You are here

Los impuestos indirectos: la lotería también colabora

Aunque no son nada populares, los impuestos consiguen una función necesaria: recaudar dinero para que el erario público pueda revertirlo luego en servicios, infraestructuras y demás necesidades sociales. El incremento de estos en época de crisis no es bien recibido, pero el superávit rara vez es viable y, la única forma de inyectar cash, es […]

La entrada Los impuestos indirectos: la lotería también colabora aparece primero en laRepublica.es.

Read More

Los impuestos indirectos: la lotería también colabora

Aunque no son nada populares, los impuestos consiguen una función necesaria: recaudar dinero para que el erario público pueda revertirlo luego en servicios, infraestructuras y demás necesidades sociales. El incremento de estos en época de crisis no es bien recibido, pero el superávit rara vez es viable y, la única forma de inyectar cash, es […]

La entrada Los impuestos indirectos: la lotería también colabora aparece primero en laRepublica.es.

Read More

El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría), recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero, mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

El caso es que si la Seguridad Social no tuviese déficit, entonces las pensiones se revalorizarían al ritmo del IPC y no al 0,25% como ocurre ahora por estar en déficit.

Es decir, que el gobierno ha evitado transferir dinero a la Seguridad Social porque sabe que si lo hiciese, las pensiones se revalorizarían más y el coste del pago de las mismas sería superior. Por eso ha decidido dar préstamos a la Seguridad Social, que no se endeudaba desde los años 90. Un truco contable para no incrementar las pensiones.

Y ojo porque está por ver que la oficina de estadísticas europea (Eurostat) permita este truco. Para que contablemente ese movimiento sea un préstamo y no una transferencia tiene que devengar intereses. Y eso no ocurre. Bruselas debería impedir este préstamo y convertirlo en lo que realmente es: una transferencia.

Más en lamarea.com

Read More

El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría), recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero, mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

El caso es que si la Seguridad Social no tuviese déficit, entonces las pensiones se revalorizarían al ritmo del IPC y no al 0,25% como ocurre ahora por estar en déficit.

Es decir, que el gobierno ha evitado transferir dinero a la Seguridad Social porque sabe que si lo hiciese, las pensiones se revalorizarían más y el coste del pago de las mismas sería superior. Por eso ha decidido dar préstamos a la Seguridad Social, que no se endeudaba desde los años 90. Un truco contable para no incrementar las pensiones.

Y ojo porque está por ver que la oficina de estadísticas europea (Eurostat) permita este truco. Para que contablemente ese movimiento sea un préstamo y no una transferencia tiene que devengar intereses. Y eso no ocurre. Bruselas debería impedir este préstamo y convertirlo en lo que realmente es: una transferencia.

Más en lamarea.com

Read More

El Tribunal de Cuentas alerta de sobrecostes en obras de la Seguridad Social

Sede principal del Tribunal de Cuentas I La Marea

MADRID // El BOE publica este jueves el informe de fiscalización de la contratación realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) entre 2006 y 2009, así como las conclusiones extraídas de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el organismo de Las Cortes que recibe los análisis, escucha al presidente del Tribunal y emite, a partir de ahí, sus resoluciones. En este caso, una de las más significativas es aquella que insta al Gobierno a “acabar con la cultura del modificado en la contratación de obra pública”.

Esta petición llega tras un demoledor informe en el que el Tribunal de Cuentas asegura que la práctica totalidad de los contratos de obras analizados acabaron costando mucho más del precio por el que se adjudicaron. Así, en casi todos hubo modificados durante su ejecución y, en algún caso, obras complementarias al contrato inicial. En concreto, el informe establece que en el 92% de los contratos analizados sufrieron desviaciones durante su ejecución vía modificados.

A estas modificaciones hay que sumar el 10% que se permite inflar el contrato por problemas en la medición inicial; y las cláusulas de revisión de precios, que permiten aumentar los costes en contratos
largos teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado. En algunos casos, prosigue el informe, las obras costaron más del doble de lo acordado en la adjudicación.

El problema es, además, que “con excesiva frecuencia” no se acreditaron ni motivaron “las necesidades nuevas o las causas imprevistas”, que justificasen las modificaciones, algo establecido por ley. De hecho, en algunos casos, el problema es la poca planificación de los contratos, como por ejemplo “la falta o insuficiencia del estudio geotécnico del terreno u otras deficiencias del proyecto”, lo que hace que a la hora de establecer los precios iniciales no se cuente con toda la información necesaria.

Estas modificaciones y falta de planificación, además del crecimiento de los costes durante la ejecución, traen consigo una consecuencia paralela: los retrasos. “Durante el periodo fiscalizado (2006 a 2009),
En todos los expedientes de obras analizados fueron incumplidos los plazos de ejecución inicial”, afirma el Tribunal de Cuentas.

El hecho de que los cálculos estén mal realizados desde un principio y que los precios de adjudicación no tengan nada que ver con la realidad de la ejecución posterior también significa que puede que no se haya elegido la mejor oferta. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los contratos de obra analizados el criterio para elegir a una u otra empresa es el precio, y ese precio podría no ser ajustado, la elección de la oferta más barata pierde su sentido, porque puede acabar no siéndolo.

“La práctica habitual (que debiera ser excepcional) de modificar los contratos durante la fase de ejecución de las obras podría llegar a desvirtuar, en algunos casos, el procedimiento de concurrencia que dio lugar a la adjudicación de contrato, al variar sustancialmente las condiciones económicas iniciales de la licitación con posterioridad a dicha adjudicación, en perjuicio de los principios de igualdad y de transparencia”, concluye el Tribunal de Cuentas.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Trabajar tras un cáncer: “14 citas médicas en enero. ¿Qué empresario aguanta eso?”

Cáncer Beatriz Figueroa

“Tengo 51 años. Me diagnosticaron cáncer de mama con 45. He salido de mi casa este último año días contados. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) considera que puedo trabajar en otra profesión que no sea la mía, cuando para muchas cosas de mi vida cotidiana necesito apoyo. Estoy en la unidad de dolor desde hace un año y me operé en octubre por quinta vez. El dolor crónico y las secuelas de los tratamientos me incapacitan hasta para ir a la compra”, cuenta la periodista y abogada Beatriz Figueroa, que asegura no recordar la última vez que durmió siete horas seguidas. “Para escribir en un teclado uso guantes y, aun así, el dolor en las yemas de los dedos no me permite excederme. Después de seis años fuera del mercado laboral, y si voy con la verdad por delante, es decir, aclarando que he tenido cáncer y que sigo con revisiones, ¿qué crees que me responden? Solo este mes he ido a 13 o 14 citas médicas. A ver qué empresario aguanta eso”, prosigue.

Figueroa emprendió en 2013 una batalla para facilitar la reincorporación laboral de los enfermos de cáncer, protegerlos económica y jurídicamente y que puedan recibir, si fuese necesario, la incapacidad permanente. “Yo tengo concedida una incapacidad total que me supone una miserable pensión de 550 euros. El INSS me la denegó en tres ocasiones y acudí a los tribunales. En agosto tuve que rechazar un trabajo y, en los últimos meses, ofertas como colaboradora en prensa y asesoramiento. Lo hice por responsabilidad porque no cumpliría. Qué más quisiera yo que incrementar mis escasos ingresos, pero me es imposible con mi salud. Esta realidad se repite en uno y en otro de los testimonios que recibo y nadie hace nada”, lamenta.

Han pasado cuatro años desde que esta mujer de Vigo mantuvo una huelga de hambre. Este jueves vuelve a Madrid a entregar firmas, en esta ocasión en el Ministerio de Sanidad -suman casi 600.000- que piden una modificación de la Ley de la Seguridad Social e incide de manera especial en el copago farmacéutico: “Cuando inicié mi denuncia pública, hice saber a la ciudadanía y a los medios de comunicación las consecuencias de la Ley del Medicamentazo de 2012, con el gobierno del PP. Los tratamientos largos no son solo cosa de los pensionistas. A los no tan jóvenes con enfermedades crónicas o tratamientos largos (enfermos oncológicos y otras patologías graves), a los que no se nos reconoce la incapacidad permanente, mientras nos recuperamos, esta ley nos hace pagar el 40% de nuestros medicamentos. Muchos enfermos cobran indignos subsidios de 426 euros después de años y años cotizando”, denuncia.

Desprotección e indefensión

Mercedes Valverde, diagnosticada de cáncer de mama en 2009, se muestra también indignada: “Estamos desprotegidos y totalmente indefensos. A mí, por no darme, no me dan ni una discapacidad del 33%. Los trabajos me duran lo que me duran. Ahora mismo estoy en el paro. Cuando dices que tienes que ir a una revisión y a otra y a otra, no te reanudan el contrato, se curan en salud”. Cuenta como una pesadilla su experiencia en una fábrica de carpintería de aluminio: “Cargaba puertas y ventanas para meterlas en un horno y a los 20 días me tuve que ir a urgencias, tenía el brazo como un chorizo, dolores insoportables de espalda… y me mandaron al paro. Desde septiembre no me llaman a una sola entrevista y todo ello lleva un deterioro psicológico importante que influye en la enfermedad. A veces es peor que el propio cáncer. Parece que no sirves para nada… Yo no puedo ir a un gimnasio para fortalecer mis músculos porque no tengo dinero, ni a un curso de inglés, mira qué tontería…”.

Mercedes, de La Coruña, va a cumplir 49 años en abril: “Con 40 caí enferma, tenía una empresa, me di de baja y cuando me tuve que reincorporar no tenía fuerza ni estaba preparada psicológicamente, con una edad muy complicada y con el handicap de la enfermedad y las secuelas. Yo no puedo limpiar casas, ni coger peso… ¡Y me han dado de alta para cualquier trabajo! Te dicen que estás estupenda, que estás guapísima y que a trabajar”.

El Gobierno rechazó en 2015 una proposición de ley presentada por el BNG a instancias de Figueroa que protegía a estas personas mientras se recuperan. Mercedes, por ejemplo, afirma que durante cinco años ha estado con una quimio oral a modo de prevención: “No es tan fuerte pero deteriora las articulaciones, huesos y demás. Una caja me duraba menos de un mes. Y aunque no sea mucha cantidad de dinero, para las que no tenemos ingresos significa todo. Porque luego están los ibuprofenos para el dolor, los paracetamoles, los nolotil, los medicamentos de la depresión, para dormir, para la ansiedad… Te ves en la calle, sin un duro, en paro, sin una prestación, con dos hijos y una hipoteca. Abocada al fracaso total”, concluye.

Con estos relatos de fondo, ambas mujeres insisten en que sus casos no son los peores. Citan a Magdalena Martínez, mariscadora en la ría de Pontevedra de 58 años, a quien la Seguridad Social también le dio de alta a los pocos meses de ser operada de cáncer de mama: “La señora inspectora del INSS que me dio el alta debe de creer que las almejas llegan solas a su plato. Para que ella saboree una sabrosa almeja sin el más mínimo esfuerzo, una mariscadora trabaja muy duro. Mi  trabajo depende de las mareas, meter mi cuerpo hasta las rodillas en el agua fría, sea verano o invierno, llueva o caliente el sol y clavar un rastrillo (gancha), que pesa más de 15 kilos, en la arena para extraer la preciada almeja durante 8 horas al día”.

Peticiones a la Defensora del Pueblo

Beatriz mantendrá también este jueves una reunión con un responsable del área de sanidad y política social de la Oficina de la Defensora del Pueblo, la única institución que, a petición de ella misma, está trabajando en el asunto. “La Ley de Empleo prevé la adopción de programas destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado laboral, pero no incluye entre los beneficiarios a quienes padecen o han superado un cáncer o enfermedad grave pese a que sus tratamientos médicos y secuelas provocan serias deficiencias que pueden ser de carácter permanente”, argumenta la Defensora del Pueblo en un escrito en el que pregunta a distintos organismos del Gobierno y de las comunidades autónomas si van a incluir a los pacientes oncológicos o de otras enfermedades graves en los programas de fomento del empleo entre personas con especiales dificultades de integración en el mercado del trabajo. Estos datos serán incluidos en un informe que, según explican a La Marea desde la Oficina de la Defensora del Pueblo, aún está en tramitación.

La petición de Figueroa en el Ministerio de Sanidad, como motivo de la celebración el próximo 4 de febrero del Día Mundial del Cáncer, se suma a otras reivindicaciones como la inclusión de una casilla en el IRPF para la investigación de esta enfermedad y la reclamación de fondos para proseguir con un proyecto de investigación de la Universidad de Granada.

Más en lamarea.com

Read More