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La ultraderecha irrumpe en España desde Andalucía

Hace apenas tres meses, la delegación de Cruz Roja Española en Sevilla decidió "reformular", es decir, suspender la apertura de un centro de alta rotación para población migrante en la Ronda de Capuchinos, en el barrio de la Macarena. Lo hizo, según explicó entonces la ONG, por la "inquietud e incertidumbre" de vecinos y vecinas de la zona. "Está en juego nuestra salud, la de nuestros hijos, están en juego los centros y colegios, está en juego la seguridad, está en juego el orden público porque esto puede ser el fin de nuestro barrio", dijo por aquellos días, en una asamblea en el barrio, Francisco Serrano, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones que acaban de celebrarse este 2 de diciembre. "¡Sí hay más inseguridad, sí hay más inseguridad! ¿Por qué decimos que no?", grita una vecina ante la explicación de un hombre que niega la relación entre inseguridad e inmigración. El vídeo, grabado por el periodista Juanma Moreno, se puede ver aquí. No es Almería, feudo del PP, con un alto porcentaje de población migrante, donde Vox, con 42.900 votos, ha logrado la tercera posición. O El Ejido, donde ha quedado como primera fuerza. Es Sevilla, feudo del PSOE. La lista encabezada por Francisco Serrano ha obtenido 39.492 votos en Sevilla. En Andalucía, Vox ha sumado 387.065, casi el 11% de los sufragios, 12 escaños en el Parlamento andaluz. Por primera vez, la ultraderecha ha entrado en una institución del Estado con partido propio; por primera vez, la izquierda ha perdido la mayoría en Andalucía; y, por primera vez, la derecha puede gobernar una comunidad con 36 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas. Estos son los datos: PSOE, 33 escaños (28,02%), 14 menos que en 2015; PP, 26 escaños (20,73%), siete menos; Ciudadanos, 21 escaños (18,19%), ocho más; Adelante Andalucía, 17 escaños (16,16%), tres menos; y Vox, 12 escaños (10,92%). Todos los partidos, por tanto, bajan, a excepción de Ciudadanos y Vox, que ha irrumpido con una fuerza arrolladora, similar a los resultados con los que entraron en el Parlamento andaluz Podemos y Ciudadanos en las pasadas autonómicas (15 y 9, respectivamente). No ha funcionado el mensaje del PSOE, liderado por Susana Díaz; ni ha funcionado el mensaje de Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez a la cabeza (Podemos) y Antonio Maíllo de número dos (Izquierda Unida). La suma de ambas fuerzas se queda en 50, a cinco escaños de la mayoría absoluta. La baja participación puede ser una explicación, aunque no la única: 58,64%, cuatro puntos menos que en 2015. La suma de las fuerzas de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) alcanza 59 escaños, cuatro por encima de la mayoría. En sus primeras declaraciones, tanto el PP, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, como Ciudadanos, liderado por Juan Marín, han dejado claro que intentarán desalojar al PSOE de San Telmo, sede de la Junta. Moreno Bonilla, que ha logrado mantener la segunda posición –pese al temor de un posible sorpasso de Ciudadanos–, ha anunciado ya que se presentará a la investidura como presidente. Lo hará con los peores resultados en la historia del PP –empatados con los de 1990–. Y también con los peores resultados del PSOE, Susana Díaz, no obstante, ha insistido en que dialogará para ser el dique contra la ultraderecha. Solo lo lograría con una fórmula poco probable: PSOE, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Porque Ciudadanos, además, también ha anunciado que optará a la presidencia. "Es la reconquista. Ahora va a enterarse el resto de España. Ahora es el momento de decir alto y fuerte de decir quiénes somos y que hemos llegado para quedarnos", ha declarado, al grito de "¡España, España!", Francisco Serrano, un destacado detractor de la Ley de Violencia de Género. En su programa proponen la derogación de esta ley "y de toda norma que discrimine a un sexo de otro", la supresión de "organismos feministas radicales subvencionados", la "persecución efectiva de denuncias falsas" y la "protección del menor en los procesos de divorcio". En inmigración, algunas medidas son literalmente: deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen; deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave; revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONG, empresas o particulares; acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. Y sobre el modelo territorial, el programa dice lo siguiente: transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

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