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El teatro de la libertad de expresión

Este reportaje -actualizado- está incluido en el monográfico sobre la libertad de expresión en España, que puedes adquirir en nuestra tienda online

-¿Es verdad que ahorcáis a un juez?

-Sí, ahorcamos a un juez. Forma parte de una dinámica tradicional de títeres de cachiporra y se representa en muchos sitios de Europa.

-Sí, hombre, tradicional va a ser eso, va a haber titiriteros por ahí ahorcando jueces.

“Le faltó decir: ‘Y yo sin saberlo’. Ahí me quedé como diciendo, ufff, esto va a ir mal”, recrea Alfonso Lázaro un año después de su declaración ante el juez Ismael Moreno. En la Audiencia Nacional. Hoy está tomando una cerveza en Granada, en la terraza de El Higo, sobre las cuestas empinadas del Albaicín. El sol de este febrero quita el frío del anterior febrero, aunque la nieve aún puede verse en las montañas, al filo de sus palabras: “La primera vez que salí de casa, después de dejar la cárcel, vine con mi madre a este bar. Entras y te saludan, y basta con un gesto para sentir la empatía”. Acababa de dejar atrás Soto del Real, adonde habían ido a parar sus huesos después de que el magistrado dictara un auto de prisión preventiva por representar junto a su compañero Raúl García, contratados por el Ayuntamiento de Madrid, una obra de títeres. Enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio.

“Por eso lo del domingo fue muy bonito. Me sentí muy emocionado. Fue un subidón. La gente salió muy contenta, se le saltaban las lágrimas y a nosotros también”, recuerda sobre el reestreno, hace poco más de un mes, de La Bruja y don Cristóbal. En el Teatro del Barrio, en Lavapiés. La camarera trae otra cerveza. Y otra tapa. “El teatro de cachiporra nace como teatro de burla hacia el poder y sirve de desahogo del pueblo. El malo siempre es el policía, el juez, el verdugo, el patrón, actualmente el banquero, el propietario, el propietulo. Se han ido perdiendo personajes como el cura o la mujer del titiritero, pero el policía y el juez no han cambiado, representan el mismo estatus de poder”. Casi nadie había visto la obra de la que todo el mundo había hablado. Ni siquiera el juez que los encarceló por ello.

El teatro está a rebosar. “Lo puedes seguir por streaming“, indican en la puerta a una chica que no tiene entrada. Es solo para socias y socios. Hoy no se cobra. Hoy se recompensa. Un niño ríe al primer cachiporrazo. La función ha comenzado. Un señor usurero pide dinero a una bruja por ocupar una casa que dice ser de su propiedad. Luego la viola y tiene un hijo. La bruja golpea a una monja porque quiere llevarse a su bebé. Suenan fuertes aplausos cuando sale el cartel de Gora Alka-ETA. Pero no lo sacan los titiriteros. Lo saca el títere policía, que fabrica pruebas contra la bruja. El agente le hace fotos junto a la pancarta, un supuesto libro contra la democracia y una albóndiga bomba. “Esta madrugada ha sido desarticulado un importante comando terrorista al que se le imputan diversos hechos horribles”, locuta una voz radiofónica. La bruja es acusada de brujería, terrorismo, feminismo, anarquismo… La noticia sale en las portadas de los periódicos. Es condenada a la horca. Cuando el juez le explica cómo debe colocar su cabeza, ella aprovecha para tirar de la cuerda. Los aplausos retumban en la sala. El público se pone en pie.

“Yo pensé que todo había sido un malentendido y que cuando declaráramos ante el juez y le explicáramos cómo era la obra y lo que había pasado nos iba a dejar en libertad”, dice Raúl por teléfono. Él aún sigue en Madrid, con la resaca de las buenas vibraciones. En unos días viajará a Granada, donde volverán a representarla, esta vez en la sala Apeadero: “Es un poco surrealista o absurdo que te suceda aquello que estás contando, pero aparte es bastante perverso. Esta historia es de ficción, pero es real, cuenta cosas sobre la realidad que vivimos y por eso decidimos contarla”. Nunca se le pasó por la cabeza no ya que los enviaran a la cárcel, sino que pudieran detenerlos por representar una obra en la que justamente denunciaban aquello por lo que fueron detenidos: la opresión del poder sobre las libertades. El triunfo de la libertad de represión sobre la libertad de expresión.

La historia de los titiriteros, cuya causa fue archivada posteriormente –aún esperan el archivo definitivo por el delito de incitación al odio– es el caso reciente más representativo del deterioro de la libertad de expresión en España, un país donde la aplicación de los delitos de terrorismo –cuestionable para muchos juristas– llegó incluso a cerrar un periódico –Egunkaria– que no tenía que haber cerrado. ¿Que está pasando para que dos personas vayan a prisión por un espectáculo de ficción crítico con el sistema? ¿Qué está ocurriendo en España para que condenen a un año de cárcel a una chica por hacer chistes sobre Carrero Blanco? ¿Qué pasa para que se condene a un cantante, a dos, a tres… por publicar tuits contra la monarquía, hacer canciones contra el poder, contra la corrupción? ¿Para que un joven anarquista haya permanecido más de 15 meses en prisión preventiva, como si fuera un terrorista, con una acusación basada en una pintada, una lombarda y unos líquidos de limpieza? ¿Qué está pasando para que todas estas personas, entre ellas humoristas , se sienten nada menos que ante un juez de la Audiencia Nacional?

“El Código Penal dice lo que dice, que no se puede ni injuriar al rey ni enaltecer el terrorismo, ni defender la lucha armada, ni humillar a las víctimas. Pero el espíritu de esos artículos nació en un contexto donde las víctimas de ETA tenían que aguantar las dianas en las puertas de su casa. Y ahora se aplica a casos como estos. ¿La Audiencia Nacional debe estar para estas cosas?”, se pregunta Eric Sanz, el abogado de los titiriteros, miembro de la Cooperativa Red Jurídica. Paradójicamente, según los datos del Poder Judicial, las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cinco desde el anuncio del cese de la violencia de ETA. Y esto, la liquidación de la banda terrorista, es precisamente una de las cuestiones clave que han señalado dos jueces de la misma Audiencia Nacional, que acaban de absolver al tuitero Arkaitz Terrón. En un solo año, de 2014 a 2015, las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía por ese mismo delito aumentaron un 40%. El incremento coincide con la llegada al Gobierno del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no ha respondido a las preguntas de este medio. Tampoco la Audiencia Nacional.

Un triángulo represivo

El endurecimiento del Código Penal sobre los delitos de terrorismo aprobado en 2015; la entrada en vigor, ese mismo año, de la Ley Mordaza, impulsada por el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz; y la criminalización de las feministas a raíz de las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto abanderada por el antecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón, conforman los vértices de un triángulo que, a la luz de los casos enjuiciados, va aprisionando poco a poco a la libertad de expresión. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, manifestó un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU.

Raúl prosigue por teléfono: “Estamos en el momento en el que se desenmascaran algunas creencias que teníamos sobre lo que podía ser la democracia o el Estado de derecho, un sistema político construido para que encaje en él perfectamente el capitalismo. Y esos derechos que nos reconoce el Estado, como el derecho fundamental a la libertad de expresión, son un lavado de cara para legitimar este sistema. Están ahí para quedar bonitos en el papel, pero solo hay libertades si las practicamos. No había libertad con Franco, pero no la ha habido nunca en democracia”. Ahí están –enumera– el encarcelamiento de actores de la compañía Els Joglars en la Transición, la condena a Suso Vaamonde por una letra ofensiva contra España en los años 80, los reiterados secuestros de revistas satíricas como El Jueves, la clausura de Egunkaria en 2003, la imputación del humorista Facu Díaz en 2015 o condenas recientes como las del cantante de Def con Dos, César Strawberry, por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Sale humo de un Cola Cao caliente en la sevillana plaza del Altozano, en el barrio de Triana. “Hoy, en muchas cosas, estamos mucho peor que cuando vivían Franco y sus esbirros. Ahora sigue habiendo más dictadores sueltos que actúan en nombre de esta llamada democracia y ese es el gran error. Hay menos libertad que nunca, sinceramente”, lanza sin anestesia el cantaor flamenco Manuel Gerena. Tiene 71 años, estuvo en la cárcel y fue multado ni sabe cuántas veces por su música: “De 200.000 pesetas, muchas. No pagaba ni una. Siempre le decía a Fraga en la prensa que no iba a pagar ni una multa porque no quería que aprovecharan mi dinero para comprar pistolitas a su policía represora. Estamos anticuados, obedecemos órdenes totalmente contrarias a la libertad de expresión, a la necesidad de justicia, de libertad, de dignidad de los seres humanos”. Recita una letra de memoria:  “Vergüenza debe de darte / si eres patrón de estas tierras / vergüenza debe de darte / que esté tan alta la hierba y el pueblo muerto de hambre / o las labras o las dejas”. Del bolsillo de la camisa sobresale un boli rojo y otro negro. “Escribo todos los días. Mis canciones están más vigentes que nunca”. Toma un poco de agua y surge otra: “Donde reina el fanatismo / nunca es libre el pensamiento / mutilada es la palabra / que quiere gritar al viento”.

¿Qué está pasando, entonces, en España para que una víctima del franquismo diga que hay menos libertad que con Franco? Según el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías están ocurriendo dos cosas principalmente: “Una, el triunfo en nuestro país de la idea de que deben prohibirse las opiniones que promuevan la intolerancia, algo propio de otros sistemas jurídicos y sociales; y dos, la ideología tremendamente conservadora de la mayoría de nuestros jueces y fiscales. Hemos importado el concepto, extraño a nuestra cultura, de que no pueden permitirse las opiniones ideológicamente peligrosas y le damos el poder de controlar eso a un poder judicial muy conservador”.

ttiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro, tras finalizar la obra en el Teatro del Barrio. FERNANDO SÁNCHEZ

Raúl García y Alfonso Lázaro, tras finalizar la obra en el Teatro del Barrio. FERNANDO SÁNCHEZ

Cuando los titiriteros abandonan el escenario del Teatro del Barrio, una mujer susurra en la segunda fila: “Eso fue un montaje, un montaje”. Raúl está convencido de que efectivamente hubo una persecución ideológica: “El juez es muy consciente de lo que está haciendo cuando nos envía a prisión, creo que sabe que está cometiendo una barbaridad, pero le da igual. Su actuación y la de la fiscal [Carmen Monfort] están sirviendo al montaje político y mediático de la derecha para criminalizarnos, pero también para atacar al Ayuntamiento de Madrid [presidido por Manuela Carmena] justo cuando Podemos estaba viendo si podía pactar con el PSOE para que hubiera una coalición de supuestas izquierdas en el Gobierno. No creo que estuviesen confundidos, porque nos tomaron declaración, nos pudimos explicar”. Las explicaciones, sin embargo, cayeron en saco roto, como prueba el auto de prisión. “Nosotros le decíamos ‘mire, lo que me está diciendo es igual a decir que si en una peli de nazis aparece una esvástica estamos haciendo apología del nazismo’. Cada cosa les indignaba más. Y era un teatro también, no era una indignación verdadera. Así funciona el Estado de derecho. Daba igual lo que hubiera pasado. Tenían súper claro lo que iban a hacer con nosotros antes de que declaráramos”.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio llega a cuestionar incluso la propia existencia de la Audiencia Nacional tal y como está configurada actualmente: “Es un tribunal especial, una anomalía en la demarcación judicial, en la determinación del ‘juez natural’, que no existe en otros países de Occidente. En ella se concentran, a mi juicio, demasiados procesos que generan un altísimo interés en los resortes del poder político-económico, no solo en materia de terrorismo, sino también en derecho penal económico. No encuentro ninguna razón organizativa sólida para esta concentración”.Su abogado coincide en el análisis: “Los intereses políticos que juegan en un poder que debería ser independiente como el judicial son totales. Otro ejemplo de lo que digo es el caso de Guillermo Zapata, acusado de humillación a las víctimas por un chiste antiguo en Twitter”. Finalmente absuelto por la Audiencia Nacional, el caso de este concejal de Ahora Madrid fue archivado y reabierto varias veces por la insistencia de Concepción Espejel y Enrique López, dos jueces apartados del caso Gürtel por su afinidad al PP.

“¡Ánimo!”, gritan desde las gradas del Teatro del Barrio a Cassandra Vera, estudiante de Historia de 21 años. Aún no había sido condenada. La obra ha dado paso a una mesa redonda compuesta por varios afectados por las reformas represivas y juzgados o en vías de enjuiciamiento por la Audiencia Nacional: “Mi abuelo me contó que el mismo día que murió Carrero Blanco ya se hacían chistes en Barcelona. Son casi patrimonio nuestro”, explicó la joven. En un manifiesto, más de 200 profesores de Derecho Penal situaron su historia como síntoma una justicia anómala: “Este tipo de chistes son conductas socialmente aceptadas que no solo no constituyen delito atendiendo al texto del Código Penal vigente, sino que bajo el régimen de derechos y libertades de la Constitución de 1978 no pueden constituirlo”‘. La Audiencia Nacional, sin embargo, ha determinado que sí: “No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, no recreada con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto y referido a una persona a quien se identifica con su nombre y apellidos”, afirman en la sentencia condenatoria los magistrados Juan Francisco Martel, Teresa Palacios y Carmen Paloma. Es decir, los hechos juzgados no pueden ser considerados como libertad de expresión, concluyen.

Una imagen de Cassandra en el Teatro del Barrio.

Una imagen de Cassandra en el Teatro del Barrio.

La arbitrariedad en las redes sociales

El uso de las redes sociales ha permitido a la gente expresarse sobre todo lo imaginable y más, pero lo que antes podía suscitar un reproche social ahora es perseguido penalmente. “Uno tiene la falsa sensación de estar constantemente comentando cuestiones como si fuera una charla entre amigos. Pero lo que se dice ahí queda permanentemente escrito y, sobre todo, llega potencialmente a toda la población. El problema es que a esa situación, que es nueva, los jueces y fiscales le aplican una legislación antigua, preparada para reprimir las ofensas graves que se difundían antes de manera ocasional a través de los medios de comunicación tradicionales. La gente dice burradas entre amigos, y la ley reacciona como si las dijera en la televisión o en la portada de un periódico de tirada nacional”, explica el profesor Urías. Él mismo, usuario de Twitter, asegura haberse autorreprimido: “Incluso en casos en los que yo creo que estaría protegido por la libertad de expresión, por si las moscas, a veces he preferido no arriesgar”. La misma sentencia absolutaria de Terrón se refiere también a ello: “Una sociedad democrática que se organiza sobre los valores de la libertad y el pluralismo político no puede sofocar, impedir o censurar todo tipo de mensajes de crítica o de disenso de la forma política del Estado, de la política penitenciaria o de las relacionadas con la memoria oficial del pasado”, sostienen los magistrados Ramón Sáez y Manuela Fernández.

La situación llega a concluir causas de una forma sorprendente: la Audiencia Nacional ha confirmado –en este caso en aplicación de la Ley contra la Violencia en el Deporte–, la multa de 60.000 euros al hombre que se burló de la muerte de Jimmy, un hincha del Dépor, mientras que la investigación por su asesinato ha sido archivada. De fondo aguarda otro debate: la arbitrariedad con la que se persiguen esos comentarios, independientemente de si hay o no que perseguirlos. Un ejemplo. El día de la condena a Strawberry, un usuario de Twitter retuiteaba este mensaje: “El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón. He dicho!!!”. Y continuaba: “Coged este tweet. Cambiad García Lorca por Carrero Blanco. Maricón por dictador. Y tenéis una condena de dos años en la AN”. En España, además, la apología del franquismo no es delito. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha librado ya en más de una ocasión de las querellas presentadas por familiares de víctimas.

Imagen de Facu Díaz encapuchado por la que fue imputado.

Otro ejemplo: “Si en un tuit en vez de torero pones Pilar Manjón se crea un agujero espacio-temporal que impide que la Audiencia Nacional lo vea”, escribió otro tuitero comparando la tibia reacción ante los ataques recibidos por esta mujer, símbolo de las víctimas del 11-M, y la denuncia a un maestro valenciano que se alegró de la muerte del torero Víctor Barrio. El reciente fallecimiento de Bimba Bosé encarna otro ejemplo paradigmático. Tras la presión de quienes precisamente denuncian esa arbitrariedad, la Fiscalía anunció que investigaría los insultos contra ella y su familia. Finalmente, el Ministerio Público informó de que tenía “dificultades” para hacerlo porque o habían sido borrados o se habían realizado desde servidores en el extranjero, según recogió la Cadena SER.

Unos turistas llegan a la terraza de El Higo, que se ha llenado ya de comensales. Alfonso se coloca su pelo lacio detrás de la oreja y pide una hamburguesa de cordero: “Está guay que no investiguen esos tuits, y si la Fiscalía dice que no los investiga es una justificación”. ¿Cuál debe ser entonces el límite de la libertad de expresión? ¿Debe haber un límite? “Es un arma de doble filo esa pregunta, porque, como ves, tendemos a comparar los casos. Vemos lo que le está pasando a unos mientras que otros se van de rositas. Y creo que nos están contaminando con esa arma de doble filo. Sí que puede haber una estrategia del Gobierno con la que se persigan una serie de tuits, canciones o discursos incómodos para él, pero lo que está haciendo la sociedad es contagiarse de eso y pedir también que juzguen a los otros, y eso es erróneo y perverso. Nos hemos acostumbrado a llamar a la policía hasta para que el vecino baje la voz de la tele”. El mismo ministro –y juez– Juan Ignacio Zoido, sucesor de Fernández Díaz en Interior, ha formado parte directa del debate últimamente con un tuit de apoyo a los jugadores del Betis por acoger a Zozulya, acusado de defender ideologías neonazis.

“No sé si hay un ataque discriminado, pero hay un delito, que es el de humillación a las víctimas y hay que hacer una interpretación estricta de la ley. Lo que no es de recibo es que las víctimas como la nieta de Carrero Blanco o Irene Villa afirmen que no se sienten ofendidas por esos comentarios y aun así se castiguen. La labor de los jueces es distinguir entre los que son merecedores de sanción penal y los que son exabruptos que no tienen que tener castigo”, concluye el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, quien resume esta deriva judicial como “jurisprudencia mordaza”. Su asociación y la ONG Rights International Spain han pedido al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas una visita en misión especial a España. Para Urías, perseguir las opiniones odiosas es un despropósito que llevará al totalitarismo: “Incluso aunque gane el bando que pide que se prohíban las opiniones machistas, homófobas o xenófobas, estaríamos censurando la posibilidad de discusión pública de determinadas ideas. Eso es una aberración democrática”.

Raúl fija el límite en el mismo punto que el de todas las libertades: “Lo tenemos que poner nosotros mismos y no digo individualmente sino con la gente que te rodea. La libertad solo tiene sentido si va de la mano de la responsabilidad y si va de la mano del diálogo con la gente que te rodea. Debe haber una autorregulación y, básicamente, depende del contexto, sin temer a equivocarnos, que es algo humano”. Ese fue el argumento en el que se fundamentó la Audiencia Nacional para absolver a Strawberry y el que posteriormente obvió el Tribunal Supremo, que lo condenó tras el recurso de la Fiscalía. Para la abogada Isabel Elbal, que considera que la libertad de expresión no tiene límites, el quid de la cuestión es la imprecisión del propio delito de enaltecimiento del terrorismo, que Podemos ha pedido suprimir del Código Penal y el PSOE se ha mostrado abierto a modificar. Izquierda Unida también ha registrado una pregunta al Gobierno sobre el estado de la libertad de expresión tras la sentencia condenatoria de Cassandra Vera, que ha anunciado que recurrirá.

Ordenadores, altavoces, la embocadura del teatro… Todo se quedó en la calle cuando la Policía detuvo a los titiriteros. Casi todo, matiza Alfonso, como si estuviera viendo en tiempo real, tras sus gafas, cómo los agentes se llevaban las armas del delito: “Era esperpéntico. Tú veías al madero con un bolsillo de tela de estos de la compra que teníamos allí, con un títere, una horca y dos cachos de cartulina y decías ‘vamos a ver, ¿a dónde vas?’. Que, por cierto, no se llevaron la albóndiga bomba que era supuestamente la prueba terrorista”. Raúl hace una broma: “No eran artificieros, era la Policía Municipal y no entendían tanto de explosivos”. Tampoco se llevaron la bruja. La última vez que vieron a sus títeres incautados estaban en manos de la fiscal. “No sé, igual están en la Audiencia Nacional o en casa del juez o igual los ha repartido con la fiscal para hacer su teatrito en casa. Los seguiremos pidiendo”. Hacer los nuevos les ha llevado aproximadamente un mes.

Un libro editado en 2013 por Grupos Anarquistas Coordinados, y que puede descargarse en Internet, fue clave en el proceso. “La fiscal insistió en que teníamos un libro contra la democracia –rememora Alfonso–. Y le respondí que no, que eran cartulinas dobladas con la portada impresa. ‘Ya, ya, si lo tengo aquí’, decía. ¿Entonces por qué dices que llevábamos un libro, para que conste en el auto? ¿Y qué problema hay si hubiéramos llevado un libro? ¿Somos más culpables de terrorismo por ser poseedores de un libro? Y de repente te das cuenta de que te has estado justificando de cosas no solo que son mentira sino de cosas que no son delitos”. El libro ya había formado parte de otros procedimientos: “Por eso lo incluimos, como guiño. El Mundo publicó su contenido. ¡Este es el libro que le han incautado! El libro que demuestra que son los malísimos. Y ellos sí lo pueden difundir”.

Y puede, con todo ello, que el de los titiriteros no sea el caso más grave frente a los que quedan por venir. El catedrático Cancio advierte de que las novedades incluidas en el Código Penal pueden llegar incluso más lejos de lo que se ha visto hasta ahora: “Piénsese que se introduce hasta el delito de colaboración con el terrorismo por imprudencia”. Otros países en Europa también han reformado sus leyes bajo la excusa del terrorismo para coartar la libertad de expresión. “Pero en España se ha llegado más lejos que en ningún ordenamiento occidental a la hora de incluir delitos extraordinariamente vagos y que pueden aprehender comportamientos de lo más variado. Es una banalización legal del terrorismo y una engañosa pesadilla de la prevención”.

En su explicación, Cancio realiza un paralelismo con la política del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, que argumentó que como la tortura es efectiva, había que usarla para proteger las vidas americanas: “En consecuencia, en materia de terrorismo se proponen abiertamente unas reglas jurídico-penales ajenas al sistema constitucional, un derecho penal del enemigo separado del común, del derecho penal del ciudadano”.

La institucionalización del miedo

Candela Bettencourt rompe a llorar en la mesa de debate. Tiene 21 años y es miembro del colectivo Straight Edge Madrid. Estuvo en la cárcel acusada de pertenencia a organización criminal, daños y apología del terrorismo junto a cinco compañeros más sin pruebas contundentes. Uno de ellos, conocido como Nahuel, aún permanecía en prisión aquel día. Salvando el tiempo y todas las distancias, su historia trae al presente el pasado del abogado Gonzalo Boye, condenado en 1996 por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, con la única prueba, según denuncia en un documental, del testimonio de uno de los acusados, que ni siquiera se presentó al juicio. Hoy es el editor de Mongolia, una revista satírica con muchos seguidores, pero también detractores: “No se puede trabajar con miedo, para eso es mejor no hacer nada. En cualquier caso tampoco se trata de ser temerario, siempre se ha actuado conforme a un marco legal concreto. Cada número está muy cuidado, también desde una perspectiva legal”.

Candela prosigue: “Pierdes tu vida. Destripan tu activismo, generan miedo en tu familia, desconfianza. Siempre queda el ‘algo habrán hecho’. ¿Qué libertad es esta?”. Cassandra, a su lado, muestra su perplejidad ante este caso, que no conocía. Ella revive la pesadilla que la acompañó durante mucho tiempo: su mejor amiga, Diana, dejaba de hablarle al enterarse de que la Fiscalía le pedía dos años y medio de cárcel. “Me callé por miedo. Solo se lo dije a mi hermana y a un amigo. Quieren que nos callemos, que aceptemos la condena y decir que ellos tenían razón. Cuando finalmente se lo conté a Diana, me dio un abrazo y se cagó en los muertos del fiscal”. En la esquina, César Strawberry lo corrobora: “Ahora se quieren criminalizar hasta hábitos alimenticios como ser vegano. Se persigue incluso que temas lo que piensas”.

Allí mismo, esa misma tarde, poco antes de la función, flotaba por el ambiente un cierto halo de intranquilidad ante la posibilidad de que pudiera acudir la Policía. “Yo no tuve miedo –asegura Raúl–. Tuve agobio con tanta prensa. Pero la preocupación de que pudiera venir gente a la puerta sí la había tenido previamente. El domingo no se me pasó por la cabeza”. Las familias y amistades de Alfonso y Raúl –30 años el primero, 35 el segundo– están presentes en la sala. Ellas también fueron víctimas de ese miedo prácticamente común a todos los afectados entrevistados para este número. “Después de detenernos, había compañeras que te decían que estaban revisando sus textos. Una de ellas iba a hacer un circuito en colegios para niños de 16 años. Y era una obra que llevaba ya dos años moviéndola”.

La Ley Mordaza ha sido la última gota de ese intento de represión a través del miedo que tanto recuerda a Manuel Gerena a otros tiempos: “A mí me ha tocado conocer casi todas las comisarías de España, he pasado las 72 horas obligatorias antes de llevarte ante el juez y he sido un tipo muy incómodo para el franquismo y para mucha gente que vino después porque yo sigo diciendo mi verdad y no me va a callar nadie”. En los seis primeros meses de la implantación de la oficialmente denominada Ley de Seguridad Ciudadana, fueron impuestas 40.000 sanciones. A Belén Lobeto la multaron por llevar un bolso con una imagen de un gato y las siglas ACAB junto a la leyenda: All cats are beautiful. Todos los gatos son bonitos. En la denuncia, los agentes concluyeron que esas siglas correspondían a All cops are bastards. Todos los policías son unos gilipollas. “Las instituciones quieren ejercer un control sobre la población basado en el miedo. Miedo a decir lo que uno piensa, a manifestarse, a protestar, porque en cualquier momento nos pueden denunciar, multar, detener… Yo no me siento libre de decir lo que pienso, al menos públicamente, pero ni yo ni nadie en función del tema que estemos tocando”. Aun así, tras el archivo, Belén volvió a usar su bolso: “Con mucho más orgullo que antes. Eso demuestra que llevarlo no fue delito nunca y, por lo tanto, otros casos similares tampoco lo son, ni deberían serlo. Pero hay cosas de las que no quieren que se hable”.

Rita Maestre, durante el juicio por el caso de la capilla de la Complutense.

Recuerdan los titiriteros que, a los pocos minutos del inicio de la obra aquel 5 de febrero de hace un año, ya comenzaron a escuchar los primeros gritos hostiles: “Iros a Cuba”. Estaban presentando en ese momento a la bruja: “Una mujer luchadora que, por querer vivir en libertad y conforme a sus principios, recibe la violencia del Estado, la violencia estructural a la que se tiene que enfrentar día a día”, detalla Raúl. La criminalización del feminismo también se ha recrudecido en los últimos tiempos. Antonia Ávalos y Rocío Ballesta, que fueron imputadas por procesionar un coño insumiso en una protesta por los derechos laborales de las mujeres, denuncian el afán del PP, en connivencia con la Iglesia, por querer mantener a las mujeres calladas y sometidas. Un pecado como la blasfemia todavía tiene rango de delito en este país, como quedó demostrado también en el caso de la capilla de la Complutense, por el que fue condenada y finalmente absuelta Rita Maestre –sus respuestas a las preguntas enviadas por email no habían sido recibidas al cierre de esta edición–.

Alfonso pide café y tarta de queso. La conversación fluye ahora por Benavente, por Lorca, por los títeres de cachiporra, por la cultura, por el arte político, por el arte por el arte, por un febrero muy Noviembre, por querer cambiar el mundo y que el mundo no te cambie a ti. Cambio de turno en El Higo. La nueva camarera es amiga de Alfonso. Trae el café, la tarta de queso y un abrazo. Esta noche ponen jazz. Nadie les ha pedido perdón.

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El delito de opinión: doctrina Strawberry

Este artículo está incluido en Nos dejan sin palabras, nuestro monográfico sobre la libertad de expresión

La libertad de expresión, entendida como derecho a exteriorizar la idea, pensamiento u opinión sin miedo al castigo, sin tibieza y en toda su extensión, sin timidez ni angosturas de ningún tipo, está considerada como un derecho de carácter institucional. Así lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional a lo largo de muchos años, pues la libertad de expresión es considerada como un pilar fundamental de todo Estado democrático: sirve a la formación de la opinión pública a través de los profesionales de la comunicación así como supone un derecho inalienable de todo ciudadano, por el hecho de serlo. Es un derecho civil, por tanto, concebido para ser ejercido como protesta contra el poder establecido o contra cualquier órgano que lo encarne.

Tiene, además, categoría de Derecho Humano, se halla recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protegido en la mayoría de las Constituciones y en casi todos los pactos o Tratados Internacionales que versen sobre Derechos Humanos en general. En concreto, en el ámbito europeo, contamos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y quien tiene el cometido de vigilar su correcta aplicación es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Nuestra legislación respeta el contenido de la libertad de expresión tal cual viene recogido y amparado por el derecho internacional?

El Convenio Europeo de Derechos Humanos viene estableciendo que no se debe castigar penalmente la opinión expresada, aunque esta sea desabrida, incómoda o disguste a muchos. Precisamente, la protección de la libertad de expresión tiene su razón de ser en aquellas opiniones que podrían dañar la sensibilidad del más sentido demócrata, no para aquellas expresiones políticamente correctas, acomodaticias o que expresan el relato oficial de cualquier cuestión. Esa es la prueba más dura que un Estado democrático ha de superar: ¿están dispuestas sus instituciones a aguantar sin reaccionar violentamente ante las críticas más ácidas y desagradables que jamás pudieron concebir?

Evidentemente, España no supera este primer filtro: nuestro Código Penal contiene numerosos delitos de opinión, castigados, además, con pena de prisión, lo cual viene a considerarse como reacción violenta –monopolio estatal de la violencia– o represión penal.

La querella y la injuria a cualquiera y por cualquiera, con publicación o sin ella; las injurias a la Corona, las injurias a las instituciones del Estado, las injurias graves al Ejército, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a las Clases de Fuerzas, incluido el CNI; el delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas de terrorismo.

Pero, ¿la libertad de expresión ampara el insulto?

No, en absoluto, pero un Estado que pretenda ser escrupuloso con el respeto al derecho de libertad de expresión no debería reprimir penalmente, con castigo de cárcel, el insulto o la ofensa personal o institucional. El Estado no ampara ningún pretendido derecho al insulto, por eso es suficiente con los tribunales del orden civil –no penal– que protegen el derecho al honor y a la propia imagen de cualquiera que se sienta ofendido o insultado.

Los jueces y tribunales deberán ponderar cada caso de manera individual y estudiar, si hay colisión entre los derechos a expresarse libremente y a la información y el derecho al honor. En caso de colisión entre esos derechos, vence siempre la libertad de expresión, pues ya hemos dicho que se trata de un derecho de carácter institucional.

¿Cómo se castiga el insulto?

El castigo o la ofensa se castiga civilmente, una vez que el juez considera que la ofensa o insulto no es libertad de expresión, pues es gratuito y no aporta nada ni a la opinión pública ni a la información ni, en resumidas cuentas, a la pluralidad política y social inherente a un Estado democrático. Se castiga, normalmente, mediante la obligación de pagar una cantidad de dinero en concepto de indemnización por los perjuicios causados.

¿Se castiga la ofensa sufrida por un personaje público de igual forma que la soportada por un ciudadano anónimo?

No, se protege mucho más al ciudadano anónimo que al personaje público. El personaje público, por el cargo político  que ostenta, lleva en su cargo la obligación de aguantar las críticas de toda índole, pues la democracia exige el necesario temple a los políticos –”cintura”– en estas situaciones de contestación social. Por ejemplo, ante la extensión de los denominados “escraches”, la clase política objeto de estas prácticas –miembros del PP– no solo se escandalizó públicamente sino que acudió a los jueces penales para reprimirlos. Estas denuncias acabaron archivándose porque se trataba del legítimo ejercicio de la libertad de expresión contra personajes políticos y, por tanto, no se debía penalizar la esencia misma del Estado democrático.

Pero, ¿la libertad de expresión no tiene límites?

Claramente, no. Lo que se castiga, cuando se castiga, ya está despojado del ropaje de derecho fundamental o derecho humano: insultar no es libertad de expresión, así como acompañar la crítica con acciones violentas o animar directamente a realizar violencia concreta o amenazar con el aviso de un mal o un daño inminente.

Se podrá leer en no pocas sentencias que la libertad de expresión tiene sus límites, pero esto no es rigurosamente correcto, sino una forma coloquial dirigida al público en general, como conminación o prevención general que utilizan los jueces para transmitir a la sociedad qué conducta está prohibida y, por tanto, castigada. Directamente, este tipo de conducta no es considerada libertad de expresión.

No hay colisión entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho al honor o a la seguridad ciudadana, porque ante la presencia de aquel, los otros derechos decaen; de tal forma que, preexistiendo en un caso concreto –escrache o manifestación pública– la libertad de expresión, cualquier injerencia de los poderes públicos –por ejemplo, una intervención policial–, podría traer consecuencias terribles para la práctica y el libre ejercicio de este derecho: el efecto desaliento.

Este efecto que paralizaría la voluntad de los ciudadanos, por miedo a verse reprimidos, detenidos, juzgados o encarcelados, podría dar lugar a una injustificada eliminación de este derecho constitucional, por más que estuviera perfectamente protegido en nuestra Constitución, pues sería una mera formalidad y no una garantía eficaz.

Por tanto, aceptar, como premisa, que la libertad de expresión tiene límites es tanto como caer en la trampa del debate acerca de qué límites hay, cuántos debiera haber y hasta dónde debiera llegar el alcance de este derecho: en esta falsa dialéctica, obviamente, perdemos todos, pues este discurso nos llevaría a asumir que se reduzca el valor de la libertad de expresión, dependiendo del partido político que nos gobierne o de la oportunidad que aviste para aumentar el número de votantes.

Llegados a este punto, ¿el discurso del odio es libertad de expresión o no?

Tenemos libertad para odiar y para expresarlo. Aunque se trate de conductas deleznables o repulsivas, como expresar satisfacción por la muerte de un torero, de un niño o por el asesinato machista de las mujeres. Si en estas inmorales conductas, además, se ofende gravemente, los herederos o familiares directos podrían acudir a la jurisdicción civil para restituir su honor.

Entonces, ¿cómo se puede evitar que las ideas de una persona o un grupo de personas afín a postulados como la superioridad de la raza, la defensa del genocidio, la violencia machista, la eliminación de gays y lesbianas, la eliminación violenta de las bases del Estado democrático y otras discriminadoras ideas de exclusión social, gane adeptos y anime a otros a llevarlas a la práctica?

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista, de lo que resulta que, en principio, se pudiera considerar necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia y que, del mismo modo, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios.

Es decir, es adecuado, desde parámetros de Derecho Internacional, reprimir las manifestaciones públicas como la provocación directa a la violencia, a la discriminación por odio racial, étnico, de género, de contenido sexual, contra víctimas vulnerables a esos ataques… lo que se viene a llamar el “discurso del odio”. Pero cuidado, dicho discurso ha de animar directa o indirectamente a la violencia, a la acción contra dichas personas objeto de su ataque.

De ahí que, en cumplimiento de la recomendación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 510 del Código Penal castiga este tipo de conductas; lo que coloquialmente se conoce como los “delitos de odio”.

¿Es ahí donde entraría el delito de enaltecimiento terrorista? ¿En estos delitos de odio?

No exactamente, por más que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se empeñen en ello. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que las conductas referidas a provocar o incitar a la comisión de delitos terroristas, que pudieran hacer peligrar poniendo en una situación de riesgo a las personas o derechos de terceros o al propio sistema de libertades, han de ser castigadas. Pero nuestro ordenamiento jurídico ya contempla el delito de apología, que es precisamente eso: provocar o incitar a la comisión de delitos terroristas mediante manifestaciones públicas.

Nuestros tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, se han esforzado en tratar de describir y definir el delito de enaltecimiento terrorista, así como de justificarlo. Sin embargo, en este empeño, nos tememos que hemos perdido en disfrute de libertades y, en cambio, estamos sintiendo los efectos del desaliento y de la autocensura, a fin de no ser perseguidos penalmente por nuestras públicas opiniones.

Si el delito de enaltecimiento terrorista no es apología, entonces ¿qué es?

Ante las dificultades por entender este delito en vigor desde hace 17 años, el Tribunal Supremo ha venido describiéndolo como un delito de opinión, que no siendo provocación directa ni indirecta, se encuentra en un lugar de sombra entre la apología y la libertad de expresión.

Se trata de una opinión que ensalza, alaba, enaltece actos terroristas o a sus autores… Ojo, pero no anima a delinquir: se está criminalizando una opinión que el sistema podría considerar peligrosa por su poder de convicción a una pluralidad de personas. El legislador ha entendido que convencer es lo mismo que animar a delinquir. Bueno, dejemos esto para los lingüistas, el caso es que hay verdaderas dificultades para definir este delito.

De hecho, el Tribunal Constitucional, en la única sentencia en que ha tenido que pronunciarse sobre este delito (STC 20 de junio de 2016), ha ido más lejos aún: ha definido este delito como provocación indirecta a la comisión del delito.

Ante tanta indefinición, desde la redacción del tipo delictivo (artículo 578 del Código Penal), hasta la última interpretación dada por el Tribunal Constitucional, lo único que tenemos claro es que es un delito vago, impreciso, ambiguo y plagado de incertidumbres.

Si el delito de enaltecimiento terrorista no está claramente definido, ¿cómo sabremos cuándo una opinión es delictiva y cuándo no lo es?

Efectivamente, este problema es de gran calado, pues provoca una gran inseguridad jurídica impropia de un Código Penal de un Estado democrático. Todo ciudadano tiene derecho a saber cuándo una conducta es delito y cuándo no, pues la imprecisión de los delitos suele asociarse con regímenes dictatoriales, en los que la persecución del delito se convierte en una cruzada contra determinadas personas con ideas contrarias al sistema establecido.

El Tribunal Supremo establece que hay que contextualizar las expresiones: quién las profiere, cuándo, a quiénes van dirigidas y todas aquellas circunstancias concomitantes.

El Tribunal Constitucional exige que esta labor de contextualización ha de realizarse como un paso previo y necesario, dado el carácter institucional del derecho a la libertad de expresión.

Una vez realizada dicha labor, habrá que concluir si las expresiones determinadas son ejercicio legítimo de este superior derecho fundamental o, por el contrario, no lo son. A partir de ahí, si la opinión manifestada incita o provoca a la comisión de un delito violento y terrorista, entonces habría que condenar.

Para concluir, en el caso concreto de César Strawberry, ¿el Tribunal Supremo ha cumplido este requisito de contextualización?

No, tajantemente no. La mayoría de la Sala –salvo un encomiable voto particular– se ha ceñido a la literalidad de los seis tuits enjuiciados, creando una nueva doctrina: la doctrina Strawberry.

Ha pasado por alto la concienzuda labor de contextualización realizada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha pasado por alto que esa labor es imprescindible, más si cabe cuando hay una limitación de 140 caracteres en Twitter, y ha obviado que los tuits no llegan automáticamente a todos los seguidores, pues no se analizó la actividad concreta de cada tuit.

Si no lo remedia el Tribunal Constitucional, esperemos que lo haga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que esta sentencia vulnera profundamente la libertad de expresión y, sin duda alguna, marca un peligroso derrotero en la interpretación interesada que del mismo está llevando a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Marca el camino para la represión indiscriminada de la opinión manifestada en las redes sociales y para la indeseable autocensura de dudosa aceptación en todo Estado democrático.

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