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Más de 100 entidades piden a los partidos el registro de una ley trans

133 entidades piden el apoyo unánime a todos los grupos parlamentarios del Congreso e instan a Unidos Podemos registrar de manera inminente la propuesta de ley de la Plataforma Trans. “No existe mejor marco histórico que la celebración del Word Pride, donde se va pedir el respeto de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo, que además coincide con el 40 aniversario de la primera manifestación en España por la ‘libertad sexual’, para que a esas personas trans que estuvieron en primera línea sujetando la pancarta de cabecera les sean reconocidos y reparados tantos años de vulneración de derechos humanos básicos”, afirma la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

El colectivo celebra el amplio apoyo recibido desde entidades que representan a un variado espectro social: confederación de estudiantes, más de cuarenta entidades LGTBI, de defensa de derechos humanos, asociaciones específicas trans, de familias de menores trans, feministas, entidades nacionales e internacionales de sexología, sindicatos, partidos políticos e instituciones. «Todos hacen del texto una propuesta robusta, participativa y democrática», añade Cambrollé.

La propuesta tiene como objetivo reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. Para ello, promueve el desarrollo de políticas trans que den una respuesta específica a todos los ámbitos objeto de discriminación con la participación activa de las personas trans. “Es hora de que los políticos escuchen el clamor social y que estén al servicio de lo que demanda una sociedad, que demuestra que la pluralidad, la diversidad y la igualdad no han de ser un privilegio, sino los valores que articulen la convivencia de toda la ciudadanía sin excepciones”, añade Cambrollé.

La plataforma confía en que en los próximos días Unidos Podemos fije una fecha de reunión donde se concrete el compromiso de registro del texto, que ha incorporado aportaciones recogidas durante el proceso participativo. C’s y ERC ya han comunicado a la plataforma su respaldo. «No dudamos que los demás grupos harán lo mismo, las personas trans no pueden seguir siendo ciudadanía de clase b”, concluye Cambrollé, que insiste en la necesidad de una ley específica, independiente de la ya registrada para la igualdad LGTBI.

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España aumenta su pérdida de liderazgo en la defensa de los derechos LGTBI

Colectivos y grupos posan tras el registro de la Ley de Igualdad LGTBI. FELGTB

MADRID // Hasta hace unos años, España era uno de los referentes en la lucha por los derechos de las personas LGTBI en Europa. Desde 2015, sin embargo, su influencia se ha ido perdiendo y otros países, como Noruega y Reino Unido, han tomado su puesto. España es ahora novena en el ranking que cada año elabora la organización internacional ILGA Europa. Se trata de la peor posición desde que esta clasificación se comenzó a elaborar en 2010, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia que se celebra este 17 de mayo. El primer puesto del índice lo vuelve a ocupar Malta. En el extremo contrario, se sitúan Armenia, Rusia y, como país menos respetuoso en Europa de los derechos de las personas LGTBI, se encuentra Azerbaiyán.

«Sin duda es debido a la inacción del Gobierno central. La única razón por la que seguimos manteniéndonos en el top ten es gracias a que varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones específicas. De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia», explica Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Según Rubén López, responsable de Derechos Humanos de FELGTB, «mientras que el resto de países de nuestro entorno avanzan, España se ha quedado anclada, ignorando así las graves violaciones de derechos humanos que todavía sufrimos las personas LGTBI». En este sentido, desde la organización consideran que la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, registrada el 4 de mayo en el Congreso por Unidos Podemos y en la que decenas de colectivos llevan trabajando años, haría que España remontase en esta lucha

Hacia una ley que proteja la diversidad sexual, de género y familiar

Pasar de una «igualdad simbólica» —la que representan el matrimonio igualitario y la normativa sobre identidad de género de 2007— a una «igualdad real», en palabras de Jesús Generelo, es precisamente el objetivo de la Ley LGTBI, que se encuentra ahora mismo en plena tramitación parlamentaria después de que todos los partidos diesen luz verde al proyecto.

Para llegar a este punto, se han dado dos principales circunstancias. «Un tejido asociativo potente y con personas muy formadas, que tienen claras su reivindicaciones, ha confluido con el impulso europeo que se está dando a las problemáticas de las personas LGTBI», resalta Laia Serra, abogada del Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya y que ha participado en la redacción de la ley.

A nivel autonómico, territorios como Cataluña, Madrid, Extremadura, Navarra o Andalucía ya han aprobado normativas para garantizar los derechos de personas gais, lesbianas, transgénero, bisexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. «Que hubiera un vacío a nivel estatal no se podía alargar mucho más», apunta Serra.

Leyes, todas ellas, «de carácter preventivo y formativo», como explica Generelo, pero que ven limitado su ámbito de actuación. «Es necesario unificar y poner un suelo básico de defensa de los derechos fundamentales en todas las Comunidades Autónomas. Ahora, una persona trans no es tratada como enferma en un pueblo, pero sí puede serlo si se va al de al lado», incide el presidente de la FELGTB.

¿Por qué es necesaria esta ley? Para Generelo, «la discriminación por identidad de género y orientación sexual es el principal motivo de acoso escolar y se reproduce en los ámbitos laborales y sanitarios. Las agresiones a personas LGTBI no cesan: en 2016 y solo en la Comunidad de Madrid, se registraron más de 230. Además, hay quienes no se sienten empoderados para denunciar estos ataques». Serra apunta a la necesidad de abordar el terreno específico de las personas intersex y la violencia intragénero. De aprobarse la Ley, ambas cuestiones entrarían por primera vez en la legislación española.

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“Una ley LGTBI es necesaria pero insuficiente para las personas trans”

trans

«Desafortunadamente la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos no cuentan con un marco legal que cubra de forma expresa la discriminación basada en la identidad de género; por el contrario, sí contemplan una regulación patologizante y enteramente adscrita a un paradigma médico que concibe las identidades trans como una disforia de género y le impone un diagnóstico de trastorno mental». Con este planteamiento de base, la Plataforma Trans –federación de asociaciones integrada específicamente por personas transexuales-, ha enviado una propuesta de ley específica a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Igualdad para que, al igual que el borrador de la Ley de Igualdad LGTBI, sea registrada en el Congreso.

«La ley LGTBI es necesaria para todas las personas que se reconocen como lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, para la protección contra los delitos de odio por orientación o identidad sexual, pero es una propuesta generalista e insuficiente para dar una respuesta específica a las personas trans. La ley trans viene a dar respuestas concretas a todas las circunstancias específicas y de forma integral y transversal. Las necesidades de las personas trans son necesidades específicas que requieren de respuestas específicas«, insiste la presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé.

La denominada Ley sobre el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la no discriminación de las personas trans pretende visibilizar la «compleja situación» que experimentan estas personas, que no responden a un colectivo homogéneo, «ni siquiera a una unívoca forma de sentir y ser persona trans o intersexual»; reconocer la existencia de múltiples itinerarios y formas de construir, expresar y vivir las identidades trans; e incorporar aquellos derechos que reconocen la libre determinación de la identidad y expresión de género de todas las personas, la autodefinición y gestión del propio cuerpo, la regulación jurídica de la identidad y expresión de género desde un enfoque interseccional y no desde la medicalización.

«[Con ello] los poderes públicos se convierten en garantes de un derecho que históricamente ha estado sujeto a la discrecionalidad gubernamental. Se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo, sus caracteres sexuales y su ser», reza el borrador. Establece, por tanto, un marco jurídico que fomenta las políticas públicas contra la discriminación y unifica todas las leyes autonómicas que ya existen o puedan existir para evitar discriminaciones por territorios. «Es similar a cuando se ha legislado en favor de las mujeres con una ley de violencia de género. ¿Sufren violencia las parejas del mismo sexo? Sí, pero no es violencia de género es intragénero; en personas transexuales, si son heterosexuales, sí sería violencia de género», ejemplifica Cambrollé, que destaca, no obstante, la cada vez mayor conciencia política. 

Colectivos vulnerables

La ley se centra particularmente en varios colectivos aún más olvidados dentro del propio colectivo: las mujeres trans, personas de avanzada edad y extranjeras identificadas como trans o intersexuales, identificadas como sujetos en situaciones de vulnerabilidad y a quienes el Estado debe garantizar una protección y atención integral de acuerdo a la identidad y expresión de género que manifiesten; los menores, que, según la plataforma, «fueron excluidos expresamente de la Ley 3/2007, lo que lejos de atender a su interés superior tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del Niño, les ha obstaculizado el respeto a sus derechos fundamentales, que han quedado menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo registral no coinciden con el sexo que sienten y muestran»; y las personas intersexuales: «Se conocen históricamente como hermafroditas y han sufrido situaciones bárbaras en aplicación de leyes injustas, que las han llevado, por ejemplo a la mutilición genital o morir quemadas vivas (…)». La ley prohíbe por tanto las cirugías en recién nacidos y menores de edad, se les reconoce el derecho a su identidad de género, en cuyo ejercicio podrán instar la rectificación de la mención relativa al sexo registral en el Registro Civil, y se dispone que en el asiento de nacimiento de la persona intersexual recién nacida su sexo constará como No Binario.

La propuesta también reconoce el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género dentro de las instalaciones penitenciarias y centros de internamientos sin necesidad de presentar informe médico o psicológico que acredite la condición trans o intersex. «El internamiento en los centros o módulos penitenciarios se realizará respetando la identidad de género manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer, tomándose todas las medidas de seguridad que garanticen la integridad física», afirma el texto. Estas personas tendrán derecho a acceder a los servicios de atención médica especializada en las mismas condiciones que el resto de internos y a ser ubicados en los módulos e integrados en los programas de acuerdo a la identidad y expresión de género autodeterminada. «Se deberán garantizar la continuidad de cualquier tratamiento médico u hormonal que tenga lugar o se desee iniciar», añade.

Según los datos recabado por la plataforma, en España existen más de 46.000 personas trans, de ellas aproximadamente 4.600 menores. 

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Todos los derechos, todas las mujeres (trans, cis, putas, feministas, bolleras…)

prostitución trans Ilustración: Klari Moreno.

YSKAL// El intento de deslegitimar a las putas empoderadas no es nuevo. Desde algunas posiciones abolicionistas se ataca a quienes trabajan como escort (1) argumentando que si cobran un buen dinero por los servicios sexuales que ofertan no pueden entender lo que es ser una mujer «prostituida» (2) y, por tanto, no son representativas del colectivo. Al margen de que nunca se erigieron como representantes, lo que sí hicieron fue solidarizarse con sus semejantes, a pesar de que podrían no haberlo hecho y vivir la situación de quienes captan a su clientela en la calle desde su lugar supuestamente “privilegiado”. También podrían haber escurrido el bulto ante las denuncias de las situaciones racistas que soportan las migrantes y haberse distanciado desde su estatus de mujer blanca occidental, pero tampoco lo hicieron. Se intenta, con este argumento: “No son representativas”, obviar que, aunque unas condiciones laborales sean más duras que otras, el estigma y la falta de derechos laborales afectan a todas las trabajadoras sexuales por igual; cobren más o menos por su trabajo.

Ahora, el argumentario -que trabaja para impedir derechos laborales a quienes ejercen la prostitución por decisión propia- se amplía y renueva para cuestionar a las mujeres trans como portavoces de la lucha de las trabajadoras del sexo por el reconocimiento de su trabajo. ¿Por qué? Porque si son mujeres trans y por tanto -en muchos casos- tienen pene y deciden no operarse, no viven los abusos sexuales que las «verdaderas víctimas prostituidas» sufren cada día por tener vagina. Es más, supuestamente, no pueden saber lo que es la discriminación machista por «no ser mujeres desde que nacen» (pero no se nacía mujer, ¿no? ¡se llegaba a serlo!).

Escandalizan estos comentarios y cuestionamientos por su doble rasero. Por un lado, una se pregunta: ¿Quién tiene la potestad de decidir cuáles son las personas válidas para dar la cara y reivindicar sus derechos? Y aún más peligroso: ¿Quién decide cuáles son las “verdaderas” mujeres?, ¿cómo se puede invisibilizar de manera tan hipócrita la violencia transfóbica que viven las personas transexuales -dentro y fuera del trabajo sexual- y tildarla como menos grave que la de las mujeres cisexuales? ¿Son las feministas, que han luchado durante siglos para que ninguna persona pueda decidir sobre los cuerpos de las mujeres y sus vidas, las que pueden decirle ahora a otras mujeres que no pueden hacer con el suyo lo que les plazca? El feminismo ha gritado con todas sus fuerzas: “Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal” o “ Sólo yo decido”. ¿Quién tiene la potestad de otorgar o retirar no sólo el carné de feminista, sino el carné de mujer a otra mujer trans que ha decidido ejercer el trabajo sexual?

Hay muchas mujeres cis que luchan por los derechos laborales y sociales del trabajo sexual, pero si hay cada vez más mujeres trans dando la cara se debe a que viven el estigma, día a día, de ser trans, de ser mujeres, de ser migrantes, de ser lesbianas… Para ellas “el estigma de puta” es sólo uno más. Y esta profesión, aunque haya a quien le pese, les ha abierto muchas puertas que de otra forma tendrían cerradas; pueden vivir como las mujeres que son (y no se confundan, lo son desde que nacen, aunque nadie se diera cuenta). Son mujeres valientes, guerreras y solidarias. Apoyan a quienes no quieren dar la cara por miedo a las represalias o que prefieren -y pueden- pasar desapercibidas. Y respetan su decisión sin menospreciarlas. Porque la solidaridad no debería entender de identidades, de orientación, de fronteras, de formas de ejercer el trabajo sexual y de las maneras de vivirlo. Porque los derechos laborales y sociales serán para todas las personas que ejercen el trabajo sexual y ahí estarán mujeres trans, putas y feministas pro derechos.

A quien le interese comprender las diferentes realidades de la prostitución, puede consultar los vídeos en YouTube de la mesa redonda El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual, celebrada el 17 de diciembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo, que tuvo lugar en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela del Ayuntamiento de Madrid, que contó con la presentación y moderación de Violeta Assiego -activista, abogada especialista en DDHH y coordinadora del blog 1 de cada 10 en 20minutos.es– y las intervenciones de: Ninfa (trabajadora del sexo y activista de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo, AFEMTRAS), Conxa Borrell (trabajadora del sexo y activista de la Asociación de Profesionales del Sexo, APROSEX), Mario Blázquez (activista del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, COGAM) y Mamen Briz (activista de Hetaira).

Yskal es activista de Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas.

Ilustración: Klari Moreno.


NOTAS

(1) Escort: así es como prefieren autodenominarse.

(2) “Prostituida”: la expresión preferida por quienes se niegan a considerar a las prostitutas como sujetas políticas.

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