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“Hay intención y deseos de ejemplarizar”

El exjuez Baltasar Garzón I La Marea

MADRID// Desde que en 2012 el Tribunal Supremo (TS) lo condenó por prevaricar en el caso Gürtel a 11 años de inhabilitación como juez, Baltasar Garzón (Jaén, 1955) dedica sus esfuerzos a la defensa como letrado de distintas causas relacionadas con los derechos humanos. Buen conocedor del funcionamiento de la Audiencia Nacional –fue juez instructor allí durante 23 años–, Garzón investigó algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política, delincuencia económica… En 1998 ordenó el cierre de un medio de comunicación, el diario Egin. Casi dos décadas después, el controvertido exjuez sigue defendiendo aquella actuación. «Egin era un instrumento al servicio de ETA», contesta por escrito a La Marea. El jurista advierte de la deriva peligrosa que atraviesa España a raíz de la judicialización de ciertos temas vinculados al ámbito de la libertad de expresión. Y se muestra muy crítico con el Gobierno del PP, a quien acusa de querer amedrentar a la población mediante la aplicación de leyes que no tendrían cabida en otros países de nuestro entorno democrático. Parte de esta entrevista fue publicada en el número 47 de la revista La Marea.

¿Cómo se explica el aumento de denuncias relacionadas con el terrorismo, cuando hace años que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada?
El terrorismo yihadista ha crecido exponencialmente en los últimos años y eso ha determinado un incremento de las investigaciones. Ahora bien, si se refiere al terrorismo de ETA, no tendría justificación, por cuanto esta organización carece de actividad delictiva desde octubre de 2011 y pretender que hechos como los de Alsasua
[la agresión a dos guardias civiles y sus parejas]  sean acciones terroristas, es ir mucho más allá de lo razonable; como lo es también criminalizar el uso de las banderas, los himnos, las fotos, etc. Desde luego son temas que entrarían en el ámbito de la libertad de expresión de un país democrático. Es decir, las causas relativas a ETA se han potenciado a partir de incesantes denuncias por enaltecimiento o justificación del terrorismo. Sin embargo, ello no responde a una realidad criminal objetiva, sino a un deseo de que la percepción sobre un determinado terrorismo no cambie. Como digo, ETA no atenta ni delinque ya y prácticamente está concluyendo el camino de su desaparición, que podría ser más rápido si el Gobierno supiera asumir que la pacificación es una realidad y que es el momento de cerrar ese espacio macabro que tanto dolor ha causado en nuestro país. Por ello, traerla a presente en forma más o menos forzada o artificial puede ser muy peligroso, por más que le interese a determinado sector del ejecutivo seguir alimentando la explotación política del fenómeno terrorista.

¿Cree que hay un abuso de la imputación por delitos de enaltecimiento del terrorismo? ¿Su definición es demasiado ambigua y abierta a la interpretación de cada juez?
Como decía, puede haber una  desacertada aplicación de ese delito cuando no responde a criterios estrictamente legales o cuando se fuerza la interpretación de la norma para forzar su aplicación. La propia Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene criterios distintos en función de la composición del tribunal o del magistrado ponente que conozca del caso concreto. Los votos particulares o disidentes son muchos más que en otros tipos delictivos. Por todo ello, sí que parece en ocasiones que se confunden los conceptos. No creo en absoluto que casos como el de Strawberry, los titiriteros y otros bien conocidos caigan en lo que se conoce como enaltecimiento del terrorismo. El concepto de enaltecimiento del terrorismo tiene una serie de componentes que en estos casos no se dan. Más bien hay intencionalidad y deseos de ejemplarizar. Yo diría que hay miedo por parte del Ejecutivo hacia un sector de la sociedad que realiza una crítica probablemente grosera o zafia en ocasiones,  al no saber cómo abordarla.

¿Cuál es la diferencia entre enaltecimiento de terrorismo y libertad de expresión?
El enaltecimiento del terrorismo implica apoyar a grupos terroristas que se encuentran en situación activa y es un concepto legal que se acuñó en realidad en el País Vasco, en un momento en que ETA asesinaba y había grupos o personas que apoyaban mediante diferentes fórmulas como carteles, pancartas o pintadas -entre otros- sus acciones. Ese podría ser un primer criterio a aplicar. Como el de la violencia, es decir, el de la justificación e incitación a la violencia terrorista, para la consecución de los fines terroristas. La libertad de expresión supone exponer libremente las propias opiniones con los límites de lo que implica el respeto al otro, y sin incurrir en la difamación o la injuria. Yo añadiría que también se agradece el no faltar al buen gusto. No lo digo solo por estos ejemplos de tuits, sino por los exabruptos a que nos tienen acostumbrados algunos contertulios.

¿Cuál es el papel del ministro de Justicia en el aumento de las denuncias por enaltecimiento?
Desde luego, el señor ministro no está contribuyendo, como debiera, a atemperar o mesurar la situación. Formalmente el ministro carece de papel alguno en este ámbito. Si hay apariencia de delito, bien, y eso le toca apreciarlo a la policía, al fiscal y al juez, cada uno en su respectivo rol y competencia. El ministro de Justicia o el de Interior no deben interferir. Sin embargo, lo cierto es que algunas declaraciones coadyuvan a las actuaciones desproporcionadas y perturbadoras de algunos jueces y fiscales.

¿Cree que la Audiencia Nacional está siendo instrumentalizada por el Gobierno?
Confío plenamente en la independencia de los jueces de la Audiencia Nacional. Pero ello no obsta para que haya algunos magistrados que por su mayor sintonía con el partido actualmente en el Gobierno tengan una interpretación de la Ley próxima a aquel, y mucho más laxa que la que debería ser aceptada dentro del respeto a los derechos y garantías más estrictos. Así mismo, creo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está ocupándose de cosas que muy difícilmente podrían catalogarse como delito de terrorismo o de enaltecimiento del mismo.

¿Cómo se explica que algunas de estas detenciones (Strawberry, por ejemplo) hayan coincidido con momentos políticos de especial relevancia, como unas elecciones?
No creo que sea casual, hay una decidida intención por parte del Ejecutivo de hacer que la sociedad sienta temor o precaución hacia otras formaciones políticas. Y esto es altamente peligroso en una democracia. Dejar pasar estas actitudes, nos acerca cada vez más a una especie de sociedad constreñida por la seguridad y el temor a manifestarse libre y espontáneamente.

Organismos internacionales y ONG como Amnistía Internacional alertan del retroceso de libertades en España. ¿Está de acuerdo?
Sí. Es lo que se percibe. Para quienes hemos luchado por una sociedad en libertad y con plenos derechos es frustrante y produce indignación ver de qué manera el Gobierno del Partido Popular va echando por tierra avances que han costado la juventud e incluso la vida de muchos españoles.

¿Cree que en España está suficientemente garantizado el derecho a la libertad de expresión?
España tiene normativa constitucional y legal que la garantizan, el problema es la aplicación de esa normativa por los jueces y tribunales que pueden vaciarla de contenido en una sentencia, por ejemplo. Tampoco contribuyen a que el espacio de libertad triunfe sobre el de seguridad. Ahí está la denominada Ley Mordaza. Con ella, a pesar de los recortes sufridos, se manifiesta una especie de miedo a la sociedad y a sus manifestaciones frente a determinadas formas de hacer políticas contrarias a los derechos ciudadanos.

¿Cómo están afectando las leyes mordaza a estas libertades?
Como digo, generan en primer lugar inseguridad sobre lo que se puede y no se puede hacer y, por tanto, temor en los ciudadanos. En segundo término y no por ello menos importante, afectan a la libertad de expresión, al derecho de manifestación y permiten que acciones que deben ser en todo caso a criterio de un juez queden al arbitrio de los funcionarios de policía.

¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿Cuáles son?
Por supuesto. Los límites son la injuria, la difamación, la mentira y yo creo que también hay que repasar los valores porque hay groserías innecesarias. El respeto a los demás también es un límite. El discurso del odio tampoco está amparado por la libertad de expresión.

Muchos de estas imputaciones tienen que ver con la difusión de mensajes en redes sociales. ¿Qué diferencia hay en expresar una idea a través de un medio u otro?
Hay dos aspectos en cuanto a las redes. Uno es la falsa sensación de anonimato e impunidad que hace que algunos crean que no hay barreras para decir cualquier cosa. Esto no es así. El otro es el de que algo que se haga público en Internet tiene una difusión casi infinita y es muy difícil después ‘borrar’ o retractarse de lo que se diga. No hay más que ver el acoso escolar en redes que lleva a las víctimas a situaciones de desesperación difíciles de imaginar.

En 1998, usted cerró el diario Egin. ¿Qué motivó aquella decisión?
Durante años, aproximadamente desde 1989, tras la detención de Josu Ternera acumulé evidencias e indicios suficientes que me permitieron comprender en toda su extensión el fenómeno terrorista. Obviamente mi planteamiento y el de los investigadores, siendo legal, no coincidía con la visión que, interesadamente, patrocinaba la organización terrorista ETA de sí misma. Siempre ha tenido un doble y un triple, e incluso más lenguajes para protegerse debajo de una serie de caparazones que no dejaran resquicio alguno al descubrimiento de sus verdaderas intenciones.
Una vez  que se reunieron las suficientes indicios de criminalidad para demostrar que la organización terrorista había nombrado al director del periódico; que se transmitían directrices de la organización que llegaron a apuntar a acciones criminales que luego ejecutó ETA (no se olvide que entonces los terroristas mataban); que la relación de dependencia de las distintas sociedades del grupo Orain y del diario Egin respecto de ETA era absoluta, hasta el punto de que los propios miembros del aparato político de la organización terrorista controlaban la línea editorial del diario, tomé la decisión de cerrar provisionalmente el medio y suspender las actividades del grupo, de acuerdo con el artículo 129 del Código Penal, el 16 de julio de 1998. Como antecedente, puedo decirle que a partir de 1992 el diario Egin llegó a estar plenamente subordinado, tanto en sus funciones como en su organización, a la estrategia global de ETA, si bien bajo la cobertura aparente de ser un periódico plural e independiente. La organización terrorista imponía sus directrices en el funcionamiento y organización del grupo editor, transmitiéndolas a través de claves directas de comunicación. También  Egin avisaba públicamente de la puesta en marcha de operaciones policiales dirigidas contra ETA o sus grupos de apoyo, permitiendo así que el resto de los colaboradores conociese esta circunstancia y pudiera eludir la acción policial. Egin era un instrumento de ETA y al servicio de ETA. Así se probó en la sentencia de la Audiencia Nacional y fue confirmado por el Tribunal Supremo.

Pero años después, el Tribunal Supremo dejó sin efecto el pronunciamiento relativo a la declaración de ilicitud de las actividades de Egin. ¿Cree que fue un error cerrar el periódico?
Siento contradecirle, pero la sentencia de fecha 22 de mayo de 2009 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en ninguna de sus líneas ni en ninguna de sus 922 páginas, afirma que fue un error o que fuera ilícito el cierre de Egin. Dice exactamente lo contrario: la actividad delictiva cesó con el cierre y la suspensión de actividades. «De todo lo dicho se concluye que la convicción probatoria del Tribunal no es irracional, sino que es fruto de la valoración de la prueba practicada obteniendo una conclusión que no es inmotivada o arbitraria ni contraria a la lógica. El Tribunal de instancia ha valorado racionalmente las pruebas sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar la vinculación del diario EGIN y la emisora EGIN IRRATIA y sus dirigentes con la organización terrorista ETA». De esta manera, tras valorar la constancia de la reunión efectuada en 1992 con el responsable de la dirección política de ETA, así como la documental señalada y las declaraciones citadas, no resulta contrario a la lógica afirmar lo indicado por el Tribunal sentenciador: que las designaciones de estos recurrentes fueron oportunamente autorizadas por el aparato político de ETA, con el fin de que los medios que dirigían mantuvieran una posición afín a la de la organización terrorista y, de esa manera, coadyuvar a la obtención de sus fines. Esa es la verdad judicial.

 Una de las críticas más fuertes que se le ha hecho desde determinados ámbitos de la izquierda es que usted haya cerrado un medio de comunicación. ¿Cree que aquel cierre vulneró la libertad de prensa?
Ha habido una gran manipulación en todo lo relativo al cierre provisional del periódico Egin y la emisora Egin Irratia que acordé el 16 de julio de 1998. En ningún momento se clausuraron estos medios porque se pretendiera cercenar la libertad de prensa sino porque  eran un instrumento, creado, controlado y dirigido por ETA y en su nombre, dirigidos por diversas personas que fueron condenados al igual que los componentes del consejo de administración de la empresa editora Orain, SA. En la sentencia de la Audiencia Nacional, se destacó sin fisuras la actividad delictiva que se plasmó en las condenas contenidas en el fallo. Si bien al imponer las consecuencias accesorias (declaración como asociación ilícita y declaración de ilicitud), el tribunal debería haber explicitado los motivos por los que era preciso acudir a la imposición de las consecuencias accesorias para evitar la continuidad delictiva, motivando especialmente por qué tal finalidad no podía ser conseguida con las penas impuestas a las personas físicas que en un momento u otro utilizaron las estructuras de las entidades (Orain SA, entre otras). La sentencia constata y refiere la utilización de las entidades a las que se aplicaron estas sanciones para las actividades delictivas imputadas, pero sin embargo no motivó en qué medida con la aplicación de consecuencias accesorias se pretendía conjurar los riesgos derivados de una ulterior actuación delictiva de Orain o Hernani Imprimategia, entre otras. Se limitó únicamente a afirmar que «la actividad punible consiste en poner determinadas estructuras mercantiles o asociativas al servicio último de una organización terrorista, como es ETA». Esta motivación escueta olvidó lo que el artículo 129.3 del Código Penal, exigía: correlacionar la sanción o sanciones impuestas con los fines que con su imposición se quiere obtener.
Las acusaciones no solicitaron expresamente respecto de dichas sociedades legales –a diferencia de KAS, EKIN, y XAKI– su declaración de asociación ilícita del art. 515.2 y, como consecuencia de ello, su disolución, sino que solo pidieron la declaración de ilicitud sin más y el TS, frente a ello, dijo que «esa declaración de ilicitud de las actividades no puede equipararse a la declaración de asociación ilícita pues ello podría implicar que todo delito cometido en el seno de una persona jurídica habría de ser sancionado adicionalmente con la disolución prevista para la asociación ilícita». Al no existir pronunciamiento expreso declarando a algunas de las asociaciones como ilícitas, sino como ilícitas sus actividades y como consecuencia de tal declaración la disolución, la Sala de lo Penal de la AN, debería haber expresado con base en qué delitos por los que finalmente fueron condenados los acusados se impuso la consecuencia accesoria.

En definitiva, la suspensión provisional de actividades que yo adopté en 1998, no solo fue correcta sino necesaria para hacer cesar la presunta actividad delictiva que se estaba desarrollando a través del citado medio. La medida se mantuvo por los cinco años que preveía la ley y luego se alzó; de modo que tanto el periódico como la editora podían haber reanudado sus actividades. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ratificaron y avalaron esas medidas, entre las que estaba el cierre de Egin, en forma absoluta y reconocieron expresamente la actividad delictiva a través de las mismas en el seno de la organización terrorista ETA. Solo aconteció que el tribunal de instancia (es decir, la Sección correspondiente de lo Penal de la Audiencia Nacional compuesta por tres magistrados), al declarar la ilicitud, sin previa declaración de asociación ilícita (caso de Orain SA y otras) fue mas allá de lo pedido por la parte acusadora, y el tribunal de casación lo anuló. Nada más. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo y no otra cosa en el centésimo nonagésimo razonamiento, a partir de la página 822 de la sentencia de 22 de mayo de 2009. La prensa y la libertad de prensa poco tienen que ver con la actividad terrorista a través de Egin, descrita en las sentencias, a cuya lectura invito.

Años después, el juez del Olmo ordenó el cierre de Egunkaria. Finalmente, todos los imputados fueron absueltos tras una sentencia que tildó el cierre de «injerencia en la libertad de prensa». ¿Cuál es su valoración de este caso? ¿Cree que existe alguna diferencia entre el cierre de Egin y el de Egunkaria?
Absolutamente diferentes. La prueba de que no se pretendía ningún tipo de secuestro de la opinión o de las críticas que desde el mundo abertzale se hacían a las actuaciones judiciales, es que nunca autoricé una operación contra Egunkaria. Me mostré contrario, a pesar de la petición del fiscal y rechacé la intervención, clausura y apertura de investigación alguna contra su director. No obstante, con la misma documentación que yo rechacé y con el impulso del fiscal Eduardo Fungairiño, se abrió a instancias de la Guardia Civil una investigación por orden del juez central número 6, Juan del Olmo, que, después de muchas incidencias y denuncias de malos tratos y tortura, acabó en absolución de su director. Nunca debió abrirse aquella causa, y, a pesar de haber sido yo el que se negó a incoar la misma y a pesar de estar en contra de esa actuación, para no variar, se me imputó a mí haberlo hecho.

Con el auge del independentismo catalán, también ha habido casos muy llamativos como diversas imputaciones por pitar el himno nacional en la final de la Copa del Rey, colgar esteladas, quemar ejemplares de la Constitución o fotos del rey. ¿Qué opina de que algunos magistrados consideren estas acciones un delito? ¿Podría verse como una persecución ideológica o una manera de coartar la libertad de expresión?
Volvemos a lo mismo, a la judicialización de temas que deberían ser temas de debate y solución políticos y a la confusión de acciones en este sentido. Se entra en una espiral de provocación–respuesta–provocación que no conduce a nada más que a crispar y tensar a la sociedad. El problema inicial es del Gobierno, que no sabe o no quiere gestionar estos asuntos. Pero, sin duda hay una corriente de interpretación jurídica demasiado amplia en la Fiscalía y la judicatura que está dando entrada en el Código Penal a hechos que nada tienen que ver con el principio de intervención mínima que caracteriza al derecho penal. Iniciar esa deriva nos lleva a una especie de medida cautelar suspensiva de la libertad de expresión y ello es altamente peligroso, porque de ahí a la condena por delitos de opinión, solo hay un paso.

¿Le consta que en otros países próximos la justicia actúe igual?
En los países democráticos este tipo de acciones ni se producen porque se ha gestionado mejor o porque hay otro concepto sobre la patria y la bandera en el sentido de que son patrimonio de todos sin que unos se las apropien y otros las demonicen. En otros países este tipo de acciones están extremadamente penadas porque también existe una falta terrible de libertades. Creo que aquí tenemos que revisar nuestra convivencia, el marco constitucional y resolver problemas de fondo como la pervivencia del franquismo a estas alturas en diversos estamentos sociales o la injerencia de los políticos en la administración de Justicia.

¿Podría llegar a ocurrir que para muchos de los condenados el Tribunal de Estrasburgo sea su última esperanza?
Desgraciadamente, sí. Estoy pensando por ejemplo en Strawberry, recientemente condenado por el Tribunal Supremo echando por tierra las decisiones de los jueces de la Audiencia Nacional. Y lo cierto es que frente a Europa, ese tipo de situaciones acaban siendo un bochorno para nuestro país.

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El teatro de la libertad de expresión

Este reportaje -actualizado- está incluido en el monográfico sobre la libertad de expresión en España, que puedes adquirir en nuestra tienda online

-¿Es verdad que ahorcáis a un juez?

-Sí, ahorcamos a un juez. Forma parte de una dinámica tradicional de títeres de cachiporra y se representa en muchos sitios de Europa.

-Sí, hombre, tradicional va a ser eso, va a haber titiriteros por ahí ahorcando jueces.

“Le faltó decir: ‘Y yo sin saberlo’. Ahí me quedé como diciendo, ufff, esto va a ir mal”, recrea Alfonso Lázaro un año después de su declaración ante el juez Ismael Moreno. En la Audiencia Nacional. Hoy está tomando una cerveza en Granada, en la terraza de El Higo, sobre las cuestas empinadas del Albaicín. El sol de este febrero quita el frío del anterior febrero, aunque la nieve aún puede verse en las montañas, al filo de sus palabras: “La primera vez que salí de casa, después de dejar la cárcel, vine con mi madre a este bar. Entras y te saludan, y basta con un gesto para sentir la empatía”. Acababa de dejar atrás Soto del Real, adonde habían ido a parar sus huesos después de que el magistrado dictara un auto de prisión preventiva por representar junto a su compañero Raúl García, contratados por el Ayuntamiento de Madrid, una obra de títeres. Enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio.

“Por eso lo del domingo fue muy bonito. Me sentí muy emocionado. Fue un subidón. La gente salió muy contenta, se le saltaban las lágrimas y a nosotros también”, recuerda sobre el reestreno, hace poco más de un mes, de La Bruja y don Cristóbal. En el Teatro del Barrio, en Lavapiés. La camarera trae otra cerveza. Y otra tapa. “El teatro de cachiporra nace como teatro de burla hacia el poder y sirve de desahogo del pueblo. El malo siempre es el policía, el juez, el verdugo, el patrón, actualmente el banquero, el propietario, el propietulo. Se han ido perdiendo personajes como el cura o la mujer del titiritero, pero el policía y el juez no han cambiado, representan el mismo estatus de poder”. Casi nadie había visto la obra de la que todo el mundo había hablado. Ni siquiera el juez que los encarceló por ello.

El teatro está a rebosar. “Lo puedes seguir por streaming“, indican en la puerta a una chica que no tiene entrada. Es solo para socias y socios. Hoy no se cobra. Hoy se recompensa. Un niño ríe al primer cachiporrazo. La función ha comenzado. Un señor usurero pide dinero a una bruja por ocupar una casa que dice ser de su propiedad. Luego la viola y tiene un hijo. La bruja golpea a una monja porque quiere llevarse a su bebé. Suenan fuertes aplausos cuando sale el cartel de Gora Alka-ETA. Pero no lo sacan los titiriteros. Lo saca el títere policía, que fabrica pruebas contra la bruja. El agente le hace fotos junto a la pancarta, un supuesto libro contra la democracia y una albóndiga bomba. “Esta madrugada ha sido desarticulado un importante comando terrorista al que se le imputan diversos hechos horribles”, locuta una voz radiofónica. La bruja es acusada de brujería, terrorismo, feminismo, anarquismo… La noticia sale en las portadas de los periódicos. Es condenada a la horca. Cuando el juez le explica cómo debe colocar su cabeza, ella aprovecha para tirar de la cuerda. Los aplausos retumban en la sala. El público se pone en pie.

“Yo pensé que todo había sido un malentendido y que cuando declaráramos ante el juez y le explicáramos cómo era la obra y lo que había pasado nos iba a dejar en libertad”, dice Raúl por teléfono. Él aún sigue en Madrid, con la resaca de las buenas vibraciones. En unos días viajará a Granada, donde volverán a representarla, esta vez en la sala Apeadero: “Es un poco surrealista o absurdo que te suceda aquello que estás contando, pero aparte es bastante perverso. Esta historia es de ficción, pero es real, cuenta cosas sobre la realidad que vivimos y por eso decidimos contarla”. Nunca se le pasó por la cabeza no ya que los enviaran a la cárcel, sino que pudieran detenerlos por representar una obra en la que justamente denunciaban aquello por lo que fueron detenidos: la opresión del poder sobre las libertades. El triunfo de la libertad de represión sobre la libertad de expresión.

La historia de los titiriteros, cuya causa fue archivada posteriormente –aún esperan el archivo definitivo por el delito de incitación al odio– es el caso reciente más representativo del deterioro de la libertad de expresión en España, un país donde la aplicación de los delitos de terrorismo –cuestionable para muchos juristas– llegó incluso a cerrar un periódico –Egunkaria– que no tenía que haber cerrado. ¿Que está pasando para que dos personas vayan a prisión por un espectáculo de ficción crítico con el sistema? ¿Qué está ocurriendo en España para que condenen a un año de cárcel a una chica por hacer chistes sobre Carrero Blanco? ¿Qué pasa para que se condene a un cantante, a dos, a tres… por publicar tuits contra la monarquía, hacer canciones contra el poder, contra la corrupción? ¿Para que un joven anarquista haya permanecido más de 15 meses en prisión preventiva, como si fuera un terrorista, con una acusación basada en una pintada, una lombarda y unos líquidos de limpieza? ¿Qué está pasando para que todas estas personas, entre ellas humoristas , se sienten nada menos que ante un juez de la Audiencia Nacional?

“El Código Penal dice lo que dice, que no se puede ni injuriar al rey ni enaltecer el terrorismo, ni defender la lucha armada, ni humillar a las víctimas. Pero el espíritu de esos artículos nació en un contexto donde las víctimas de ETA tenían que aguantar las dianas en las puertas de su casa. Y ahora se aplica a casos como estos. ¿La Audiencia Nacional debe estar para estas cosas?”, se pregunta Eric Sanz, el abogado de los titiriteros, miembro de la Cooperativa Red Jurídica. Paradójicamente, según los datos del Poder Judicial, las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cinco desde el anuncio del cese de la violencia de ETA. Y esto, la liquidación de la banda terrorista, es precisamente una de las cuestiones clave que han señalado dos jueces de la misma Audiencia Nacional, que acaban de absolver al tuitero Arkaitz Terrón. En un solo año, de 2014 a 2015, las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía por ese mismo delito aumentaron un 40%. El incremento coincide con la llegada al Gobierno del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no ha respondido a las preguntas de este medio. Tampoco la Audiencia Nacional.

Un triángulo represivo

El endurecimiento del Código Penal sobre los delitos de terrorismo aprobado en 2015; la entrada en vigor, ese mismo año, de la Ley Mordaza, impulsada por el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz; y la criminalización de las feministas a raíz de las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto abanderada por el antecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón, conforman los vértices de un triángulo que, a la luz de los casos enjuiciados, va aprisionando poco a poco a la libertad de expresión. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, manifestó un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU.

Raúl prosigue por teléfono: “Estamos en el momento en el que se desenmascaran algunas creencias que teníamos sobre lo que podía ser la democracia o el Estado de derecho, un sistema político construido para que encaje en él perfectamente el capitalismo. Y esos derechos que nos reconoce el Estado, como el derecho fundamental a la libertad de expresión, son un lavado de cara para legitimar este sistema. Están ahí para quedar bonitos en el papel, pero solo hay libertades si las practicamos. No había libertad con Franco, pero no la ha habido nunca en democracia”. Ahí están –enumera– el encarcelamiento de actores de la compañía Els Joglars en la Transición, la condena a Suso Vaamonde por una letra ofensiva contra España en los años 80, los reiterados secuestros de revistas satíricas como El Jueves, la clausura de Egunkaria en 2003, la imputación del humorista Facu Díaz en 2015 o condenas recientes como las del cantante de Def con Dos, César Strawberry, por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Sale humo de un Cola Cao caliente en la sevillana plaza del Altozano, en el barrio de Triana. “Hoy, en muchas cosas, estamos mucho peor que cuando vivían Franco y sus esbirros. Ahora sigue habiendo más dictadores sueltos que actúan en nombre de esta llamada democracia y ese es el gran error. Hay menos libertad que nunca, sinceramente”, lanza sin anestesia el cantaor flamenco Manuel Gerena. Tiene 71 años, estuvo en la cárcel y fue multado ni sabe cuántas veces por su música: “De 200.000 pesetas, muchas. No pagaba ni una. Siempre le decía a Fraga en la prensa que no iba a pagar ni una multa porque no quería que aprovecharan mi dinero para comprar pistolitas a su policía represora. Estamos anticuados, obedecemos órdenes totalmente contrarias a la libertad de expresión, a la necesidad de justicia, de libertad, de dignidad de los seres humanos”. Recita una letra de memoria:  “Vergüenza debe de darte / si eres patrón de estas tierras / vergüenza debe de darte / que esté tan alta la hierba y el pueblo muerto de hambre / o las labras o las dejas”. Del bolsillo de la camisa sobresale un boli rojo y otro negro. “Escribo todos los días. Mis canciones están más vigentes que nunca”. Toma un poco de agua y surge otra: “Donde reina el fanatismo / nunca es libre el pensamiento / mutilada es la palabra / que quiere gritar al viento”.

¿Qué está pasando, entonces, en España para que una víctima del franquismo diga que hay menos libertad que con Franco? Según el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías están ocurriendo dos cosas principalmente: “Una, el triunfo en nuestro país de la idea de que deben prohibirse las opiniones que promuevan la intolerancia, algo propio de otros sistemas jurídicos y sociales; y dos, la ideología tremendamente conservadora de la mayoría de nuestros jueces y fiscales. Hemos importado el concepto, extraño a nuestra cultura, de que no pueden permitirse las opiniones ideológicamente peligrosas y le damos el poder de controlar eso a un poder judicial muy conservador”.

ttiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro, tras finalizar la obra en el Teatro del Barrio. FERNANDO SÁNCHEZ

Raúl García y Alfonso Lázaro, tras finalizar la obra en el Teatro del Barrio. FERNANDO SÁNCHEZ

Cuando los titiriteros abandonan el escenario del Teatro del Barrio, una mujer susurra en la segunda fila: “Eso fue un montaje, un montaje”. Raúl está convencido de que efectivamente hubo una persecución ideológica: “El juez es muy consciente de lo que está haciendo cuando nos envía a prisión, creo que sabe que está cometiendo una barbaridad, pero le da igual. Su actuación y la de la fiscal [Carmen Monfort] están sirviendo al montaje político y mediático de la derecha para criminalizarnos, pero también para atacar al Ayuntamiento de Madrid [presidido por Manuela Carmena] justo cuando Podemos estaba viendo si podía pactar con el PSOE para que hubiera una coalición de supuestas izquierdas en el Gobierno. No creo que estuviesen confundidos, porque nos tomaron declaración, nos pudimos explicar”. Las explicaciones, sin embargo, cayeron en saco roto, como prueba el auto de prisión. “Nosotros le decíamos ‘mire, lo que me está diciendo es igual a decir que si en una peli de nazis aparece una esvástica estamos haciendo apología del nazismo’. Cada cosa les indignaba más. Y era un teatro también, no era una indignación verdadera. Así funciona el Estado de derecho. Daba igual lo que hubiera pasado. Tenían súper claro lo que iban a hacer con nosotros antes de que declaráramos”.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio llega a cuestionar incluso la propia existencia de la Audiencia Nacional tal y como está configurada actualmente: “Es un tribunal especial, una anomalía en la demarcación judicial, en la determinación del ‘juez natural’, que no existe en otros países de Occidente. En ella se concentran, a mi juicio, demasiados procesos que generan un altísimo interés en los resortes del poder político-económico, no solo en materia de terrorismo, sino también en derecho penal económico. No encuentro ninguna razón organizativa sólida para esta concentración”.Su abogado coincide en el análisis: “Los intereses políticos que juegan en un poder que debería ser independiente como el judicial son totales. Otro ejemplo de lo que digo es el caso de Guillermo Zapata, acusado de humillación a las víctimas por un chiste antiguo en Twitter”. Finalmente absuelto por la Audiencia Nacional, el caso de este concejal de Ahora Madrid fue archivado y reabierto varias veces por la insistencia de Concepción Espejel y Enrique López, dos jueces apartados del caso Gürtel por su afinidad al PP.

“¡Ánimo!”, gritan desde las gradas del Teatro del Barrio a Cassandra Vera, estudiante de Historia de 21 años. Aún no había sido condenada. La obra ha dado paso a una mesa redonda compuesta por varios afectados por las reformas represivas y juzgados o en vías de enjuiciamiento por la Audiencia Nacional: “Mi abuelo me contó que el mismo día que murió Carrero Blanco ya se hacían chistes en Barcelona. Son casi patrimonio nuestro”, explicó la joven. En un manifiesto, más de 200 profesores de Derecho Penal situaron su historia como síntoma una justicia anómala: “Este tipo de chistes son conductas socialmente aceptadas que no solo no constituyen delito atendiendo al texto del Código Penal vigente, sino que bajo el régimen de derechos y libertades de la Constitución de 1978 no pueden constituirlo”‘. La Audiencia Nacional, sin embargo, ha determinado que sí: “No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, no recreada con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto y referido a una persona a quien se identifica con su nombre y apellidos”, afirman en la sentencia condenatoria los magistrados Juan Francisco Martel, Teresa Palacios y Carmen Paloma. Es decir, los hechos juzgados no pueden ser considerados como libertad de expresión, concluyen.

Una imagen de Cassandra en el Teatro del Barrio.

Una imagen de Cassandra en el Teatro del Barrio.

La arbitrariedad en las redes sociales

El uso de las redes sociales ha permitido a la gente expresarse sobre todo lo imaginable y más, pero lo que antes podía suscitar un reproche social ahora es perseguido penalmente. “Uno tiene la falsa sensación de estar constantemente comentando cuestiones como si fuera una charla entre amigos. Pero lo que se dice ahí queda permanentemente escrito y, sobre todo, llega potencialmente a toda la población. El problema es que a esa situación, que es nueva, los jueces y fiscales le aplican una legislación antigua, preparada para reprimir las ofensas graves que se difundían antes de manera ocasional a través de los medios de comunicación tradicionales. La gente dice burradas entre amigos, y la ley reacciona como si las dijera en la televisión o en la portada de un periódico de tirada nacional”, explica el profesor Urías. Él mismo, usuario de Twitter, asegura haberse autorreprimido: “Incluso en casos en los que yo creo que estaría protegido por la libertad de expresión, por si las moscas, a veces he preferido no arriesgar”. La misma sentencia absolutaria de Terrón se refiere también a ello: “Una sociedad democrática que se organiza sobre los valores de la libertad y el pluralismo político no puede sofocar, impedir o censurar todo tipo de mensajes de crítica o de disenso de la forma política del Estado, de la política penitenciaria o de las relacionadas con la memoria oficial del pasado», sostienen los magistrados Ramón Sáez y Manuela Fernández.

La situación llega a concluir causas de una forma sorprendente: la Audiencia Nacional ha confirmado –en este caso en aplicación de la Ley contra la Violencia en el Deporte–, la multa de 60.000 euros al hombre que se burló de la muerte de Jimmy, un hincha del Dépor, mientras que la investigación por su asesinato ha sido archivada. De fondo aguarda otro debate: la arbitrariedad con la que se persiguen esos comentarios, independientemente de si hay o no que perseguirlos. Un ejemplo. El día de la condena a Strawberry, un usuario de Twitter retuiteaba este mensaje: “El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón. He dicho!!!”. Y continuaba: “Coged este tweet. Cambiad García Lorca por Carrero Blanco. Maricón por dictador. Y tenéis una condena de dos años en la AN”. En España, además, la apología del franquismo no es delito. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha librado ya en más de una ocasión de las querellas presentadas por familiares de víctimas.

Imagen de Facu Díaz encapuchado por la que fue imputado.

Otro ejemplo: “Si en un tuit en vez de torero pones Pilar Manjón se crea un agujero espacio-temporal que impide que la Audiencia Nacional lo vea”, escribió otro tuitero comparando la tibia reacción ante los ataques recibidos por esta mujer, símbolo de las víctimas del 11-M, y la denuncia a un maestro valenciano que se alegró de la muerte del torero Víctor Barrio. El reciente fallecimiento de Bimba Bosé encarna otro ejemplo paradigmático. Tras la presión de quienes precisamente denuncian esa arbitrariedad, la Fiscalía anunció que investigaría los insultos contra ella y su familia. Finalmente, el Ministerio Público informó de que tenía “dificultades” para hacerlo porque o habían sido borrados o se habían realizado desde servidores en el extranjero, según recogió la Cadena SER.

Unos turistas llegan a la terraza de El Higo, que se ha llenado ya de comensales. Alfonso se coloca su pelo lacio detrás de la oreja y pide una hamburguesa de cordero: “Está guay que no investiguen esos tuits, y si la Fiscalía dice que no los investiga es una justificación”. ¿Cuál debe ser entonces el límite de la libertad de expresión? ¿Debe haber un límite? “Es un arma de doble filo esa pregunta, porque, como ves, tendemos a comparar los casos. Vemos lo que le está pasando a unos mientras que otros se van de rositas. Y creo que nos están contaminando con esa arma de doble filo. Sí que puede haber una estrategia del Gobierno con la que se persigan una serie de tuits, canciones o discursos incómodos para él, pero lo que está haciendo la sociedad es contagiarse de eso y pedir también que juzguen a los otros, y eso es erróneo y perverso. Nos hemos acostumbrado a llamar a la policía hasta para que el vecino baje la voz de la tele”. El mismo ministro –y juez– Juan Ignacio Zoido, sucesor de Fernández Díaz en Interior, ha formado parte directa del debate últimamente con un tuit de apoyo a los jugadores del Betis por acoger a Zozulya, acusado de defender ideologías neonazis.

“No sé si hay un ataque discriminado, pero hay un delito, que es el de humillación a las víctimas y hay que hacer una interpretación estricta de la ley. Lo que no es de recibo es que las víctimas como la nieta de Carrero Blanco o Irene Villa afirmen que no se sienten ofendidas por esos comentarios y aun así se castiguen. La labor de los jueces es distinguir entre los que son merecedores de sanción penal y los que son exabruptos que no tienen que tener castigo”, concluye el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, quien resume esta deriva judicial como “jurisprudencia mordaza”. Su asociación y la ONG Rights International Spain han pedido al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas una visita en misión especial a España. Para Urías, perseguir las opiniones odiosas es un despropósito que llevará al totalitarismo: “Incluso aunque gane el bando que pide que se prohíban las opiniones machistas, homófobas o xenófobas, estaríamos censurando la posibilidad de discusión pública de determinadas ideas. Eso es una aberración democrática”.

Raúl fija el límite en el mismo punto que el de todas las libertades: “Lo tenemos que poner nosotros mismos y no digo individualmente sino con la gente que te rodea. La libertad solo tiene sentido si va de la mano de la responsabilidad y si va de la mano del diálogo con la gente que te rodea. Debe haber una autorregulación y, básicamente, depende del contexto, sin temer a equivocarnos, que es algo humano”. Ese fue el argumento en el que se fundamentó la Audiencia Nacional para absolver a Strawberry y el que posteriormente obvió el Tribunal Supremo, que lo condenó tras el recurso de la Fiscalía. Para la abogada Isabel Elbal, que considera que la libertad de expresión no tiene límites, el quid de la cuestión es la imprecisión del propio delito de enaltecimiento del terrorismo, que Podemos ha pedido suprimir del Código Penal y el PSOE se ha mostrado abierto a modificar. Izquierda Unida también ha registrado una pregunta al Gobierno sobre el estado de la libertad de expresión tras la sentencia condenatoria de Cassandra Vera, que ha anunciado que recurrirá.

Ordenadores, altavoces, la embocadura del teatro… Todo se quedó en la calle cuando la Policía detuvo a los titiriteros. Casi todo, matiza Alfonso, como si estuviera viendo en tiempo real, tras sus gafas, cómo los agentes se llevaban las armas del delito: “Era esperpéntico. Tú veías al madero con un bolsillo de tela de estos de la compra que teníamos allí, con un títere, una horca y dos cachos de cartulina y decías ‘vamos a ver, ¿a dónde vas?’. Que, por cierto, no se llevaron la albóndiga bomba que era supuestamente la prueba terrorista”. Raúl hace una broma: “No eran artificieros, era la Policía Municipal y no entendían tanto de explosivos”. Tampoco se llevaron la bruja. La última vez que vieron a sus títeres incautados estaban en manos de la fiscal. “No sé, igual están en la Audiencia Nacional o en casa del juez o igual los ha repartido con la fiscal para hacer su teatrito en casa. Los seguiremos pidiendo”. Hacer los nuevos les ha llevado aproximadamente un mes.

Un libro editado en 2013 por Grupos Anarquistas Coordinados, y que puede descargarse en Internet, fue clave en el proceso. “La fiscal insistió en que teníamos un libro contra la democracia –rememora Alfonso–. Y le respondí que no, que eran cartulinas dobladas con la portada impresa. ‘Ya, ya, si lo tengo aquí’, decía. ¿Entonces por qué dices que llevábamos un libro, para que conste en el auto? ¿Y qué problema hay si hubiéramos llevado un libro? ¿Somos más culpables de terrorismo por ser poseedores de un libro? Y de repente te das cuenta de que te has estado justificando de cosas no solo que son mentira sino de cosas que no son delitos”. El libro ya había formado parte de otros procedimientos: “Por eso lo incluimos, como guiño. El Mundo publicó su contenido. ¡Este es el libro que le han incautado! El libro que demuestra que son los malísimos. Y ellos sí lo pueden difundir”.

Y puede, con todo ello, que el de los titiriteros no sea el caso más grave frente a los que quedan por venir. El catedrático Cancio advierte de que las novedades incluidas en el Código Penal pueden llegar incluso más lejos de lo que se ha visto hasta ahora: “Piénsese que se introduce hasta el delito de colaboración con el terrorismo por imprudencia”. Otros países en Europa también han reformado sus leyes bajo la excusa del terrorismo para coartar la libertad de expresión. “Pero en España se ha llegado más lejos que en ningún ordenamiento occidental a la hora de incluir delitos extraordinariamente vagos y que pueden aprehender comportamientos de lo más variado. Es una banalización legal del terrorismo y una engañosa pesadilla de la prevención”.

En su explicación, Cancio realiza un paralelismo con la política del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, que argumentó que como la tortura es efectiva, había que usarla para proteger las vidas americanas: “En consecuencia, en materia de terrorismo se proponen abiertamente unas reglas jurídico-penales ajenas al sistema constitucional, un derecho penal del enemigo separado del común, del derecho penal del ciudadano”.

La institucionalización del miedo

Candela Bettencourt rompe a llorar en la mesa de debate. Tiene 21 años y es miembro del colectivo Straight Edge Madrid. Estuvo en la cárcel acusada de pertenencia a organización criminal, daños y apología del terrorismo junto a cinco compañeros más sin pruebas contundentes. Uno de ellos, conocido como Nahuel, aún permanecía en prisión aquel día. Salvando el tiempo y todas las distancias, su historia trae al presente el pasado del abogado Gonzalo Boye, condenado en 1996 por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, con la única prueba, según denuncia en un documental, del testimonio de uno de los acusados, que ni siquiera se presentó al juicio. Hoy es el editor de Mongolia, una revista satírica con muchos seguidores, pero también detractores: “No se puede trabajar con miedo, para eso es mejor no hacer nada. En cualquier caso tampoco se trata de ser temerario, siempre se ha actuado conforme a un marco legal concreto. Cada número está muy cuidado, también desde una perspectiva legal”.

Candela prosigue: “Pierdes tu vida. Destripan tu activismo, generan miedo en tu familia, desconfianza. Siempre queda el ‘algo habrán hecho’. ¿Qué libertad es esta?”. Cassandra, a su lado, muestra su perplejidad ante este caso, que no conocía. Ella revive la pesadilla que la acompañó durante mucho tiempo: su mejor amiga, Diana, dejaba de hablarle al enterarse de que la Fiscalía le pedía dos años y medio de cárcel. “Me callé por miedo. Solo se lo dije a mi hermana y a un amigo. Quieren que nos callemos, que aceptemos la condena y decir que ellos tenían razón. Cuando finalmente se lo conté a Diana, me dio un abrazo y se cagó en los muertos del fiscal”. En la esquina, César Strawberry lo corrobora: “Ahora se quieren criminalizar hasta hábitos alimenticios como ser vegano. Se persigue incluso que temas lo que piensas”.

Allí mismo, esa misma tarde, poco antes de la función, flotaba por el ambiente un cierto halo de intranquilidad ante la posibilidad de que pudiera acudir la Policía. “Yo no tuve miedo –asegura Raúl–. Tuve agobio con tanta prensa. Pero la preocupación de que pudiera venir gente a la puerta sí la había tenido previamente. El domingo no se me pasó por la cabeza”. Las familias y amistades de Alfonso y Raúl –30 años el primero, 35 el segundo– están presentes en la sala. Ellas también fueron víctimas de ese miedo prácticamente común a todos los afectados entrevistados para este número. “Después de detenernos, había compañeras que te decían que estaban revisando sus textos. Una de ellas iba a hacer un circuito en colegios para niños de 16 años. Y era una obra que llevaba ya dos años moviéndola”.

La Ley Mordaza ha sido la última gota de ese intento de represión a través del miedo que tanto recuerda a Manuel Gerena a otros tiempos: “A mí me ha tocado conocer casi todas las comisarías de España, he pasado las 72 horas obligatorias antes de llevarte ante el juez y he sido un tipo muy incómodo para el franquismo y para mucha gente que vino después porque yo sigo diciendo mi verdad y no me va a callar nadie”. En los seis primeros meses de la implantación de la oficialmente denominada Ley de Seguridad Ciudadana, fueron impuestas 40.000 sanciones. A Belén Lobeto la multaron por llevar un bolso con una imagen de un gato y las siglas ACAB junto a la leyenda: All cats are beautiful. Todos los gatos son bonitos. En la denuncia, los agentes concluyeron que esas siglas correspondían a All cops are bastards. Todos los policías son unos gilipollas. “Las instituciones quieren ejercer un control sobre la población basado en el miedo. Miedo a decir lo que uno piensa, a manifestarse, a protestar, porque en cualquier momento nos pueden denunciar, multar, detener… Yo no me siento libre de decir lo que pienso, al menos públicamente, pero ni yo ni nadie en función del tema que estemos tocando”. Aun así, tras el archivo, Belén volvió a usar su bolso: “Con mucho más orgullo que antes. Eso demuestra que llevarlo no fue delito nunca y, por lo tanto, otros casos similares tampoco lo son, ni deberían serlo. Pero hay cosas de las que no quieren que se hable”.

Rita Maestre, durante el juicio por el caso de la capilla de la Complutense.

Recuerdan los titiriteros que, a los pocos minutos del inicio de la obra aquel 5 de febrero de hace un año, ya comenzaron a escuchar los primeros gritos hostiles: “Iros a Cuba”. Estaban presentando en ese momento a la bruja: “Una mujer luchadora que, por querer vivir en libertad y conforme a sus principios, recibe la violencia del Estado, la violencia estructural a la que se tiene que enfrentar día a día”, detalla Raúl. La criminalización del feminismo también se ha recrudecido en los últimos tiempos. Antonia Ávalos y Rocío Ballesta, que fueron imputadas por procesionar un coño insumiso en una protesta por los derechos laborales de las mujeres, denuncian el afán del PP, en connivencia con la Iglesia, por querer mantener a las mujeres calladas y sometidas. Un pecado como la blasfemia todavía tiene rango de delito en este país, como quedó demostrado también en el caso de la capilla de la Complutense, por el que fue condenada y finalmente absuelta Rita Maestre –sus respuestas a las preguntas enviadas por email no habían sido recibidas al cierre de esta edición–.

Alfonso pide café y tarta de queso. La conversación fluye ahora por Benavente, por Lorca, por los títeres de cachiporra, por la cultura, por el arte político, por el arte por el arte, por un febrero muy Noviembre, por querer cambiar el mundo y que el mundo no te cambie a ti. Cambio de turno en El Higo. La nueva camarera es amiga de Alfonso. Trae el café, la tarta de queso y un abrazo. Esta noche ponen jazz. Nadie les ha pedido perdón.

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Monográfico #LaMarea47: Libertad de expresión

Portada sobre el deterioro de la libertad de expresión, por MANEL FONTDEVILA

Ya a la venta el monográfico sobre libertad de expresión en quioscos y en nuestra tienda online

Son malos tiempos para la libertad de expresión. Con la excusa de combatir el terrorismo, en muchos países se han adoptado medidas legislativas que restringen los derechos civiles. En España se da la particularidad de que la banda terrorista ETA lleva seis años sin matar, pero el número de condenas por enaltecimiento del terrorismo se ha disparado. Asimismo, el Gobierno del PP ha dado una vuelta de tuerca importante con las denominadas leyes “mordaza” y otras medidas que sirven para acallar protestas incómodas. Recientemente, hemos visto a dos titiriteros pasar dos días en la cárcel en régimen de aislamiento por representar una obra de teatro. También juicios a cantantes acusados de enaltecimiento del terrorismo y a una estudiante por humillar a las víctimas al publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter.

Ante la gravedad de la situación, que ha sido denunciada por la ONU, La Marea dedica un número especial al tema. Hemos ido más allá de los titulares de todos estos casos para hablar en profundidad con algunos de los protagonistas en sus lugares de residencia, desde Madrid hasta Granada, pasando por Vic, Zaragoza, Sevilla, Manresa y Andoain. ¿Cómo se siente una persona cuando el Estado le señala con el dedo acusador por supuesta simpatía con el terrorismo? Las leyes las hacen los políticos pero son interpretadas por la Justicia. Por ello, perfilamos a algunos de los fiscales más destacados de la Audiencia Nacional. El afán censurador también amenaza a la prensa, especialmente medios pequeños y sin apoyo financiero como este.

Hablan Alfonso Lázaro y Raúl García, los titiriteros que fueron enviados a la cárcel por representar una obra de teatro; César Strawberry, que acaba de ser condenado por publicar seis tuits; Cassandra, a quien la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por chistes sobre Carrero Blanco en Twitter; Candela Bettencourt, detenida junto a varios compañeros más sin pruebas contundentes (Nahuel sigue en la cárcel); Guillermo Zapata, finalmente absuelto por la Audiencia Nacional; Antonia Ávalos y Rocío Ballesta, las feministas que fueron imputadas por procesionar un coño insumiso; Manuel Fontdevila, autor de la portada de El Jueves secuestrada en 2007 y autor de la portada que ilustra este número de La Marea; Martxelo Otamendi, director del periódico injustamente cerrado Egunkaria; el concejal de Vic Joan Coma, imputado por un delito de incitación a la “sedición”; Raquel Tenías, absuelta de un delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad; y Belén Lobeto, cuya sanción en aplicación de Ley Mordaza fue finalmente archivada.

En el quién es quién de la Audiencia Nacional -tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Justicia se han negado a confirmar la lista- hacemos un repaso a las actuaciones en los casos más polémicos y nos detenemos en un asunto un tanto desconocido: las puertas giratorias de la Fiscalía la Audiencia Nacional.

Contamos con una entrevista a Baltasar Garzón, que fue juez de instrucción en la Audiencia Nacional durante más de dos décadas, y a? que preguntamos por el cierre de los diarios Egin y Egunkaria.

Asimismo, publicamos un análisis de la abogada Isabel Elbal, la experiencia en las redes de Barbijaputa y una guía rápida de los derechos de las personas detenidas elaborada por Eduardo Gómez, de la Asociación Libre de Abogados. 

Desde el punto de vista internacional, abordamos cómo el incremento de ataques yihadistas está sirviendo de excusa a muchos países de Europa para endurecer leyes que afectan directamente a la libertad de expresión. Y nos detenemos específicamente en el caso de Alemania y su legislación particular contra el nazismo.

En Cultura, nos centramos en esas voces disidentes de la comedia que cada día se intentan hacer hueco en España. Y, como en cada número, contamos con las secciones habituales: los Apuntes de Economía, de Eduardo Garzón, Lo mejor del BOE, de Eva Belmonte, la viñeta de Atxe, el relato breve de Isaac Rosa, las recomendaciones culturales de Bob Pop, Elena Rosillo, Antonio Ligero y Alfonso Álvarez Dardet, y nuestra Herstory, dedicada este mes a Margaret Sanger, la pionera de la planificación familiar a la que también intentaron silenciar.

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Así es la obra por la que los titiriteros fueron a la cárcel

titiriteros

Hace un año fueron detenidos como terroristas. No les dio tiempo a terminar la obra que estaban representando. Los periódicos y las televisiones dijeron que habían exhibido un cartel con la leyenda «Gora Alka-ETA» y que en aquel teatro de cachiporra se violaba a una monja y se ahorcaba a un juez. Habían sido contratados para el carnaval de Madrid. Un responsable del Ayuntamiento llegó a poner una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla, según afirma su abogado. Hace un año, los titiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro dieron con sus huesos en la cárcel por representar la obra que denunciaba justamente lo que les pasó aquel día: el abuso del poder frente a las personas que quieren ser libres.

Este domingo no vino la policía. «Que es de necios confundir la ficción con la realidad», dijeron los componentes de Títeres desde abajo al inicio de La Bruja y don Cristóbal, en el Teatro del Barrio de Madrid. Lleno. Hubo gente que se quedó fuera. Los dos titiriteros volvieron a representarla. «Una obra de la que mucha gente ha hablado pero muy pocas han visto», recordaron. Ahora sí completa. Con nuevos decorados y nuevos títeres. Los que usaron hace un año siguen bajo custodia del Estado. Ellos están pendientes del sobreseimiento definitivo del delito de incitación al odio, como ya dictó la justicia sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo.

A quien violan es a la bruja, a la que un señor usurero le pide dinero por ocupar una casa que dice ser de su propiedad. En uno de los primeros cachiporrazos ríe sonoramente un niño en la sala. La bruja golpea a la monja porque ésta quiere llevarse a su bebé. Suenan fuertes aplausos cuando sale el cartel de Gora Alka-ETA. Lo saca la Policía, que fabrica pruebas contra la bruja, a quien fotografían junto al cartel y una albóndiga bomba. «Esta madrugada ha sido desarticulado un importante comando terrorista al que se le imputan diversos hechos horribles. Una operación realizada por la Policía Nacional en colaboración con los Mossos d’Esquadra», locuta una voz radiofónica.

La bruja es acusada de brujería, terrorismo, feminismo, anarquismo y antisistema. La noticia sale en las portadas de los periódicos. Es condenada a la horca. Cuando el juez le explica cómo debe colocar su cabeza, ella aprovecha para tirar de la cuerda. «Los poderes aquí representados, algunos de ellos de cuerpo presente -en referencia al juez ahorcado- no dejan impunes a aquellos que osan desafiarles», concluyeron los titiriteros, que lanzaron esta dedicatoria: «A todas las personas que luchan cada día por vivir un poquito más en libertad, y nuestra bruja es una de estas personas». El público se pone de pie. Hoy apenas salen en las portadas.

Estrategia del miedo

Con el juez ahorcado de fondo, el Teatro del Barrio -que ya representó la obra en señal de apoyo cuando aún pesaba la imputación sobre los titiriteros- acogió después un debate sobre el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión y acusaciones enmarcadas en el terrorismo. Además del abogado de los titiriteros, Eric Sanz, participaron el cantante César Strawberry, el grupo de rap La Insurgencia, la tuitera Cassandra, Elena Ortega, madre de Alfon, y la Plataforma Nahuel Libertad. Todos denunciaron la institucionalización del miedo y la criminalización de los movimientos activistas como estrategia del Estado para mantener «el orden».

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