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Periodista que denunció corrupción en la UE es violada y asesinada

La periodista búlgara Victoria Marinova, productora de TVN, realizaba una investigación sobre un grave caso de corrupción con fondos de la Unión Europea y tras ser asesinada el pasado fin de semana en Ruse, en el norte del país balcánico, los grupos anticorrupción y los Diputados del Parlamento Europeo piden una investigación en profundidad. El …

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Europa y los salarios

En el futuro los trabajos más peligrosos los desempañarán robots. FERNANDO SÁNCHEZ

Hace unos días vio la luz el informe de la Comisión Europea (CE) Labour market and wage developments in Europe. El estudio confirma una realidad de sobra conocida y sufrida por muchos trabajadores: los salarios en Europa apenas están creciendo, están estancados o incluso retroceden. Y esto sucede en un contexto de recuperación de la actividad económica, que los gobiernos presentan –es el mantra más repetido por el del Partido Popular– como la prueba de que hemos dejado atrás la crisis.

Entre las razones que explican esta «paradoja» el texto señala la permanencia de altos niveles de desempleo, la débil productividad y la proliferación de los contratos a tiempo parcial. Llama la atención que los autores del documento dejen en el tintero de las explicaciones las reformas laborales, promovidas por la Comisión Europea, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y que han sido la piedra angular de las denominadas «políticas estructurales». Ni una palabra al respecto en el informe. Sin embargo, los documentos de referencia de las instituciones comunitarias y las propuestas que llegan desde Bruselas insisten en la necesidad de seguir o intensificar el mismo rumbo de las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años.

Esas reformas, han sido al mismo tiempo, un fracaso y un éxito. Un fracaso porque, a pesar de que la desregulación de las relaciones laborales (flexibilización, en el relato oficial) se han llevado muy lejos, los resultados obtenidos en materia ocupacional han sido a todas luces decepcionantes, demostrando que bajar los salarios no es el camino para crear empleo. Sí, es cierto, en los últimos años las estadísticas ponen de manifiesto la generación de empleo neto, pero gran parte de los nuevos puestos de trabajo son de pésima calidad. Es importante destacar en este sentido el aumento del número y del porcentaje de trabajadores que perciben bajos salarios o que se encuentran en situación de pobreza.

Las reformas laborales también han sido un éxito. Han abierto las puertas, han creado las condiciones para que se produzca un drástico «ajuste» salarial, haciendo posible que los costes de la crisis económica los soporten los trabajadores; en lugar de los responsables de la misma, el entramado financiero y corporativo que alimentó y se benefició de la economía del endeudamiento. Reformas dirigidas, en teoría, a dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo, en realidad han supuesto un vuelco en la negociación colectiva, debilitando la capacidad negociadora de los trabajadores y la negociación colectiva, desnivelando de esta manera las reglas del juego a favor del capital.

Tampoco es de recibo omitir que la «moderación» salarial a la que alude el informe se ha dado en paralelo a una preocupante y creciente apertura del abanico retributivo. Mientras que la mayor parte de los trabajadores han experimentado un estancamiento o pérdida de su capacidad adquisitiva, los directivos y altos ejecutivos han conservado o fortalecido sus posiciones de privilegio. Así lo reflejan, por ejemplo, los últimos trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (Global Wage Report), donde se da cuenta de que las retribuciones de la minoría que gobierna las grandes corporaciones son escandalosamente superiores (200, 300, 400 veces o más) al salario promedio de sus empresas.

Así pues, los salarios se estacan y la desigualdad avanza. Las consecuencias que esto tiene para el funcionamiento de las economías son demoledoras. En primer lugar, se penaliza el consumo y la inversión, en un contexto todavía dominado por la debilidad de la demanda y el elevado apalancamiento de hogares y empresas. En segundo lugar, ponen en el centro de la estrategia de crecimiento el sector exportador, ignorando que esa estrategia, al alcance de los países más competitivos, no puede convertirse en una fórmula válida para todas las economías, pues, como ha quedado claro en Europa, los superávits de unos son los déficits de otros. Y en tercer lugar, colocan a las economías en un bucle deflacionista, al presionar los precios a la baja.

A este paquete de explicaciones, hay que añadir otras de mayor recorrido estructural. La primera de ellas es la que plantea que la represión salarial alimenta una cultura empresarial conservadora. La posibilidad de reducir los salarios, incluso en términos nominales, junto a la intensificación de la explotación y los ajustes de plantilla, permite que, al menos a corto plazo, mejoren los márgenes de beneficio, actuando como un factor de bloqueo de la necesaria modernización del tejido empresarial. La segunda es que el aumento de la inequidad va de la mano de la concentración de poder económico y político en manos de una minoría de privilegiados, creando así las condiciones para la captura de las instituciones y para el sesgo de las políticas públicas. En tercer lugar, la presión sobre los salarios –en un contexto de moderado, insuficiente e inestable crecimiento- es una pieza decisiva del capitalismo esencialmente patrimonial y extractivo que emerge de la crisis.

Por todo ello, es necesario reivindicar con fuerza y convicción un viraje sustancial en la política salarial. Y Europa tiene mucho que ver en ese viraje: garantizando la negociación colectiva –derecho situado en las antípodas de las reformas laborales implementadas en los últimos años-, promoviendo el aumento del salario mínimo, regulando una subsidio europeo de desempleo –complementario de las prestaciones nacionales-, fijando como objetivo de la política macroeconómica que, como criterio general, los salarios avancen en línea de la productividad, y condicionando el acceso por parte de las empresas a los recursos comunitarios a que respeten los derechos laborales y limiten las retribuciones de los equipos directivos.

Lucía Vicent es investigadora del ICEI-UCM y miembro de Fuhem Ecosocial
María Eugenia Ruíz-Gálvez Juzgado es investigadora del ICEI UCM
Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

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Campos de concentración para gays en Chechenia

Las autoridades de la República de Chechenia han abierto un campo de concentración para homosexuales, según denuncia el diario ruso Nóvaya Gazeta. En estas antiguas instalaciones militares en desuso, los gays detenidos son obligados a abandonar el país e incluso se han cometido tres asesinatos. La investigación periodística sostiene que el propio presidente checheno, Ramzan Kadyrov, ha visitado el campo de concentración y que su objetivo es «limpiar» de su país a los hombres que tengan una «orientación sexual no tradicional».

El origen de esta operación represiva comenzó cuando un grupo de activistas de GayRussia pidió permiso para convocar desfiles del Orgullo Gay en varias ciudades del Cáucaso Norte. Las autoridades chechenas decidieron actuar en ese momento, usando como cebo las redes sociales, para identificar a la población gay, como fue el caso de un joven de 16 años detenido y apaleado, según un usuario de la red social Vkontakte. «Volvió a su casa convertido en un saco de huesos», indicó.

Esta información ha sido confirmada por el Servicio Federal de Seguridad ruso (la antigua KGB) y activistas homosexuales. También EEUU da credibilidad a la denuncia de Nóvaya Gazeta. Un portavoz del Departamento de Estado de la Administración americana ha expresado en los últimos días su «cada vez mayor preocupación» por la situación que se vive en Chechenia. En declaraciones a The New York Times, Ekaterina Sokiryanskaya, coordinadora para Rusia del panel de expertos International Crisis Group, ha admitido haber «recibido demasiadas informaciones sobre esta clase de redadas como para pensar que se lo están inventando».

Tras salir a la luz estas informaciones, el portavoz del Gobierno checheno, Alí Karimov, negó por completo las acusaciones del medio, argumentando que en Chechenia no existen homosexuales. «Es imposible perseguir a quien no existe en la república. Si hubiera gente así, las fuerzas de la ley no tendrían que preocuparse por ellos, porque sus propias familias se encargarían de mandarles a un lugar del que jamás regresarían», aseguró. Estas declaraciones públicas «han sorprendido» al Gobierno de EEUU, ya que «justifican e incitan a la violencia contra personas del colectivo LGTBI», ha advertido el portavoz en funciones del Departamento de Estado, Mark Toner. «Condenamos categóricamente la persecución de cualquier individuo en base a su orientación sexual», ha remachado.

La alta representante de política exterior de la UE, Federica Mogherini, ha pedido investigaciones «eficaces y exhaustivas» sobre el presunto secuestro y asesinato de homosexuales en Chechenia para que «cualquiera que sea declarado culpable o cómplice de semejantes crímenes comparezca ante la justicia».

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Holanda frena a la ultraderecha a un gran coste: asume parte de su agenda

wilders campaña holandesa

ÁMSTERDAM // Los Países Bajos, heraldos indiscutibles de la Ilustración, salvan los muebles en unas elecciones que podrían haber alimentado la sensación de fuerza de los partidos de la ultraderecha europea. El actual primer ministro, Mark Rutte (VVD), ha ganado su pugna casi personal contra el candidato neonacionalista Geert Wilders (PVV) en las elecciones generales de Holanda. Obtiene 33 diputados, ocho menos que en 2012, pero 13 más que su rival. Detrás de ambos, empate casi técnico entre los democristianos (CDA), y los liberales más escorados a la izquierda (D66), con 19 escaños.

Los resultados amparan el principio del liberalismo en el corazón de Europa, impidiendo la victoria de un hombre con un fuerte componente antiislámico, pero ninguna de las tres fuerzas tienen la capacidad para superar los 76 escaños. Aunque la distribución final de los asientos puede cambiar ligeramente cuando termine el recuento de votos en los municipios más pequeños, no se producía un escenario similar en el que tres partidos no tenían mayoría suficiente para formar gobierno desde principios de los años 70.

La resaca electoral traerá un país con un arco parlamentario absolutamente fragmentado, al que Rutte deberá domar para lograr su tercer mandato: 13 partidos han conseguido su asiento en un Parlamento de 150 escaños distribuidos por representación proporcional directa. Los electores holandeses, debido a este sistema, solo han escogido a un partido que va a intentar formar gobierno con otros. No es un primer ministro o presidente, como ocurriría si Marine Le Pen ganara la segunda vuelta en las elecciones francesas. Sin embargo, hay una cosa clara: los Países Bajos han votado por un gobierno de centro escorado a la derecha y ninguna posible formación progresista podrá hacerse con las riendas.

Sea como fuere, aunque la posibilidad siempre hubiera sido remota, Wilders no gobernará. Ahora bien, había logrado una victoria parcial antes de empezar. La extrema derecha no necesita tocar el poder para influir en las políticas. Su programa no ocupaba más de un folio, pero como dice el investigador Maarten van Leeuwen, autor de una polémica tesis sobre los discursos parlamentarios holandeses desde un enfoque lingüístico que le tachaba literalmente de «fascista», «Wilders ha presentado su opinión como un hecho irrefutable». En este sentido, la sociedad de abogados holandesa ya denunció que cuatro de los principales partidos políticos que hoy tienen representación parlamentaria se han comprometido a tomar medidas en materia de inmigración «abiertamente discriminatorias», ilegales y contrarias a la Constitución.

Wilders gana la batalla cultural

Algunas ideas ultraderechistas han calado en la sociedad holandesa. Así lo reflejaba una estudiante de 23 años, Kelsey Kolerbrander, después de depositar su voto en las urnas. La joven declaraba haber apoyado al Partido Animalista, se desmarcaba de su familia, «que ha votada en masa al PVV» y atacaba a su líder por no tener un plan. Aunque, sostenía, las personas que vienen a su país deben de adaptarse a los valores holandeses. «En esta cuestión tengo una visión conservadora. No me importaría echarles si fuera necesario».

Incluso Rutte llegó a hacer suyo el lenguaje wilderiano con un carta abierta para «aclarar lo que es normal y lo que no en nuestro país… Actúe con normalidad o váyase», que escribió en enero. Por lo tanto, si uno mira el resultado político la derrota se vislumbra irrefutable, pero la larga batalla por las ideas continúa. Se lo dijo el ultraderechista a los periodistas después de votar el miércoles en La Haya: «El genio no volverá a la lámpara y la revolución patriótica tendrá lugar igualmente».

Lejos de un Ámsterdam que ha estado siempre a la vanguardia del liberalismo, donde el domingo se sucedieron demostraciones en favor de la Unión Europea y el PVV fue el sexto partido, el panorama es distinto: la inmigración y la integración europea son la cuestiones nucleares que quedarán aparcadas por la incapacidad de los partidos tradicionales. «¿Y ahora qué? ¿Volverán nuestros políticos a decirnos que nuestro peores mal han sido derrotados?», se preguntaba Tom, un holandés europeísta de padre canadiense y madre alemana. Y sentenciaba premonitorio: «El estancamiento de nuestro país continuará».

Sin un horizonte prometedor

La percepción que se respiraba en algunas ciudades era como si un sentimiento recorriera cual neumonía la espina dorsal de los votantes: los partidos hasta hoy hegemónicos parecen carecer de la capacidad, el coraje y la iniciativa para abordar las cuestiones que dividen a su sociedad y ofrecer propuestas tanto alternativas como realistas. «No me siento orgulloso de ser holandés», señalaba un hombre de unos 70 años que llegó al colegio electoral de Leiden en bici y fumando en pipa. No quería ser identificado, aunque señalaba haber votado al candidato ultraderechista porque «estamos hartos de los partidos tradicionales. No son capaces de dar respuesta a los problemas». En este contexto, Wilders se ha alzado con éxito como el iconoclasta de las élites cosmopolitas incrementando en cinco los escaños de su formación.

Hace 30 años, el Partido Laborista y los Demócratas Cristianos tenían más de dos tercios de los votos. Hoy el coste más alto de la debacle de los partidos tradicionales lo paga una izquierda fragmentada en cuatro partidos con escasas posibilidades de influir en el poder o de crear una coalición de gobierno. Tras las pasadas elecciones, la formación socialdemócrata de mayor historia en los Países Bajos ha pasado de tener 38 diputados a quedarse solo con 9.

La triada compuesta por el Partido Obrero (PvdA), el Partido Socialista (SP) y la Izquierda Verde (GroenLinks) no han logrado siquiera superar los 40 escaños, una cifra que en otro tiempo los laboristas la hubieran alcanzado por sí solos. No obstante, puede que sea cierto que el joven líder, Jesse Klaver, haya resultado un antídoto contra los partidos de corte xenófobo. La panorámica electora induce a pensar que los votantes de la izquierda han contribuido a que el Partido Verde haya casi cuadriplicado sus escaños. Aunque parezca que todo cambia, lo cierto es que el único entre 13 partidos encabezado por una mujer con representación parlamentaria ha sido el Partido para los Animales (PvdD).

A pesar del aparentemente pesimismo popular, desde la capital europea hay motivos para el optimismo. El resultado, en un país con un ecosistema político hasta ahora estable que en Bruselas lidia estrechamente con el eje franco-alemán, ha tenido un efecto balsámico y la instituciones se arman de confianza y fuerza para reivindicar el proyecto comunitario en las próximas elecciones. Aunque es importante señalar que los resultados en Holanda no medían de ninguna forma la fuerza de los populismos en el viejo continente. Wilders ha logrado sólo el 13,1% de votos en unas elecciones donde ha votado el 82% (la participación más alta desde de los últimos 31 años) de una población que representa el 3,3 % de la UE.

Definitivamente, el resultado electoral está lejos de implicar un reorden explícito del mapa liberal o la victoria de Holanda en una suerte de «cuartos de final para impedir que triunfe un mal tipo de populismo», como señaló el lunes el que volverá a ser primer ministro holandés, Mark Rutte. Es cierto que el mensaje eurófobo y de odio no se ha impuesto, pero uno de los miembros orgánicos de esa Europa de los Seis forjada en 1957 ha pagado décadas después un precio muy alto por no ceder a la ultraderecha y volver así a los años de oscuridad. En la política europea moderna, mantener el centro ya es sinónimo de apoyarse en andamios enrocados en el nacionalismo de derecha.

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¿Por qué nos movilizamos contra el CETA?

Campaña Stop-CETA I La Marea

El 15 de febrero es una fecha importante para el futuro de los pueblos que viven bajo esa arquitectura neoliberal que representa hoy la Unión Europea. Y es que este miércoles se producirá en el Parlamento Europeo la votación de ratificación del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá, más conocido por sus siglas en inglés: CETA. Pese al carácter especialmente opaco y oscurantista del proceso de negociación y la firma de este tratado por parte de las autoridades comunitarias, los movimientos sociales europeos preparan amplias movilizaciones, que tendrán lugar tanto en la sede del Europarlamento en Estrasburgo como a través de distintas acciones deslocalizadas en todo el Estado español.

La importancia de este hecho es manifiesta, ya que se tratará del primer tratado de nueva generación firmado por la Unión con un país del G-7, con lo que esto implica tanto a nivel de volumen de tráfico comercial y de inversiones, como de consolidación de un bloque geopolítico hegemónico que pugna por mantener y acrecentar sus nichos de influencia en el escenario global frente a otros actores emergentes. Es manifiesta también por el rol de vaso comunicante que ejerce el CETA respecto al más conocido TTIP, toda vez que, vía Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), numerosas empresas transnacionales de matriz estadounidense disponen de filiales en Canadá, con la apertura de puertas del mercado europeo que esto les supone. Finalmente, el CETA resulta central porque, tal y como ha afirmado la Comisión Europea, establece los términos y estándares por los que se guiará este órgano de cara a las negociaciones de acuerdos similares que a día de hoy mantiene abiertas con otros 20 agentes globales diferentes.

Asimismo, es necesario destacar que, pese a tratarse de un tratado mixto ?esto es, que incluye cláusulas que afectan a competencias no comunitarias que atañen a los Estados miembros?, un resultado positivo de la votación de este miércoles daría lugar a una aplicación provisional del acuerdo, lo que supondría un serio escollo para su posible reversión a posteriori. Las autoridades comunitarias pretenden imponer su agenda por la vía de los hechos consumados y desactivando al máximo la contestación social. Precisamente por ello se hace aún más importante la movilización social y la visibilización en la calle del rechazo popular al CETA.

Cómo hemos llegado hasta aquí

El proceso que nos ha traído hasta aquí ha sido largo. En 2009 la Comisión Europea asumió el mandato negociador, comenzando un proceso que se prolongó hasta septiembre de 2014, y que se desarrolló en el más absoluto secretismo. Fue conocido por la opinión pública como consecuencia de la salida a la palestra del TTIP ?que a su vez fue conocido como resultado de una serie de filtraciones, no por una vocación de transparencia de la Comisión?, manteniéndose siempre en un perfil más bajo respecto al protagonismo del acuerdo con EEUU, pese a que sus consecuencias negativas sean similares. Una vez finalizada la fase negociadora, comenzó el proceso de firma y ratificación del acuerdo por las partes. Aquí comenzaron los problemas para las autoridades comunitarias y se incrementó el rechazo y la movilización popular.

La primera fase requería la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros del Consejo. En este punto es donde surgió la resistencia del parlamento regional de Valonia, que a través de su voto negativo imposibilitaba que Bélgica diera el sí al texto, dando al traste con el acuerdo. Las presiones sobre las autoridades valonas fueron de tal calibre que nos trajeron a la memoria las padecidas por el gobierno griego para la aceptación del tercer memorándum sobre la deuda en 2015. La gran coalición neoliberal, bajo su manto pretendidamente tecnocrático, se muestra implacable frente a la menor muestra de cuestionamiento de su agenda.

Una vez que Valonia dio su voto afirmativo, entramos en la segunda fase. Fase crucial en la que nos encontramos ahora mismo, que culmina el 15 de febrero. A este respecto, es preciso destacar que esta votación es cerrada y unívoca, no habiendo espacio para la enmienda o readecuación siquiera parcial del texto. Se trata de votar sí o no, con el déficit democrático que supone que esa sea la única disyuntiva permitida a las personas que encarnan teóricamente la voluntad popular de los pueblos de Europa. Con la votación del Europarlamento, el documento pasaría a aplicarse de manera provisional en una gran parte de su articulado, con lo que eso implica de cara a su reversión o anulación en la tercera fase del procedimiento, la que atañe a los Estados miembros. Efectivamente, dado que se trata de un tratado mixto, el procedimiento de aprobación no culmina en Estrasburgo, sino que se traslada a los Estados miembros, a sus parlamentos nacionales, en ocasiones a los regionales ?de nuevo, el ejemplo de Valonia resulta referencial?, y en algunos casos exigirá incluso la realización de referéndums vinculantes. Recordemos los casos de Holanda o Francia, que consiguieron echar atrás en 2005 la Constitución Europea a través del ejercicio del voto ciudadano.

Por qué es importante la movilización

Dado que nos encontramos ante una batalla de largo recorrido, se hace preciso comenzar la presión popular frente a las instituciones europeas, en este caso frente al Parlamento Europeo, como punto de partida de un esfuerzo que sin duda deberá acrecentarse en esta última fase en la que el CETA descenderá de las alturas opacas de la burocracia comunitaria. El traslado del debate a lo local facilitará una movilización que debe tener un hito el próximo día 15, como punto de inflexión de un esfuerzo creciente por reforzar la coalición social, política y sindical contra este tratado y contra el conjunto de toda esa arquitectura jurídica de la impunidad que regula hoy los flujos de comercio e inversión.

Con esta determinación, nos movilizamos en Estrasburgo desde el día antes de la votación en el pleno del Europarlamento, tratando de dejar constancia del rechazo social a esta arquitectura contraria a los intereses de las mayorías, y manifestando que el déficit participativo y de transparencia que ha caracterizado este proceso inhabilita en términos democráticos su aprobación y entrada en vigor provisional como consecuencia del voto en el Parlamento Europeo. La iniciativa de coordinación de esta movilización corresponde a la coalición francesa contra el TTIP y el CETA, con el apoyo de grupos locales en Estrasburgo y las campañas de diferentes países: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Estado español, etc.

Desde la campaña Euskal Herrian TTIPari Ez, estaremos presentes en la movilización aportando nuestro granito de arena. Así, este martes por la tarde calentamos motores con comida, música y un evento público con debates entre miembros del Parlamento Europeo y la sociedad civil. Y ya el miércoles 15, se realizará una manifestación por las calles de Estrasburgo, que desembocará en el Parlamento Europeo, donde nos concentraremos hasta que finalice el proceso de votación. Tras la votación, se celebrará una asamblea en la que participaremos distintos actores sociales, políticos y sindicales europeos involucrados en la lucha contra el CETA.

Pero Estrasburgo no será el único lugar en el que mostrar el rechazo ciudadano a este tratado. Entre las acciones locales, este martes se celebran una serie de concentraciones en las capitales vascas frente a las sedes de distintas organizaciones políticas que han manifestado ya su intención de votar favorablemente el CETA en el Parlamento Europeo. Y es que resulta fundamental interpelar directamente a los grupos parlamentarios que tienen esta tremenda responsabilidad. Parece que la gran coalición conservadora, liberal y socialista votará a favor de manera bastante homogénea. No obstante, no debemos obviar que esta cuestión ha sido ampliamente cuestionada en el seno de distintas organizaciones socialdemócratas europeas, por lo que supone de agresión a una base social trabajadora cada vez más escéptica respecto al rol de estos partidos en defensa de los intereses de las mayorías sociales. Todavía hay partido, y el riesgo que corre la socialdemocracia al retratarse junto a las élites económicas y financieras globales puede y debe jugar un rol de importancia.

En este contexto, es preciso redoblar los esfuerzos frente a un atropello inminente que tendrá graves consecuencias sobre nuestras vidas en todos los sentidos: nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos, trabajar, relacionarnos con la naturaleza… Por ello, el 15 de febrero se ha fijado como un día de movilización global contra el CETA y contra la arquitectura de tratados de comercio e inversión que nos viene impuesta por un modelo neoliberal que nos conduce al abismo.

* Juan Hernández Zubizarreta y Gorka Martija son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

 

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Un informe advierte que el CETA fortalecerá el papel de los lobbies

El poder de los lobbies I La Marea

El Acuerdo Económico y de Comercio (CETA) que la Unión Europea ha cerrado con Canadá fortalecerá aún más a los grupos de presión lobbistas, proporcionándoles un acceso temprano y exclusivo al proceso legislativo, según un informe publicado por el Corporate Europe Observatory (CEO).

El estudio concluye que el objetivo es que el CETA funcione como una plataforma para que los lobbies influyan en las propuestas legislativas de la UE y Canadá, incluso antes de que los parlamentos nacionales hayan tenido la oportunidad de expresar su opinión. Los autores del informe recuerdan que, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (NAFTA), los lobbistas consiguieron la autorización de pesticidas tóxicos, prohibidos en otros países de la OCDE, en territorio canadiense. Debido a estas presiones, Canadá cedió el puesto a la UE como principal baluarte en la salud y la protección ambiental.

El informe también advierte que el Foro de Cooperación reguladora del CETA promoverá con los lobbistas unas negociaciones muy similares a las del NAFTA. El investigador Stuart Trew, uno de los autores del documento, denuncia los «procesos turbios dominados por lobbistas» que conllevan este tipo de tratados de libre comercio. Y asegura que el CETA «pone en juego una amplia gama de normas de salud pública, de consumo y de medio ambiente, ya que pueden ser influenciadas, inhibidas, retrasadas o incluso bloqueadas por los intereses comerciales».

«El CETA está vinculado a altos riesgos para la salud pública y la protección del medio ambiente», coincide la activista Lora Verheecke, quien recuerda lo que sucedió con el NAFTA. «Cuando las Administraciones de Canadá y EEUU evaluaron conjuntamente seis productos químicos bajo la cooperación regulatoria del NAFTA, su grupo de trabajo estaba dominado por lobbies de grandes empresas, entre ellas algunos que habían contribuido a retrasar la propuesta de prohibición de plaguicidas dañinos en la UE», argumenta. 

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