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Los CIE siguen sin contar con atención sanitaria continuada

La cárcel de Archidona está siendo utilizada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El BOE de hoy recoge la formalización del contrato de reconocimientos médicos y asistencia sanitaria para los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Una vez más, desde que se licitó por primera vez este servicio, en 2014, Clínica Madrid es la empresa adjudicataria. Una vez más, también, los horarios exigidos en los pliegos para médicos y enfermeros no cubren la asistencia sanitaria continuada que exige el reglamento de estos centros.

En total, Clínica Madrid cobrará 879.000 euros por un año de este servicio en los nueve CIE del país. La empresa, que también resultó adjudicataria en las licitaciones de 2014 y 2015, ha subido sus precios. En la anterior cobró 730.000 euros, por ejemplo. Otra empresa se presentó al contrato en esta ocasión, pero Clínica Madrid ofreció una “oferta más ventajosa”, según la información publicada, que no incluye el acta de adjudicación y, por lo tanto, no especifica las puntuaciones finales.

Sabemos, eso sí, que el precio era lo más importante: 80 puntos sobre 100. Ofrecer materiales médicos, teléfono de atención y ampliar los horarios exigidos también daba puntos.

De hecho, la de los horarios es una de las cuestiones clave. Según los pliegosa la empresa solo se le exige una atención parcial. Los centros de Algeciras, Tarifa, Madrid y Barcelona contarán con un médico de 8 a 22 horas, pero solo en las dos últimas el profesional acudirá los fines de semana, y lo hará durante tres horas. En Valencia y Murcia, el médico solo atenderá por las mañanas de lunes a viernes y no los fines de semana. En los CIE de Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura la situación es mucho peor: la empresa está obligada a que un doctor esté presente solo durante dos o tres horas al día, y tampoco sábados y domingos.

Algo similar ocurre con el horario del enfermero. En estos tres últimos centros solo hará horas sueltas y ni en Fuenteventura ni en Las Palmas estará los fines de semana. En el resto de centros (Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras y Tarifa) los pliegos sí exigen que haya un enfermero de 8 a 22 horas, de lunes a domingo.

“Atención permanente y de urgencia”

El artículo 7 del reglamento de los CIE establece que “en los centros existirá un servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento necesario para la atención permanente y de urgencia de los internos”.

El texto establece, además, que la asistencia sanitaria de cada centro quedará bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, pero también que tales prestaciones podrán concertarse, así que la única posibilidad de que se cumpla la atención continuada a la que obliga esa misma norma es que este contrato sea complementario a servicios ofrecidos por el Gobierno de forma directa.

Pero en ninguno de los documentos relativos a esta licitación se afirma que se trate de asistencia complementaria y, es más, se especifican las obligaciones de la empresa que resulte adjudicataria como el paquete completo: exámenes médicos y atención sanitaria general de los internos.

Buenos días.

Artículo publicado originalmente en el blog ‘El BOE nuestro de cada día‘, de CIVIO.

 

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2017, un año pésimo para la sanidad pública

Lo único positivo en 2017, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha sido el compromiso de la Comunidad Valenciana de revertir el Hospital de Alzira a la gestión pública. Y damos fe de ello: en el dossier ¡Buenas noticias! con el que abrimos #LaMarea56, este ha sido uno de los ámbitos en el que más nos ha costado encontrar hechos esperanzadores. El año que acaba ha vuelto a ser un mal año, enturbiado, además, por el procés, añade la organización. “Necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo”, concluye. Estas son las cuestiones más destacadas de 2017, según la federación.

Recortes

El Gobierno continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las comunidades autónomas y que hace que los presupuestos autonómicos no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones de euros menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, Seguridad Social y Administración central: en total más de 1.000 millones de euros por debajo del de 2009. A ello debe de añadirse la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica”.

Gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico sigue subiendo (tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017; como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017), disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE). Situación esta que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, que le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB. Se produce en un momento en que, como se ha señalado, el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB, con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica”.

Privatizaciones

Desde el Ministerio de Sanidad se continua la política de privatizaciones más o menos silenciosas, y de la gestión de la ministra poco puede decirse fuera de su desastrosa participación en la política catalana, y del hecho de que ha confirmado los pronósticos más negativos sobre su incapacidad y/o desinterés para  hacerse cargo de la sanidad del país”.

Sentencias del Constitucional

También resaltamos las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población. De nuevo se evidencian las contradicciones de las políticas del PP, que ha recurrido estas normativas pero no las de otras CCAA que tenían efectos similares”.

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La Sanidad madrileña asignó sin concurso la mitad del presupuesto para contratos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso público el pasado año 698,9 millones de euros para contratos menores, es decir, inferiores a 18.000 euros. Las contrataciones de mayor cuantía, asignadas por concurso público, ascendieron a 703,3 millones de euros. Así, el presupuesto destinado a los contratos menores ‘opacos’ representaron el 49,8% de toda la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, según los datos recopilados por la organización madrileña Audita Sanidad basados en información del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el Portal de Contratación Pública madrileño.

Desde Audita Sanidad se sorprenden de que los contratos menores tengan un importe similar al de los contratos mayores, que por ley sí son asignados a través de concurso, y denuncian que “puede haber indicios de corrupción o de ilegalidad y fraude”, entendiendo por ‘corrupción’ la definición que aporta la organización Transparencia Internacional, es decir, aquellas prácticas que “perjudican a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad depende de la honradez de quienes ocupan puestos de responsabilidad”. “Pensamos que los contratos menores pueden ser una puerta abierta al despilfarro y la mala gestión de recursos”, señaló esta organización, que de momento está auditando los 485.119 contratos menores -la mayoría relativos a la compra de bienes- asignados por la sanidad madrileña durante 2016. Según sus estimaciones, los sobrecostes por “prácticas corruptas” en la sanidad madrileña se situaron entre 140 y 350 millones de euros.

A la opacidad de este tipo de acuerdos menores (solo se pueden consultar los adjudicados a partir de julio de 2015), se suma la pérdida de poder de negociación por parte de la Administración y la dificultad añadida que supone que estos contratos no aparezcan en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, lo que obliga a las personas voluntarias de Audita Sanidad y a cualquier periodista a tener que solicitar información caso por caso al Portal de Transparencia.

Esta organización sin ánimo de lucro también destaca que “el 35% del importe total de la contratación se concentra en 10 empresas, sobre todo farmacéuticas; sin embargo, las empresas que producen genéricos se llevaron el 3,2% de esa contratación”, explicó Cathy Boirac, del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), en la rueda de prensa celebrada este martes en la capital española, en la que detallaron los pormenores del informe ‘Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016‘, publicado en octubre.

Otro dato revelador es el del número de concursos públicos (1.443, es decir, el 0,3% en total) comparado con el de las asignaciones sin licitación (485.119 contratos menores, el 99,7% del total). Las grandes multinacionales farmacéuticas, la mayoría extranjeras, aparecen como las principales beneficiadas tanto de los contratos menores como de los mayores (85,1% del total de contratos firmados), y ocho de cada 10 contrataciones fueron adjudicadas a grandes compañías presentes en los principales lobbies (grupos de presión) del sector sanitario.

El informe de Audita Sanidad revela que otra práctica habitual por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid es el fraccionamiento de contratos, que “está prohibido según la Ley de Contratos del Sector Público actual y la nueva, pero es una práctica habitual en la Administración en general”, según la organización, y que permite “trocear” contratos para que no superen los 18.000 euros, a partir de los cuales es obligatorio convocar concurso público. Los contratos mayores (adjudicados mediante concurso) y los menores (sin concurso) sumaron un coste de 1.402 millones de euros para la sanidad madrileña, cuyo presupuesto total en 2016 fue de 7.449 millones de euros. Según los datos más recientes de la Comisión Europea, en 2013 la sanidad pública tuvo sobrecostes de entre el 10% y el 25% debido a prácticas corruptas “que no han sido investigadas” en 15 países europeos.

La publicación de estos datos coincide con varias movilizaciones en Madrid convocadas por los sindicatos CCOO, Satse, CSIT, Amyts y UGT por los “incumplimientos” de la Consejería de Sanidad en materia de precariedad laboral dentro del sector sanitario, tales como impago de guardias, el establecimiento de la jornada de 35 horas (hoy la media es de 37,5 horas) y altos índices de temporalidad (33% en la Comunidad de Madrid), entre otros problemas. Si las autoridades y los sindicatos no alcanzan un acuerdo en los próximos días, convocarán dos días de huelga, el 13 y 14 de diciembre.

Uno de los escándalos de corrupción más destacados de los últimos años en la Sanidad madrileña saltó a los medios tras la confesión de dos funcionarios que aseguraron que el Partido Popular habría recibido el 1% de los contratos para la construcción de ocho hospitales y 57 centros de salud en Madrid (23 millones de euros en total) cuando Esperanza Aguirre presidía la comunidad autónoma.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los recortes del presupuesto de sanidad en Madrid han ido aparejados con una creciente privatización de servicios e infraestructuras sanitarias, y un mayor traspaso de competencias al sector privado, en el que es frecuente encontrar puertas giratorias, según denunció el Observatorio Madrileño de la Salud.

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Medicare para todos: la solución a nuestros males

La promesa del Presidente Trump de derogar Obamacare o la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, está por volverse realidad, al tiempo que el Senado hace pública su propia versión —redactada en secreto— de la nueva Ley de Cuidado de Salud de Estados Unidos de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que el propio Trump defendió y que recientemente criticó. La mayoría republicana del Senado pretende que el proyecto de ley se apruebe antes del feriado del 4 de julio. Como resultado de Obamacare decenas de millones de estadounidenses ahora tienen algún tipo de atención de salud, aunque el plan adolece de sus propios problemas. Debido a que la atención de la salud representa una sexta parte de la economía estadounidense, el debate político entre un muy mal proyecto de ley republicano y el menos malo Obamacare podría dejar un espacio libre para lograr una solución razonable, como ocurre en casi todos los países desarrollados: un sistema de salud de pagador único.

Este sistema ya está en práctica en Estados Unidos y ha tenido muy buena recepción. Se llama «Medicare», el programa financiado con los impuestos de los contribuyentes que garantiza atención de la salud a las personas mayores y las personas con discapacidad. Las encuestas públicas realizadas después de la Segunda Guerra Mundial demostraban que existía un amplio apoyo para esta propuesta. Medicare se convirtió en ley en 1965. En el tristemente célebre discurso de lanzamiento de candidatura que Trump realizó en junio de 2015, además de atacar a los mexicanos al calificarlos de «violadores», también prometió: «Salvemos a Medicare, Medicaid y a la seguridad social sin recortes. Debemos hacerlo».

Si el actual proyecto de ley sigue su curso y es aprobado, Donald Trump deberá decidir si romperá su promesa. Si bien el proyecto de ley debe aprobarse primero en el Senado y luego pasar por un proceso en el que se deben reconciliar los proyectos de ley de la Cámara de Representantes y el Senado, como mínimo, recortará los fondos de Medicaid.

El motivo por el cual muchos opositores de Trumpcare lo denominan «cuidado de la riqueza y no de la salud» es que elimina el impuesto de Obamacare a los estadounidenses más ricos. Mientras ellos obtienen una exención impositiva, decenas de millones de estadounidenses se quedarán sin seguro de salud. Otros seguirán sin poder acceder a él, o se verán obligados a comprar planes vacíos que ofrecen cobertura mínima, o planes con abultados deducibles y copagos. A las personas que padecen las denominadas «afecciones preexistentes» les resultará prácticamente imposible obtener un seguro de salud en la mayoría de los estados. Un estudio reciente de Kaiser Family Foundation calcula que más de 52 millones de personas «no mayores» padecen afecciones preexistentes. Kaiser aclara «no mayores», dado que las personas mayores, que reciben cobertura a través de Medicare, no pueden ser excluidas por padecer afecciones preexistentes.

Actualmente, de una población total de 320 millones de habitantes en Estados Unidos, tan solo 57 millones de adultos mayores y personas con discapacidad son beneficiarias de Medicare. No hay un motivo racional por el cual Medicare no pueda ampliarse para cubrir a todos los estadounidenses, independientemente de su edad, desde que nacen hasta que mueren. Los defensores del sistema de atención de salud de pagador único denominan a esto «Medicare para todos».

Medicare para todos mantendría el sistema actual de hospitales privados y sin fines de lucro, consultorios médicos y otros aspectos conocidos del sistema de salud de Estados Unidos. La principal diferencia es que las aseguradoras de salud, tal cual las conocemos, dejarían de existir. Las aseguradoras no proporcionan atención de salud. Actúan como administradoras, procesan facturas y obtienen ganancias desorbitantes a costa del dolor de las personas y pagan a sus directores salarios muy elevados. Se ahorraría muchísimo dinero y el sistema probablemente sería mucho más aceptado que Medicare.

Hay señales esperanzadoras a favor del sistema de pagador único. El congresista John Conyers, el miembro más antiguo del Congreso (que ha ocupado su banca desde 1965, el año en que comenzó Medicare), ha propuesto el proyecto de ley H.R. 676 o Ley por un Medicare más amplio y mejorado para todos. Actualmente cuenta con el sorprendente apoyo de 112 copatrocinadores (todos demócratas). Dado que es improbable que las mayorías republicanas de ambas cámaras apoyen este proyecto de ley, algunos activistas están llevando la lucha a los estados. La Ley California Saludable, SB 562, otorgaría cobertura de salud a todos los habitantes del estado de California, y ya ha sido aprobada en el Senado estatal. La Asamblea, controlada por los demócratas, la está estudiando en este momento. En el estado de Nueva York, un proyecto de ley ha sido aprobado por la Asamblea y será discutido en el Senado estatal de Nueva York, donde los republicanos controlan la cámara por un escaño.

Detrás de toda la legislación existe un movimiento de base creciente y diverso. Hay grupos nacionales que han estado trabajando durante años, entre ellos Healthcare-NOW!, Médicos por un Programa de Salud Nacional y sindicatos como el sindicato de enfermeros National Nurses United. Las coaliciones estatales educan, organizan y presionan a los legisladores y a políticos destacados como Bernie Sanders para que junten a sus seguidores e impulsen esta iniciativa.

El sistema Medicare de Canadá, que brinda cobertura a todos los habitantes del país, comenzó en la provincia rural de Saskatchewan y luego se extendió a todo el país. Mientras los canales de televisión por cable solo hablan de la batalla entre Obamcare y Trumpcare, el movimiento a favor de un sistema de salud de pagador único, que no sale en las noticias, está creciendo. Al igual que ocurre con todos los grandes cambios en la historia, cuando el pueblo lidera, los líderes lo siguen.


© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Cinco consecuencias de una década de privatización de la sanidad madrileña

MADRID // Diez años después de que el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid comenzase el proceso de privatización de la atención sanitaria, la región “se ha convertido en un parque temático sanitario donde conviven diversos modelos de gestión”. Quien lo denuncia es Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Esta organización, junto a la Asociación Madrileña de Salud Mental, ayuntamientos, entidades sociales, CCOO y UGT que conforman el Observatorio Madrileño de Salud, han presentado este viernes el informe La privatización hospitalaria en Madrid: balance de 10 años.

En Madrid conviven tres modelos de gestión sanitaria

El proceso de gestión privada de la sanidad ha dado lugar a tres tipos de hospitales. En Madrid, actualmente conviven los PFI (llamados así por las siglas en inglés de “iniciativa de financiación privada”), las concesiones administrativas y la cesión de la atención sanitaria de un área a la Fundación Jiménez Díaz —aunque este centro fui inaugurado como una fundación privada en 1955, en 2003 empezó a ser gestionada por una empresa privada (ID salud) y ahora está en manos de la multinacional Quirón, presente en España, Latinoamérica y Oriente Medio—.

El citado informe desgrana las consecuencias que ha tenido esta transformación sobre la calidad de la atención sanitaria en Madrid, tanto para pacientes como para profesionales, y los efectos sobre el gasto público.

Menos camas y personal insuficiente

En los últimos diez años, en Madrid se han abierto diez hospitales nuevos y se ha trasladado uno de ellos. Sin embargo, en este periodo se han cerrado 300 camas. En 2016, el promedio era de 3,33 camas por 1.000 habitantes —en la Unión Europea la media es de 5 camas por 1.000 habitantes. Desde el Observatorio Madrileño de Salud denuncian que este hecho se debe al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes.

El número de personas en lista de espera quirúrgica ha pasado de 27.672 en junio de 2005 hasta los 84.000 en septiembre de 2016. “No existen evidencias de mejora de la asistencia sanitaria en la región”, inciden desde el Observatorio.

En los nuevos centros, el número de trabajadores por cama es inferior respecto a los centros de gestión tradicional. Esto “dificulta su capacidad para garantizar una atención sanitaria de calidad y evidencia que se hacen recortes para mejorar la rentabilidad empresarial sin tener en cuenta la calidad de la asistencia”, concluye el Observatorio.

Además, las plantillas de los nuevos centros proceden fundamentalmente de personal trasladado desde hospitales con una gestión tradicional, por lo que, a su vez, también se ha reducido el servicio de la atención pública.

Los centros de gestión tradicional se han deteriorado

Los centros públicos más cercanos a los nuevos hospitales “han sufrido un especial castigo económico”, prosigue el informe. En 2016, el hospital de Alcalá tuvo una reducción presupuestaria del 10,6% y el de Móstoles vio mermado su presupuesto en un 6,91%. Esta disminución de los recursos públicos tiene como consecuencia el cierre de camas y la reducción de personal, que, según el estudio, favorece la derivación hacia el centro privado.

Aunque no se conocen los datos oficiales sobre estos trasvases, el Observatorio matiza también que “las patologías que no son rentables las mandan al hospital tradicional”. La derivación de los enfermos más graves o que precisan técnicas diagnósticas o tratamientos más costosos a otros centros es “una costumbre de los centros concesionados que se especializan en atraer y tratar a aquellos que presentan patologías rentables”, señalan.

Sobrecostes e irregularidades en la financiación

Según el Observatorio, el modelo PFI incrementa el coste entre 7 y 8 veces respecto a la gestión pública. Asimismo, el de concesiones administrativas supone un sobrecoste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual.

Los costes de construcción de los hospitales, la contratación de empresas privadas para el control de los nuevos centros, la privatización de laboratorios y la externalización de algunos servicios médicos son algunas de las principales claves en las que se basan desde el Observatorio para calcular estos sobrecostes.

Además, denuncian que “existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias de financiación pública hacia estos centros, pero no se ha hecho un análisis sistemático de la situación”.

En este sentido, las entidades que forman parte del Observatorio exigen que se lleve a cabo una auditoría por parte de la inspección sanitaria y el tribunal de cuentas para conocer detalladamente la realidad.

La ausencia de transparencia es la norma

Desde el Observatorio, insisten en la falta de transparencia y de evaluaciones de los últimos hospitales abiertos y denuncian que existe “poca información pública confiable” sobre esta cuestión.

“No hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y se desconoce el cumplimiento de los contratos que mantienen con el sector público”, añaden.

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