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Los faroles de Rajoy y Puigdemont

Juego de naipes. Foto: Nacho Gonmi.

Un conflicto en los términos que el Estado español planteó el pasado 1 de octubre en Catalunya no va a ser tolerado en el seno de la Unión Europea. Ese día, a primera hora de la tarde, cuando las imágenes de la brutal represión policial ya ocupaban las portadas de toda la prensa digital de referencia internacional, alguien dio la orden de parar esa barbaridad que el gobierno y las fuerzas policiales habían previsto mantener hasta la noche. Aquel día, la Unión Europea (UE) estableció unas nuevas reglas de juego para la cuestión catalana: respeto a la constitución, sí; violencia contra ciudadanos pacíficos, no. Se trata de una presión de mínimos, puesto que la UE sigue en la línea de no intervención en un “problema interno”, pero supone un duro condicionante para un gobierno del Partido Popular que estaba dispuesto a justificar tanta violencia policial como fuera necesaria para acabar con el movimiento independentista amparándose en la legislación española. Al fin y al cabo, según la Constitución, España es indisoluble e indivisible y las fuerzas armadas tienen la misión de defender la unidad territorial.

El plan represivo de Mariano Rajoy, apoyado por amplios sectores del nacionalismo español y muy bien resumido por el ‘a por ellos, oé’, es inaplicable a día de hoy. Una reacción violenta por parte de algunos sectores del independentismo habría cambiado el relato por completo, abriendo así la vía de la impunidad para la policía española. Pero, a pesar de la campaña de manipulación posterior, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, las imágenes de la brutalidad de ese día merecen pocos matices en el ámbito mediático y político internacional. Rajoy jugó la carta de la represión sin tener en cuenta que la prensa internacional no iba a ser tan servicial como los periodistas de El País o La Razón, y se quedó sin juego.

Por su parte, Carles Puigdemont ya había previsto este escenario violento, consciente de la presencia de miles de policías antidisturbios en el puerto de Barcelona que habían llegado con la misión de evitar el referéndum. Obviamente, el día 1 de octubre no se iban a quedar en el barco, y la represión, según la planificación de los sectores independentistas, supondría el punto de inflexión para que la comunidad internacional intermediara finalmente en el conflicto catalán. Esta era la última buena carta con la que contaba el gobierno catalán: mostrarle al mundo hasta dónde estaba dispuesto a llegar el ejecutivo de Rajoy para evitar la expresión de una voluntad política legítima. Y, a pesar de las condenas, la jugada a Puigdemont también le salió mal. La Unión Europea no cambió ni una sola coma de su argumentario a la hora de justificar la no intervención en esta cuestión, más allá de hacer un llamamiento a la no violencia.

El día 2 de octubre, Rajoy y Puigdemont se quedaron sin juego y, desde entonces, han ido de farol, hasta que finalmente hemos descubierto sus cartas. Conocedores de que ni uno ni el otro podía ganar en esta ronda, el día 26 de octubre casi se llegó a un acuerdo de rendición mutua y temporal para que Puigdemont convocara elecciones a cambio de una aplicación suave, casi simbólica, del 155. Tanto Rajoy como Puigdemont se encontraron entonces entre la espada y la pared. Por una parte, las bases españolistas pedían a gritos arrasar con saña la autonomía catalana, no un 155 descafeinado. Por otra, con la mera difusión del rumor de la convocatoria de unas elecciones autonómicas por parte del presidente de la Generalitat, muchos independentistas ya señalaron a Puigdemont como el gran traidor de la causa. Ante tal presión interna, los dos gobernantes optaron por doblar la apuesta y seguir con el farol.

El día 27 de octubre Puigdemont permitió la votación en el Parlament de Catalunya para declarar la independencia e impulsar el proceso constituyente de la República Catalana, entre muestras de júbilo y celebración histórica en las calles de Barcelona. En Madrid, Rajoy realizó una soflama constitucionalista en un Senado enfervorecido que sirvió para satisfacer a aquellos sectores sociales y políticos que exigían mano dura. Pero todo era un gran farol. Mariano Rajoy sabía que, con periodistas de todo el mundo en Barcelona, con una oposición absolutamente pacífica y con la advertencia europea, su idea de un 155 duro era inviable, más allá de la destitución del gobierno y el control titular y provisional de las instituciones catalanas, que no es poco pero es una ínfima parte de lo que a priori se anunció.

Rajoy no ha entrado en Catalunya como advirtió porque sabe que es imposible sin un grado de violencia, represión e intervención inauditas en democracia. De ahí que convocara elecciones en Catalunya lo antes posible, como casi había acordado el día anterior con Puigdemont. El gobierno catalán, por su parte, después de la declaración de independencia, ha cedido de facto a las demandas del 155, ha abandonado sus despachos y parte de él se ha presentado ante la justicia, motivo por el cual ocho de sus miembros se encuentran encarcelados. Además, va a presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. El suflé, a pesar de los graves acontecimientos de estos días, se ha rebajado y lo que se preveía un escenario de violencia y resistencia en las calles de Barcelona es ahora una nueva ronda de la larga y tediosa partida de póquer llamada ‘procés’.

Los recursos políticos son casi inexistentes en el bando gubernamental, que se ha jugado el éxito de su estrategia a la represión institucional, la persecución judicial y el despliegue de su diplomacia internacional. Por otra parte, Puigdemont juega a día de hoy una buena pero arriesgada carta, la de la internacionalización forzosa. Un cuestionamiento del ordenamiento jurídico español por parte de la Justicia belga en el contexto del proceso de su extradición y la de sus consellers incrementaría la presión sobre la Unión Europea, que asiste a este choque institucional en un silencio casi inquebrantable.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, titulaba su querella contra el gobierno catalán y los miembros soberanistas de la mesa del Parlament con un jocoso ‘más dura será la caída’. Cabe que nos preguntemos: ¿la caída de quién? Con Rajoy y Puigdemont reforzados por sus formaciones y sus socios eventuales, quien de momento muestra más flaquezas es el régimen del 78, germen de una disputa política impropia de un estado moderno y democrático. El presente ordenamiento jurídico nos aboca a un tenebroso callejón sin salida. Como ya ha anunciado el triunvirato constitucionalista (PP, PSOE y Ciudadanos), si las fuerzas independentistas vuelven a ganar y a implementar sus programas electorales, se aplicará más 155 y se producirán más encarcelamientos. No hay democracia que pueda aguantar tal aberración por mucho tiempo, así que tan sólo hay dos salidas: la reforma progresista y el reconocimiento del soberanismo catalán como movimiento político legal y legítimo o la deriva hacia un autoritarismo selectivo, respaldado por una legislación que bien puede reformarse en este sentido, aplicable a determinados territorios o ideologías. El tiempo de los faroles está expirando.

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Ecos de tiempos no tan lejanos

Franco en Reus (1940). Foto: Joan Barceló.

Miguel García Lerma es doctorando en Historia Contemporánea.

El escenario está montado, y el teatro de guiñol comienza su función sin más guión aparente que un choque de trenes auspiciado por las “derechas” casticistas que poco o nada quieren solucionar,. La liebre ha sido levantada, y nadie se quiere cobrar la pieza. Por un lado, los exconvergentes, que reculan cuando les han quitado la red de un salto que llevan anunciando a bombo y platillo años. Por otro lado, el “Gobierno de la Nación”, que nunca ha aceptado la pluralidad de ésta más que para el voto de los Presupuestos Generales del Estado, siempre que le ha hecho falta pactar con la derecha nacionalista. Ya lo sabíamos, pero hoy día sorprende a muchos el hecho de que la pasta siempre se entienda con la pasta, independientemente de la bandera que la expida.

Para aquellos que partimos de una perspectiva de izquierdas que asume, en cierto sentido, algunos de los horizontes programáticos e ideológicos de la izquierda rupturista de este país, consideramos que el derecho de autodeterminación es, si me permiten el vulgarismo, “sagrao”. Sagrado porque es un derecho inalienable de los pueblos según varios documentos de organismos internacionales. Sagrado porque también los ciudadanos y ciudadanas debemos participar en la toma de decisiones del encaje territorial de nuestro estado. Sagrado, porque ha sido uno de los principios fundamentales que ha configurado el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y ha permitido la descolonización de países brutalmente explotados por sus metrópolis.

Y pese a las profundas reservas que el que suscribe tiene ante el formato de referéndum que ha propuesto la “Cheneralitá” (usando de modo jocoso como llamaba a la institución un catalán universal como era Ivá), no podemos cerrar los ojos ante la movilización que está dándose en Cataluña. Y como reservas no nos faltan, no tanto por el proceso en sí, sino por los mecanismos legales que se han puesto en marcha para desarrollarlo, y la mano que dirige el timón (una derecha tan nacionalista y corrupta como el Partido Popular)

Pero en este artículo quiero simplemente analizar la otra parte, la gestión del gobierno Popular, desde una perspectiva discursiva. No vamos a entrar en las grandes declaraciones, o en las líneas programáticas, sino en dos elementos que considero elocuentes. Porque, como dice el refranero, ‘de casta le viene al galgo’, y cuando las cosas están mal, las viejas pulsiones salen a la luz. Vamos a ello. Por un lado la preocupación por el Orden Público, y por otro lado la reaparición misteriosa del término “propaganda ilegal”. A aquellos más jóvenes, les sonará a otro elemento del tedioso lenguaje político, pero por mi profesión (investigador histórico), puedo vislumbrar parte de la significación que tiene el uso del lenguaje en esta circunstancia. Con respecto al primer elemento, al menos sobre papel, desde la constitución de 1978 no tenemos unas Fuerzas de Orden Público (FOP), sino unas Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

“¡Es lo mismo!”, dirán algunos, “otro eufemismo para llamar a la misma cosa”. Pero los términos tienen una significación profunda, y hay matices. Si bien ambas definen a “profesionales de la violencia institucional” -por muy polémico que pueda resultar el término-, el uso de FOP está asociado a la judicialización de actitudes políticas (entendiendo que ciertas reivindicaciones políticas alteran el orden público), mientras que el uso de FSE está asociado a la protección de la seguridad de la ciudadanía, partiendo de sus derechos y libertades. O de una manera mas simple, el concepto orden público tiene un elemento represivo, y el concepto seguridad ciudadana, un elemento democrático. O ese fue el cambio que se nos acentuó en el mundo académico y en los investigadores de la Transición Española en un momento que se planteaba el debate sobre la no depuración del personal policial de la dictadura. Cambio que el gobierno del Partido Popular, al parecer, se empeña en olvidar.

El segundo elemento que ha salido estos días a colación es el de la propaganda ilegal. Si bien no existe como elemento en nuestro Código Penal, ha estado presente en boca de nuestros dirigentes en la última semana, con el absurdo de ver a las FSE persiguiendo carteles e imprentas. El concepto de propaganda ilegal, una vez más, asumido por nuestro gobierno de la dictadura, fue un mecanismo contra los vencidos de la guerra en un contexto de represión. Sobre todo a la altura de la década de los años setenta, cuando constituyó una de las principales razones de encausamiento de disidentes políticos por el Tribunal de Orden Público. Quizás estos pequeños “lapsus” terminológicos podrían ser simples construcciones lingüísticas, sin mala fe, ante la celebración de un referéndum que excede el marco legal de nuestro ordenamiento jurídico. O quizás el uso de “viejas palabras” por los herederos de una cultura política que considera, como Fraga expuso en 1976, que la calle es suya.

Pero lo cierto es que el tratamiento del problema ha pasado por una judicialización del hecho político, es decir, se enmarcan actitudes políticas dentro del ámbito judicial, en lugar de ofrecer soluciones políticas a un problema que va más allá de una legislación concreta. Lo que no entiende el gobierno es que dos millones de personas en la calle no pueden constituir un colectivo a encarcelar y reprimir. Y si, recuperando estos ecos de un pasado no tan lejano, quizás de forma leve, pero muy significativa, el gobierno nos está diciendo que no tiene problema en encuadrar, dentro de una democracia, actitudes políticas fuera de la ley, que tiemblen no solo los activistas catalanes, si no cualquier activista social de este país (o país de países, como se prefiera). Porque se va a convertir en un problema de orden público. Porque su propaganda va a ser ilegal. Y hay que estar atentos, porque este giro no es sino el primer paso de una deriva autoritaria, que una vez iniciada, como el mismo ‘Procés’ en sí, no sabemos como va a acabar.

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El deseado apocalipsis (it’s a hard rain’s a-gonna fall

Tormenta solar. Foto: NASA

No podemos imaginar el mundo sin su final. Somos, al parecer, la única especie consciente de su finitud, consciente de la muerte. Y esa conciencia se aplica a lo que nos rodea. En un rato, en un año, en mil, en uno o cien millones de años, todo se acabará. Pero al mismo tiempo somos incapaces de imaginar la nada, lo que hay (no hay) después de la destrucción completa. Nos resulta más fácil visualizar el proceso de la destrucción, y ante una destrucción tan completa, ante una explosión de energía tan descomunal, durante mucho tiempo se necesitó la poesía para expresarla. El Apocalipsis de San Juan es un texto poético, lleno de imágenes y metáforas. También lo son los textos del milenarismo: confrontados con la imposibilidad de expresar lo que significa el apocalipsis, lo transformamos en poesía o en espectáculo. Y ese proceso, paradójicamente, lo vuelve atractivo, apasionante. También las penas del infierno se habían convertido en excitante espectáculo en los frescos y en los textos medievales. Gore para el pueblo.

Hay un placer innegable en la destrucción, en parte catarsis y en parte venganza: no soy yo solo el que sufre, todo perecerá. Y mi impotencia se ve compensada por mis fantasías de omnipotencia al imaginar un mundo arrasado. En palabras del Comité Invisible (A nuestros amigos): “Nada es más viejo que el fin del mundo. La pasión apocalíptica no ha dejado de obtener, desde tiempos muy remotos, el favor de los impotentes”.

La proliferación de fantasías apocalípticas, resulta casi banal decirlo, depende de lo arraigado que esté el miedo en una sociedad. Miedo al futuro, no sólo a la desaparición, a la propia obsolescencia, también al sufrimiento con el que el futuro nos amenaza. Hay algo de hipocondría en ese miedo, que en ciertos momentos se vuelve hipocondría social: observamos los síntomas de la enfermedad en nuestro entorno, en las instituciones, en las formas de vida, e imaginamos una enfermedad mucho más grave de lo que podemos discernir, una enfermedad que afecta ya, a escondidas, a todo el organismo.

I’ve seen the future, brotther
it is murder;
things are going to slide,
to slide in all directions,
canta Leonard Cohen.

El futuro es, desde hace tiempo, el horror. La palabra “porvenir” se ha quedado obsoleta; labrarse un porvenir, tener un gran porvenir, ya nadie usa esas expresiones. Lo por venir parece que sólo puede ser peor. Por eso lo que importa hoy es el presente. Entonces, como el futuro es ya siempre apocalíptico, la única manera de evitarlo es que no pase el tiempo. Los mundos virtuales ofrecen un sucedáneo de detención de los cronómetros. La simultaneidad es una manera de negar la cronología: si puedo estar en varios lugares a la vez (aquí, donde está mi cuerpo y de forma simultánea en todas mis pantallas), eso significa que el tiempo, tal como lo entendíamos, no existe. Soy eterno. Soy indestructible. Como también lo demuestran todos esos juegos que me permiten empezar una y otra vez el mismo trayecto, con los mismos obstáculos, en los que el game over nunca es definitivo; los juegos tradicionales en los que interviene el azar y que siempre entrañan algún tipo de variación no podían darnos ese poder; tampoco las novelas. La novela niega el futuro: absorbe la conciencia en una historia que ya está concluida de antemano, nos salimos del tiempo natural para adentrarnos en un tiempo artificial ya concluido. Pero ese tiempo y ese espacio paralelos son finitos e irrepetibles. Y ni siquiera los ritos tribales para renovar el mundo lo consiguen del todo: el burdo eterno retorno que nos ofrece la reiteración inevitable de la liga de campeones o las olimpiadas no va unido a una fe –como sí lo estaba en algunas religiones- en la renovación del mundo. Su constancia nos tranquiliza, pero no nos consuela de la pérdida por llegar.

Y aunque lo digital nos haya abierto el camino a ese espacio utópico de la reproductibilidad y la simultaneidad perfectas que antes nos estaba vedado, reconocemos el espejismo. Nuestra mente puede perderse en los laberintos de lo virtual pero nuestro cuerpo envejece, se consume, se deteriora. La mano que mueve el joystick nunca es la misma, sus células mueren a millones.

Así que no podemos negar la conciencia de la destrucción, individual y colectiva. El fin está cerca, como nos recuerdan regularmente sectas de alucinados (por cierto, el próximo fin del mundo está vaticinado para el 23 de septiembre de este año).

Hasta no hace tanto, el apocalipsis pertenecía al dominio de la religión, porque exigía un poder sobrenatural: sólo estaba en manos de Yahvé, de Zeus, de Shiva. Y con frecuencia su furia destructora no se debía al capricho de la divinidad, sino que era Dios quien nos castigaba por nuestros pecados. De la misma manera que no podemos imaginar la vida sin la muerte, tampoco podemos hacerlo sin darle un sentido, así que el miedo al final –y el placer provocado por la destrucción- se cargaba de significado y los profetas podían regocijarse con el castigo a la maldad humana.

Hoy, que no necesitamos dios alguno para destruir el mundo –la energía atómica y el cambio climático pueden ocuparse de esa engorrosa tarea- hemos heredado esa concepción moral del fin. Pero nuestros miedos son en parte independientes del contexto real, que sólo sirve para darles forma. Hay numerosas novelas recientes que muestran las consecuencias globales de un sistema de producción depredador (el último que he leído, Algo, ahí fuera, de Bruno Arpaia, que prevé un mundo destruido por el cambio climático y el fanatismo). Y no es que debamos minimizar su carácter premonitorio, pero el miedo al apocalipsis es más difuso y las causas concretas son sólo la percha de la que colgamos nuestros temores. Por eso hay escritores que imaginan un apocalipsis causado por algo inasible, casi una abstracción (la Intemperie, en la novela El año del desierto, de Pedro Mairal, el Mal, en Quema, de Ariadna Castellarnau, la Nada, en La historia interminable, de Michael Ende).

Como toda construcción del imaginario social, el apocalipsis tiene una utilidad. En la superficie, siempre ha servido para dar rienda suelta a nuestras fantasías destructoras; a un nivel más profundo se ha usado como ancla ideológica de los reformadores sociales –y religiosos-: el fin del mundo creado por la mezquindad, la estupidez o la avaricia humanas se relatan y se convierten en mensaje en la pared para advertir de lo que nos aguarda si no recapacitamos. Pero su uso principal ha sido el de soporte ideológico a la represión: si de todas formas va a llegar la lucha definitiva contra el mal, ¿por qué no anticiparnos y sumarnos a ella antes del último momento? De hecho, las fantasías apocalípticas del milenarismo llevaron a decenas de millares de personas a perpetrar saqueos, incendios, asesinatos, violaciones… en el nombre del Dios de los ejércitos.

En nuestra época descreída el apocalipsis (la amenaza de apocalipsis) sigue gozando de buena salud, en el cine, en la literatura, en la vida política. Demos otra vez la palabra al Comité Invisible: “…la apocalíptica ha sido íntegramente absorbida por el capital, y puesta a su servicio… la fantasía apocalíptica… solo es enunciada para exigir los medios que puedan conjurarla, es decir, en la mayoría de los casos, la necesidad de gobierno.” Y el miedo (a los judíos, a los moros, a los comunistas) siempre fueron buenas herramientas de gobierno. También el miedo al apocalipsis. El primer gran programa medioambiental donde se habla de la necesidad de detener la destrucción del planeta se lo debemos a la administración Nixon, que lo usó (y la prensa se lanzó con entusiasmo a secundarlo) para unir al país, es decir, para proponer una tarea casi planetaria en la que todos lucharían con el mismo fin. Olvidemos los conflictos sociales, olvidemos las injusticias, por supuesto la lucha de clases y la explotación racial, porque tenemos una tarea más urgente: la salvación del mundo. Ante el apocalipsis todas las demás tareas se vuelven secundarias. Y no es que sea erróneo luchar contra la destrucción de la capa de ozono, contra la extinción de las especies, contra la contaminación de las aguas, contra todas esas formas de apocalipsis que nos acechan, pero con la conciencia de que son síntomas, y que lo que hay que combatir son, sobre todo, las causas. Porque el Mal, la Intemperie, la Nada, están ya entre nosotros, en muchos espacios que ni siquiera miramos porque estamos fascinados por un futuro supuestamente aterrador.

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De las prisiones para homosexuales a las prisiones para mujeres

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Foto: TURISMO DE BADAJOZ

Artículo incluido en el dossier dedicado a las Rutas de la memoria, publicado en #LaMarea51. a A la venta en nuestra tienda online por 1,90 euros o en kioskos por 4,50 euros.

La Modelo de Barcelona, la de Valencia y Carabanchel en Madrid habilitaron módulos para presos homosexuales, represaliados en aplicación de las leyes de Vagos y Maleantes y Peligrosidad Social. Pero no fue suficiente. La dictadura franquista habilitó dos cárceles específicas para estas personas. Una en Badajoz para “pasivos”, y otra en Huelva para “activos”. El primero acoge hoy el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Y el segundo, protegido como Lugar de Memoria por la Junta de Andalucía, está lleno de basura.

Las condiciones de vida en las cárceles durante el franquismo fueron terribles. El historiador José María García Márquez describe la penuria en la Prisión Provincial de Sevilla, donde murieron 494 presos entre 1936 y 1954. La mayoría de las muertes, 428, se produjo en un solo año como consecuencia del hambre. Otro colectivo represaliado específicamente por el régimen franquista fueron las mujeres.

Durante la Segunda República, la entonces directora de Prisiones, Victoria Kent, cerró la vieja prisión de Málaga por su insalubridad. Sin embargo, y a pesar de esas nefastas condiciones, fue reabierta por los falangistas para encarcelar a las mujeres de los rojos, con quienes experimentó Vallejo-Nájera. “Kent propició el inicio de prisiones de construcción nueva, donde hubiese una reinserción real. Y la prensa local de la época recoge fotografías de ella visitando las obras de la nueva prisión provincial, para unas 500 o 600 personas.

Al entrar las tropas franquistas en la ciudad, esta cárcel se quedó pequeña, se hacinó hasta límites insoportables. Y a las mujeres se las trasladó a la vieja, que se inundaba, que tenía humedades… A ellas se dedicó el sitio más inhóspito”, explica la profesora de la Universidad de Málaga Encarnación Barranquero, investigadora y autora de diversas obras sobre la represión hacia las mujeres. Aquella cárcel es hoy la sede del cuartel de la Policía Municipal de Málaga.

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