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2017, un año pésimo para la sanidad pública

Lo único positivo en 2017, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha sido el compromiso de la Comunidad Valenciana de revertir el Hospital de Alzira a la gestión pública. Y damos fe de ello: en el dossier ¡Buenas noticias! con el que abrimos #LaMarea56, este ha sido uno de los ámbitos en el que más nos ha costado encontrar hechos esperanzadores. El año que acaba ha vuelto a ser un mal año, enturbiado, además, por el procés, añade la organización. “Necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo”, concluye. Estas son las cuestiones más destacadas de 2017, según la federación.

Recortes

El Gobierno continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las comunidades autónomas y que hace que los presupuestos autonómicos no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones de euros menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, Seguridad Social y Administración central: en total más de 1.000 millones de euros por debajo del de 2009. A ello debe de añadirse la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica”.

Gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico sigue subiendo (tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017; como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017), disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE). Situación esta que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, que le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB. Se produce en un momento en que, como se ha señalado, el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB, con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica”.

Privatizaciones

Desde el Ministerio de Sanidad se continua la política de privatizaciones más o menos silenciosas, y de la gestión de la ministra poco puede decirse fuera de su desastrosa participación en la política catalana, y del hecho de que ha confirmado los pronósticos más negativos sobre su incapacidad y/o desinterés para  hacerse cargo de la sanidad del país”.

Sentencias del Constitucional

También resaltamos las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población. De nuevo se evidencian las contradicciones de las políticas del PP, que ha recurrido estas normativas pero no las de otras CCAA que tenían efectos similares”.

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Cinco consecuencias de una década de privatización de la sanidad madrileña

MADRID // Diez años después de que el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid comenzase el proceso de privatización de la atención sanitaria, la región “se ha convertido en un parque temático sanitario donde conviven diversos modelos de gestión”. Quien lo denuncia es Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Esta organización, junto a la Asociación Madrileña de Salud Mental, ayuntamientos, entidades sociales, CCOO y UGT que conforman el Observatorio Madrileño de Salud, han presentado este viernes el informe La privatización hospitalaria en Madrid: balance de 10 años.

En Madrid conviven tres modelos de gestión sanitaria

El proceso de gestión privada de la sanidad ha dado lugar a tres tipos de hospitales. En Madrid, actualmente conviven los PFI (llamados así por las siglas en inglés de “iniciativa de financiación privada”), las concesiones administrativas y la cesión de la atención sanitaria de un área a la Fundación Jiménez Díaz —aunque este centro fui inaugurado como una fundación privada en 1955, en 2003 empezó a ser gestionada por una empresa privada (ID salud) y ahora está en manos de la multinacional Quirón, presente en España, Latinoamérica y Oriente Medio—.

El citado informe desgrana las consecuencias que ha tenido esta transformación sobre la calidad de la atención sanitaria en Madrid, tanto para pacientes como para profesionales, y los efectos sobre el gasto público.

Menos camas y personal insuficiente

En los últimos diez años, en Madrid se han abierto diez hospitales nuevos y se ha trasladado uno de ellos. Sin embargo, en este periodo se han cerrado 300 camas. En 2016, el promedio era de 3,33 camas por 1.000 habitantes —en la Unión Europea la media es de 5 camas por 1.000 habitantes. Desde el Observatorio Madrileño de Salud denuncian que este hecho se debe al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes.

El número de personas en lista de espera quirúrgica ha pasado de 27.672 en junio de 2005 hasta los 84.000 en septiembre de 2016. “No existen evidencias de mejora de la asistencia sanitaria en la región”, inciden desde el Observatorio.

En los nuevos centros, el número de trabajadores por cama es inferior respecto a los centros de gestión tradicional. Esto “dificulta su capacidad para garantizar una atención sanitaria de calidad y evidencia que se hacen recortes para mejorar la rentabilidad empresarial sin tener en cuenta la calidad de la asistencia”, concluye el Observatorio.

Además, las plantillas de los nuevos centros proceden fundamentalmente de personal trasladado desde hospitales con una gestión tradicional, por lo que, a su vez, también se ha reducido el servicio de la atención pública.

Los centros de gestión tradicional se han deteriorado

Los centros públicos más cercanos a los nuevos hospitales “han sufrido un especial castigo económico”, prosigue el informe. En 2016, el hospital de Alcalá tuvo una reducción presupuestaria del 10,6% y el de Móstoles vio mermado su presupuesto en un 6,91%. Esta disminución de los recursos públicos tiene como consecuencia el cierre de camas y la reducción de personal, que, según el estudio, favorece la derivación hacia el centro privado.

Aunque no se conocen los datos oficiales sobre estos trasvases, el Observatorio matiza también que “las patologías que no son rentables las mandan al hospital tradicional”. La derivación de los enfermos más graves o que precisan técnicas diagnósticas o tratamientos más costosos a otros centros es “una costumbre de los centros concesionados que se especializan en atraer y tratar a aquellos que presentan patologías rentables”, señalan.

Sobrecostes e irregularidades en la financiación

Según el Observatorio, el modelo PFI incrementa el coste entre 7 y 8 veces respecto a la gestión pública. Asimismo, el de concesiones administrativas supone un sobrecoste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual.

Los costes de construcción de los hospitales, la contratación de empresas privadas para el control de los nuevos centros, la privatización de laboratorios y la externalización de algunos servicios médicos son algunas de las principales claves en las que se basan desde el Observatorio para calcular estos sobrecostes.

Además, denuncian que “existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias de financiación pública hacia estos centros, pero no se ha hecho un análisis sistemático de la situación”.

En este sentido, las entidades que forman parte del Observatorio exigen que se lleve a cabo una auditoría por parte de la inspección sanitaria y el tribunal de cuentas para conocer detalladamente la realidad.

La ausencia de transparencia es la norma

Desde el Observatorio, insisten en la falta de transparencia y de evaluaciones de los últimos hospitales abiertos y denuncian que existe “poca información pública confiable” sobre esta cuestión.

“No hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y se desconoce el cumplimiento de los contratos que mantienen con el sector público”, añaden.

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La atención primaria, el patito feo de la sanidad pública

atención primaria Varios pacientes del centro de salud Pino Montano B, en Sevilla.

Un lunes cualquiera, a las diez de la mañana, José Miguel, 61 años, acude a su centro de salud, en el barrio sevillano de Pino Montano, para pedir cita. Quiere comentarle a su médica algunas cuestiones sobre una pastilla que le está afectando al tiroides. “Usted ya tiene una cita para hoy, dentro de un ratito”, le dice la administrativa en el mostrador. José Miguel se queda sorprendido. “Yo no he pedido ninguna cita”, responde. “Pues aquí tiene una”, insiste la funcionaria. Manuel decide aprovecharla y acude a su consulta. Hay siete personas esperando. “A esto no hay derecho. Yo vengo de urgencias y llevo aquí una hora con mi hija. Y la médica dice que se va a desayunar”, protesta una mujer. “Ella no tiene la culpa, señora, el problema es que no hay médicos suficientes. ¿O es que la médica no tiene derecho a desayunar o a ir al baño?”, le responde Emilio, otro paciente, de 76 años. “¿Ves? Esto es lo que pasa, esto es un desastre”, concluye José Miguel, que continúa explicando su caso mientras llega su turno: “Me sacaron el corazón, lo pusieron encima de la mesa, ¿sabes? Y llevo tres bypass”. La megafonía pronuncia su nombre veinte minutos después de la hora asignada.

“La cita la he pedido yo porque si no, no me da tiempo de leer el último informe que me trajiste del cardiólogo”, le dice su doctora, que muestra en un cuaderno una larga lista de pacientes crónicos que acuden con bastante frecuencia a la consulta. El centro, Pino Montano B, tiene asignadas 21.237 cartillas entre medicina de familia y pediatría para 11 médicos y cuatro pediatras, que no siempre son sustituidos, como ocurrió al menos durante los dos días que La Marea acudió al ambulatorio. 

Según un informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el 52% de las personas que demanda asistencia en los centros de atención primaria no son atendidas el mismo día y el 11% tardan más de una semana. “Esto es incompatible con la filosofía y la lógica de la atención primaria, que debería atender la demanda de manera inmediata”, denuncia la federación. El informe cifra la masificación de los cupos de la siguiente manera: “Más del 52% tienen más de 1.500 tarjetas individuales, que son 250 tarjetas más de las marcadas por las sociedades de medicina de familia, pediatría y enfermería”. Esta situación -en el caso de Pino Montano B corresponde a cada médico más de 1.400 cartillas- obliga a atender a una media de 40-50 pacientes al día, lo que repercute “en la asistencia y la capacidad para resolver casos en el nivel por falta de recursos y tiempo”, añade el documento, que atribuye el deterioro a un modelo sanitario regido por el mercado y la competencia en el que la atención primaria, orientada a la promoción, la prevención y la medicina comunitaria, queda relegada. 

“El negocio sanitario pasa por potenciar la atención hospitalaria, el uso intensivo de las nuevas tecnologías y medicamentos (cuanto más costosos mejor),  y medicalizar la vida de las personas para que hagan un elevado consumo sanitario -denuncia la federación-. En esta estrategia están implicados responsables políticos de la administración, el complejo de la industria farmacéutica y de equipamientos, las grandes corporaciones tecnológicas (como IBM) y los fondos de inversión internacional, con puertas giratorias en las que altos cargos intercambian sus puestos entre la administración sanitaria y las empresas”.

La doctora, que prefiere no identificarse, asegura que lleva atendidos esa mañana a más pacientes de otros médicos que están de vacaciones o enfermos que suyos. “Hoy faltan cuatro y somos once. Y deberíamos ser tres más. Esto siempre es así. Los procesos crónicos y los agudos nunca se terminan de atender. Porque tú pides cita a Salud Responde y te la dan con tu médico, aunque esté de vacaciones. Luego llegas aquí y te veo otro. Vienes y está un médico, vienes y está otro… Lo que es la continuidad, que es la base de la atención primaria, no se hace nunca”, explica. Las citas se dan cada seis minutos. “Yo atiendo una media de 48 pacientes al día. Yo no puedo hacer un seguimiento así”, afirma con gesto impotente. 

Emilio es uno de los pacientes crónicos que acuden al centro con asiduidad. Ha sido diagnosticado, además de diversas dolencias, de cáncer de próstata. Lleva puesta una sonda. “Si a mi médico le preguntas por lo que tengo, sabe que tengo de menos dinero”, cuenta. Y eso es lo que permite, por ejemplo, no realizar pruebas innecesarias, como denuncia también el informe de la FADSP, que destaca que el envío de pacientes de manera innecesaria a hospitales o a servicios de urgencias aumenta “los costes (innecesarios), los riesgos para la salud y las listas de espera”. Además, señala que la presión asistencial impide llevar adelante actividades esenciales previstas en el actual modelo de salud comunitaria, como la promoción de salud, la prevención de la enfermedad o el trabajo con la población.

“Aquí lo que tenemos es el conocimiento continuo del paciente, su vida, y cómo va cambiando conforme va pasando el tiempo. Para nosotros no es tan importante una resonancia magnética al instante. Para mí es más importante hablar con mi paciente, ver cómo está, y para eso es imprescindible que siempre lo vea el mismo médico, porque si no seríamos médicos de hospital -insiste la médica-. Tenemos cuatro años de Mir como todos, pero trabajamos desde la palabra, el contacto humano, la repetición de las visitas, y no con grandes pruebas maravillosas y fantásticas que nos dan un diagnóstico maravilloso, porque eso lo hacen otros médicos”.

Varias asociaciones vecinales agrupadas en la Plataforma por una buena salud del Distrito Norte han intensificado sus protestas por el colapso del centro en los últimos meses. Jesús, también paciente crónico con cáncer, denuncia el descuido de las instalaciones: “Mira, sin papel higiénico”, señala en un baño. “Mira, la cisterna rota”, muestra en otro. [En la segunda visita de La Marea, el papel había sido repuesto].

La Consejería de Salud, no obstante, defiende su apuesta por la atención primaria y recuerda que ha incrementado el presupuesto en 123,9 millones, hasta alcanzar los 3.350 millones este año. Sobre este centro en concreto, sitúa la cifra media de atención a 38 pacientes al día y asegura que están cubiertas con sustitutos las dos ausencias que existen en medicina de familia: una liberación sindical y una incapacidad temporal. La Administración añade, además, que a principios de enero se ha incorporado un profesional de medicina de familia y otro de enfermería. “En cuanto a los refuerzos, desde el mes de noviembre de 2016 se ha aumentado el personal en la Unidad de Atención al Ciudadano con un administrativo más”, detalla.

Ese mismo mes, el entonces director, el pediatra Pepe Pérez, dimitió de su cargo y aún sigue sin nombrarse a un nuevo responsable. Según la Junta, se hará “próximamente”, sin especificar la fecha. Así se despidió Pérez en una carta, recogida en El Correo de Andalucía

No creo que la rapidez sea una virtud, ni que el derecho a la inmediatez supere el de la calidad. No sé por qué en el ámbito sanitario no se respeta el tiempo que cada profesional debe tener para realizar el desempeño de su profesión con un mínimo de dignidad. Ni sé por qué no nos sustituyen cuando estamos enfermos o ausentes por cualquier otro motivo. Ni sé por qué no nos dotan de más personal cuando está claro y documentado que son necesarios. El recurso a ver más gente y más rápido es muy fácil y muy antiguo, el criticar al profesional por no ser capaz de gestionar la demanda también. Culpabilizar al profesional… lo de siempre”.

Un elemento clave en el retroceso del nivel primario es, según el informe de la FADSP, el abandono de los planes de mejora, como la paralización del desarrollo la Estrategia AP 21consensuada por el Gobierno de Zapatero con las organizaciones profesionales con un presupuesto de 24 millones de euros y en cuya elaboración colaboraron más de 90 expertos de sociedades científicas, comunidades y asociaciones de pacientes: “La estrategia preveía construir nuevos centros de salud; incrementar el personal hasta alcanzar unos ratios de personal facultativo y de enfermería de 1.250 personas; aumentar el prepuesto hasta llegar al 25% del total; facilitar a los profesionales el acceso a los recursos diagnósticos en las mismas condiciones que los hospitales (mediante protocolos comunes); y la reducción de la actividad burocrática, que actualmente ocupa el 30% de la actividad del personal médico. La paralización de este ambicioso proyecto muestra la total ausencia de interés del Gobierno de Rajoy por la Atención Primaria a la que condena al deterioro y a la obsolescencia”. El Ministerio de Sanidad, preguntado por La Marea, no ha respondido sobre la paralización de la estrategia ni sobre si será reactivada.

El otro factor que ha deteriorado esta atención, según la FADSP, es el sometimiento de los centros de salud a las gerencias hospitalarias:En este nuevo modelo el Ministerio de Sanidad ha asignado al nivel primario el papel de portero del sistema (y de sus centros hospitalarios), con la finalidad de seleccionar pacientes y patológicas para los hospitales atendiendo a criterios de control del gasto y rentabilidad económica. Este papel es clave para que los centros hospitalarios puedan competir entre sí, discriminando procesos y pacientes según rentabilidad económica, algo que tiene poco que ver con las necesidades de salud de la población”.

Son las doce de la mañana. Los administrativos continúan atendiendo a numerosos usuarios; otros continúan esperando en las consultas abiertas. “¿Si aquí no hay aparatos y lo único que tenemos son médicos, por qué no se ponen? Porque yo no discuto la calidad de la sanidad en Andalucía. Aquí hay médicos extraordinarios. Pero tiene que haber médicos”, concluye Emilio mientras toma un café en el bar de al lado. 

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