Líderes del ámbito tecnológico firman una carta para pedir la prohibición de los robots asesinos

Un centenar de nombres destacados del mundo de la tecnología, entre ellos Elon Musk, fundador de Tesla, y Mustafa Suleyman, creador del laboratorio de inteligencia artificial de Google, se han sumado a las decenas de organizaciones sociales, movimientos religiosos, comunidades científicas y activistas que desde hace varios años piden la prohibición de las armas autónomas letales, popularmente conocidas como robots asesinos: máquinas capaces de abatir objetivos humanos en el campo de batalla de forma totalmente independiente, sin la supervisión de una persona, a pesar de su incapacidad para distinguir entre objetivos civiles y militares.

En total 116 líderes del ámbito tecnológico de 26 países firmaron la carta, redactada por el científico y experto en inteligencia artificial Toby Walsh, y dirigida a las Naciones Unidas, la organización en la que año tras año los gobiernos aplazan la prohibición de esta tecnología militar. Entre los signatarios hay tres directivos españoles: Toni Ferrate (RO-BOTICS), José Manuel del Río (Aisoy Robotics) y Victor Martín (Macco Robotics). “Sabes cómo aprenden [los robots asesinos], pero no qué van a hacer con el conocimiento adquirido”, explicó Toby Walsh a La Marea en diciembre, cuando tuvo lugar la última cita gubernamental para abordar el futuro de los robots asesinos.

Este lunes los Estados que integran la ONU tenían previsto reunirse en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales, la misma que en el pasado impidió, por ejemplo, el desarrollo de las armas láser, y que ahora se encarga de dictaminar el futuro de las armas autónomas letales (LAWS por sus siglas en inglés). Los Estados que participan en esta convocatoria decidieron crear un nuevo grupo de expertos para determinar los pros y contras de esta tecnología, pero finalmente volvieron a posponer el encuentro de esta semana hasta noviembre. Desde que Naciones Unidas aborda el futuro de los robots asesinos, los gobiernos que participan en la revisión de esta convención han aplazado una y otra vez su decisión. La última vez fue en diciembre de 2016 (La Marea fue el único medio escrito que cubrió la cita).
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