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Las goteras de la democracia

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España no es una dictadura. Está clarísimo. Pero 80 años después del golpe del 18 de julio de 1936, tras una Transición modélica, una Constitución “nacida del consenso” y una convivencia razonable, la ONU sigue pidiendo a este país que reconozca a las víctimas del franquismo, porque se trata sencillamente de una cuestión de derechos humanos. El pasado septiembre le dio 90 días para hacerlo. ¿Alguien cree que el Estado va a reconocerlas en 90 días?

Está claro que España no es una dictadura, pero el funcionamiento de algunas instituciones revela déficits sustentados, sobre todo, en la falta de control por parte de la ciudadanía. Estos son los pilares sobre los que se ha construido una democracia permeada por el franquismo que deja ver sus goteras desde hace tiempo.


La Iglesia

El símbolo del poder que aún mantiene la Iglesia podríamos situarlo en la mezquita de Córdoba, de la que la jerarquía católica se ha adueñado por unos pocos euros sin sonrojo. Pero la Iglesia, en realidad, está en todos lados: en la escuela, en la Justicia, en el Parlamento… La Iglesia no paga IBI, el Estado financia colegios que segregan, los ayuntamientos siguen nombrando alcaldesas a las vírgenes, los tribunales juzgan casos como el de la procesión-protesta del coño insumiso, el Parlamento legisla en muchos casos con criterios de moral católica… De momento, lo que dice la Iglesia en este país va a misa.


La monarquía

El rey es el jefe de Estado, además del máximo responsable de las Fuerzas Armadas. El Ejército está a sus órdenes, a pesar de que no se ha celebrado un referéndum que permita elegir el modelo de Estado (monarquía o república) que desean los ciudadanos para España. A diferencia de su padre, que juró su cargo delante de una Biblia y un crucifijo, Felipe VI lo hizo sobre la Constitución, es más joven y preparado, pero la Casa del Rey, por ejemplo, no está obligada a detallar el presupuesto que tiene asignado. Recientemente, los Papeles de la Castellana pusieron en evidencia la ausencia de control y la alegría con la que algunos Borbones han gestionado sus fortunas.


El poder judicial

Los últimos casos de represión relacionados con la libertad de expresión han evidenciado con claridad la anomalía del sistema judicial, que salió de los tribunales franquistas y, sin solución de continuidad, se metió en los tribunales que hoy nos juzgan. Un ejemplo: Felipe Rodríguez Franco, ponente de la sentencia de Juan Antonio García, un albañil de la CNT fusilado, fue el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. A ello se suma la politización de la Justicia. No hay que irse muy lejos. “El Gobierno está intentando controlar la Fiscalía primero y, posteriormente, tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, advirtió Jueces para la Democracia ante los casos de corrupción que afectan al PP.  En el sentido contrario, el caso Gürtel condenó al juez Baltasar Garzón y el caso Caja Madrid-Bankia, al juez Elpidio José Silva.


El bipartidismo

El 15-M anticipó que la alternancia de los dos partidos mayoritarios en España tenía los días contados. La irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos ha revolucionado el hemiciclo. En política, dos más dos ya no suman cuatro. Y hasta hemos estado a punto de ir a la repetición por tercera vez de una elecciones generales. La asignatura pendiente para romper definitivamente con el bipartidismo se llama reforma de la ley electoral, para que el reparto de diputados y senadores sea más proporcional en función de los votos obtenidos. La Constitución vigente, por otra parte, excluye los revocatorios –para expulsar a gobernantes si incumplen sus promesas– y los referéndums derogatorios, que permiten a la ciudadanía tumbar una ley. Las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) pueden ser moldeadas por los partidos en el trámite parlamentario.


Las instituciones económicas

La influencia que han alcanzado la Troika y las grandes empresas del Ibex 35 ha permitido condicionar la redacción de algunas leyes e, incluso, forzar la modificación de la Constitución, a pesar de ser organizaciones cuyos representantes no han sido elegidos por la ciudadanía. Las puertas giratorias son la principal vía de acceso a esta forma de control: políticos sentados en los consejos de administración de bancos y grandes energéticas. Además, los mecanismos de defensa de la democracia para prevenir, vigilar y sancionar posibles abusos de los poderes económicos, financieros y administrativos también están bajo sospecha. Las denuncias de enchufismos en el Tribunal de Cuentas es un ejemplo.

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