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La CNMC multa a cuatro eléctricas por cambiar contratos sin consentimiento

MADRID // La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con una multa de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. La CNMC recibió siete reclamaciones de usuarios, quienes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su aprobación.

En consecuencia, el regulador procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural por incumplir varios artículos del sector eléctrico y de hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador, y asimismo, las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento de los clientes.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios.

Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica —sobre todo en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores—. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Esta sanción a las eléctricas llega horas después de que el Tribunal Supremo ratificara la sanción de 600.000 euros a Iberdrola, impuesta en 2012 por la Comunidad de Madrid, por ocultar información sobre los procedimientos que siguió durante 2010 para cortar el suministro eléctrico por impago a usuarios acogidos a la tarifa regulada (actual PVPC), en aquel momento mayoritaria entre los consumidores.

 

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El BOE publica las dos multas impuestas a Hernández Moltó, expresidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó I La Marea

El BOE recoge este jueves una resolución que declara firmes, tras un largo periplo por los tribunales, dos sanciones que el Banco de España impuso en 2009 a Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) hasta la intervención de la entidad en 2009. Las dos multas, por infracciones muy graves de la ley de las entidades bancarias, suman 130.000 euros. Antes de presidir la entidad entre 1999 y 2009, Hernández Moltó fue diputado del PSOE, concejal, consejero y secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha.

La primera sanción, por deficiencias en los sistemas de control interno que pusieron en peligro la viabilidad de la entidad, se resolvió con 85.000 euros y tres años de inhabilitación para trabajar en el sector de la banca. La segunda, por no contar con los recursos mínimos necesarios para cubrir sus operaciones, es de 45.000 euros y dos años de inhabilitación.

Hernández Moltó recurrió ante la Audiencia Nacional, que lo desestimó en 2013. Entonces acudió al Tribunal Supremo (TS), ante el que presentó un recurso de casación. El pasado diciembre, el TS consideró que no había lugar al recurso. Así, tras casi siete años, el BOE recoge este jueves de nuevo las multas para hacerlas efectivas.

En paralelo, durante todo ese periplo judicial para valorar la sanción administrativa, el expresidente de Caja Castilla-La Mancha fue juzgado en la Audiencia Nacional por la quiebra de la entidad. Hace un año, fue condenado por manipular las cuentas de la entidad a dos años de inhabilitación y una multa de 29.970 euros. Eso sí, fue absuelto de administración fraudulenta y no se amplió la pena por considerar que no había habido «enriquecimiento personal».

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La suprema tontería radiactiva del Supremo

El miércoles 18 de enero de 2017 ha sido un gran día para los partidarios de la energía nuclear, para el Gobierno del PP y para todos los defensores del cortoplacismo. La producción de energía nuclear es peligrosa y genera residuos letales, pero el Tribunal Supremo ha decidido dar un balón de oxígeno a las empresas privadas que producen ese tipo de energía y ha franqueado el camino para el proyecto del PP de construir un cementerio radiactivo en Cuenca.

Por si alguien todavía no lo sabe, la gestión de los residuos nucleares es competencia pública (sí, las empresas privadas se lucran con la energía nuclear; pero usted y yo pagamos la gestión de esos residuos). En España, hasta el momento, no existe un lugar donde almacenar esos desechos de alta actividad (más allá de las piscinas de las centrales nucleares). El modelo nuclear necesita de un cementerio radiactivo y el lugar elegido para instalarlo fue la localidad conquense de Villar de Cañas, para alegría de su Ayuntamiento (gobernado por el PP).

Ese cementerio radiactivo (conocido eufemísticamente como Almacén Temporal Centralizado, ATC), todavía sin construir, será la gigantesca alfombra bajo la que esconder durante siglos la porquería asesina que genera un modelo de producción energética insostenible. Pero esa energía es la que satisface, a su vez, este modelo de sociedad adicta al consumismo, al productivismo y al extractivismo. Esa sociedad soñada por la derecha. Quizá no ha sido casualidad que el Tribunal Supremo publique su discutible decisión en plena ola de frío y el mismo día que el precio de la luz alcanzaba máximos históricos.

El Supremo ha decidido tumbar las medidas de protección medioambiental adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE) que buscaban paralizar las obras del cementerio nuclear. Y el Alto Tribunal lo hace empleando el argumento intoxicador e hipócrita de que debe prevalecer “la seguridad nuclear”. Señores magistrados: si no existiera la industria nuclear no habría necesidad de “seguridad nuclear”.

La decisión del Supremo legitima un modelo energético insostenible, fuertemente ideologizado y muy peligroso. Además, hace recaer en todos nosotros (en nuestro medio ambiente y en nuestro bolsillo) el riesgo generado por dicha industria nuclear. El único sentido de un cementerio nuclear debería ser el de acoger los últimos residuos generados por esa industria antes de su desmantelamiento definitivo. Y la construcción y gestión de dicho cementerio debería ser costeada por las propias empresas privadas que se lucran con esa forma de energía a costa de nuestro medio ambiente, de nuestro bolsillo y de nuestra salud.

Lo que el Supremo ha hecho es muy parecido a una amnistía fiscal en la que no sólo se le permite al defraudador blanquear su dinero negro (enterrar los residuos en un cementerio nuclear), sino que además se le anima a que siga defraudando (a que siga produciendo energía nuclear). Pero las consecuencias son mucho más graves que las de una amnistía fiscal… Las consecuencias durarán siglos.

El Supremo intenta justificar su decisión argumentando que es más importante la seguridad nuclear que “la ampliación de un espacio protegido para las aves”, cuando esa no es la discusión, esa no es la batalla que se está librando aquí. La protección de esas aves, me atrevo a decir, es una metáfora del futuro que queremos: un futuro sin energía nuclear, sin residuos radiactivos y sin el ansia depredadora de los recursos naturales que alienta el capitalismo salvaje.

Este miércoles, 18 de enero de 2017, el Tribunal Supremo no ha velado por los intereses de la sociedad, no ha pensado en el largo plazo ni en el modelo energético que necesitamos. Los magistrados se han limitado a mirar por los intereses de unos pocos: los de siempre.

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