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Querella contra Florentino Pérez y cinco exministros por el ‘fraude’ de Castor

Una serie de plataformas ciudadanas han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional por el caso del almacén de gas Castor, el proyecto de Florentino Pérez para guardar este combustible a 22 kilómetros de la costa. Además del presidente del Real Madrid y consejero delegado y máximo accionista de ACS, el escrito va contra cinco exministros, un ex secretario de Estado y el presidente de la concesionaria Escal, Recaredo del Potro, por presunta prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. La querella se registró el pasado jueves 23 de febrero y está a la espera de ser aceptada a trámite. En concreto, las asociaciones querellantes son el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos de Cataluña, y su escrito afecta a los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, José Manuel Soria y Elena Espinosa. También al ex secretario general de Energía Ignasi Nieto y a Juan Cotino, ex consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. La querella llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el procedimiento por el cual el Estado indemnizó a Escal, de la que ACS es propietaria de dos tercios desde 2007, con 1350 millones de euros por el fracaso del proyecto. Esta decisión del TC sólo anula el artículo 4 del real decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy compensó a la empresa en 35 días, ya que no considera que hubiese “urgente necesidad”. En concreto, la denuncia considera que hubo malversación en la compensación por el Castor dado que se repercutió en los costes regulados del sistema (puesto que se incluyó en el recibo del gas), que se considera como caudal público. Por otra parte, Magdalena Álvarez está incluida en la querella porque desde el Ministerio de Fomento modificó una serie de límites marítimos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el fin de que la concesión sólo afectara a este último territorio. Este último presunto delito prescribiría el próximo 5 de marzo, lo que explica la urgencia a la hora de presentar la querella, según las organizaciones. El proyecto Castor se concibió para reconvertir un antiguo almacén de petróleo a 22 kilómetros de la costa en uno de gas. La planta contaba con tres elementos: una plataforma marítima con 12 pozos, una planta de operaciones en tierra y un gasoducto de más de 30 kilómetros para transportar el gas. Un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), relacionó las inyecciones de gas con una serie de seísmos producidos en 2013, por lo que se decidió que no se reabriese la planta. Sin embargo el documento exculpaba a la constructora —y a las Administraciones— al asegurar que no se podía prever ese fenómeno con los "estándares" de la industria de entonces, aunque pide que se cambien dichos baremos.

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