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Los ‘valencianistas’ de Zoido

Insultos al paso de la comitiva de Compromís durante los actos oficiales del 9 de octubre de 2015 en Valencia. FOTO: JORDI BORRÀS.

La construcción de un relato y la imposición de un marco conceptual que lo sustente es quizás la batalla de las ideas más importante. Para armar una visión de la realidad interesada es fundamental saber colonizar las mentes con la imagen que pretendemos dar de determinados sucesos y realidades. Existirán (y deben existir) varios puntos de vista sobre un mismo hecho o realidad. Pero la conquista del lenguaje y la imagen que queda de una historia, es sin duda la mayor victoria.

El pasado 1 de diciembre el Ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, respondió a las preguntas lanzadas por Ricardo Sixto (EUPV) y Alberto Garzón (IU-UP). Los diputados cuestionaron la actuación policial ante las agresiones de la extrema derecha a los manifestantes valencianistas del pasado 9 de octubre en València. Zoido, como si no hubiese visto las imágenes que aparecieron en todas las televisiones, en YouTube y en las redes sociales, calificó los hechos como un “conato de enfrentamiento entre grupos antagónicos, resolviéndose por presencia policial”, y negó que hubiera heridos y cargas policiales. No hace falta que estuvieses allí para verlo. Puedes, insisto, buscar en las redes sociales los vídeos de aquella tarde y comprobar hasta qué punto el ministro miente. Y cómo trata de quitar importancia a unos hechos que, además, no fueron ningún “conato” (que la RAE define como “intento frustrado”), sino que consiguió lo que se pretendía: aterrorizar, coaccionar y agredir a los manifestantes e impedir el normal transcurso de la manifestación.

Aquella tarde, una plataforma de asociaciones formada por, entre otros, PSOE, CCOO, UGT, Intersindical, Compromís, Podemos e IU, tenía permiso para manifestarse por el centro de València. El lema era ‘Sí al valenciano’, y no era más que la tradicional marcha que cada año convoca la izquierda valenciana el Día del País Valenciano. Pero hacía muchísimos años, quizás desde la transición, que no se vivían unos episodios de violencia tan graves como los que vivimos quienes fuimos testigos (y víctimas) de aquella ignominia.

Sin embargo, lo más indignante de las declaraciones del ministro es que tacha a los acosadores de haber estado allí “en defensa del valencianismo”. Esto va más allá de su banalización de la violencia y del problema que supone la extrema derecha, que aquel día impidió el normal desarrollo de una manifestación legal.

Aquí, Zoido ya otorga la defensa del valencianismo a quienes, enarbolando banderas de España, escupían, insultaban, agredían y bloqueaban a los manifestantes que pedían una mayor protección a la lengua de los valencianos. Por supuesto que el lenguaje del señor ministro no es inocente. Sabe bien lo que dice, y el aplauso de los ultras a sus declaraciones así lo confirma.

¿Qué es ser valencianista?

Que el ministro Zoido catalogara así a los ultraderechistas que reventaron la manifestación del 9 d’Octubre, no es casual ni inocente. No solo él, sino una gran parte de los medios de comunicación así llevan haciéndolo desde hace décadas, contraponiendo este adjetivo al supuesto “catalanismo” que representaría la parte contraria. Y aquí nos metemos de lleno en lo que se refería al principio: la batalla de las ideas en el lenguaje y los marcos conceptuales.

Para los que reniegan de la unidad de la lengua, todo aquel que la asuma es “catalanista”. No importa que no lo sea, ni que ni siquiera lo pretenda, porque para ellos lo es. Y aquí entran desde los académicos (desde la universidad hasta los expertos en romanística de todo el mundo), hasta los miles de valencianos de todo signo político que defendieron una mejor financiación para el País Valenciano el pasado 18 de noviembre, ya que, según algunos sectores del blaverismo, esto serviría para financiar el catalanismo que emana del gobierno tripartito valenciano.

Vicent Flor realizó una magnífica tesis doctoral en el año 2009 bajo el título El anticatalanismo en el País Valenciano: Identidad y reproducción social del discurso del blaverismo. De esta tesis, Flor publicó un resumen en formato libro titulado Noves glòries a Espanya: anticatalanisme i identitat valenciana (Afers, 2011). Y nada más gráfico para explicar la latencia del conflicto que los sucesos que se desarrollaron durante su presentación en la FNAC de València: un grupo de ultraderechistas, entre los que se encontraban miembros de España2000 y del Grup d’Acció Valencianista (GAV), la organización que durante décadas abanderó la lucha sin cuartel contra todo lo que consideraron “catalanista”, irrumpieron en la sala e impidieron el acto. Junto a Flor se encontraba la actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que recientemente sufrió el acoso en su domicilio precisamente de estos grupos.

Para el sociólogo, el valencianismo “es una ideología y un movimiento políticos que nace a principios del siglo XX que cuestiona el nacionalismo español y su propuesta de España unitaria y que defiende en un primer momento la recuperación del autogobierno y la oficialización del valenciano y, una vez conseguido estos, la ampliación de las competencias de la Generalitat Valenciana y la normalización del valenciano”. Este valencianismo es el que tradicionalmente se ha tildado de “catalanista”, aunque no tiene porqué aspirar a los Països Catalans ni tampoco a la independencia del propio territorio valenciano.

Contrariamente, el movimiento al que Zoido llamó “valencianista” y que también se conoce como blaverismo (en referencia a la franja azul de la senyera), es “anticatalanista, populista, conservador, regionalista y provincialista que defiende una identidad valenciana regional y subordinada a la identidad nacional española y que, por tanto, se opone frontalmente al valencianismo”, explica el sociólogo Vicent Flor. Para este experto en la materia, no es más que “un nacionalismo español que se reviste de autoctonismo, de valencianía que trata de considerar a los valencianistas como «traidores» a la ‘auténtica’ identidad valenciana”. El periódico Directa elaboró hace pocas semanas un mapa cronológico e interactivo con todos los actos violentos -la mayoría impunes- cometidos por defensores de estas ideas.

Este sector, al que el señor Zoido llamó “valencianista” y que salió el pasado 9 d’Octubre a reventar una manifestación legal, ha gozado durante mucho tiempo de esta patente. No solo los medios afines les otorgan la etiqueta de valencianista, sino que también y sorprendentemente todavía hoy lo hacen varios medios progresistas. Lograron hace ya muchos años imponer su marco conceptual, aunque el extenso tejido asociativo que lo formaba, hoy en día tan solo sobrevive en pequeñas organizaciones tras haberse visto capitalizado por el PP. Sociológicamente es cierto que sigue vivo, sobre todo allí donde nació, en la ciudad de València y sus alrededores. Cada 9 de octubre, estos grupos ocupan las calles del centro de València durante la mañana para participar en la tradicional procesión de la Senyera, donde desfilan las autoridades. Cada año, esta efeméride se convierte en un escaparate para todos estos grupos, que se desgañitan al paso de los miembros de Compromís, hoy en el gobierno, entre insultos y amenazas de todo tipo. El diario digital La Veu realizó un clarificador reportaje cuando todavía gobernaba el PP para mostrar la tensión y la impunidad con la que los grupos más radicales actuaban en València.

La unidad de la lengua o el secesionismo no es lo más importante, a mi juicio. Lo que está en juego es la normalización del valenciano, y el secesionismo es una estrategia para atacarlo. Si conflictivizamos la identidad de la lengua, piensan los anticatalanistas, contribuimos a su desprestigio y dificultamos su recuperación social. Y, en buena medida, lo han conseguido”, apunta Flor. “No es de extrañar que una parte importante de la base social del blaverismo sean valencianohablantes conservadores y regionalistas que no han transmitido el valenciano a sus hijos porque pensaban que el castellano era un instrumento de movilidad social ascendente. Con el castellano llegarían más lejos que ellos con el valenciano y, a partir de la década de los sesenta, se encuentran con una propuesta para recuperar la lengua que ellos, con la ayuda activa del franquismo, habían decidido abandonar o relegar a aspectos no formales. Y, por tanto, reaccionaron en contra aprovechando el discurso de la identidad regional hegemónico contra el cual planteó Joan Fuster su propuesta valencianista”, concluye el sociólogo.

El valencianismo definido por Flor, en cambio, es el responsable de haber mantenido viva la lengua y gran parte de la identidad valenciana que durante años había sido relegada a lo folclórico. Hoy existen decenas de grupos de música que cantan en valenciano. También una nueva generación de periodistas que se organiza y crea sus propios medios en valenciano. Una red de asociaciones que llevan las muixerangues y todas las expresiones de cultura popular a cada pueblo. Artistas como Pep Gimeno ‘Botifarra’, que recupera canciones y dichos centenarios hasta ahora olvidados, y que aprendió escuchando y grabando a decenas de personas mayores de todos los rincones del país. Y así, un sinfín de iniciativas que se desarrollaron en la más absoluta independencia de los poderes públicos durante los más de 20 años de gobierno del PP. Sin embargo, toda esta red cultural, muestra de la perseverancia de miles de personas, no merece para algunos la etiqueta de valencianista.

Muchos de estos valencianos “traidores” estaban el 9 d’Octubre recibiendo insultos y escupitajos de esos a quienes Zoido sí llamó “valencianistas”. Más allá de su legítimo derecho a reivindicar sus postulados y su concepto de valencianidad, siempre por vías democráticas y no violentas, lo del 9 d’Octubre no fue más que una cacería contra el valencianismo progresista. Un acoso organizado y violento que hoy se instruye en los juzgados.

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¿Qué pasa por la mente de un corrupto?

«Me he llevado de todo, dinero y caja y comisiones. Era un yonqui del dinero, casi todo el mundo está en movidas”. La frase, pronunciada en mayo del año pasado por Marcos Benavent, exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa, dio la vuelta a España tanto como su renovado look y su supuesta conversión a la religión de la placidez, el yoga y la comida ecológica. Desde la operación Malaya hasta el más reciente caso Nóos o la trama Gürtel, la corrupción ha sentado en el banquillo a personalidades como el yerno del rey, el tesorero de un partido de gobierno, poderosos empresarios, políticos, reconocidos abogados, afamados artistas, futbolistas, banqueros… Todos son acusados de robar y algunos ya han sido condenados. ¿Pero qué pasa por la cabeza de una persona rica para querer defraudar? ¿Qué pasa por su mente?

“Lo mismo que por la mente de cualquier delincuente antes de cometer un delito. Es decir, los delincuentes toman la decisión de delinquir (agredir a un desconocido para robarle o defraudar a Hacienda) porque deciden hacerlo y esto es lo que sucede en su mente”, resume el profesor de Psicología en la Universidad de Barcelona Antonio Andrés Pueyo. El experto basa esa decisión en cinco razones. Primero, la oportunidad: muchos delincuentes de cuello blanco están en lugares de poder donde pueden realizar esos delitos. Segundo, la necesidad: muchas veces estas personas, ricas en algún momento, tienen necesidades de dinero o poder o control para continuar con su estatus o para cubrir sus necesidades, que pueden ser totalmente superfluas o no. Tercero, las predisposiciones personales: actitudes y creencias narcisistas, egoístas, de impunidad… Cuarto, los estados emocionales alterados, como el consumo de drogas, alcohol, estados afectivos alterados. Y por último, la ecuación coste / beneficio: valoran lo que pueden ganar y perder… “Muchas veces, con su sentimiento de invulnerabilidad, sólo ven beneficios y ningún coste a su conducta”, concluye el profesor. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la Corona y la política fueron ámbitos intocables. Todo ello -añade el especialista-, contribuye a mantener la reiteración delictiva si los primeros delitos pasan desapercibidos y aumentan su sensación de impunidad.

En ocasiones, incluso, los defraudadores no sólo no reciben reproche social, sino que salen reforzados. “La corrupción no es exclusiva de la especie humana (se han evidenciado conductas corruptas en chimpancés, abejas y hormigas). Entre los seres humanos, tampoco es exclusiva del poder político (aunque la hay) ni de los empresarios prebendarios (aunque los hay) sino también de la sociedad que a su medida, la ejerce o, al menos, tolera”, escribe el neurólogo y neurocientífico Fernando Manes en un artículo en El País. “No hay seres humanos corruptos sino una sociedad corrupta […] Todos los países tienen corrupción y seres humanos corruptos. La diferencia, en parte, radica en cuán tolerada es la corrupción en esa sociedad”, prosigue. Dos ejemplos: el expresidente del Sevilla José María del Nido, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación, no dejó el club hasta que la sentencia fue confirmada por el Supremo. “Mientras el Sevilla meta goles… a mí me da igual”, llegaron a decir seguidores del equipo de fútbol en aquel tiempo. E Isabel Pantoja, condenada a dos años por blanqueo de capitales, ha sido vitoreada por sus fans en conciertos e incluso a las puertas del juzgado. El catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Criminología de Sevilla, Borja Mapelli incide en que el problema está enraizado en la propia sociedad, “que enseña que el triunfo, el éxito, está asociado al dinero”.

Según el psiquiatra José Carlos Fuertes, el hecho de defraudar conlleva en algunas personas una sensación de placer y de cierto “morbo”, al creerse el “defraudador superior al ‘omnipotente Estado’ siendo capaz de engañarle”. Por eso, afirma, son muy necesarios siempre la existencia de mecanismos sociales de freno y de control. El psiquiatra descarta que la corrupción o la avaricia tengan, por el momento, una correlación conocida con las estructuras neuronales: “Pero es muy probable que en un futuro no lejano se pueda objetivar la existencia de un mal funcionamiento de sistemas neuronales que expliquen algunos de estos comportamientos”. Lo que sí falla en las personas corruptas, según Fuertes, son los mecanismos de autocontrol: “Unos sujetos tienen una moral mucho mas estricta y basta con el hecho de que una cosa esté mal para no hacerla. Por el contrario, hay individuos que tienen una moral mucho más laxa y dan al fraude o al engaño una lectura positiva, llegando a justificar lo que hacen e incluso a verlo como algo que demuestra su inteligencia y astucia”.

Una investigación publicada en Frontiers in Behavioural Neuroscience recoge un experimento en el que se simuló una subasta. A los participantes se les daba la posibilidad de sobornar al subastador para obtener beneficios. Las primeras veces, podían sobornar libremente. Pero cuando el perdedor podía exigir inspeccionar la operación, la situación cambiaba: tanto subastadores como sobornadores eran menos corruptos cuando sabían que podían ser observados.

De todos los colores en las black 

Como el resto de delincuentes, explica el profesor Pueyo, son esencialmente personas heterogéneas: “Los hay con la autoestima baja y con la autoestima alta, los hay más sociables y menos, mas hábiles socialmente o menos. Es decir, no tienen un arquetipo único. Sólo hay que pensar en los que utilizaban las tarjetas black”. Como sostiene el colectivo 15MpaRato, que logró abrir el caso Bankia, “todos los partidos políticos -todos-, todos los sindicatos mayoritarios -todos-, la mayoría de la entidades institucionales desde la patronal a la casa real pasando por instituciones deportivas o medios de comunicación, todos han sido partícipes”. La Fiscalía pide penas de hasta seis años por gastar de forma irregular 12 millones de euros de Caja Madrid.

Sí pueden diferenciar a unos delincuentes de otros los llamados factores de riesgo que se usan en Criminología y que hacen que una persona que los posee o a la que influyen pueda delinquir o reincidir. Pueyo los agrupa en cuatro grandes tipos: actitudes antisociales (creencias de que lo que hago es correcto y la ley está equivocada, consideraciones egoístas e interesadas sin medir las consecuencias para los otros); historia de vulneración de normas (personas con antecedentes de conductas ilegales, amorales, etc…); patrones de personalidad antisocial (narcisistas, psicopatías, trastornos límite de personalidad, bajo autocontrol, impulsividad, etc…); y colegas o amigos (asociados) antisociales (bandas criminales, otros delincuentes, etc…).

“Todo ello hace que sea difícil encontrar una razón médica, como alguna enfermedad mental, que justifique este complejo y perseverante en el tiempo repertorio conductual en que consiste la corrupción, el fraude, el engaño, la manipulación de otros, etc…”, insiste el profesor de la Universidad de Barcelona.

Ni siquiera en el caso de los reincidentes, como Mario Conde, se trata de una enfermedad: “Podríamos hablar de un estilo de vida, de un patrón de personalidad antisocial y también, por qué no, de un trastorno de personalidad. En la psicopatología criminal y en referencia a sujetos como el mencionado se les denomina ‘psicópatas integrados’ o ‘serpientes con traje’, como llama Robert Hare, el mejor experto mundial en psicopatía, a los delincuentes de cuello blanco y análogos que no cometen delitos de sangre o que pertenecen al mundo de la exclusión social…”, explica Pueyo.

El psiquiatra José Carlos Fuertes lo corrobora: “Lo que hay son personalidades anómalas, tóxicas o desequilibradas, pero no son enfermos en el sentido que la psiquiatría entiende hoy. La avaricia no es una enfermedad ni un trastorno mental. Como mucho, es una conducta inadecuada cuya base puede estar en un trastorno de la personalidad. La ambición es una conducta consustancial con la condición humana. Y tampoco tiene por qué ser de entrada un comportamiento negativo. Puede ser motivadora de la acción. Lo que sí es enfermizo es la ambición sin límites, cuando se convierte en una obsesión y conduce a saltarse las normas y a defraudar”.

En el caso de personas de origen humilde y, tras amasar una fortuna, deciden defraudar, como artistas o futbolistas, el psiquiatra sostiene que puede haber un cierto “revanchismo” al haber tenido privaciones y dificultades en la infancia, lo que aumenta su ambición en la vida adulta: “Su autoestima está en función de lo que tienen, no de lo que son”. Para el psicólogo, sin embargo, el origen no está reñido con compartir actitudes, motivaciones, deseos… y no considera que haya sensación de revancha: “Se produce por las mismas razones que los demás casos”, concluye.

¿Incide más la corrupción entre los hombres? Desde el punto de vista de Pueyo, los delitos, en general y especialmente los violentos, son más propios de hombres que de mujeres… “Es todavía un interrogante por resolver la razón última de esta diferencia que también se mantiene en los delitos de cuello blanco”. Fuertes apunta a la discriminación: “No es que sea más propia la corrupción en el hombre que en la mujer, es que la mayoría de puestos de poder están ocupados por el hombre. No se puede afirmar que exista ‘el gen masculino’ de la corrupción”.

Lo que sí ponen en evidencia la mayoría de los implicados es la relación estrecha entre poder y corrupción. “Sólo tienen una barrera que los separa: la ley, la moral y la ética. El cumplimiento por parte de los poderosos de las normas y las leyes. Pero el individuo humano puede elegir entre hacerlo y no hacerlo. Los delincuentes, cuando son penalmente responsables, eligen no respetar la ley”, afirma el profesor de Psicología. Para el psiquiatra Fuertes, lo que asocia la mente con el poder es la consecución de cualquier objetivo que se desee: “Y de ahí a las prácticas inadecuadas, inmorales o ilegales el paso no es muy grande. Pero debe quedar claro que no siempre el poder tiene indefectiblemente que ir asociado a la corrupción”.

Este artículo fue publicado el 1 de octubre de 2016.

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Primera condena de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel

Francisco Correa I La Marea

VALENCIA // El Tribunal  Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a 13 años de prisión a Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama Gürtel, por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria de turismo Fitur. Los magistrados también han condenado a 12 años y tres meses de prisión a Álvaro Pérez el Bigotes, y a Milagrosa Pérez, exconsellera de Turismo del Gobierno de Francisco Camps (PP), a quien han impuesto 9 años de cárcel.

En la sentencia, de 558 páginas y que se ha hecho pública este viernes, se condena a 11 de los 13 acusados —muchos de ellos, exaltos cargos de la Generalitat— por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo liderado por Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Los jueces concluyen que, entre 2005 y 2009, la Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas de Francisco Correa, a las que facilitó información privilegiada.

El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos, informa Efe.

La sala entiende que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que «no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa».

Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

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Tres días de encierro contra el CIE de València

Manifestación contra el CIE Valencia I La Marea

Entre 60 y 70 personas se encerrarán este viernes en la parroquia de Monteolivete (Valencia) para exigir el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València, que permanece cerrado desde el pasado mes de octubre tras la aparición de una plaga de chinches. El encierro se alargará hasta el próximo domingo al mediodía, y el objetivo es «visibilizar ante la opinión pública el ciclo represivo» que suponen estos centros, explican desde la plataforma CIES No, organizadores de la protesta.

La acción reivindicativa arrancará con la lectura de un manifiesto y una rueda de prensa, y concluirá dos días después con una marcha hasta las puertas del CIE de Zapadores. A lo largo de todo el fin de semana, se proyectarán documentales, se celebrarán asambleas y debates, se recordará a las víctimas de la tragedia del Tarajal y se propondrán numerosas actividades lúdicas para visibilizar el drama de las deportaciones y las acciones contra los migrantes.

Durante estos últimos cuatro meses, las instalaciones del CIE de Zapadores se han sometido a «un proceso de mejora de condiciones de habitabilidad y de cambio de mobiliario», que ha incluido una «desinfección y desratización», tal y como admitió hace varias semanas el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. El pasado verano, un juzgado de València ya tramitó una denuncia por la «vulneración de los derechos a la salud, la dignidad y la integridad de las personas internas» que supone la «plaga de chinches recurrente» que padece el centro desde 2014.

Ahora, la intención de las autoridades es que el centro pueda volver a recibir internos «en breves fechas». Diversos colectivos ciudadanos consideran que la reapertura es innecesaria. «Lleva meses cerrado y en València no ha pasado nada. Si no se ha abierto durante este tiempo, entendemos que puede permanecer cerrado para siempre», sostienen desde CIES No.

En la misma línea se han manifestado algunas formaciones políticas, como Compromís, que gobierna en el Ayuntamiento de València en coalición con el PSOE. «El CIE de Zapadores es un agujero negro de los derechos humanos en nuestra ciudad que nos avergüenza profundamente», ha admitido públicamente la concejal de Compromís Isabel Lozano. Además, una posible reapertura supondría, en opinión de la diputada Isaura Navarro, ir «contra la voluntad del pueblo valenciano».

 

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La Autoridad Portuaria de Valencia no consigue vender el yate que compró para la Copa América

Yate de la Autoridad Portuaria de Valencia I La Marea

El BOE de hoy recoge la convocatoria de subasta del ValenciaPort, un yate de 28 metros de eslora que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) compró como «embarcación institucional» de cara a la
celebración de la Copa América en 2017 por 4.176.000 euros. No es la primera vez se intenta vender: en febrero del año pasado ya se subastó, sin éxito. Desde entonces, el precio ha ido bajando.

En esa primera subasta, las ofertas debían partir de un precio inicial de 1.947.050 euros. No recibieron ninguna oferta. La APV decidió entonces acudir a ferias especializadas, pero tampoco hubo éxito. Ahora, la subasta empieza en 1,75 millones, casi 200.000 euros menos que hace un año. Eso en primera ronda. Si no funciona, en segunda y tercera subastas su precio de partida podrá bajar hasta los 1,5 y 1,36 millones.

La APV compró el yate a la empresa Asfibe por unos 4,18 millones de euros. Además de su precio, la entidad pública ha destinado varios millones de euros a su mantenimiento y a la tripulación. En 2008 licitó su mantenimiento por 1,56 millones, un contrato que pudo ser prorrogado por lo que se
sumaría hasta el doble de ese presupuesto y en 2014 volvió a sacar ese contrato por 271.000 euros anuales, también prorrogable.

La compra de esta embarcación fue cuestionada por la Intervención del Estado, que llevó el asunto ante el juez, en la causa en la que Rafael Aznar, expresidente de la APV, estuvo imputado; y por el Tribunal de Cuentas, que afeó a la entidad pública los pocos recursos que conseguía pese a su coste.

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