional cita el caso concreto de la expulsión colectiva de al menos 60 personas el 9 de septiembre de 2016: “Habían conseguido entrar en territorio español saltando las vallas y, antes de su expulsión, algunas de estas personas fueron golpeadas por agentes marroquíes que penetraron en la zona intermedia entre las vallas, que es territorio español. Algunas de las que fueron devueltas a Marruecos resultaron heridas”. Hasta el momento, ninguna promesa sobre la derogación de esta ley se ha cumplido. El Senado votó en contra de una propuesta de Podemos en noviembre pidiendo el fin de esta práctica. El PSOE se abstuvo alegando que era partidista y que su proyecto para reformar la Ley de Extranjería ya se está tramitando en el Congreso.


MEMORIA HISTÓRICA

Ley de Amnistía

“No son asuntos de política partidista, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos”, expresó el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, en su visita a España en 2014. El organismo ha seguido recordando a España su obligación de reparar a las víctimas del franquismo, sin éxito. “España debe velar para que se identifiquen a los responsables, se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas”, exigía en su último informe el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El Gobierno del PP, sin embargo, no ha movido un dedo para corregir o, al menos, interesarse por esta petición. Los crímenes del franquismo, hasta ahora, están siendo juzgados por un tribunal argentino y el presupuesto que el Gobierno dedica a estas cuestiones –siendo el segundo país con mayor número de desaparecidos– asciende a 0 euros. El organismo de la ONU también insta al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía de 1977, que es justo la norma a la que se remiten los jueces para evitar investigar los crímenes. Los familiares de víctimas llevan años en una lucha sin apoyo institucional ante una causa que debería ser asunto de Estado. La apología del franquismo no es delito en España. Y mientras, la Fundación Francisco Franco recibe subvenciones públicas. Vivimos, como recogimos en #LaMarea26, en un país sin memoria. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura desconocer por qué se le cambia el nombre a las calles.


TORTURAS

Abusos policiales

La violación de derechos humanos por agentes policiales está también entre las graves asignaturas pendientes de España. El mismo informe de la ONU reprocha al Gobierno que conceda indultos a agentes condenados por torturas y que no se investiguen con contundencia las denuncias. En la causa de Xabier Beortegui Martínez, detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió una vez más que España violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar de manera eficaz las denuncias de tortura infligida a personas detenidas en régimen de incomunicación.

“Era la séptima vez que el tribunal dictaba una sentencia de esta índole contra España”, recoge Amnistía Internacional, que señala también el caso de Ester Quintana, quien perdió un ojo en noviembre de 2012 por el impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra durante una protesta. Fueron absueltos porque el tribunal no pudo determinar cuál de los agentes había disparado el proyectil. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) acaba de publicar un duro informe en el que denuncia que en las cárceles se recurre a la inmovilización de los presos durante largos periodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en su informe de 2015, ha recopilado 128 situaciones que afectó a 230 personas. Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Desde 2004, la organización ha reunido 3.261 situaciones de torturas o malos tratos.

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“Archidona es un banco de prueba para normalizar los inmigrantes en la cárcel”

archidona

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La abogada y senadora de Podemos Maribel Mora ha seguido muy de cerca durante años la situación de la población reclusa y migrante como miembro de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). La semana pasada visitó la cárcel de Archidona (Málaga), que ha sido reconvertida en CIE por el Ministerio de Interior. El Defensor del Pueblo, en una visita anterior a las instalaciones, ha constatado la violación de derechos de las personas allí encarceladas.

¿Cómo se han podido encarcelar a migrantes en la cárcel de Archidona?

En primer lugar, hay que afirmar tajantemente que la reclusión de cientos de migrantes, recién llegados a nuestras costas en patera, atenta contra la legalidad vigente, contra la propia Ley de Extranjería que aprobó el PSOE y sobre la que el PP posteriormente incluyó modificaciones que amparaban, por ejemplo, las devoluciones en caliente que ya se practicaban durante el gobierno socialista. En las resoluciones judiciales que el Ministerio del Interior utiliza para justificar su actuación se habla de internamiento en un centro de carácter no penitenciario dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, cuando es un centro precisamente penitenciario por un lado y no existe siquiera una Jefatura Superior de Policía en Archidona por otro. Otros autos hablan del centro de internamiento de extranjeros habilitado que corresponda (es la nomenclatura que se utiliza para habilitar centros temporales) y esta cárcel no dispone de ninguna orden que le habilite como centro de internamiento temporal. Entre otras cosas porque no es posible hacerlo en un centro de carácter penitenciario. Es más, la orden que está publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017 es de creación como centro penitenciario. Me consta que varios colectivos sociales han puesto en manos de la Fiscalía esta grave irregularidad. Y ya hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, detallando estas graves irregularidades que observamos e instándole a que actúe con urgencia ante una vulneración evidente de los derechos fundamentales de las personas a las que se ha privado de su libertad.

¿Entonces cómo, aun así, están encarcelados? El Defensor del Pueblo ya ha dicho que esas condiciones violan los derechos de esas personas…

Sucede, por desgracia, que aunque existen organismos a nivel estatal como internacional con competencias para fiscalizar posibles violaciones de los derechos humanos, Defensor del Pueblo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo, no existen mecanismos para hacer efectivos sus dictámenes. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a las devoluciones en caliente, que considera ilegales, ya hemos visto que el Gobierno no lo acata cuando no le parece porque no hay mecanismos para que hagan ejecutivas sus sentencias. En el caso del Defensor del Pueblo, puede emitir recomendaciones solamente. En el caso de Archidona, el Defensor reconoce que se dan numerosas irregularidades y vulneraciones de la legalidad y de los derechos humanos, pero no insta a su cierre, entre otras cosas porque no tiene competencias para hacerlo. Eso sí, puede ser más o menos contundente y crítico con el Gobierno. En este caso toca ser lo más tajante posible porque estamos hablando de uno de los actos más graves en la historia de los internamientos de migrantes en España y un banco de pruebas para normalizar esta barbaridad y usar módulos de prisiones para internar inmigrantes que lleguen en pateras.

¿Cree que el Gobierno está endureciendo –aún más– las medidas contra la migración conscientemente, es decir, como un nuevo modelo iniciado con la legalización de las devoluciones en caliente?

Sí, así es. Nuestro país, por desgracia, ha sido el alumno aventajado de una Europa que prefiere mirar hacia otra parte ante la crisis humana que afecta a África, Oriente Medio y al conjunto del mundo árabe. La misma política de externalización de fronteras que Europa ha negociado con un país como Turquía, con acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, ya las habían puesto en práctica gobiernos españoles de diferente signo político (PP y PSOE) con Marruecos y otros países africanos, Estados con un grave déficit democrático. Lo que ha sucedido en Archidona puede sentar un grave precedente. El Gobierno ha recluido en una prisión a cientos de personas migrantes que huyen de la violencia y la miseria, algunos siendo víctimas de mafias que les han traído a Europa a través de una peligrosa travesía en patera. Cuando eso sucede, nos podemos temer lo peor, es decir, la criminalización de las personas migrantes. Es un banco de pruebas para ver cómo reacciona la opinión pública ante el hecho de recluir a migrantes en las cárceles. Si consiguen que esta posibilidad se normalice en la ciudadanía nos vamos a encontrar con que el Gobierno planteará una reforma legal en este sentido. Es un momento muy peligroso y grave.

¿Y cree que está habiendo suficiente contestación con respecto al caso de Archidona?

Creo que, a pesar de que numerosos movimientos y colectivos sociales están denunciando el inhumano encarcelamiento de migrantes en Archidona, la actualidad informativa que se nos impone va por otros caminos y un suceso tan grave y terrible pasa desapercibido para la mayoría de la población. Por eso vamos a seguir denunciando esta situación y estoy convencida de que habrá una importante contestación social y muchas personas que ocupamos puestos de responsabilidad política haremos todo lo posible para evitar la criminalización de la pobreza, y la ampliación de los políticas de externalización de fronteras que, pisoteando los DDHH de las personas migrantes, es lo que suponen los planteamientos del Partido Popular.

¿Qué opina de la presentación del CIE de Algeciras que hizo el ministro Zoido?

Me parece lamentable que el señor Zoido se atreva a acudir a Algeciras, donde hay un CIE cuyo plan de emergencia reconoce que sería imposible evacuar a las personas internas en caso de incendio. El ministro Zoido presentaba feliz un nuevo modelo de CIE pretendiendo hacernos creer que se trata de una especie de hotel 5 estrellas para inmigrantes. Por cierto, esas condiciones que vendía a bombo y platillo como algo fantástico que graciosamente pretende dar a los migrantes que encierra, son solamente las condiciones que según nuestra actual legislación deberían tener todos los CIE. No hay ningún CIE 5 estrellas, como Zoido nos intenta hacer creer. Se está publicitando la creación de nuevos CIE sin analizar si quiera la efectividad del sistema. Más de la mitad de las personas que internamos no son expulsables y quedan después en libertad. No tiene sentido que les dejemos hasta 60 días sin libertad para nada. En el CIE de Algeciras no se llegan a expulsar ni el 4% de las personas que se internan. Eso sí, el sufrimiento de alguien que llega después de meses o años de tránsito huyendo para terminar aquí es indescriptible. Estamos internando a personas que sufren naufragios en la patera donde ven perder la vida a amigos o compañeros de viaje, y tal como los rescatamos en el mar los metemos en un CIE.

¿Qué es lo peor del CIE en sí mismo?

Es terrible el hecho de que a una persona que no ha cometido ningún delito, sino una simple falta administrativa al acceder irregularmente a territorio español (entre otras cosas porque no hay vías seguras para hacerlo de forma regularizada), se la prive de libertad, se le limiten sus derechos más esenciales y se la obligue a vivir en condiciones inhumanas, tal y como sucede en los CIE de Algeciras y Tarifa, por ejemplo. A todo ello hay que añadir que los CIE no son siquiera útiles para la política migratoria del actual Gobierno. A la mayoría de personas a las que se interna no se las podré devolver a sus países de origen, porque no hay convenios de retorno firmados con los mismos. Y eso el Gobierno lo sabe. ¿Por qué mantienen los CIE como una herramienta central en sus políticas migratorias? Por que es mucho más fácil jugar con el miedo mostrando un enemigo, al que se criminaliza, que viene de fuera y que viene a “robarnos” lo que tenemos, mostrando así a “sujetos” a los que se trata como objetos y son deshumanizados. Sin embargo, otra política migratoria es posible. Respetuosa con la legalidad internacional de Derechos Humanos que España ha suscrito, y con nuestra propia legalidad, pero el Gobierno no está interesada en ello.

¿Por qué se incumplen sistemáticamente los DDHH si son eso, derechos humanos?

Los derechos humanos se vulneran, por desgracia, a lo largo y ancho del mundo, tanto en los países en vías de desarrollo como en las sociedades occidentales, en las que presuponemos que existen más garantías y libertades. Los responsables son los propios gobiernos en la mayoría de los casos. Las personas no se colocan en el centro de las prioridades políticas. A parte de que se usan dobles raseros y no se garantizan igual a todas las personas. 

¿Por qué no ocurre nada cuando los Estados violan los DDHH?

Recientemente en el Senado se ratificó el CETA, un tratado comercial que, una vez aprobado, vincula de manera efectiva a los Estados firmantes para afectar radicalmente a la sociedad en su conjunto. Sin embargo y muy lamentablemente, no sucede lo mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con otros convenios internacionales, que para los Estados tienen un carácter meramente simbólico. En este sentido, por ejemplo, es sintomático lo que sucede en Europa, a priori una referencia en materia de libertades y donde existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, y cuyas sentencias no son de obligado cumplimiento por los Estados firmantes. Los pilares europeos se basan después de la II Guerra Mundial en proteger por ejemplo a los refugiados. Sin embargo, los intereses espurios tanto en este tema como en otros muchos están transformando Europa en un espacio insolidario y racista.

¿Cuánto hemos retrocedido en el cumplimiento de los DDHH?

Efectivamente, durante la última década, existe un retroceso en materia de derechos humanos que tiene que ver con una crisis (económica, política e incluso civilizatoria) de índole global. Sucede en un Oriente Medio que se desangra por las guerras y la violencia, pero también en una Europa que se sacude con movimientos xenófobos, islamófobos y antisemitas. Pienso que estamos en un momento crítico en el que es muy importante que a nivel personal y colectivo analicemos en qué sociedad queremos vivir y qué mundo vamos a dejar para quienes nos sucedan.

¿Y en España?

España, por desgracia, no es una referencia en materia de derechos humanos. El pasado 3 de octubre conocimos una sentencia del TEDH que consideraba “ilegales y contrarias a los derechos humanos” las devoluciones en caliente que se producen en nuestra frontera sur. Sin embargo, es algo que afecta al común de la sociedad y las políticas puestas en marcha por el Partido Popular durante los últimos años son una amenaza al común de la sociedad. Aunque debemos recordar que fue en épocas del Gobierno del PSOE cuando se comenzaron a realizar estas prácticas inhumanas y fueron quienes pusieron las concertinas. Es una realidad que las personas migrantes son víctimas sistemáticas de unas políticas que durante los últimos años han recortado sus derechos. Miles de migrantes malviven durante años en nuestro Estado sin posibilidad de tener papeles, tener por tanto trabajo legalizado, se les niegan derechos como ciudadanos pero no pueden volver a sus lugares de origen. Son ciudadanos de segunda categoría a los que abandonamos y miramos hacia otro lado. Las cárceles, donde como activista he estado involucrada durante 20 años, son otros de los lugares donde observamos preocupantes violaciones de los derechos humanos. De hecho el TEDH nos ha condenado ocho veces por no investigar suficientemente casos de malos tratos o torturas. Es quizás este uno de los mayores problemas de vulneración de DDHH que además se niegan. Mientras que se niegue la existencia de la tortura no avanzaremos como sociedad para erradicarla.

¿Qué derecho se incumpla en las cárceles españolas todos los días?

El derecho a la salud, por ejemplo. Un 40% de la población reclusa de nuestro país padece algún trastorno mental y en muchas prisiones no acude ningún psiquiatra. Un 6% es portador del VIH y hasta un 20% tiene hepatitis C sin que, por ejemplo, tengan acceso a los últimos tratamientos para combatir la hepatitis C en igualdad de condiciones que las personas en libertad. Las condiciones de la atención sanitaria en las prisiones son muy deficientes.

¿Qué es lo más doloroso que ha visto en primera persona relacionado con el incumplimiento de los DDHH?

Los casos de tortura, que afectan fundamentalmente a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, personas presas o migrantes. Por desgracia en nuestra frontera sur y en las cárceles españolas se ven casos de vulneración de los derechos humanos terribles y escandalosos.

¿La sociedad sabe en general qué son los DDHH y que se violan a diario, por ejemplo, en asuntos de sanidad, vivienda, educación…?

Yo sí creo que las personas tenemos conciencia, por un instinto casi natural, de lo que es justo y de lo que no lo es. Hace ya varios años, con el estallido del 15-M, pudimos observar a una sociedad que se rebelaba contra la injusticia, que exigía fundamentalmente dignidad. También pienso que tanto la crisis económica como las nefastas políticas de los últimos años son un grave peligro, porque es posible que puedan generar sociedades menos solidarias, más arbitrarias e individualistas.

Se está legislando incluso contra los derechos humanos. La ley mordaza, otro ejemplo.

Para mí es evidente que la ley mordaza tiene como principal objetivo criminalizar la legítima protesta de una sociedad que se movilizaba contra los recortes sociales y contra la corrupción. Creo que la mayor parte de los gobernantes europeos son también conscientes de la involución democrática que la ley mordaza supone. Sin embargo, la actual Europa se ha edificado sobre los principios económicos del neoliberalismo y no sobre el respeto a los derechos humanos.

¿Por qué no se ha derogado todavía?

Tengo una absoluta confianza en que existe una mayoría parlamentaria que nos va a permitir derogarla en la actual legislatura. Es evidente que una amplia mayoría social está en contra de los recortes de libertad que el PP puso en marcha amparándose en su mayoría absoluta. Esperemos que esa mayoría social sea también mayoría parlamentaria.

¿Qué relación ve entre DDHH y el sistema económico en el que vivimos? ¿Qué papel juegan las políticas de austeridad y recortes?

Se trata de una relación estrecha y directa. Las sociedades que más se preocupan por respetar los derechos humanos son aquellas donde menos desigualdades existen y donde se procura garantizar al conjunto de la población unas condiciones mínimas de dignidad. Los recortes y el austericidio de la última década nos ubican en una perspectiva contraria. Cuando se recorta en sanidad y en educación, obviamente, se está recortando en derechos humanos y se está menoscabando la dignidad de nuestra sociedad.

¿Hacia dónde vamos en general? ¿Cómo quedarán los DDHH pongamos año 2049? Habría que redactarlos de nuevo?

Más que redactarlos de nuevo, creo que es necesario garantizarlos. Creo que durante los últimos años se ha producido una grave involución. A escala global, pero también en el Estado español. No soy capaz de prever en qué situación nos encontraremos en 2049, pero soy optimista y quiero pensar que podemos invertir la última deriva que hemos vivido. Eso solo será posible si la mayoría social lucha para que la minoría que ostenta el poder económico no imponga un modelo de sociedad donde unos pocos hacen el agosto a costa de los derechos del resto.

¿Es mayor el cumplimiento de los DDHH que su vulneración?

Es complicado hacer ese cálculo. Creo que es más interesante pensar sobre la dirección en la que vamos. Se trata de una reflexión tanto personal como colectiva respecto a la sociedad en la que queremos vivir, sobre las condiciones de vida que queremos, no solo para nosotras mismas, sino para nuestras semejantes también.

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Helena Maleno: “Lo más doloroso es la normalización de la pérdida del derecho a la vida”

“Yo estoy tranquila, confío en el tribunal marroquí, sé que está haciendo su trabajo como tribunal de investigación. Acudiré a la declaración y contaré quién soy, cuál es mi labor como defensora, y que mi empeño es siempre la salvaguarda del derecho a la vida de las personas”. Helena Maleno, defensora de los derechos humanos, acudirá este martes a declarar en el marco de una investigación penal sobre «tráfico de seres humanos» acusada por el Estado español, según ha denunciado la activista de Caminando Fronteras. Decenas de organizaciones han apoyado un manifiesto en su apoyo: «[Es] un proceso judicial claramente destinado a criminalizar el trabajo que desarrolla Helena Maleno desde hace años como defensora de derechos humanos». Ella es una de las voces de nuestro especial sobre DDHH.

¿Por qué se incumplen los derechos humanos?

Porque el discurso de los derechos humanos ha sido un discurso colonial: derechos humanos hechos para unos determinados grupos de personas y no para todos los seres humanos. Este discurso lo que hace es dar valor a esos Estados-nación coloniales y dar una serie de derechos a los que están dentro del marco de esos Estados-nación, pero no a todos ni a todas. Los DDHH nunca han sido para todos los seres humanos. Y por eso hemos normalizado que se puedan violar sistemáticamente.

¿Por qué no ocurre nada cuando los Estados violan los DDHH?

Vemos cómo el discurso de los DDHH es muy débil, por ejemplo, cuando el derecho de la defensa del territorio en esos Estados-nación está siempre por encima de los derechos de las personas. Por eso en nuestro imaginario ese derecho del territorio está por encima del derecho de las personas y por eso pueden morir personas en la frontera y por eso existe un discurso que justifica esas muertes en las fronteras. Cuando estás dentro de esos márgenes, disfrutas de ciertos derechos. Porque al final los derechos humanos son una escala de privilegios. Los más privilegiados disfrutan de más derechos y los menos privilegiados, de menos.

¿Hemos retrocedido mucho?

El otro día escuchaba a la periodista que habla sobre la doctrina del shock [Naomi Klein]. Evidentemente, estamos retrocediendo en todos los derechos humanos, si alguna vez estuvimos avanzados. En los Estados privilegiados, en los Estados europeos, en los EEUU… estamos disminuyendo en derechos conforme aumenta el poder y la concentración económica. Es esa doctrina del shock que te permite reducir en derechos, que te permite dar golpes de Estado, que permite que la economía controle como ya controla y que te permite hacer lo que se califica como expulsiones. Al final, el Estado-nación es solo una construcción que nos venden a través de discursos diferentes, como el de los DDHH. Y al final hay muchas personas que están expulsadas de ese marco por las grandes concentraciones de la riqueza.

¿Qué relación hay entre paraísos fiscales y el incumplimiento de DDHH?

Quienes gestionan el mundo son estas grandes ciudades financieras, los paraísos fiscales. Dentro de las industrias están las industrias criminales, que trabajan codo a codo y funcionan codo a codo con el resto de industrias que permiten la concentración de la riqueza y que no sabemos dónde están, donde limpian y blanquean su dinero. El 1,8% del PIB mundial pertenece a esas industrias criminales, entre ellas la industria de la esclavitud. Hay una esclavitud en el mundo que podemos ver a través de la trata de seres humanos, de la explotación laboral, de la mendicidad, del tráfico de órganos… El sistema necesita esclavos y esclavas. Es el sistema financiero quien decide cómo aplica esas doctrinas del shock, cómo expulsa y a quién expulsa del sistema para que se permita mayor concentración de la riqueza.

¿Qué papel están jugando las políticas de austeridad y recortes en la reducción de derechos humanos en España?

Aquí está la política de austeridad y recortes, que está enfocada a permitir que las industrias y las industrias criminales pervivan y se alimenten de ella. Siempre hemos visto, Estados coloniales como somos, que era ese sur global colonizado el que estaba siendo expulsado de los márgenes de esos DDHH. Pero con estas políticas de austeridad y recortes estamos también dentro de ese proceso de expulsión quienes nos sentíamos en situación de privilegio respecto a los DDHH. Lo vemos al sur global, todos esos desplazamientos, todas esas personas que se mueven son expulsadas, pero lo estamos viendo también en el norte global, esas personas que se están viendo afectadas por ejemplo con los desahucios o la gente que está en estado de pobreza en el Estado español, dos millones de niños y niñas, recordemos.

¿Qué es lo más doloroso desde su experiencia?

Lo más doloroso es la normalización de la pérdida del derecho a la vida, que haya discursos que en defensa del territorio te justifiquen que haya personas que han perdido su derecho a la vida, que haya asesinatos y que haya una guerra como la guerra de las fronteras en las que hay personas que están armadas y otras que no tienen cómo defenderse. Ese ataque al derecho a la vida, que es diario y está normalizado y está justificado por una parte importante de la sociedad europea, es lo más doloroso. Y dentro de ese marco entra cómo se construye con un racismo institucional. El terrorismo machista también hace que las mujeres valgan mucho menos dentro de esas violaciones de DDHH. Sin duda, lo más doloroso es el día a día, ese día a día en el que ves cómo no existen esos derechos, cómo la gente va muriendo y los que ven que mueren no solo no hacen nada por impedirlo sino que normalizan que se estén muriendo.

¿Por qué se puede legislar contra los DDHH, como está ocurriendo?

El Estado-nación siempre decepciona, es colonial, está construido por los intereses económicos internacionales y va a traicionar los DDHH. En cuanto necesite expulsarnos, nos va a expulsar. Por eso puede crear leyes mordaza, por eso puede justificar asesinatos en la frontera, por eso puede justificar que los derechos del territorio estén por encima siempre. Además, al Estado-nación le sirve la bandera para que todos esos expulsados y expulsadas del sistema no se sientan tan expulsados y expulsadas de ese sistema, de esa Unión Europea que se construye con el odio y el enfrentamiento a un tercero, que es el que está esperando a las puertas de la fortaleza europea.

¿Hacia dónde nos encaminamos?

Hay que reflexionar sobre hacia dónde vamos, cuáles son los marcos de los DDHH. Tenemos que ir hacia otros caminos, otros mandatos, otras resistencias. Y eso no son teorías, ni utopías, es el día a día de las poblaciones, de los pueblos del sur global, pero también de la Unión Europea. No quiero ser pesimista, pero sí creo que vamos hacia un mundo donde las industrias criminales, depredadoras, extractivas… son las que cada vez más gestionan el poder. Nosotros y nosotras tenemos que crear nuestras resistencias a partir de ahí. Hay que reformular el enfoque de lo que son los DDHH y de cómo nos afectan.

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“Hay un serio peligro de que las mujeres sean revictimizadas por el sistema judicial”

justicia

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Women’s Link Worldwide y Abogadas para la Igualdad han presentado una querella por un delito de odio contra el psicólogo forense que emite la mayoría de los informes periciales para la Administración de Justicia en Asturias. Según las organizaciones, en los informes que elabora en juicios por violencia de género y por abusos sexuales «desacredita el testimonio de las mujeres y de sus hijos e hijas basándose en prejuicios y estereotipos de género, como que las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o exparejas». Es decir, «no se las cree por el hecho de ser mujeres y se las trata como unas mentirosas que se aprovechan de los procedimientos judiciales». La querella incluye cinco casos: tres sobre abusos sexuales a menores y dos por violencia de género. Hablamos con la presidenta de Women’s Link, Viviana Waisman, sobre el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

¿Cuáles son los DDHH más vulnerados que afectan a las mujeres?

Es importante entender que a las personas no se nos puede clasificar como si cupiéramos en ‘cajas’ que no están conectadas entre sí. Una mujer puede ser, a la vez, víctima de violencia de género, víctima de violencia sexual, víctima de conflictos armados y víctima de trata. Por tanto, son muchas las vulneraciones de derechos que una mujer o una niña puede sufrir. Las víctimas de trata, por ejemplo, sufren todas las vulneraciones de derechos conocidas: el derecho a vivir libres de discriminación, a la libertad de movimiento, a vivir libres de tortura, a la integridad física, a vivir libres de violencia, a la salud sexual y reproductiva e, incluso, el derecho a la vida.

¿Por qué se vulneran y no ocurre nada?

Cuando las mujeres y las niñas intentan acceder a la justicia muchas veces se encuentran con prejuicios o estereotipos de género sobre lo que una víctima debe ser o cómo debe comportarse. Existe una falta de formación en género muy grave en los órganos judiciales que lleva a que se produzcan este tipo de situaciones. Y hay un serio peligro de que sean revictimizadas por todo el sistema judicial.

¿El caso de la manada es un ejemplo?

No podemos seguir permitiendo que toda la responsabilidad de demostrar la violencia de género recaiga sobre las mujeres y su testimonio. No se debe seguir juzgando su forma de vestir, cómo se comportaron, si tuvieron cuidado o no cuando iban por la calle… La justicia tiene que poner el foco en qué nos sucede como sociedad para que las mujeres sigan siendo agredidas por los hombres.

¿Cómo ha sido el retroceso en los últimos tiempos?

No cabe duda de que en los últimos años se ha avanzado mucho en el marco legal que asegura los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, las personas que trabajamos en este ámbito sabemos que no se puede pensar de forma lineal, sino que hay que tener en cuenta que ante un avance siempre surgen amenazas y se producen retrocesos. El primer paso siempre es tener un marco legal que reconozca los derechos de las mujeres y prohíba la discriminación, pero además hace falta que se implementen los derechos sin estereotipos de género y cuidando el acceso a la justicia de todas las personas.

¿Por qué en muchos casos está siendo injusta la justicia con las mujeres?

En el campo en el que trabaja Women’s Link, que es la justicia, hay una brecha muy grande entre lo que dice el derecho sobre el papel y cómo se aplica en la realidad. Los estereotipos y prejuicios que pesan sobre las mujeres y las niñas cuando intentan acceder a la justicia hacen que muchas veces queden totalmente desprotegidas.

¿Hacia dónde vamos? 

Lo apasionante de trabajar con mujeres y niñas que enfrentan serias dificultades para disfrutar de sus derechos, ya sea en el empleo, en la salud sexual y reproductiva, en la justicia o en cualquier otro ámbito, es que cuando sus derechos se reconocen y se aseguran, el beneficio repercute en toda la sociedad porque todos y todas vivimos en un mundo más justo.

¿Pero cómo podemos garantizar esos derechos humanos?

Los instrumentos de protección de los derechos humanos son más que suficientes, lo que hay que hacer es aplicarlos con perspectiva de género para defender de una manera amplia y efectiva los derechos de las mujeres y las niñas. Todo el mundo sabe que los derechos humanos deben ser protegidos y respetados. Quizá no todas las personas sepan definirlos o enumerarlos, pero todos y todas sabemos que todas las personas tienen derecho a que sus proyectos de vida sean respetados y a que sus deseos, sueños y planes de futuro sean escuchados. Esa es la esencia de los derechos humanos.

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