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Impunidad en Honduras

Tegucigalpa (Honduras) // A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer a periodistas que estaban en el punto de mira de los sicarios que hacen el trabajo sucio. En contadas ocasiones se detienen a los autores materiales de los asesinatos. Casi nunca a los hombres poderosos que han dado la orden y han pagado la sangre derramada.

Un día de abril de 1990 tuve ocasión de charlar largo y tendido con mi amigo Lucho Morales en el departamento de Ayacucho (Perú). Volvíamos de una zona muy conflictiva empotrados en un convoy militar por carreteras ideales para las emboscadas cuando me dijo entre murmullos: “Sé que un día me matarán, pero qué puedo hacer para evitarlo”. Sabíamos tanto él como yo que la única solución era huir de aquella ciudad, capital del departamento en el que había nacido y crecido Sendero Luminoso, el ISIS de la época, y donde el terror y la muerte, ejercidas por el grupo guerrillero y las fuerzas armadas, eran pasatiempos diarios. Pero no me quiero ir de la ciudad donde nací, crecí y me hice periodista”, cortó cuando se cansó de escuchar a un joven periodista español que le rogaba que se marchara a Lima, la capital peruana donde ya vivía su familia.

Quince meses después, el 13 de julio de 1991, me llegó la noticia de su asesinato. Había sido tiroteado cuando abandonaba su casa en Ayacucho. Nadie reclamó la autoría del crimen, pero se consideró responsable a Sendero Luminoso aunque también pudo ser el Ejército. Recuerdo que un reguero de lágrimas me acompañó mientras escribía un texto recordando mi relación con aquel valiente periodista.

Una compañera de Reporteros sin Fronteras me dio sus datos y subrayó que se trataba de “una mujer amenazada de muerte que es valiente como ella sola”. Al encontrarme con Dina Meza en un hotel de Tegucigalpa pienso inmediatamente en esas palabras: “Amenazada de muerte y valiente”. Me viene a la memoria Lucho Morales: él también estaba amenazado de muerte y era muy valiente. Pero, evidentemente, no se lo comento.

Dina Meza, nacida en diciembre de 1962 y madre de tres hijos, es una periodista independiente que defiende sin tregua los derechos a la libertad de expresión e información en un país roto por la violencia y la inestabilidad. En el año 2007 recibió el premio especial de Amnistía Internacional de Reino Unido para periodistas en riesgo y, en 2014, fue galardonada con el premio Oxfam Novib/PEN International a la Libertad de Expresión. Hoy es la presidenta del Centro Pen Honduras y ejerce de corresponsal de Reporteros sin Fronteras, y desde mayo de 2014 es acompañada permanentemente por miembros de Brigadas Internacionales de Paz, una organización internacional que brinda protección a personas que sufren amenazas y hostigamientos continuos.

Dina es poco partidaria de hablar de su situación personal. Sabe que ser periodista en Honduras es peligroso si denuncias los excesos del Estado, la corrupción de las grandes empresas hidroeléctricas y mineras y las vinculaciones del narcotráfico con sectores gubernamentales. Pero también lo es ser activista o abogada de derechos humanos, ser líder indígena que lucha por que no te esquilmen tu tierra, ser lesbiana o, simplemente, ser mujer.

Por ejemplo, si eres mujer y te matan, tu asesinato tiene un 95% de posibilidades de quedar impune, como ha ocurrido con los 417 casos de mujeres asesinadas entre 2017 y los primeros días de 2018, según el Centro de Derechos de la Mujer. Las autoridades solo investigaron 15 de los 483 casos de mujeres asesinadas en 2016 y solo en dos casos se obtuvieron sentencias condenatorias. “Vamos a impulsar desde la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos una red de periodistas en siete departamentos del país con el objetivo de formar comités locales que defiendan la libertad de expresión y comunicación y presenten denuncias ante la fiscalía contra los perpetradores de las amenazas”, me cuenta a los minutos de conocernos y saludarnos cariñosamente como si fuéramos viejos amigos.

Dina se tuvo que marchar del país entre enero y mayo de 2013. Aprovechó para realizar una maestría en la Universidad de York. “Me fui porque las amenazas eran muy intensas e insoportables”, recuerda. En aquellos años estaba denunciando en sus reportajes el comportamiento de terratenientes que habían arrebatado las tierras ancestrales a los pobladores indígenas.

El 18 de abril de 2012, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional emitió una acción urgente con el fin de salvaguardar la vida de la periodista y defensora de los derechos humanos tras recibir amenazas de violencia sexual por teléfono. Semanas más tarde, a su hijo de 19 años le obligaron a entregar el teléfono en un autobús y le quitaron la tarjeta. “Manténte tranquilo porque hay hombres armados vigilando desde la parte de atrás del bus”, le dijo el hombre mientras le abría el teléfono. A su hija la siguieron por la calle y le tomaron fotografías. La propia Dina sufrió un intento de secuestro en un taxi y la presencia   de hombres armados cerca de casa era constante. Un hombre y una mujer se presentaron un día en su casa haciéndose pasar por funcionarios públicos. Fue la primera vez que decidió cambiarse de casa. Desde 2012 ya lo ha hecho cinco veces.

“¿Hay que tomarse las amenazas en serio en Honduras?”, le pregunto. “A veces cometemos el error de no hacerlo, pero es importante tenerlas en cuenta siempre. Pensábamos que nunca matarían a Berta Cáceres, ambientalista respetada mundialmente, y lo hicieron hace dos años”, explica con sencillez.

El día anterior se lo pasó en la Dirección General del Sistema de Protección, que es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, acompañando a dos de los 38 periodistas hondureños que tienen medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o están bajo la tutela de la hondureña Ley de Protección a defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, en vigencia desde mayo de 2015.

Varios periodistas tienen causas abiertas y otros, como Milton Robles, han tenido que abandonar el país después de publicar reportajes de investigación sobre bandas armadas conectadas con la policía. Vive en España desde diciembre de 2016 con el apoyo de Reporteros sin Fronteras. También se fueron Félix Molina después de ser baleado en las dos piernas en mayo de 2016 y Fred Alvarado tras sufrir un intento de secuestro por encapuchados. Fred, que recibió en 2016 el Premio Escribir sin Miedo, que promueven Pen Canadá y Pen Honduras, con el patrocinio de la Embajada británica de Guatemala, es hijo del también periodista Julio Ernesto Alvarado, quien ha sido víctima de la criminalización judicial e intento de inhabilitación de su oficio por denunciar un caso de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Carlos Alejandro Ponce tuvo que marcharse a Argentina en septiembre del año pasado gracias a la ayuda económica conseguida por sus compañeros hondureños. Sus reportajes sobre la corrupción en el gobierno y en la UNAH le habían supuesto serias amenazas de muerte que le obligaban diariamente a cambiar de casa. Algunos periodistas han preferido abandonar el país en silencio, sin hacer ruido.

Uno de los proyectos de la red de apoyo a periodistas es establecer un área de protección para el informador con acogidas temporales en otras zonas del país. “Queremos crear una casa de acogida para periodistas y defensores de derechos humanos que le permitan seguir trabajando y recibir terapia psicosocial ya que llegan muy afectados por la tensión que sufren. Costaría unos 85.000 dólares (70.000 euros) al año y protegería a cinco personas”, me explica Dina.

El número de periodistas asesinados por el ejercicio de la profesión es una incógnita. Desde 2003 han matado a 71 periodistas o trabajadores de la comunicación aunque en muchos casos no está claro si la causa del asesinato estaba vinculada al periodismo. Dina cree que, al menos, diez de ellos sí que murieron porque sus reportajes incomodaban. “¿Vale la pena arriesgar la vida por tus principios?”, vuelvo a preguntarle a Dina. “Tienes que tenerlo muy claro. Me ofrecieron exiliarme a varios países en 2013. Pero el exilio no está en mi agenda. No lo descarto pero ahora mismo mi objetivo es fortalecer nuestra organización  y proteger a las personas más amenazadas antes de que las maten”, contesta con gran entereza.

Las amenazas siguen persiguiendo a Dina. El 31 de marzo de 2017, un hombre se sentó a su lado en el autobús en el que se desplazaba por la capital y le dijo al oído: “Vengo bien armado y atrás hay otras cuatro personas armadas. Hay órdenes de matarla”. Dina intentó ganar tiempo y preguntó con calma: “¿Por qué me quieren matar?”. El hombre le respondió: “Porque hay una orden y yo no la puedo detener”. “Pero yo no he hecho nada”, le recriminó Dina. Cuando el hombre le quiso tomar una fotografía con el teléfono móvil, Dina se levantó apresuradamente y le dio la mano con la intención de verle la cara antes de bajarse del autobús.

“Me refugié en una farmacia y espere un rato, pero al salir había cuatro hombres en la esquina y un coche con los cristales oscurecidos estaba parado justo enfrente. Llamé a la oficina de Brigadas Internacionales de Paz y les pedí que me viniesen a buscar”, recuerda. Tuvo que esperar siete meses hasta noviembre de 2017 para que la institución del Estado encargada de la protección de personas amenazadas hiciera el análisis de riesgo de su caso.

Dina no olvida que “es una institución del Estado que incluye a funcionarios de la secretaria de seguridad, un organismo muy oscuro”. No ha aceptado el acompañamiento de policías “porque lo tendrían fácil para seguir mis movimientos”. Y ha pedido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que averigüen por qué no hay constancia en la fiscalía de las doce denuncias que ha hecho hasta la fecha contra los perpetradores de las continuas amenazas. Desde noviembre, Dina tiene un enlace policial y se mueve con un botón de asistencia para auxilio urgente. Amenazada de muerte y muy valiente.

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Un mundo cada día más sombrío

Mapa elaborado por RSF. Sombrío

Desde que en 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas deberíamos utilizar un día como el de hoy para pasar revista a nuestra profesión y denunciar la censura o la autocensura, la violencia directa contra medios y periodistas y la impunidad en los crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación.

Es un hecho que organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF) nos ofrecen cada año informes demoledores que nos presentan un mundo cada día más sombrío. Vemos cómo la libertad de prensa es pisoteada en países con regímenes dictatoriales o involucrados en conflictos eternos. Hay centenares de periodistas encarcelados y decenas son asesinados anualmente, crímenes que muy pocas veces son investigados y casi nunca juzgados.

Los periodistas también deberíamos  reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor  cuando leemos en el informe de RSF que “las violaciones a la libertad de informar ya no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios y de las dictaduras” y que “la erosión comienza a ser particularmente visible en las democracias europeas”. RSF utiliza un barómetro diario para mostrar las violaciones de la libertad de prensa. Desde principios de este año ya han sido asesinados ocho periodistas (tres de ellos en México) y tres colaboradores de prensa y 193 periodistas (49 en Turquía y 23 en Egipto) y 176 colaboradores de prensa están encarcelados. En los últimos cinco años han sido asesinados 388 periodistas y 188 colaboradores de prensa.

El mapa de la libertad de prensa en el mundo se oscurece cada día que pasa. RSF confirma que se ha producido “un aumento del número de países afectados por los males y las plagas que afectan a la libertad de informar en el mundo” hasta el punto de asegurar que “la libertad de prensa nunca se había encontrado tan amenazada”. 

La situación se ha agravado en el último año en cerca de dos tercios (62,2%) de los 180 países incluidos la lista. En su catálogo del horror contra los informadores, RSF denuncia que hay 21 países en situación “muy grave”,  que forman parte de la llamada lista negra entre los que destacan Egipto y Bahréin, considerados “prisiones de periodistas”, o Burundi donde se ha desatado una gran campaña de persecución contra los medios de comunicación.

Otros tres países monopolizan desde 2005 la lista negra ocupando los últimos lugares: Corea del Norte, Turkmenistán y Eritrea. La única novedad es que por primera vez Eritrea abandona el farolillo rojo de la lista y es sustituido por Corea del Norte. En la lista negra también destacan países como China, Vietnam, Laos, Cuba, Arabia Saudita, Irán, Guinea Ecuatorial, Sudán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Yibuti, Siria, Yemen, Somalia o Libia.

Otros 51 países forman parte de la lista “en rojo”, lo que significa que la situación de la libertad de información es “difícil”. La mayor preocupación de RSF es que algunos de estos países acaben formando parte muy pronto de la lista negra. Países como República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Turquía, México y Afganistán experimentan constantes ataques contra la libertad de prensa. 

Desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, las autoridades turcas han cerrado decenas de medios y ha convertido a Turquía “en la mayor prisión del mundo para los profesionales de los medios de comunicación”. México, que en 2002 ocupaba el puesto 75 en el barómetro de libertad de prensa y hoy es el 147, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los informadores junto a Siria, Afganistán o Irak.

Es muy digno de destacar el análisis que RSF hace de los países más avanzados a los que describe “debilitados por la erosión democrática” a fuerza de “declaraciones nauseabundas, de leyes liberticidas, de conflictos de intereses e incluso de golpes y porrazos”. La persecución de las libertades multiplica la tendencia a castigar el trabajo de los informadores más críticos. El secretario general de RSF, Christophe Deloire, advierte que “a fuerza de cercenar la libertad fundamental de informar, con el pretexto de proteger a sus ciudadanos, las democracias pueden perder su alma”.

RSF establece varias categorías que han posibilitado la multiplicación de los ataques contra la libertad de prensa en las democracias más avanzadas. El informe es extremadamente crítico con Donald Trump, presidente de Estados Unidos desde hace apenas 100 días, al que culpa de utilizar “repetidas diatribas contra el cuarto poder”. Trump ha acusado a los periodistas de estar “entre los seres humanos más deshonestos de la tierra” y de propagar “noticias falsas” intencionadamente.

La organización también recuerda que la Administración del presidente Barack Obama ha estado obsesionada por controlar la información y ha sido permisiva con la multiplicación de registros a periodistas estadounidenses y extranjeros en el interior de Estados Unidos, situación que “amenaza constantemente el derecho a la información y, en particular, al periodismo de investigación, que depende directamente de la seguridad de los informantes y, con frecuencia, de su anonimato”. El absurdo ha llegado al punto de que el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, ha planteado la posibilidad de “obligar a toda persona que desee entrar a territorio estadounidense a revelar sus contraseñas para conocer sus actividades en las redes sociales”. Los ataques contra los medios de comunicación también se han multiplicado en Francia. Según RSF, los ataques verbales de algunos líderes políticos contra los periodistas, tildándolos de “mentirosos”, han creado una atmósfera violenta en los mítines, con continuos insultos y abucheos a los periodistas.

Las presiones políticas directas e indirectas también se han hecho generalizadas y han afectado a países como Finlandia que encabezaba la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa desde hacía seis años. El primer ministro finlandés, Juha Sipilä, intentó impedir que la radio pública cubriese “un caso con un posible conflicto de intereses que lo afectaba”.

En países como Uruguay o Chile también se registraron intentos de obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación en casos en los que estaban implicados dirigentes del Estado que quisieron evitar que se abordasen “temas relacionados con la corrupción, malversaciones o conflictos de intereses”. Al mismo tiempo, Chile sufrió la aprobación de dos reformas legislativas, conocidas como “leyes mordazas” que “permiten sancionar a quien filtre información sobre investigaciones judiciales en curso”.

En países como Polonia los medios de comunicación públicos ha sido sometidos al control del gobierno y se han convertido en “herramientas de propaganda”. La estrategia gubernamental contra los medios opositores ha sido asfixiarlos económicamente con campañas  permanentes de boicot. Gazeta Wyborcza se encuentra en una situación crítica.

La lucha contra el terrorismo provocó que el parlamento alemán aprobase en otoño de 2016 un proyecto de ley que “autoriza la vigilancia masiva, sin hacer una excepción con los periodistas o los abogados” a todos los ciudadanos que no sean alemanes o que no pertenezcan a algún país de la Unión Europea.  La controvertida ley “ha legalizado prácticas que ya realizaba el servicio de inteligencia exterior de Alemania desde 1999 y que ha supuesto el espionaje de cincuenta periodistas y medios de comunicación”.

Reino Unido también aprobó a finales del año pasado una nueva ley que “amplía los poderes de vigilancia de los servicios secretos británicos”, considerada como “la más invasiva en la historia de la democracia y que no hace ninguna distinción con los periodistas y sus fuentes”. Otros dos países, Nueva Zelanda y Canadá, que encabezaban las listas del buen hacer en libertad de prensa hasta hace bien poco, planean criminalizar la filtración de información a la prensa y aumentar los poderes de los servicios de inteligencia. La intención del gobierno neozelandés es aprobar medidas que permitan castigar con cinco años de prisión a los denunciantes y a las fuentes de información. En Canadá, una ley antiterrorista de 2015 ya restringía en gran medida la libertad de expresión. En 2016 media docena de periodistas supieron que la policía había espiado sus comunicaciones telefónicas.

RSF asegura que 2016 fue un año en que se “acentuó, de manera general, la tendencia a la concentración de los medios de comunicación”. La organización denuncia en su informe que “el número de propietarios se ha ido reduciendo poco a poco, haciendo que se agrave su dependencia de los poderes políticos y económicos”. Francia ha sido uno de los países más afectados por esta situación que fragiliza la independencia de los periodistas y pone en peligro “el derecho de todos los ciudadanos de contar con información libre y honesta”. Algunos industriales como Vicent Bolloré, presidente del grupo Vivendi, han paralizado investigaciones sobre empresas dirigidas por amigos suyos y han suprimido programas independientes que no gustaban a los poderes fácticos.

Otra forma de impedir la libertad de prensa son los múltiples obstáculos que imponen las autoridades para cubrir acontecimientos noticiosos. En abril de 2016 se condenó en España a Asier López, fotógrafo profesional, a pagar una multa de 601 euros por colgar en su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial. En la notificación de la sanción se argumentaba que en la fotografía “es posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar su identificación pública”. La sanción se impuso meses después de ser aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana que busca proteger “la imagen de la policía española” al mismo tiempo que “restringe de manera drástica el derecho a manifestarse y obstaculiza legalmente el derecho de los periodistas a recabar y difundir información”.

En países como Estados Unidos, Canadá o Francia fotógrafos y periodistas han sido detenidos mientras daban coberturas a temas sensibles para la imagen de sus países como las protestas contra la construcción de una central hidroeléctrica canadiense o un polémico proyecto de construcción de un oleoducto en reservas de indios estadounidenses, o el desmantelamiento de campamentos de inmigrantes en suelo francés. 

Virginie Dangles, redactora jefe de RSF, asegura en el informe que “todas estas presiones cercenan poco a poco nuestras democracias desde el interior e insidiosamente pueden empujar a los periodistas a autocensurarse para evitar ataques verbales cada vez más violentos o represalias económicas. Y concluye que “esta tendencia es aún más preocupante puesto que los regímenes democráticos ya no vacilan en emplear métodos más radicales para obstaculizar el trabajo de la prensa”.

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