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Marruecos condena a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik

El Tribunal de Apelación de la localidad marroquí de Salé ha condenado a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik a penas que van desde los dos años de cárcel a la condena perpetua. El Tribunal Supremo marroquí había anulado una anterior sentencia dictada por la justicia militar, de 20 años a perpetuidad, por falta de pruebas y ante una oleada de protestas internacionales.

La historia se remonta a finales de 2010, cuando más de 20.000 saharauis residentes en el Sáhara Occidental ocupada por Marruecos erigieron sus haimas a 15 kilómetros de El Aaiún y crearon un campamento protesta bautizado como “Dignidad” (Gdeim Izik) para protestar contra las malas condiciones de vida y la discriminación laboral que sufre la población autóctona de la antigua provincia española. Cuando las autoridades marroquíes enviaron a la policía y el ejército a desmantelar el campamento, los saharauis enarbolaron consignas independentistas y se iniciaron los enfrentamientos violentos en los que murieron 11 gendarmes y dos saharauis. En aquel momento, Marruecos expulsó del territorio a todos los periodistas.

El campamento Gdeim Izik fue el precursor de la Primavera Árabe, según varios analistas y pensadores, incluido Noam Chomsky, y el episodio más violento entre marroquíes y saharauis desde que el Frente Polisario y Rabat firmaron el alto el fuego en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación que dirima el futuro del último territorio africano pendiente de descolonización y cuya soberanía, en términos legales, sigue correspondiendo a España.

En diciembre de 2016 se reabrió el caso por la vía civil, con una primera vista que duró seis horas y que estuvo plagada de momentos de tensión. Aquella sesión fue aplazada por orden del juez después de que los imputados y sus familiares esgrimieran lemas a favor del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.

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Dos soldados marroquíes condenados a cadena perpetua por ayudar a saharauis

Hombre saharaui con turbante cerca del campamento de refugiados de Dajla, Tindouf. Foto: José Bautista.

El Tribunal Militar de Rabat ha condenado a cadena perpetua a dos soldados del Ejército marroquí por “incorporarse al enemigo” e incurrir en delitos de alta traición al ayudar a que civiles saharauis huyeran hacia los campos de refugiados de Tindouf, situados al sur de Argelia y gestionados por el Frente Polisario.

Según la información del diario local Assabah y que difundió la Agencia EFE, los militares, con rango de sargento y sargento primero, están destinados en Bir Ganduz, en la zona sur del Sáhara Occidental. El Tribunal Militar de Rabat afirma, además, que estos soldados son culpables de “incitar a la incorporación a grupos rebeldes”, en alusión al Frente Polisario, considerado grupo terrorista en el Reino de Marruecos. Los condenados fueron espiados durante varios meses por la Gendarmería Militar, que finalmente los arrestó en marzo. Entre las pruebas aportadas por este cuerpo de policía político-militar hay mensajes de redes sociales que los soldados condenados enviaron a “partes cercanas al enemigo fuera del territorio nacional”, así como banderas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En 1975, tras la fugaz salida de España de la provincia del Sáhara Occidental ordenada por el entonces príncipe en funciones Juan Carlos de Borbón, Marruecos y Mauritania se anexionaron el territorio y dieron comienzo a una guerra que se prolongó 16 años. En 1991 Marruecos y el Frente Polisario, representante oficial del pueblo saharaui, firmaron el alto el fuego e iniciaron conversaciones en aras a un referéndum de descolonización organizado por Naciones Unidas que hasta el día de hoy no se ha celebrado.

Actualmente la población saharaui vive dividida entre los territorios ocupados por Marruecos y los campamentos de refugiados de Tindouf, Argelia. En junio el expresidente de Alemania Horst Köhler asumió la responsabilidad de desbloquear esas negociaciones después de que en 2016 se vivieran varios sucesos que estuvieron a punto de poner fin a la paz entre ambas partes. Actualmente entre los principales puntos de fricción de Marruecos y el Frente Polisario están los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el macrojuicio contra 24 saharauis por las protestas de Gdeim Izik, entre otros.

El juicio contra los soldados marroquíes que ayudaron a ciudadanos saharuis no contó con la presencia de periodistas internacionales. La labor informativa es especialmente compleja en los asuntos relacionados con el conflicto saharaui, así como en el territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí. En 2016 la policía alauí expulsó a almenos 100 extranjeros de la antigua colonia española, según la Agencia EFE.

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Un alemán para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental

Horst Köhler

Naciones Unidas quiere dar un nuevo impulso a la solución del conflicto sobre el Sáhara Occidental con el nombramiento de un peso pesado político como Enviado Personal del Secretario General de la ONU a la zona. Será el expresidente de la República Federal de Alemania, Horst Köhler, cuyo nombre ya sonaba después de la dimisión del diplomático estadounidense Christopher Ross en marzo pasado. A falta de la confirmación oficial, el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario han aprobado la elección del alemán por el nuevo jefe de la UNO, el portugués António Guterres, según informaron varias agencias.

Tras ocho años en el cargo, Ross se había ganado la dura oposición del gobierno de Rabat. Köhler ha demostrado un notable interés por África durante su tiempo como director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no ha transcendido su posición sobre la situación en el Sáhara Occidental, la colonia española que fue ocupada por Marruecos en 1975.

El expresidente alemán, de 74 años, llegó tarde al mundo de la diplomacia internacional. Ese economista y politólogo pasó la mayor parte de su carrera en las finanzas públicas. Tras pasar por varias administraciones en Alemania fue secretario de Estado de Hacienda en el gobierno de Helmut Kohl en los 1990, y se hizo militante de la Unión Democristiana (CDU) del canciller. Formó parte del equipo negociador del Tratado de Maastricht que creó la unión monetaria. Luego fue presidente de la patronal de las cajas de ahorro alemanes y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.

En 2000, el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder logró que Köhler fuese nombrado director general del FMI. Durante estos años, hizo varios viajes a países africanos y se apuntó a la campaña para erradicar la pobreza encabezada por el cantante de U2, Bono. El músico irlandés dijo de Köhler que era uno de los dirigentes internacionales que más se involucraban con África.

Tras finalizar su mandato en 2004, la canciller democristiana Angela Merkel le propuso para presidente de la República, un cargo más simbólico que de poder real. Fue reelegido para un segundo mandato pero dimitió en marzo de 2010 por la gran polémica que había suscitado una entrevista suya durante una visita a las tropas alemanas en Afganistán en la que aparentemente justificaba que estas misiones militares también perseguían motivos comerciales.

“Mi impresión es que nos estamos dando cuenta en nuestra sociedad de que un país del tamaño del nuestro, con su orientación hacia el comercio exterior y por ello dependencia del comercio exterior, debe saber que, en casos extremos, también hace falta la intervención militar para proteger nuestros intereses, por ejemplo rutas de comercio libres o evitar la inestabiliad regional que tendría un impacto negativo en nuestras oportunidades para el comercio, los puestos de trabajo e ingresos”, dijo el presidente alemán.

En los últimos años, Köhler ha participado en gremios de la ONU. Además, este alemán que nació en un pueblo que hoy es Polonia es asesor internacional de Kulczyk Investments, la sociedad que gestiona el patrimonio de una de las familias más ricas de este país de Europa del Este.

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Europa maniobra para meter al Sáhara en el acuerdo comercial con Marruecos

En 2016 el Tribunal de Justicia europeo dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio “separado y distinto (…) del Reino de Marruecos”, tal y como establece Naciones Unidas desde los años 1960. Sin embargo, contraviniendo dicha sentencia, las autoridades alauíes y la Comisión Europea han empezado a diseñar una estrategia para que no se haga efectiva. Además, la Justicia europea dejó abierta la puerta a la inclusión de la antigua colonia española en el acuerdo siempre que “el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento”, pero los últimos acontecimientos indican que ni Marruecos ni el Ejecutivo europeo adoptarán esa vía.

El pasado 19 de abril la Comisión pidió permiso a los 28 estados europeos para renegociar con Rabat el acuerdo comercial, vigente desde 2012. La información fue desvelada por el digital argelino Tout sur l´Algérie, que cita a varios funcionarios y diputados europeos, y subraya que en ningún momento las autoridades europeas incluyeron en ese diálogo al Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas.

La treta legal que preparan la Comisión y Marruecos se centra en la terminología de la sentencia del Alto Tribunal europeo. Una pequeña modificación en el veredicto o en el cuerpo del acuerdo comercial, estableciendo “población del Sáhara” donde actualmente se lee “pueblo del Sáhara Occidental”, reconocería a efectos legales que la población de ese territorio se expresase a través de instituciones marroquíes. Según esta fórmula, los diputados de las circunscripciones del Sáhara serían los encargados de aprobar el acuerdo, y no el pueblo saharaui, como establece la sentencia.

El pasado martes, a iniciativa del eurodiputado Florent Marcellesi (Equo, Grupo Verde Europeo), 23 miembros del Parlamento Europeo de cinco grupos parlamentarios de la izquierda y la derecha europea enviaron una carta conjunta a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y a los comisarios de Economía y Comercio, Pierre Moscovici y Cecilia Malmström, instando a un diálogo transparente (actualmente se negocia en secreto) ante los supuestos intentos de la Comisión por esquivar la sentencia de la Corte europea. Un día después el intergrupo para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo intercedió ante António Guterres, Secretario General de la ONU, aprovechando su visita a esa institución.

“El punto clave de la renegociación entre la UE y Marruecos es el consentimiento del pueblo saharaui”, explicó a La Marea Florent Marcellesi, quien además apoya que el Frente Polisario forme parte de la negociación de dicho acuerdo. “La Comisión y los Estados miembros tienen que dejar de considerar que por un lado está el comercio y por otro el proceso de paz (…) es hora de utilizar el comercio para reforzar el derecho europeo e internacional”, declara Marcellesi desde Bruselas.

Justicia sin prisa

La máxima autoridad judicial europea tardó cuatro años en pronunciarse después de que la Unión Europea y Marruecos, que cuenta con importantes aliados en territorio europeo, firmaran un acuerdo comercial que libera el intercambio de productos agrícolas y pesqueros, siendo este último el rubro más destacado en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de realizar un referéndum de autodeterminación para poner fin a su estatus colonial, según las Naciones Unidas. Desde que España abandonó el Sáhara en 1975, Marruecos controla de facto (ningún país del mundo reconoce su soberanía) la mitad oriental del territorio, la zona con más recursos naturales.

Después de que el Tribunal europeo emitiera su veredicto y excluyera al Sáhara Occidental del acuerdo entre Europa y Marruecos, varios altos cargos marroquíes amenazaron con suavizar sus controles en materia de narcotráfico y emigración. Sin ir más lejos, una semana después de que el comisario de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, reconociera “la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”, el ministro de Agricultura marroquí amenazó con la reanudación de “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”. Esta semana Florent Marcellesi y el diputado Jorge Luis Bail pidieron al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis. que trabaje para que España respete las sentencias europeas.

Los intentos de la Comisión europea por esquivar esta sentencia coincide con una de las etapas de mayor riesgo de conflicto bélico entre saharauis y marroquíes desde que firmaron el alto el fuego en 1991. El periodo de alegaciones, deliberaciones, recursos y debates políticos a nivel europeo, nacional y regional podría extenderse de nuevo a varios años. Mientras tanto, todo apunta a que la aplicación de esta sentencia europea seguirá bajo la fuerte influencia de las posiciones políticas de cada país. Por ejemplo, en enero el gobierno de España se negó a interceptar un carguero noruego procedente del Sáhara Occidental que transportaba harina de pescado a Francia y que paró a repostar en Gran Canaria, a pesar de que la sentencia europea. En cambio,  otros buques comerciales y pesqueros procedentes del Sáhara sí fueron interceptados dentro y fuera de la Unión Europea.
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La dignidad y el desierto

Campamento de Dajla I La Marea

Este texto está elaborado a partir de reflexiones conjuntas con otros miembros de la comisión sanitaria de APSS con que viajé a los campamentos.

Breve historia de la indignidad para con el pueblo saharaui

En el sudoeste argelino, cerca de Tinduf, alrededor de 200.000 refugiados saharauis sobreviven en cinco campamentos desde hace más de 40 años. Son los supervivientes y los descendientes de la huida posterior a la ocupación del Sáhara Occidental por parte del Estado marroquí. Cabe recordar que esta huida por el desierto fue dificultada por los frecuentes ataques militares con armamento convencional y químico del ejército de Marruecos, sin olvidar los cientos o miles de desapariciones forzadas efectuadas por el gobierno marroquí.

El enquistado conflicto del Sáhara Occidental es responsabilidad, en gran medida, de la falta de firmeza del gobierno español desde los últimos días de Franco hasta la actualidad. De hecho, el Sáhara Occidental es el último territorio por descolonizar que queda en África. Según Naciones Unidas, la potencia colonizadora continúa siendo España; es, por tanto, la responsable del proceso de descolonización de este territorio. Continúa pendiente el referéndum de autodeterminación acordado por Marruecos y el Frente Polisario en 1991, solución avalada por la ONU y obviada por la comunidad internacional.

La fragilidad actual de los campamentos saharauis

Esta primavera he tenido la oportunidad de estar en los campamentos saharauis en una comisión sanitaria con APSS, una pequeña asociación catalana. Pude comprobar que su población sobrevive gracias a la ayuda internacional de multitud de ONG y de —la allá a menudo cuestionada— ACNUR. Las ayudas internacionales que reciben son cada vez más escasas, lo cual aumenta aún más la fragilidad de la población refugiada. El enquistamiento y la pérdida de actualidad del conflicto estarían llevando a una disminución progresiva de la ayuda humanitaria.

Las remesas exteriores de familiares saharauis (y de las familias no saharauis) con las que han establecido vínculos, por ejemplo, mediante los programas de vacaciones en paz conforman otra parte muy importante de la economía de los campamentos, así como el establecimiento de pequeños negocios (tiendas de comida, de electrodomésticos y móviles, ropa, reparaciones…) y las corruptelas en que participan algunas personas. Desgraciadamente, todas estas formas actuales de subsistencia llevan a búsquedas individuales de solventar las necesidades básicas y a diferencias sociales cada vez más marcadas entre los refugiados.

Estas personas viven en un territorio cedido por el gobierno de Argel, en el que las posibilidades para desarrollar actividades de economía productiva, más allá del pastoreo de dromedarios, cabras y ovejas, son bastante escasas. Todo esto ha llevado a que gran cantidad de ellas, a menudo con formación universitaria, se habitúe a vivir sin realizar trabajos productivos. Esta habituación al asistencialismo lo fomentamos las personas que visitamos los campamentos: lo comprobamos en pequeños detalles como que los niños nos pidieran con frecuencia caramelos o incluso euros. Quienes realizamos tareas de ayuda humanitaria debemos reflexionar sobre las contradicciones en las que caemos, como ocurrió en mi caso: di caramelos y dulces a los niños y adultos mientras participaba en una acción sanitaria para el control de la diabetes.

Respecto a mi anterior visita hace seis años, tengo la sensación de que una parte probablemente minoritaria pero quizá cada vez mayor de la población saharaui está adoptando estéticas y maneras del integrismo islámico. Esta preocupante tendencia la encontramos más entre gente joven, incluso recién llegada de sus estudios en Cuba. De aumentar, esta moda puede aislar a una población acogedora y tradicionalmente abierta al mundo, al espantar la cooperación.

Una población que era nómada hasta hace sólo 50 años se ha ido sedentarizando y consolidando su residencia en esta región argelina, especialmente seca y calurosa. Por ejemplo, en los últimos años ha llegado la electricidad de forma generalizada, así como Internet. Asimismo, a raíz de las lluvias torrenciales de octubre de 2015, muchas casas reconstruidas y construidas ex-novo están utilizando el cemento en mayor o menor medida (en función del dinero que la familia puede invertir). Así, se sedentarizan aún más alojamientos que tenían vocación de provisionalidad, hasta regresar a la tierra anhelada. Al mismo tiempo, los pocos recursos económicos de que disponen las familias refugiadas pueden verse colapsados el día en que el gobierno de Argel deje de regalarles la electricidad y tengan que pagarla.

La dignidad y el desierto

Pese a todas estas dificultades, la población saharaui refugiada me mostró la dignidad de saber vivir en el desierto y de querer volver a su tierra sin la amenaza constante a sus derechos humanos que padecen los que viven en los territorios ocupados por Marruecos. Los saharauis han construido y consolidado su identidad nacional en menos de 50 años, con valores internacionalistas y de solidaridad.

Recibí de ellos la generosidad y la hospitalidad de quienes saben de la importancia de la solidaridad para sobrevivir en un territorio tan inhóspito como es el desierto.

Me transmitieron la paciencia de continuar viviendo allá con esperanza, si bien percibí el riesgo de continuar sobreviviendo sine die de la asistencia internacional, en un territorio que no es el suyo, desierto de posibilidades de economía productiva más allá del pastoreo. Dicha esperanza puede, por tanto, ir truncándose en desidia y apatía.

Admiré su tenacidad de haber construido ciertos servicios educativos, sanitarios y sociales, pese a la precariedad y las grandes dificultades para mantener a largo plazo lo que construyen. En una parte significativa, dichos servicios se han desarrollado gracias a la solidaridad de los pueblos (español, italiano…) y a la formación de varias generaciones saharauis en el exterior (Cuba, Argelia, Libia…).

Visitar los campamentos es un aprendizaje humano inolvidable. Allá he aprendido un poco del lenguaje de la gente del desierto, que tiene semántica de persistencia, fonética de orgullo y gramática de calma.

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Los presos políticos saharauis de Gdeim Izik: entre el “juicio justo” y el “teatro”

RABAT (MARRUECOS) // Ruido y caos en la sala. Y una tensa doble manifestación en la calle. Arranca el juicio civil a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik. Con el cumplimiento de los derechos humanos en entredicho. La justicia militar impuso pena de 20 años a perpetuidad por 11 supuestos asesinatos, pero el Tribunal Supremo de Marruecos anuló aquellas sentencias por falta de pruebas. El Juzgado de Apelación de Salé asume ahora la reapertura del caso. Tendrán “un juicio justo”, subraya con vehemencia el juez. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tacha la causa abierta como un “teatro” para atacar la línea de flotación de la resistencia del país. El reino alauí, por su parte, busca una doble utilidad ejemplarizante: vender signos de apertura y garantías democráticas ante la comunidad internacional y marcar una frontera clara a los activistas por la independencia del Sáhara Occidental.

Los hechos se remontan al año 2010, cuando el desmantelamiento del denominado campamento Gdeim Izik (“Dignidad”) derivó en graves disturbios. Unos 20.000 saharauis se habían congregado en improvisadas jaimas para reclamar mejores condiciones de vida. Era el “detonante de la primavera árabe”, según analistas políticos como Noam Chomsky. Desde el Sáhara denuncian detenciones arbitrarias, confesiones bajo tortura y falta de garantías procesales. Que no no aparecen los cadáveres ni las autopsias, dicen, y tampoco elementos probatorios claros que signifiquen la autoría de los asesinatos. Marruecos juzga a los detenidos por ” formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”.

Cámaras, móviles, pasaporte… Todo bajo custodia policial

Salé, ciudad vecina a la capital del reino, Rabat, recibe con frío y lluvia al nutrido grupo de observadores y prensa internacional llegados de países como Dinamarca, Noruega, Irak, Lituania, República Checa, Holanda, Portugal o España. Bajo la pertinaz llovizna, guardan cola para acceder al edificio judicial. Algunos personajes se acercan cámara en mano para tirar evidentes primeros planos. “Una forma de intimidar y avisar que nos tienen fichados”, dicen.

Es habitual. Cada rostro, un clic al obturador. La sensación de estar vigilado es continua. Antes de entrar al tribunal, las autoridades locales requisan cualquier dispositivo electrónico: cámaras, teléfonos móviles -“sacad antes las tarjetas de memoria”, avisa un veterano en esas lides- ordenadores… incluso el pasaporte queda bajo custodia de la Policía de Marruecos hasta el final de la jornada.

“Causa 581/2016”, arranca el juez. Las mismas consignas que los manifestantes gritan fuera de la sede de justicia, ensordecen la sala presidida por un tribunal que se afana en pedir orden. La policía no interviene. Marroquíes enarbolan una bandera nacional, se suben a la bancada y vocean: “Tenemos un solo derecho, de Tánger a La Güera”. Un grupo de saharauis responde en castellano: “Viva la lucha del pueblo saharaui”. Los rostros se desfiguran, los nervios se tensan, los dedos señalan, las miradas acusan.

Dentro de una suerte de jaula de cristal sonríen los presos de Gdeim Izik. Levantan el puño. Muestran una calma imponente, ejemplar. Casi incomprensible después de seis años de penoso cautiverio. Las familias de las supuestas víctimas asisten a escasos metros y protestan, vociferan, claman por justicia a sus “mártires”. El día transcurre bajo una insufrible mezcla de nerviosismo y rigidez mezcladas con una parsimonia que acentúa la incertidumbre y alarga el proceso por horas, que pasan lentas. Y frías.

Sólo identificar a los acusados y organizar el juicio cuesta avanzar hasta la pausa de la comida. Al final, el caso de un preso enfermo, Mohamed El Avubi -más Hassanna Aalia, exiliado en España-, se separa del resto de 23 acusados. El juicio a El Avubi será el 13 de marzo. El del resto continúa sin fecha de punto final para la sentencia.

“Este juicio es incomprensible, al no haber ninguna prueba tendría que haber sido declarado de nulo derecho”, resume la activista portuguesa por los derechos humanos Isabel Lourenço. Como han exigido, remarca, “la ONU y la Unión Europea” y organizaciones como Amnistía Internacional o Human Right Wachts. “La detención es ilegal, no hay pruebas ni víctimas, ni cadáveres ni autopsias…”. Nada se sostiene, refiere perpleja Lourenço.

De otro lado, el observador español José María Gil ofrece una perspectiva distinta. “A ver cómo se desarrolla el juicio”, comienza. Pronto precisa sobre los sucesos de Gdeim Izik: “Nos llamó la atención la violencia extrema usada por los criminales, que no les suele ser común en ningún disturbio público”. Relata “degollamientos, lapidaciones, profanación de cadáveres”. Episodios “y métodos característicos de otros escenarios”, puntualiza. “Como en Siria, por ejemplo”. El Campamento de la Dignidad montado a unos kilómetros de El Aaiún “se mostró poroso al yihadismo”, denuncia.

Otros observadores internacionales no lo ven igual. Caso de Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco. “La principal clave”, sostiene, “es la violación del derecho internacional y que a los presos no se les pone en libertad cuando el Tribunal Supremo ha dicho que la sentencia anterior no existe y que no había pruebas para condenarles”. Bajo la “apariencia de un juicio serio”, apunta, discurre un lento camino para “gente que lleva seis años en la cárcel, donde alguno entró con 20 años de edad y con la única prueba de una declaración obtenida bajo tortura”.

Las fases del juicio

El juicio político ha pasado por diferentes fases desde 2010. De las detenciones de los activistas, la mayoría funcionarios y sin antecedentes penales, a la sentencia militar luego anulada por la Corte Suprema y, por en medio, la reforma de la Constitución marroquí en 2011 y del marco legal dos años más tarde que impide a una audiencia castrense juzgar a civiles. La última fase espera resolución en Salé. Y puede que; sea cual sea el resultado, no sea la última. La previsible entrada de Marruecos, en días, en la Unión Africana abre la puerta a una futura etapa en el tribunal sobre derechos humanos de la institución continental. Quizás la última oportunidad de los presos de Gdeim Izik.

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Marruecos retoma el macrojuicio a 24 saharauis del campamento Gdeim Izik

Desmantelamiento del campamento protesta Gdeim Izik, cerca de El Aaiún (Sáhara Occidental).

A las 17 horas de este lunes las autoridades marroquíes volvieron a sentar en el banquillo de los acusados a 24 saharauis por su presunta relación con la muerte de once gendarmes a finales de 2010, durante los disturbios que ocurrieron tras el violento desmantelamiento del campamento protesta Gdeim Izik.

Tras más de seis años en prisión, los 24 imputados se enfrentan de nuevo a las acusaciones de “formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”. Ya en 2013 un tribunal militar de Rabat condenó a los inculpados a penas de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua, pero el juicio fue declarado nulo por incompatibilidades -los 24 acusados son civiles-, la falta de pruebas y la presión internacional. En diciembre de 2016 se reabrió el caso por la vía civil, dando lugar a una primera vista que duró seis horas y que estuvo plagada de momentos de tensión. Aquella sesión fue aplazada por orden del juez después de que los imputados y sus familiares esgrimieran lemas a favor del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.

Tal y como sucedió en ocasiones anteriores, las autoridades marroquíes pusieron trabas a la presencia de observadores internacionales. Francisco Serrano, uno de los cuatro abogados españoles enviados por el Consejo General de la Abogacía Española para observar el juicio, fue retenido a su llegada en Tánger, pero finalmente la policía le dejó asistir al macrojuicio.

De momento el tribunal no ha aceptado las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que destacan el carácter político de este juicio y aseguran que los 21 encarcelados -uno de los tres acusados en libertad condicional, el joven Hassana Aalia, vive en España, aunque el Ministerio del Interior rechazó su petición de asilo político- son víctimas de múltiples violaciones y torturas físicas y psicológicas en la cárcel con las que habrían forzado sus confesiones.

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) convocó manifestaciones frente a los consulados del reino alauí en quince ciudades de España. En Madrid, decenas de personas se congregaron frente a la Embajada de Marruecos para pedir la liberación de los presos políticos saharauis. Frente a la puerta de la delegación diplomática marroquí les aguardaba un saharaui que lleva en huelga de hambre desde el pasado 16 de diciembre para reivindicar “derechos sociales y económicos”.

A finales de 2010 más de 20.000 saharauis residentes en el Sáhara Occidental ocupada por Marruecos erigieron sus haimas a 15 kilómetros de El Aaiún y crearon un campamento protesta bautizado como “Dignidad” (“Gdeim Izik”) para protestar contra las malas condiciones de vida y la discriminación laboral que sufre la población autóctona de la antigua provincia española. Cuando las autoridades marroquíes enviaron a la policía y el ejército a desmantelar el campamento, los saharauis enarbolaron consignas independentistas y se iniciaron los enfrentamientos violentos en los que murieron 11 gendarmes y dos saharauis. En aquel momento, Marruecos expulsó del territorio a todos los periodistas.

El campamento Gdeim Izik fue el precursor de la Primavera Árabe, según varios analistas y pensadores, incluido Noam Chomsky, y el episodio más violento entre marroquíes y saharauis desde que el Frente Polisario y Rabat firmaron el alto el fuego en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación que dirima el futuro del último territorio africano pendiente de descolonización y cuya soberanía, en términos legales, sigue correspondiendo a España.

El juicio se enmarca en un contexto de creciente tensión militar entre ambas partes. Este lunes un diario marroquí filtró que el general Fatalah Uarrak, que la semana pasada fue nombrado máximo jefe militar del país por el rey Mohamed VI, no tendrá entre sus funciones la comandancia de la Zona Sur (Sáhara Occidental), donde el ejército tiene desplegado el grueso de sus tropas. Se trata de un hecho sin precedentes, informa EFE.

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