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La impunidad empresarial

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JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA Y PEDRO RAMIRO * // En 2009, Abengoa presentó una demanda contra México ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. Lo hizo después de que una fuerte movilización social hubiera conseguido la paralización de una planta de gestión de residuos peligrosos de su propiedad en el Estado de Hidalgo, en una zona declarada área protegida por la UNESCO. Cuatro años más tarde, el laudo arbitral emitido por ese tribunal privado dictaminó que la empresa tenía que ser indemnizada con 31 millones de euros.

En 2012, Repsol interpuso ante ese mismo tribunal un recurso contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno de Cristina Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. A la vez, la petrolera emprendió acciones legales ante tribunales nacionales en Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Y se benefició de toda la presión política, económica y mediática ejercida por el Estado español y la Unión Europea. Dos años después, la multinacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y fue compensada con 5.000 millones de dólares en títulos de deuda pública.

En 2014, ACS abandonó el proyecto de construir un depósito de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona tras demostrarse la relación entre las inyecciones de gas y los cientos de terremotos que habían sufrido en esa zona. El Gobierno español asumió los costes del proyecto Castor e indemnizó al consorcio empresarial liderado por la constructora de Florentino Pérez con 1.350 millones de euros. Durante treinta años estaremos pagándolos en la factura del gas.

A principios de 2018, España se enfrenta a una treintena de demandas internacionales de arbitraje presentadas por diferentes transnacionales energéticas, fondos de inversión y sociedades de capital-riesgo. Son conglomerados empresariales que hace una década se lanzaron a hacer inversiones especulativas en el sector de las renovables, esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que hasta 2010 otorgó el Estado español. Pero cuando los gobiernos de Zapatero y Rajoy recortaron sucesivamente esas subvenciones, decidieron utilizar todos los instrumentos legales a su disposición para reclamar el dinero que iban a dejar de ganar. En caso de perder las demandas, el Estado se enfrenta al pago de miles de millones de euros en compensaciones.

Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro —vinculante, sancionador, coercitivo— que se basa en una idea de la seguridad jurídica únicamente vinculada a los intereses comerciales.

Es lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad, que sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo. Y que, mientras tutela con fuerza los intereses de las grandes corporaciones, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular sus obligaciones. Estas se remiten a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es manifiestamente frágil, y a una “responsabilidad social” que opera como un Derecho blando (soft law) basado en la voluntariedad, la unilateralidad y la no-exigibilidad jurídica. Por decirlo con un ejemplo: mientras Abengoa, ACS y Repsol pueden recurrir a tribunales de arbitraje y presionan a los gobiernos para exigirles compensaciones por lesionar sus expectativas de negocio, las comunidades afectadas por las operaciones de estas multinacionales no tienen ninguna instancia internacional a la que llevar sus demandas.

Como se recoge en su Estrategia 2020, la política comercial y la acción exterior de la Unión Europea se orientan a “crear un entorno favorable para las empresas y facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. En este marco, todos los tratados de ‘libre comercio’ y los acuerdos de asociación firmados en los últimos años, junto a otros muchos que se están negociando en la actualidad tanto a nivel bilateral como multilateral, sirven para otorgar plena seguridad jurídica a esos negocios empresariales. La lex mercatoria avanza adecuando las diferentes normativas nacionales e internacionales a los intereses de las grandes corporaciones, fortaleciendo la armadura jurídica de la que estas son las principales beneficiarias.

No obstante, a pesar de este contexto de asimetría normativa entre el Derecho Corporativo Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se está avanzando en la formulación y puesta en práctica de propuestas alternativas para enfrentar la arquitectura jurídica de la impunidad. Diferentes organizaciones sociales, sindicatos e instituciones públicas están planteando la implantación de mecanismos de control para que, por lo menos, los derechos humanos se coloquen al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas. Entre esas propuestas se encuentran, por ejemplo, denunciar los acuerdos comerciales cuando concluya su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; promover una normativa internacional para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos en todo el mundo; crear una corte mundial que complemente los mecanismos nacionales, regionales y universales. Todo ello con el objetivo de garantizar que las personas, comunidades y pueblos afectados tengan acceso la justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

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Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

Mariano Rajoy junto al presidente Michel Temer. Foto: Mercosur.

Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país, que afecta a 57 empresas públicas e infraestructuras. Este martes fue más allá al anunciar que sopesaba privatizar también Petrobras, la petrolera semiestatal de Brasil que es, además, la compañía más grande de América Latina.

Varias de estas privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores.

Varias privatizaciones coinciden con peticiones formuladas a Temer por empresarios españoles. De las 57 empresas públicas en venta, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90. Destacan el rol y la presencia de las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL, que ya han mostrado interés por un lote de ocho autopistas y otras infraestructuras; Telefónica, que estudia hacerse con el control del primer satélite nacional de Brasil (su principal mercado, por delante de España); en el sector energético, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de España estudian pujar por varias centrales hidroeléctricas, empresas de distribución (incluida Eletrobras, la mayor eléctrica del país), líneas de transmisión y pozos petrolíferos.

El presidente Michel Temer con Ana Botin, presidenta del Grupo Santander. Foto: Beto Barata/PR.

Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con el control de algunos de los aeropuertos más rentables y transitados del país, además de la autopista Ferrovia Norte-Sur, la “espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”. Algunos analistas apuntan a que el Banco Santander (tercera mayor entidad bancaria de Brasil), será uno de las que sacarán más provecho al financiar concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

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Las grandes eléctricas aumentan beneficios y evitan dar la cara

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Foto: IBERDROLA

MADRID // 2016 fue un buen año para las tres grandes empresas eléctricas de España. En su conjunto, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa obtuvieron un beneficio neto de 5.463 millones de euros, un 9% más que el año anterior. La eléctricas confirman o incluso aumentan los dividendos en los próximos años.

Endesa, cuyo accionista principal es la empresa semipública italiana Enel con el 70%, ganó 1.411 millones de euros, un 30% más que en 2015. Unas cifras millonarias, pese a que la producción de electricidad en la península Ibérica —el único mercado donde opera después de que los italianos se hicieran con todo el negocio en Latinoamérica—, cayó un 7,7%. La compañía presidida por Borja Prado dedica el 100% del beneficio al pago del dividendo, del que el Estado italiano se lleva una buena parte.

Gas Natural Fenosa ganó 1.347 millones de euros, un 10% menos que en 2015, algo que la empresa atribuye al impacto negativo de las divisas latinoamericanas. España aporta el 55% al resultado operativo (Ebitda), y la producción de electricidad bajó un 9,7%. La empresa, que ha sido controlada desde hace décadas por La Caixa y Repsol, dedica el 74,3% de su beneficio a dividendo, en total 1.001 millones de euros.

Iberdrola, por su parte, subió el beneficio neto un 11,7%, hasta alcanzar los 2.705 millones de euros. España aporta el 45% a la producción eléctrica. La generación de energías renovables aumentó ligeramente (ya representa el 40,8% del total de la producción de Iberdrola en el mercado doméstico) y la producción hidráulica se disparó un 48,2%. La falta de viento y de lluvias es uno de los factores que se han alegado para explicar la fuerte subida del precio de la luz a principios de este año (aunque esto se verá reflejado en las cuentas del 2017). El resultado operativo subió un 5% gracias a la mayor producción de energía. La empresa presidida desde hace más de una década por Ignacio Sánchez-Galán ha anunciado que subirá el dividendo de aquí hasta 2020 un 30%, y dedicará entre el 65% y el 75% de su beneficio a la retribución del accionista.

Hasta aquí las cifras. Los periodistas no tuvieron la oportunidad de preguntar a los máximos responsables de las eléctricas por temas controvertidos como la subida de la luz en enero o la pobreza energética porque hace tiempo que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que dedican amplios recursos a campañas publicitarias y están entre los principales anunciantes de muchos medios de comunicación, no ofrecen ruedas de prensa para presentar sus cuentas anuales. Se limitan a dar explicaciones en conferencias telefónicas a los analistas, que no suelen preocuparse por cuestiones sociales.

En otros sectores existe más transparencia. Los bancos, por ejemplo, no solo convocan una rueda de prensa para presentar las cuentas anuales, donde comparece el presidente o presidenta de la entidad. También invitan a los medios cada trimestre para que el consejero delegado dé cuenta de la marcha de los negocios.

En el pasado, Endesa —antes de que cayera en manos de Enel— e Iberdrola sí celebraban ruedas de prensa anuales donde daban la cara. Sánchez-Galán se limitó este año a dar una entrevista a la agencia norteamericana Bloomberg TV. Esta práctica de esconderse de preguntas incómodas de los periodistas no es exclusiva a las eléctricas. La petrolera Repsol acompañó esta semana la nota de prensa de sus resultados del 2016 con un videomensaje de su presidente Josu Jon Imaz, expresidente del Partido Nacionalista Vasco. Algunos medios de comunicación publicaron este mensaje por plasma en sus páginas web, tal cual.

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