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Militares, diplomáticos, políticos… Las puertas giratorias de Indra

Juan Carlos Aparicio junto a Mariano Rajoy en un acto del PP en Castilla y León (2011). Foto: PP.

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Indra es la principal contratista de la industria armamentística nacional y la única española que figura en el top 100 de compañías militares del mundo, aunque sus negocios abarcan sectores tan lejanos en apariencia como el de la energía, los servicios electorales y los medios de comunicación. Indra, dios del cielo y la lluvia en la mitología védica, también es una de las empresas del Ibex 35 con mayor apetito por los altos cargos militares y políticos, principalmente del Ministerio de Defensa. Las puertas giratorias de Indra no son tan conocidas como las de otras compañías del selectivo español. Indra presta especial atención a personalidades de la segunda línea del poder, desde secretarios de Estado hasta tenientes generales de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales han diseñado la lista de la compra del  Ejército español. Rostros sin rastro en las hemerotecas.

La industria militar es especial. El Estado tutela parte de su negocio para evitar que, por ejemplo, el enemigo se adueñe de la tecnología bélica. Como contraprestación, favorece la contratación de estas empresas y, con ayuda de asesores, directivos y consejeros procedentes del estamento castrense y político, se crean nuevos acuerdos e incluso subsidios para investigar y desarrollar productos y servicios que después compra el Estado.

A principios de noviembre, Indra anunció que había aumentado su beneficio en un 76%. La privatización de la empresa se fraguó en 1993, con Felipe González al frente. Sin embargo, el partido con más puertas giratorias en Indra es el PP. El pasado 15 de noviembre, una investigación reveló que el gobierno de Esperanza Aguirre había pagado 2,9 millones de euros a Indra por unos servicios electorales que ya había abonado el Interior. Desde Indra señalan que a la hora de fichar a “personas políticamente expuestas”, se ciñen a la ley y a sus normas internas de contratación. A continuación, recogemos una selección de figuras ligadas a la política y el ejército que estuvieron o están a sueldo de esta empresa.

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El gran negocio electoral de Indra

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Se acercan las elecciones de Cataluña del 21 de diciembre, fecha en la que todos estaremos pendientes del resultado. ¿Saldrá de nuevo una mayoría para el independentismo? ¿Ciudadanos ganará más diputados? ¿Los perderá el PDeCAT? La respuesta a estas preguntas las resolverá Indra, la compañía tecnológica del Ibex 35 que provee sistemas electorales, según informó El Periódico. La decisión del Gobierno ha tenido su miga política: la carrera por la gestión de recogida y difusión de los datos provisionales se ha disputado entre Indra, en la que el Estado es el principal accionista, y Syctel, una empresa catalana fundada en 2001 por un grupo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Ministerio del Interior ha tramitado este contrato por vía de urgencia debido a la falta de tiempo ante la inminente cita electoral, lo que significa que no ha habido concurso público en el que se detallaran las condiciones, servicios solicitados y precios. Es la segunda vez que se aplica esta vía para realizar el escrutinio provisional (no el definitivo). En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, también se optó por este procedimiento e Indra fue la adjudicataria de un contrato de 4,7 millones de euros.

El coste de la tecnología para los comicios varía mucho entre unas elecciones y otras, algo que llama la atención. La periodista Eva Belmonte, de Civio, una organización que lucha por una mayor transparencia, indicó en el programa El Objetivo de LaSexta que el precio de los comicios de 2011 fue tres veces mayor –costaron 16,8 millones por la inclusión de 2.000 nuevas mesas electorales– que el de las elecciones repetidas de 2016. La primera convocatoria de las generales, en diciembre de 2015, también costó más del doble que en 2016: 11,7 millones y estuvo a cargo de Scytl, que batió por primera vez a su competidora Indra en el concurso.

Casi 40 años de experiencia

Civio define a Indra como “un gigante con muy buenas relaciones con el Estado”. De hecho, esta compañía ofrece a la Administración pública una larga lista de productos y servicios, desde tecnologías médicas hasta tareas de mantenimiento de áreas de aterrizaje en buques de guerra, sin olvidar el control de las fronteras, especialmente en lugares como Ceuta y Melilla (Indra ingresó 87 millones desde 2002 por servicios de vigilancia fronteriza, según El Confidencial). Su primer accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 18,7% de las acciones. El segundo es la Corporación Financeria Alba (10,5% de las acciones), seguido por varios inversores internacionales con paquetes de más del 3%.

La compañía tiene 39 años de experiencia en el negocio electoral en España y ha sido la encargada de realizar la mayoría de recuentos provisionales en elecciones generales, europeas, autonómicas y locales. Además, en las últimas décadas, también se ha encargado de gestionar, prácticamente en solitario, los escrutinios provisionales en unos 400 procesos electorales en el ámbito internacional. Según consta en sus informes anuales, el negocio electoral de este “gigante” al servicio del Estado depende de su división de Administraciones Públicas y Sanidad, encargada, entre otros servicios, de automatizar procesos administrativos que la ciudadanía lleva a cabo en el día a día. Este segmento generó 398 millones de euros el pasado año, equivalentes al 15% de las ingresos totales del grupo.

En 2014, Indra llegó a organizar también las elecciones iraquíes a cambio de 130 millones de dólares, con un contrato de gran envergadura debido a que eran los primeros comicios legislativos de ese país tras la salida de las tropas de EEUU. Desde entonces, sin embargo, el negocio electoral de Indra ha caído de forma constante, principalmente debido al menor número de proyectos “básicamente en España y América”. Durante los últimos tres años, la empresa ha vivido varios sobresaltos ligados a dos de los grandes casos de corrupción que han salpicado (principal pero no exclusivamente) al gobierno de la Comunidad de Madrid: las operaciones Púnica y Lezo.

En el primero de ellos, la detención en octubre de 2014 de José Martínez Nicolás, el jefe de la Agencia de Informática y Comunicaciones del gobierno autonómico madrileño, se relacionó con la compañía tecnológica por la adjudicación de contratos a cambio, presuntamente, de pagar a proveedores de la trama Púnica. Según publicaron varios medios de comunicación de ámbito nacional, estas investigaciones llevaron a la Comunidad de Madrid a paralizar un contrato adjudicado a Indra, por 4,5 millones de euros, para realizar el escrutinio provisional en las elecciones autonómicas de 2015.

Sin embargo, esta misma compañía ya poseía un contrato con el Ministerio del Interior para realizar el mismo servicio, al que se aconsejaba a las comunidades autónomas que se sumasen para evitar un mayor gasto público. Esta licitación directa entre la Comunidad de Madrid e Indra habría supuesto un sobrecoste de un millón de euros, de acuerdo a la información recogida por El Español. Este método ya se había utilizado en 2011: Indra ganó ambos contratos, tanto el de Interior como el de la Comunidad de Madrid, por el que cobró 2,9 millones. El juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye Lezo, sostiene que la empresa recompensó presuntamente al PP madrileño sufragando gastos de campaña y otros servicios.

Las pesquisas de la Púnica llevaron a imputar en abril de 2015 al todavía consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que también se encuentra relacionado con la Operación Lezo a través de su mujer, María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II. La implicación de la empresa en este último entramado supuso el registro de la sede de Indra en abril de este año.

Acusaciones de fraude

Más allá de las fronteras españolas, Indra también ha tenido problemas en el desarrollo de su negocio electoral. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) reportó errores en los sistemas comprados a Indra por 40 millones de dólares (33 millones de euros) en las elecciones generales de 2016, unos comicios que se desarrollaron en medio de grandes manifestaciones.

Los más recientes contratiempos los tuvo en Argentina y Angola, donde los partidos de la oposición criticaron y acusaron a los gobiernos de Mauricio Macri y João Lourenço, respectivamente, de la falta de transparencia en la contratación de los servicios electorales de Indra. La empresa española, que espera remontar sus expectativas de negocio este año, rechazó las acusaciones lanzadas sobre las primarias celebradas en agosto en Argentina y en cualquier otra elección: “Indra no ha llevado a cabo ningún tipo de manipulación en ninguna elección en las que participó, tanto en Argentina como en el exterior”.

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Expediente Gas Natural Fenosa #YoIBEXtigo, ya a la venta

Libro digital sobre Gas Natural Fenosa, del proyecto #YoIBEXtigo.

En La Marea queremos darle la máxima difusión posible al proyecto #YoIBEXtigo, por el cual analizamos con detalle las empresas que conformar el Ibex35. Para ello, además de publicar informes en la página web #YoIBEXtigo, editamos videos y reportajes en nuestra revista mensual. Ahora damos un nuevo paso con la publicación de un libro digital de 128 páginas dedicado a Gas Natural Fenosa, una de las principales compañías del oligopolio eléctrico español.

Puertas giratorias, raíces franquistas, sombras laborales, impacto medioambiental, controversias internacionales, multas, presencia en paraísos fiscales, relación con los medios de comunicación… Con este libro digital queremos brindarte una forma cómoda, rigurosa e ilustrada (contiene decenas de infografías y gráficos) para que descubras la cara menos conocida de Gas Natural Fenosa.

El libro también incluye reportajes de Alternativas Económicas, Ballena Blanca, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Ojo Público (Perú), Carro de Combate y el Observatori del Deute en la Globalització, además de un fragmento de Adiós Petróleo, de Jorge Morales de Labra. En ellos se abordan la relación entre el poder legislativo y las grandes del sector energético, el problema de la pobreza energética, los intentos para expandir el fracking de gas en España, y las principales alternativas verdes que se presentan para el mercado eléctrico del país, entre otros temas.

Con la compra de este libro por 4,95 euros estás apoyando #YoIBEXtigo, un proyecto de investigación periodística independiente que indaga los entresijos de las empresas más poderosas de España. Si quieres, puedes hacerte mecenas de #YoIBEXtigo desde 25 euros.

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Las puertas giratorias de Meliá

Más allá de las relaciones empresariales, a lo largo de su historia Meliá también ha fichado como consejeros a algunos nombres relacionados con la primera línea de la política española, como exministros, antiguos secretarios de Estado y miembros del cuerpo diplomático, entre otros.

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Franquismo y Hoteles Meliá: desarrollismo, sol y playa para Meliá

Hotel Meliá en la capital de Cuba. Foto: EFE.

Dice el tópico que los habitantes de Mallorca son, por lo general, gente poco habladora, desconfiada, seria y de carácter cerrado. Algo de esto hay, en cierto modo, en los propietarios de Meliá Hotels International, la única empresa turística de España que cotiza en el Ibex 35. La discreción es uno de los signos de identidad de la familia Escarrer, propietaria de esta gran cadena hotelera cuyo origen se remonta a la posguerra. En la década de los 40, el empresario valenciano José Meliá Sinisterra creó una agencia de viajes que fue el germen de un negocio multimillonario. A través de su agencia, Meliá Sinisterra contribuyó a atraer turismo extranjero a la vez que estimulaba la demanda nacional, sobre todo, con su gran invento: el viaje de bodas a Mallorca. Como complemento a su turoperador, el valenciano desarrolló la idea de crear una cadena de hoteles, e inauguró su primer establecimiento en Mallorca en 1955. El impulso definitivo llegó de la mano del dictador Francisco Franco, cuyo gobierno tecnócrata lanzó, en 1959, el Plan de Estabilización.

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