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Hacernos mayores

Banderas independentistas independentismo en la Diada. | La Marea

MANUEL SOLER CASES* // El tránsito de la adolescencia a la etapa de madurez tiene un componente esencial que la singulariza: la aceptación de reglas. Es el camino al orden y a la legalidad, a través de un pacto social tácito, que organiza las necesidades y regula los conflictos que invaden el espacio de convivencia dentro de la vida colectiva. Desde la perspectiva del adulto, el adolescente es a menudo un reflejo de una etapa que ya habíamos dejado atrás, un recuerdo molesto, un elemento perturbador de la medida de la autoridad.

La adolescencia, pues, expulsa la vida adulta de su espacio de confort, porque nos obliga a enfrentarnos a una conducta disruptiva, a una actitud de rebeldía, a una situación de descontrol. Porque debemos dedicar tiempo y esfuerzos a compensar la energía liberada y perdida, la situación de frustración provocada por la falsa percepción de la autonomía propia que tiene el individuo en la etapa de la pubertad. Nuestras objeciones son, en definitiva, un modo de enviarle señales de alerta, de decirle cuán incómodos y extraños nos hace sentir. Que aún no es como nosotros querríamos que fuera.

El Estado español ha asumido la estrategia de tratar al independentista como si fuera un menor de edad. Es la traslación, al terreno de la política, de la imagen que el adulto tiene del adolescente. Desde hace un tiempo, nos llegan señales amenazantes, que consignan una sola idea: ni podemos emanciparnos ni estamos preparados para hacerlo. Lo asumen como un axioma, pero es su manera inconsciente de decirnos que están inseguros, que tienen miedo, que se les hiela la sangre al pensar que el pleno ejercicio de la soberanía pueda implicar un cambio de paradigma, que este cambio pueda intrigar su condición de sujeto de poder, dominante.

En su concepción del mundo no existe nada que el pueblo pueda hacer sin la tutela del Estado. No eres pueblo si no estás maquinizado o robotizado, no lo eres si no has sido atomizado. La demolición del sujeto, del individuo, refuerza la capacidad de control de las élites. Les horroriza saber que podemos escapar a su sistema de prevención y control. Les aterroriza que el súbito desarrollo de una conciencia popular y la conquista simbólica de la libertad puedan amenazar el estatus de clase, el estándar de convivencia, la prerrogativa de poder, los privilegios otorgados por el pacto constitucional a la clase política dirigente y al sistema de valores que la sustenta.

Pero el poder implica obediencia y la autoridad, respeto. Y el Estado ya ha perdido crucialmente esta segunda batalla. Su estrategia contiene diversos errores de cálculo, el primero de los cuales es haber trasmudado la causa independentista en una lucha por la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. De este modo, han internacionalizado su inseguridad, han perdido el relato, han rendido la imagen y han renunciado de antemano a la victoria moral sobre el soberanismo. Por nuestra parte, hemos tenido la habilidad y la fortaleza de deconstruir la falacia del Régimen del 78, de devastar el espejismo de democracia y de hacer emerger los valores caducos de la España axial. De la España quintacolumnista y franquista.

En la coyuntura actual, de ruptura, de legitimación cívica e institucional, de empoderamiento popular, España se ha hecho difusa y extranjera en Cataluña. Se ha pulverizado. Pase lo que pase, ya hemos ganado.

*Manuel Soler Cases es filólogo y profesor.

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El aparato cultural del Estado español: hacia una ensoñación totalitaria

Concentración Parlem, en Barcelona, el 7 de octubre. Foto: Jorge Lizana / Fotomovimiento

“Debe imponerse la fuerza de la razón”, le dijo Donald Tusk a Mariano Rajoy sobre la forma de lidiar con el conflicto catalán. Ocurre que la razón perdió su significado cuando desde Bruselas se instigó a que coincidiera con las máximas de la austeridad. Cuando la lógica política del Gobierno es superada por aquellas que establecen las fuerzas económicas, al Estado sólo le queda tratar de encontrar la legitimidad para responder a este momento histórico de crisis de Régimen mediante el uso de medios autoritarios y jerárquicos. Y el independentismo catalán lo ha sacado a relucir. Ya sólo queda movilizar al eficaz aparato cultural con el fin de eliminar cualquier atisbo de disidencia e imponer definitivamente la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy para mantener el orden y la ley. Sólo existe un límite, y nada tiene que ver con consideraciones democráticas, sino con una cuestión de marca internacional: que el conflicto no escale hacia el uso de la fuerza policial y genere mala prensa en los medios extranjeros.

Interpretar el pasado para impedir un presente alternativo

No obstante, cuando hablamos de la batalla por el relato, también nos encontramos ante una lucha por la forma en la que entendemos la historia; el camino mediante el cual hemos llegado hasta aquí. De esta forma, Javier Cercas recuperó de forma cínicamente inteligente “el momento en que el Gobierno de la Generalitat se rebeló contra la legalidad democrática, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal española y cortó con el Gobierno de Madrid”. En la misma línea, pero ampliando las fronteras de su enfoque, Fernando Savater apuntaba recientemente que “el comunismo y el nazismo son la mugre política que la Unión Europea trató de erradicar. Pero ahí siguen”. Además definió con absoluto desprecio a la eurodiputada Marina Albiol como un “error histórico”. No es casualidad.

Los intelectuales de este débil y caduco momento buscan aquellos patrones similares en el tiempo anterior con dos finalidades: recuperar la conformidad del pasado para los valores del presente e impedir el surgimiento de un momento histórico que desemboque en grandes modelos alternativos. Algo que el propio Nietzsche ya criticó en sus segundas consideraciones intempestivas allá por el siglo XIX: “La historia solo resulta prometedora cuando nace de una nueva cultura naciente”. Cercas y Savater son parte de un amplio elenco de sacerdotes de una historia que se ha revelado inservible para establecer un ideal de democracia real en España. Tratan de usar el conocimiento del pasado para desarraigar un futuro, no ya que permita a los pueblos obtener su libertad, sino siquiera tener la capacidad para intentarlo.

Se da otro suceso curioso. En el mismo momento en que el Estado trata de hacer hegemónico el relato presente sobre la crisis catalana polarizando las posiciones de forma que quede enterrado cualquier matiz, observamos que el relato futuro que quedará sobre el conflicto vasco trata de asentarse sobre las mismas bases. Es una casualidad del destino que el Premio Nacional de Narrativa lo recibiera la Patria de Fernando Aramburu -esa novela ensalzada por todo el aparato patrio que presenta una idea de Euskadi en la que están las víctimas y aquellos cuya pistola sólo parecía conocer una patria-. Legítimo, desde luego, pero como ocurre con el relato que promueve el Estado, cualquier tinte intermedio es desdeñado. Cuando se tiene aprensión del contenido subversivo que posee todo recuerdo del pasado, el precio que pagamos no es otro que el olvido. El mismo que ya permite a Alfonso Alonso amenazar a Euskadi con aplicar el 155 o a Pablo Casado, enfant terrible del neoconservadurismo, dar un aviso a navegantes (léase ‘disidentes’). Oriol Junqueras y los otros siete consellers enviados a prisión sin fianza son otro de los ejemplos de represión que trata de justificar el relato cultural hegemónico.

España pasó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, entró a formar parte de la actual Unión Europea en pocos años y, sin disfrutar la memoria española de lo que se denominaron los «Treinta Gloriosos», pronto se vio obligada a pagar con sus derechos sociales la factura de la austeridad. Fiel a Angela Merkel, el Ejecutivo de Rajoy cargó todo el peso de la supuesta recuperación sobre la clases más bajas, eliminó de forma sucesiva distintas libertades civiles y cerró la puerta a cualquier ideal de avance democrático en nuestra sociedad. Lejos de cambiar de idea, el reorden del establishment español -que coincide con un proceso de expansión global del capitalismo- trata ahora de que cualquier futura agenda económica o antisocial, por dura que sea, no reciba oposición alguna. Los conservadores usarán toda la fuerza de la Constitución, y en caso de que deba hacerse una reforma, la encabezará una derecha desbordada de poder gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos. Aquello que esté a la izquierda o tenga tintes discrepantes tratará de ser barrido.

Probablemente, el suceso más clarividente de cómo el relato gubernamental trata de acallar a los críticos fuera el artículo en donde Antonio Muñoz Molina atacaba frontalmente a un periodista de la talla de Jon Lee Anderson. Incluso el mundo artístico, ese plano subjetivo que crean los grandes novelistas -algunos articulistas ya convertidos en propagandistas del régimen-, trata de impedir la reflexión con el fin de justificar las acciones del Gobierno. En una entrevista con Nueva Revista, Anderson fue apelado sobre este tema de la siguiente forma: “[El artículo de Muñoz Molina] quizá demuestre que la democracia española es frágil, y por eso hay que defenderla”. A lo que respondió: “¿Y van a ganar adeptos a su causa atacando a los que intentan observar el proceso con ojos críticos pero constructivos?”. Cuando la democracia española es tan frágil que no admite crítica, la tendencia antidemocrática queda de manifiesto. Y solo la perspicacia del aparato cultural puede camuflarlo.

España en un mundo post-orwelliano

En un breve texto publicado en What Orwell Didn’t Know, un libro sobre la propaganda y la nueva cara de la política americana, Alice O’Connor apuntaba que si bien George Orwell describió a la perfección la maquinaria de propaganda en los regímenes totalitarios, nunca imaginó que el consenso de Washington establecido después de la Guerra Fría por los ideólogos de la derecha se convertiría en el nuevo pensamiento único de época. En esta suerte de mundo post-orwelliano, donde el libro más vendido ha vuelto a ser 1984, las élites hasta invocan al escritor inglés para eliminar una oposición que es bastante más moderada que aquella representada entonces por Vladímir Ilich Lenin. Pero han ocurrido muchas cosas desde que Orwell ironizó sobre la revolución rusa en Rebelión en la Granja. Y aún más desde que el mismo Lenin escribiera sobre la imposición de las exigencias socialdemócratas que “la libertad de crítica se redujo en el acto no sólo a la falta de crítica, sino a la falta de todo juicio independiente en general”.

En algo menos de un siglo, el triunfo de la democracia burguesa asentada en un liberalismo embridado ha dado lugar a una suerte de nuevo totalitarismo económico impuesto violentamente por la burguesía neoliberal, donde la socialdemocracia que criticaba Lenin es ya una breve distopía de lo que fue. No es ninguna causalidad que su precaria situación coincida con la avanzada bifurcación entre capital y democracia. Sin embargo, en España aún se mantiene viva. Aunque sea al precio de justificar la cara menos democrática del gobierno conservador.

Lo verdaderamente preocupante es que, si bien es cierto que la crisis catalana es la forma en la que se pone de manifiesto la crisis 78, pareciera como si la forma en la que el Estado español ha gestionado el suceso le hubiera permitido superar el eje arriba/abajo y la crisis de un régimen cuyas brechas permitieron emerger a un movimiento contrahegemónico como el que en su momento trató de ser Podemos. Los conservadores han logrado que la idea del “Estado de Derecho” adquiera la suficiente legitimidad como para colocarnos en una especie de momento histórico donde todo vale para legitimar intervenciones sociales radicales que muchos rechazarían en tiempos normales. Todo concepto debe adaptarse a aquel tiempo en que se utiliza, y la unidad de España es cada vez más una idea totalitaria. Lo vislumbraba Iñigo Errejón en conversaciones con La Marea tras las primeras elecciones: “El consenso ha tenido más peso por parte de las élites que el término democracia. El valor consenso se ha abierto camino de una forma totalitaria”.

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La balanza y el mazo, la legalidad como garantía, política y represión

Si para algo está sirviendo la crisis catalana, incluso lejos de solucionarse o llegar a término, es para conocernos mejor. La afirmación, que suena amable como un lema de autoayuda, solo nos habla de que hemos destapado lo que llevábamos tiempo ocultando. Si el 15-M fue en parte una gran terapia de grupo, este momento es como un monólogo interior que carece de esperanzas pero al que le sobran frustraciones. Cataluña, el gran chivo expiatorio de las Españas, tras sefardíes y moriscos, comunistas y masones, está siendo la excusa propicia para la vuelta de todos aquellos que añoraban el Amanecer en Cegama. Pero no solo.

Si hay un argumento que ha tenido un éxito arrollador, además de transversal, ha sido el de la legalidad. El conflicto territorial ha revelado que la connivencia con lo existente es mucho más profunda de lo esperado y que lo que comienza en la parte más reaccionaria de la sociedad es un discurso repetido por sectores de todas las capas y todas las ideologías.

Y dejen que les diga algo. Esto de apelar a la legalidad, desde la abstracción interesada, muestra una preocupación sincera unida a un desarrollo político endeble, pero también es un pretexto para tapar españolismos, miedos al cambio e incluso vulgares resituaciones profesionales que, anticipando la que se nos viene encima, buscan el blanqueamiento de lo sensato para no quedar atrapados en la represalia. Ya les adelanto, no valdrá de nada.

La legalidad es una buena idea. Yo mismo he recurrido a ella muchas veces para intentar promover el laicismo tras la ola siguiente a cada atentado yihadista. La legalidad es un avance histórico que nos permite no estar a expensas de los caprichos del reyezuelo o el santón, saber a qué atenernos, darnos un marco de convivencia. Parece lógico que si alguien –en este caso los independentistas– es acusado sin descanso de no respetar la legalidad concite críticas adversas y un descrédito a sus fines. La legitimidad que da la capa de lo legal sigue siendo importante para la mayoría de la población, es decir, se entiende que no basta que una propuesta política sea razonable, sino que para alcanzarla hay que seguir unos cauces pautados.

Esto no es una novedad histórica. El propio Lenin, que anda de aniversario, trató la cuestión de la legalidad en sus escritos llegando a la conclusión de que era un factor a tener en cuenta para conseguir el respeto y la atención de los ciudadanos. Efectivamente el Partido de los socialdemócratas rusos, del que el padre de la URSS formaba parte, utilizó las escasas herramientas legales que el régimen zarista le permitía como forma no de lograr ningún avance, debido a la inutilidad programada de las mismas, sino sobre todo como altavoz de legitimidad. También, obviamente, hizo uso de otras muchas herramientas ilegales, al igual que el zarismo, al que ni siquiera su propio aparato jurídico le valía para mantener el orden establecido.

Este ejemplo histórico no intenta hacer un símil con nuestro contexto. Lo que se vive en Cataluña no es una revolución obrera ni España es el Estado postabsolutista de los Romanov. Pero sí nos vale para ir haciéndonos una idea de qué es eso a lo que se llama legalidad y cuál es su relación con la política. La legalidad, de lo único que nos previene, es de la arbitrariedad del poder, y por lo general ni eso, ya que puede ser torcida, enmendada o directamente obviada cuando quien la ostenta lo decide. El segundo elemento es que la legalidad, aun intentando expresar equidistancia, razón y justicia, es sobre todo la expresión de unos intereses de clase. El tercero es que la legalidad es una herramienta dúctil que adopta la forma de la mano de quien la empuña, primando más la habilidad para encontrar sus resquicios y usos interesados que los significados concretos de sus artículos.

Un apunte antes de continuar. El mero hecho de que lo legal esté centrando el debate es la consecuencia de cómo se ha tratado el conflicto catalán, esto es, como una cuestión de orden público antes que como un problema político. De ahí que hablemos de cargas policiales, sedición y cárcel y casi nada de las causas profundas que nos han colocado en esta situación. Nadie puede ocultarse detrás de la legalidad para no buscar un consenso cuando todos los gobiernos centrales han negociado con una banda terrorista. Y esta hoja de ruta, como no nos cansamos de insistir por aquí, no es torpeza, sino premeditación. Una que pretende tapar las faltas de los incendiarios y utilizar esta crisis para la cimentación del régimen de Felipe VI.

Hay un factor profundamente hipócrita en las apelaciones a la legalidad, sobre todo en el sector más derechista del bloque monárquico. Y si no, miren la corrupción, algo que ha afectado desde la Casa Real hasta el concejal de urbanismo de la pedanía más recóndita. Que el partido que ostenta el gobierno esté envuelto en un caso de financiación ilegal –que realmente más que financiación es el modus operandi de relación entre élites políticas y económicas– habla de la poca autoridad moral de estos señores para portar la venda y la balanza. La Ley de Memoria Histórica ha tenido una aplicación deficiente boicoteada, una y otra vez, por los herederos del franquismo. En el ámbito más cercano, la legislación laboral es retorcida, ninguneada y moldeada para que el empresariado haga y deshaga a su antojo. Efectivamente, ni todas las leyes valen lo mismo ni la ley es igual para todos.

Sin embargo, este hecho, por sí mismo y por sus protagonistas, siendo justos, no es respuesta al problema. Si buscamos un país más decente, el hecho de que los representantes públicos sean tan dados a la ilegalidad –pregunten también a la derecha catalana independentista– no nos debería otorgar a los demás la capacidad de hacer de nuestra capa un sayo. Hay hipocresía e impudicia, pero sobre todo hay una apropiación del concepto de legalidad con una carga ideológica muy profunda y peligrosa.

No hay líder de Ciudadanos, el partido más extremista del bloque monárquico, que no se arrogue la coletilla de demócrata frente al independentismo. Que el independentismo rompa las costuras legales de lo que realmente nos habla es del agotamiento de un modelo territorial, de un enconamiento prolongado, de la falta de salidas. No de que más de dos millones de personas se levanten un día con ánimos sediciosos. Nos habla de que hay una parte de la población, legalmente española, que no quiere serlo. Y esto, aunque no se reconozca, aunque haya quedado sepultado por lo mediático, es el ineludible fondo. Los independentistas no están abogando por una barbaridad contraria a los derechos humanos, sino por algo perfectamente democrático como la autodeterminación. E insistir en lo contrario lo que busca no es aclarar el panorama, sino crear un enemigo legalmente eliminable.

El independentismo no ha respetado la legalidad del Parlament, pero a lo más que ha llegado ha sido a representaciones políticas de una idea, sin valor jurídico como ellos mismos han reconocido en la de antemano inútil correspondencia con el Gobierno central. Precisamente ha sido este, con la legalidad en la mano, el que ha hecho algo tan ilegítimo como utilizar una violencia desproporcionada contra los votantes del referéndum e incluso forzar la legalidad hasta límites muy poco claros. Así ha ocurrido con el encarcelamiento de los líderes de Òmnium y ANC, donde la competencia del órgano judicial, la figura del delito, así como la prisión incondicional, despiertan dudas entre los expertos.

Pero es en el propio artículo 155 de la Constitución donde se expresa bien el motivo sobre el que gira este texto: la naturaleza de clase de la legalidad. Como apuntaba Julio Anguita en un escrito reciente, el 155 carece de una ley orgánica que lo desarrolle, siendo una carta blanca, esto es, totalmente arbitraria, para intervenir la autonomía. Esta abstracción, no corregida en 40 años, no es casual, ya que responde al deseo de la clase dirigente española de tener un recurso de atribución de plenos poderes para mantener no ya la unidad territorial, sino el dominio sobre las administraciones que no controlen mediante el voto. Que la supervisión de la aplicación del artículo lo vaya a ejercer el propio Ejecutivo ya habla del absolutismo de la medida. Veremos cómo responde el Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por la Generalitat.

La Constitución, que se presenta como un todo inalterable, infalible y ausente de influencia, se cambió cuando los banqueros alemanes así lo desearon, añadiendo una cláusula neoliberal, el 135, que entra en contradicción con el supuesto carácter social y el valor de igualdad que se establecen en el Título preliminar. Que un artículo como el 128, aquel que dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, no haya tenido nunca una utilidad social, lo que nos explica es la capacidad de la izquierda, en las instituciones pero respaldada por la fuerza de la calle, para introducir elementos progresistas, así como su pérdida de poder posterior para hacerlos efectivos. El propio proceso de autonomía andaluza deja constancia de cómo el texto constitucional tuvo que ir variando no tanto por la buena voluntad de sus padres, como se nos ha contado desde el periodismo mitológico, sino por la presión democrática del pueblo movilizado. La Constitución es resultado de una reconfiguración en régimen liberal de la dictadura franquista, no del fin de esa dictadura, por presión interna de la oposición antifascista y por necesidades externas de un contexto internacional que necesitaba una España presentable para el proceso de unidad europea.

Lo que parece, viendo la alegría con la que la derecha amenaza con el 155 a Castilla La Mancha, Euskadi y Navarra, viendo la absoluta falta de mesura y control interno en sus procedimientos punitivos, viendo la adhesión inquebrantable del cuarto poder, no es ya que la crisis actual vaya a tener una resolución dialogada y democrática para todos los catalanes, independentistas y no independentistas, sino que el Régimen del 78 se reencarnará en sí mismo, siendo algo aún más reaccionario, bajo la idea no de que la legalidad es garante de la democracia, sino de que una legalidad muy específica, restrictiva y regresiva, es la única forma de democracia posible.

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Respeto o pérdida

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“Había empezado a considerar la ignorancia como un crimen”, dice un personaje cosecha del formidable escritor George Turner. Y por ignorancia no se refiere a la falta de estudios o información, sino a la voluntad de no interpretar los hechos, limitándose a asumir o replicar las ideas que proyectan otros sobre ellos. Así es como se propagan un sinfín de etiquetas falsas. ¿Por ejemplo? “España va bien”. ¿Otra? “Como vienes de un barrio de periferia barcelonesa y escribes en español no puedes querer el referéndum, ese delirio impulsado por la burguesía”.

Hace quince años, cuando la primera etiqueta triunfaba sin demasiada oposición, me descubrí conversando a diario con la tele diciéndole que no podía ser natural que el país batiera cinco récords económicos semanales, además de percibir en un sinfín de actitudes y declaraciones que España no había cambiado tanto desde el esperpento de Valle-Inclán. Como las noticias narraban un país que desde luego no era el que yo encontraba en la calle, me sentí imprecisa pero profundamente engañado, y para que la sensación no derivara en impotencia, fui en busca de España, a la que dediqué un libro de más de 600 páginas.

Uno de los textos apuntaba cómo, incluso cuando la cosa “iba bien”, los superdotados y demasiada gente con facultades intelectuales especiales hallaba obstáculos tan enormes para expandir sus capacidades, que muchos se deprimían o emigraban a otros países.

La llegada de la crisis hizo que millones de personas repensaran España. Las diferencias ideológicas se enconaron, la mayoría de medios de comunicación se alinearon sin tapujos con uno u otro partido, y por el camino se esfumó una palabra: librepensador –el “francotirador” de los 90–, esa figura que describía a los escritores, periodistas, filósofos, pensadores independientes en general que emitían opiniones no sometidas al escrutinio de ningún director o redactor jefe. ¿Qué palabra define ahora a ese tipo de personas? Si los tertulianos son el relevo… Las palabras dicen mucho de la sociedad que las emplea, tanto como su ausencia.

La fuga de cerebros y la “desaparición” del librepensador son dos botones de los derroteros que ha seguido el país. Ambas pérdidas evidencian cuánto se trabaja en nuestra sociedad por neutralizar el talento, la autocrítica y el libre albedrío. Por cultivar la ignorancia. Por eso, puestos a querer, pediría una educación que impulse a cuestionar los lugares comunes y denunciar las etiquetas falsas, a concienciarnos de que la cultura es un poder, las Constituciones no son eternas y de que el mundo líquido que habitamos exige sociedades dinámicas porque el inmovilismo bloquea y anquilosa.

La educación pasa por informarse al menos un poco y de forma contrastada antes de hablar, lo que da por resultado entender, por ejemplo, que la (vieja) burguesía catalana no ha “abducido” a millones de personas sino que supo jugar sus agónicas últimas bazas para intentar capitalizar un movimiento que ya estaba en marcha y, como la Historia sabe, responde a la demanda de un pueblo que basa su poder en el tejido asociativo. Sí, hay un puñado de burgueses tramposos camuflados entre la masa, pero no confundamos a esa micro parte de cobardes corruptos con el todo que reivindica cambios desde antes de la crisis económica.

El conflicto actual entre España y Cataluña señala el fin de una Transición que todavía no había llegado. Para mí, como para muchísimos catalanes, la aspiración siempre ha sido sustituir esa España Una –que recuerda al American First de Donald Trump– por una España Plural que reconozca y disfrute de todas sus regiones, sus lenguas, sus naciones. Pero si el Gobierno español se niega a evolucionar y es necesaria una ruptura, que así sea.

Es cierto que el Parlament ha actuado de forma arbitraria y saltándose normas establecidas. A veces, para modificar situaciones no basta con perpetuarse en una equidistancia presuntamente bienintencionada y políticamente supercorrecta, aún más cuando sabemos que entre equidistar e ignorar a menudo hay un salto muy (muy) pequeño. Es cierto que las cosas podrían haberse conducido de otra forma, que se tendría que haber dialogado, que no deberíamos haber llegado a este punto. Pero en este punto estamos. La desobediencia inminente de millones de catalanes.

Entre otras cosas, por haber creído durante mucho tiempo en un equilibrio y una justicia que constantemente decepcionaba a unos ciudadanos a quienes no solo se desoía sino a los que se faltaba el respeto, como ocurrió con la intrigante derogación del Estatut en 2006. La caída hasta la casi desintegración del socialismo catalán se debió a una equidistancia insostenible. Si alguien pretende una España federal, o como sea, ¿por qué no lo expresa sin miedo? Mi opción es defender ideas de forma pacífica pero firme, y responder a las agresiones con más firmeza pacífica. El miedo y las estrategias “equidistantes” del café para todos y las putas i ramonetas no solo no han dado resultado sino que nos han traído hasta aquí. “Tú eres aquí la única parte inocente y la única que no me inspira ni pizca de respeto”, escribió George Turner también. Es decir, llegados a cierto punto, hay que moverse. Hay que apostar.

Escritor

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El ‘procés’ como síntoma de la quiebra

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Corría el año 1995 cuando la periodista Victoria Prego entrevistó al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. Una parte de esa conversación se guardó en secreto hasta que, el 18 de noviembre de 2016, La Sexta Columna la hizo pública. Esta es, a micro tapado:

–Es simplemente que la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república.

–Claro, y eso era peligrosísimo en ese momento.

–Hacía encuestas y perdíamos…

–…

–Era Felipe el que estaba pidiendo a los otros que lo pidieran… Entonces yo metí la palabra Rey y la palabra Monarquía en la Ley [para la Reforma Política], y así dije que había sido sometido a referéndum ya.

Las palabras clave de esta corta grabación son monarquía y referéndum. Las palabras clave de lo que se ha venido en llamar el Procés catalán son referéndum y república. No son casuales las coincidencias. De la misma forma que la confesión de la trampa de Suárez pone de manifiesto la farsa democrática que subyace bajo la Transición, los ejes del Procés dinamitan el muy celebrado “consenso” en torno a la misma. Los dos hechos –que se haga pública la conversación secreta y que Cataluña exija un referéndum por la independencia– eran impensables hace solo una década. Son la consecuencia de una serie de crujidos que han ido descascarillando las capas de pintura con la que se trató de tapar las grietas de una construcción política que hoy aparece como evidentemente endeble. Es lo que ha dado en llamar “crisis del Régimen del 78”. En principio, no se trata de movimientos para un mero cambio de gobierno aquí o allá, sino de la exigencia de un cambio de régimen. Nombrarlo es una forma de abrir la posibilidad de cerrarlo: “Régimen del 78”.

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y uno de los políticos que ha popularizado el término, asegura: “Lo usamos en la ciencia política. No es peyorativo. Es el conjunto de instituciones, actores y reglas del juego. Decimos del 78 porque pivotan en torno a un acuerdo constitucional. Luego han querido verlo como sinónimo del régimen franquista pero no… aunque tampoco ha molestado esa referencia negativa”.

El 31 de octubre de 2007, más de tres décadas después de muerto el dictador Franco, el Congreso aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica. Ese momento vino a señalar una de las principales y más fétidas quiebras fruto de la Transición: el silencio sobre las decenas de miles de víctimas de la guerra y la dictadura que aún hoy permanecen enterradas en fosas y cunetas. Y por encima de ellas, el vigor de una Ley de Amnistía que permitió dejar impunes a todos los criminales del franquismo. Aún hoy permanecen libres, y no pocos de ellos o sus herederos al frente de grandes empresas e instituciones nacionales.

El primer rasguño serio en el “consenso” de la Transición, el más sangrante, llegó de mano de las asociaciones de la memoria. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica (ARMH), sitúa dicho momento en el verano de 2002. “Organizamos un campo internacional de trabajo en Piedrafita de Babia con 15 jóvenes de nueve nacionalidades. Allí intervino por primera vez una jueza en una exhumación, la de Villablino. Poco después, en agosto, viajamos a Ginebra para reclamar los casos de los desaparecidos españoles ante la ONU. Ese verano la noticia de las fosas salió en todos los grandes medios nacionales e internacionales y recibimos cientos de llamadas de familiares. La derecha reaccionó con un ataque de revisionismo que convirtió en superventas el libro Los mitos de la Guerra Civil, de Pío Moa, que tuvo media hora de entrevista en La 2, en un programa que presentaba Carlos Dávila”.

Cataluña fue la primera comunidad que aprobó, en 2009, una ley sobre fosas comunes que abría la puerta a que la Administración sufragara las exhumaciones. Gobernaba entonces el tripartito formado por PSC, IU/EUiA y ERC. En noviembre de 2016, el actual Govern anunció que tenía localizadas 380 fosas y, cuatro meses después, una partida de 1,2 millones de euros para su gestión. Cuando el 22 de septiembre, el president Carles Puigdemont acusó al presidente Mariano Rajoy de ser “el guardián de la tumba” de Franco no hacía sino seguir un camino iniciado años atrás en Cataluña. En el lado opuesto, el PP. Como recuerda Silva, “Aznar declaró antes de irse de vacaciones en 2003 que iba a leer tres libros, uno el de Pío Moa, asumiendo públicamente las tesis revisionistas de la Guerra y la dictadura”…

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Poder judicial y democracia, por Isabel Elbal

La consagrada Transición que, como relato para equilibrar un periodo inestable de posible “ruido de sables”, se instauró en nuestro país hace cuarenta años, procuró no solo salvar los muebles, sino dar apariencia de democracia, de forma rotunda e inminente ante la comunidad internacional. No en vano, incluso antes de que se promulgara la Constitución española, ya se firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por si acaso y para que no cupiera ninguna duda acerca del firme compromiso de adentrarnos en un periodo abiertamente democrático y respetuoso con los Derechos Humanos.

Hubo referéndum, hubo elecciones, hubo legalización del Partido Comunista de España, hubo proceso constituyente. Sin embargo, era necesario transformar a fondo las estructuras del Estado. Prueba de esta necesidad, lo constituye la sentencia ejemplar que dictó en 1988 la Audiencia Provincial de Madrid contra tres mandos policiales por la detención ilegal, desaparición y torturas de Santiago Corella, El Nani. Este hecho marcó un antes y un después, acompañado de un vivo debate público, dinamizado por los medios de comunicación, muy activos en la investigación del caso de la desaparición de El Nani. Así, a finales de los años 80, se pudo apreciar un verdadero esfuerzo por modificar las estructuras policiales y adaptarlas a las propias de un sistema democrático y de Derecho.

Sin embargo, si hubo una estructura apenas modificada, esa es la judicial. Los jueces en nuestro país pasaron de acatar las Normas Fundamentales del Movimiento a acatar la Constitución española. ¿Cómo se realizó la labor de adaptación al nuevo sistema constitucional? Se estableció en nuestra Carta Magna que la Justicia emana del pueblo, sin embargo, la exigencia de apariencia de imparcialidad y de independencia, hizo que el Poder Judicial se alejara cada vez más del ciudadano medio y se aproximara más y más al defensor técnico del sistema establecido. El juez, como aplicador técnico del Derecho, no es distinto en una época que en otra: es el mismo quien aplica técnica y asépticamente una ley franquista que quien así aplica una ley en el marco constitucional. Para establecer el matiz constitucional, de nueva impronta, a los jueces ya existentes durante la Transición, se creó el Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional, por cuanto sus miembros son elegidos por las dos Cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y con misión de interpretar el dictado de los jueces bajo el prisma del mandato constitucional.

Sin embargo, la figura del “juez técnico”, como reminiscencia del juez que no debía cuestionar el sistema franquista –era apolítico y/o sumiso del régimen– es el que pervive hasta nuestros días. Traducido a términos de Transición: el juez que no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente, frente al juez que se halla inserto en una sociedad plural, sujeta a relevantes cambios que pujan por superar o mejorar el actual sistema vigente. Este último es el juez social, involucrado en una sociedad democrática no ajeno a los cambios que se producen y, por tanto, adaptado a lo que razonablemente se espera de él: que su legitimidad constitucional no se aleje del ciudadano a quien sirve y de quien emana su propio poder.

Sin embargo, el juez, como mero técnico del Derecho, apolítico y neutro es aquel que ha accedido a la carrera judicial tras un gran un esfuerzo memorístico en prodigiosos ejercicios de unas oposiciones que nada dicen acerca de la formación jurídica del examinando: formación jurídica, en sentido amplio, esto es, con enfoque constitucional y Derechos Humanos, sobre todo. Tampoco el ingreso en la Escuela Judicial proporciona más herramientas que las que inoculan el concepto de “autoridad judicial”, sobre todas las demás cosas. Esto, sin duda, también aleja al Poder Judicial del ciudadano.

No ayuda mucho a superar el concepto de juez, como mero técnico del Derecho, la prohibición de afiliación a partidos políticos o sindicatos. Se abrió la mano, sí, al asociacionismo después de un duro debate parlamentario, sin embargo, vemos que esto no fue suficiente.

Otro problema que cuestiona la legitimidad del Poder Judicial como poder emanante de la soberanía popular consiste en ser el único poder del Estado no sujeto a elecciones directas de los ciudadanos. De hecho, el Tribunal del Jurado, como órgano atemperador de esta seria deficiencia y alejamiento social de los jueces, cada vez tiene menos competencias, y las que aún conserva han sido cuidadosamente seleccionadas, a modo de experimento, a fin de que los ciudadanos no creamos que nos es dado invadir las competencias jurisdiccionales del Poder Judicial. Se transmite una total desconfianza hacia la ciudadanía, que es percibida como una masa amorfa, sin la cualidad ni la capacidad de sentido común que, se presume, tienen los miembros de la judicatura.

Hay que salvar las peculiaridades de algunos jueces que han cuestionado el orden vigente, entendiendo que este se deshacía por sus aparentes rígidas costuras y se han atrevido a desafiarlo, planteando cuestiones interesantes que han ocasionado profundas transformaciones –es el caso del juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, sobre la legislación hipotecaria–. Son los menos frecuentes.

En esta situación, la Judicatura, ante la ilegítima utilización que se está haciendo de ella por parte del gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto catalán, se ha limitado a cerrar filas en torno al estricto y exigible cumplimiento de la legalidad, en defensa de “la indisoluble unidad del Estado español”, concepto este que se ha atrevido a desafiar el Govern catalán. No ha habido por parte de los jueces ni un solo cuestionamiento a esta utilización espuria, que, como peones sufridores, les obliga a cargar con el peso de la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Derecho Penal. Algunas voces aisladas sí lo han hecho, pero los mensajes institucionales y de las asociaciones de jueces se han limitado a expresar su firme compromiso de acatar la ley, sin ni siquiera expresar una queja ante esta fraudulenta instrumentalización de la judicatura por parte del Ejecutivo. Tan grotesca ha sido dicha utilización que el propio Rajoy compareció públicamente atribuyéndose el éxito de una operación policial, ordenada por un juez, que se saldó con 14 altos cargos de la Generalitat detenidos.

Solo a un Poder Judicial “tecnificado” y neutro –y sumiso– se le puede ocurrir que un grupo de manifestantes apostados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para protestar por la marea represiva contra el referéndum del 1-O, está inquietando su independencia. Incluso una de las asociaciones judiciales ha llegado a manifestar que este acto de protesta podría ser delictivo. Evidentemente, la ciudadanía no se ve reflejada en este Poder Judicial ni lo percibe legítimamente democrático ni confía, por tanto, en esta institución.

La solución pasa por acometer de una vez los cambios que se requieren, desde las pruebas de acceso a la judicatura hasta la forma de selección y nombramiento de los miembros de los altos tribunales: criterios que combinarían los méritos profesionales con la elección mediante el voto ciudadano. También es necesario implementar  herramientas que faciliten la comunicación con los ciudadanos, mediante un diálogo fluido y constante, como fuerza legitimadora de este Poder. Sí, más democracia.

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Las goteras de la democracia

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España no es una dictadura. Está clarísimo. Pero 80 años después del golpe del 18 de julio de 1936, tras una Transición modélica, una Constitución “nacida del consenso” y una convivencia razonable, la ONU sigue pidiendo a este país que reconozca a las víctimas del franquismo, porque se trata sencillamente de una cuestión de derechos humanos. El pasado septiembre le dio 90 días para hacerlo. ¿Alguien cree que el Estado va a reconocerlas en 90 días?

Está claro que España no es una dictadura, pero el funcionamiento de algunas instituciones revela déficits sustentados, sobre todo, en la falta de control por parte de la ciudadanía. Estos son los pilares sobre los que se ha construido una democracia permeada por el franquismo que deja ver sus goteras desde hace tiempo.


La Iglesia

El símbolo del poder que aún mantiene la Iglesia podríamos situarlo en la mezquita de Córdoba, de la que la jerarquía católica se ha adueñado por unos pocos euros sin sonrojo. Pero la Iglesia, en realidad, está en todos lados: en la escuela, en la Justicia, en el Parlamento… La Iglesia no paga IBI, el Estado financia colegios que segregan, los ayuntamientos siguen nombrando alcaldesas a las vírgenes, los tribunales juzgan casos como el de la procesión-protesta del coño insumiso, el Parlamento legisla en muchos casos con criterios de moral católica… De momento, lo que dice la Iglesia en este país va a misa.


La monarquía

El rey es el jefe de Estado, además del máximo responsable de las Fuerzas Armadas. El Ejército está a sus órdenes, a pesar de que no se ha celebrado un referéndum que permita elegir el modelo de Estado (monarquía o república) que desean los ciudadanos para España. A diferencia de su padre, que juró su cargo delante de una Biblia y un crucifijo, Felipe VI lo hizo sobre la Constitución, es más joven y preparado, pero la Casa del Rey, por ejemplo, no está obligada a detallar el presupuesto que tiene asignado. Recientemente, los Papeles de la Castellana pusieron en evidencia la ausencia de control y la alegría con la que algunos Borbones han gestionado sus fortunas.


El poder judicial

Los últimos casos de represión relacionados con la libertad de expresión han evidenciado con claridad la anomalía del sistema judicial, que salió de los tribunales franquistas y, sin solución de continuidad, se metió en los tribunales que hoy nos juzgan. Un ejemplo: Felipe Rodríguez Franco, ponente de la sentencia de Juan Antonio García, un albañil de la CNT fusilado, fue el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. A ello se suma la politización de la Justicia. No hay que irse muy lejos. “El Gobierno está intentando controlar la Fiscalía primero y, posteriormente, tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, advirtió Jueces para la Democracia ante los casos de corrupción que afectan al PP.  En el sentido contrario, el caso Gürtel condenó al juez Baltasar Garzón y el caso Caja Madrid-Bankia, al juez Elpidio José Silva.


El bipartidismo

El 15-M anticipó que la alternancia de los dos partidos mayoritarios en España tenía los días contados. La irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos ha revolucionado el hemiciclo. En política, dos más dos ya no suman cuatro. Y hasta hemos estado a punto de ir a la repetición por tercera vez de una elecciones generales. La asignatura pendiente para romper definitivamente con el bipartidismo se llama reforma de la ley electoral, para que el reparto de diputados y senadores sea más proporcional en función de los votos obtenidos. La Constitución vigente, por otra parte, excluye los revocatorios –para expulsar a gobernantes si incumplen sus promesas– y los referéndums derogatorios, que permiten a la ciudadanía tumbar una ley. Las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) pueden ser moldeadas por los partidos en el trámite parlamentario.


Las instituciones económicas

La influencia que han alcanzado la Troika y las grandes empresas del Ibex 35 ha permitido condicionar la redacción de algunas leyes e, incluso, forzar la modificación de la Constitución, a pesar de ser organizaciones cuyos representantes no han sido elegidos por la ciudadanía. Las puertas giratorias son la principal vía de acceso a esta forma de control: políticos sentados en los consejos de administración de bancos y grandes energéticas. Además, los mecanismos de defensa de la democracia para prevenir, vigilar y sancionar posibles abusos de los poderes económicos, financieros y administrativos también están bajo sospecha. Las denuncias de enchufismos en el Tribunal de Cuentas es un ejemplo.

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La mascarada ya ha durado suficiente

Contra el régimen del 78 | La Marea

El pobre don Fernando Planchadell, cabeza de una familia de turroneros de Xixona, sufre un infarto a las puertas de su fábrica, delante de sus hijos y empleados, cuando ve la nueva imagen corporativa de su empresa. Resulta que en vez de aparecer ellos, los Planchadell y Calabuig, los de verdad, salen unos figurantes ocupando su puesto. Sonrientes, más guapos y acordes a la nueva época, pero indudablemente unos impostores. La historia, que es el final de una película de Berlanga y Azcona, retrata esa España de finales de los años 80 donde el país, ansioso de modernidad, cayó en las garras de todo tipo de charlatanes que nos enseñaron que la impostura no era tan mala siempre que hubiera dinero tras ella. Fernando Fernán Gómez, que interpreta al desafortunado protagonista, se pasa media cinta repitiendo que él no puede participar en tales engaños, a pesar de que un delirante José Luis López Vázquez, con coletilla de yuppie, le intente convencer de que la farsa es el signo de los tiempos.

Puede que sea por el agitado momento, pero llevo unos días en los que todo lo pautado, hasta lo más insignificante, me parece una estafa cada vez más difícil de digerir. No es que me haya vuelto una bestia iconoclasta que va destrozando los convencionalismos más cotidianos a su paso, no es eso. Conservo aún mis buenas maneras y mi urbanidad. Salgo peinado a la calle porque entiendo que, pese a que sería la misma persona y mi actitud de descuido capilar no dañaría a nadie, existen una serie de mecanismos culturales que nos ayudan a reconocernos como miembros confiables de una sociedad. Estas pequeñas cesiones a lo arbitrario hacen que las cosas funcionen razonablemente bien entre desconocidos y, además, nos evitan tener que ver a nuestro jefe desnudo mientras nos explica el futuro en un power point. Ya es algo, oigan.

Mi desasosiego viene porque en este país seguimos utilizando para nuestra vida política las mismas fórmulas de los últimos 40 años, como si aquí nunca hubiera llovido. Unas conveniencias que siempre tuvieron el mismo objetivo, el de ensombrecer los intereses de los que mandan y hacerlos pasar por elevados sentimientos de Estado, y que, a pesar de cumplir sus objetivos durante décadas, llevan ya oxidadas tiempo. Algo así como aquellas atracciones que de niños nos provocaban espanto o fascinación y que un día, tras sacar el ticket y montar en ellas, ya solo nos daban risa o aburrimiento. De repente algo había cambiado, la magia del engaño no surtía efecto y aquellos hombres lobo y dinosaurios no eran más que fantoches con peluca y torpes recreaciones prehistóricas. Lo interesante es que, al menos yo, callé mi súbita decepción, fingiendo disfrutar como los demás niños para no decepcionar a mis padres.

Cuando eso ocurre, sin embargo, la situación acaba siendo insostenible. Porque el asombro impostado ante aquel engaño tan torpe te acababa haciendo detestar la feria o, lo que es peor, sintiendo pena por ella. Sería arriesgado decir que toda mi generación tiene esta misma sensación ante nuestro panorama actual, pero lo que intuyo es que una gran parte de la misma, incluso aquella que no se manifiesta en la calle ni parece tener una actitud explícitamente política, no aguanta un sermón más de un espantajo al que se le han saltado todas las costuras. Y esto se sabe y se teme, de ahí que tuvieran que dar puerta al de la caza y las amantes, de ahí los Casado y los Rivera, de ahí los columnistas de aspecto bohemio y fondo de alcanfor.

A lo mejor, a alguno de estos monaguillos de lo acostumbrado les parece que hablar mal del 78 es una falta de respeto. Seguramente porque ninguno de ellos sabe qué es una oficina del paro, encadenar contratos temporales o cobrar sueldos de tres cifras. Porque ninguno ha tenido que plantearse su vida no como una elección de posibilidades sino como una ruleta de carencias. Porque ninguno ha sido tratado como un delincuente, con la rodilla en la espalda, por hacer una huelga o parar un desahucio. Porque ninguno, seguro, ha gritado a la tele bajo la mirada estupefacta de su gato. Lo peor es que el 78 fue eso que contaron a nuestros padres para que se olvidaran de nuestros abuelos con la promesa de una mejor vida para nosotros. Y al final porque ya estamos cerca del final se quedó el olvido pero volaron las oportunidades.

Para colmo, si todo esto no fuera suficiente, ahora les ha entrado el ardor guerrero. Como esos señores de mediana edad que con la inseguridad del gatillazo les da por afirmar su virilidad comprándose algo ridículamente grande. Daría risa imaginarlos con el mapa y las estrategias, embarcando unidades policiales en cruceros, hablando de leyes mientras que cuentan el dinero en B. Daría risa si no fueran quienes son, si no supiéramos de dónde vienen, si no resultara una situación tan preocupante. Y por ahí sí que no vamos a pasar. Por ese trágala de patria y patrón aquí ni elegimos que busca desesperadamente una excusa para hacerse inexcusable a costa de darnos un disgusto serio. La mascarada ya ha durado suficiente.

Porque lo que les asusta, realmente, no es el ruido de la corona al caer. Lo que les da pavor es que la regia cabeza, ausente de trono, se muestre tan prescindible como la de cualquiera. Y con la del monarca la suya, corte aventajada de menudencias.

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