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Los derechos humanos como ventaja competitiva

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Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // “Este Plan de Acción contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones”. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, deja bien claro sus objetivos desde el principio del texto. Acompañado de la retórica habitual sobre este tema –“la protección y la promoción de los derechos humanos constituyen una prioridad para España”, se dice sin rubor ya en la primera frase–, lo que este plan viene a proponer es toda una batería de medidas basadas en la autorregulación empresarial. Y supone, tanto por la forma en que se ha elaborado como por su resultado final, una falta de respeto a todas las personas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por los abusos sobre los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones.

Sobre la forma

El proceso de elaboración del plan empezó hace casi cinco años. A principios de 2013, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación llamó a la apertura de un “proceso de diálogo con la sociedad civil” y lanzó una convocatoria a miembros de organizaciones sociales, sindicales, académicas y empresariales para “desarrollar un plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos”. Dicho “diálogo” –así, entre comillas, porque nunca tuvo nada de conversación entre iguales y sí mucho de participación ritualizada– se prolongó hasta finales de ese mismo año. Entonces, muchas organizaciones que habían colaborado en el proceso se desmarcaron de él al constatar que sus demandas no estaban siendo escuchadas y que, justo en sentido contrario, el contenido del plan se iba aligerando cada vez más. El texto resultante de esa “consulta con la sociedad civil” mucho más formal que real se publicó finalmente en junio de 2014, como un borrador elevado para su tramitación al Consejo de Ministros.

A partir de ahí, en los tres últimos años, apenas volvimos a saber nada más del plan. Y eso que diferentes organizaciones enviaron cartas al ministerio para ver si en algún momento tenían prevista su aprobación, a la vez que otras nos preguntábamos a qué respondía el secretismo en torno a ese documento y por qué parecía que se lo habían dejado olvidado en un cajón. No hubo más noticias hasta principios de este año, cuando el Partido Popular presentó una proposición en el Senado para instar al Gobierno a recuperar en 2017 el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. En realidad, todo respondía a una razón muy simple: como decíamos varias organizaciones en un artículo publicado hace unos meses en La Marea, “el Gobierno ha decidido sacarlo del cajón precisamente ahora que España aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Y es que para tener opciones a formar parte de ese organismo, con tres países compitiendo por dos puestos, el Ejecutivo español necesitaba presentar el plan para sumar puntos en su candidatura.

Por eso había tanto interés en que el proceso se acelerara y, como así fue, se aprobara el plan durante el verano. Sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participación, con una absoluta falta de transparencia y sin que hubiera constancia previa de las modificaciones introducidas en el texto por las presiones de la patronal y los Ministerios de Economía e Industria, nadie que no fuera el Gobierno pudo enterarse del contenido del documento hasta que fue publicado. Así lo han denunciado la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Amnistía Internacional, Greenpeace y otras organizaciones, mostrando su “disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del plan”. Finalmente, en este mes de octubre, después de que Francia se retirara de la pugna y de que el trámite fuera votado en la ONU, España ha logrado su objetivo y se sentará en el Consejo de Derechos Humanos durante los próximos tres años.

Sobre el fondo

El contenido formal y material se vincula con los Principios Rectores, que son el anclaje de la arquitectura jurídica de la impunidad en Naciones Unidas. Porque no olvidemos que, en el marco “proteger, respetar y remediar” promovido por Ruggie, las prácticas voluntarias y unilaterales de las empresas transnacionales se convierten en el único referente de sus obligaciones. Ahí se ubica perfectamente la idea de respetar los derechos humanos al margen de las cuestiones relativas a su responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes. Los Principios Rectores, al fin y al cabo, no son otra cosa que una sofisticación jurídica que devalúa la verdadera dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes empresas, puesto que –como se dice en su preámbulo– “no implican la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”. Esto no supone un avance en el control normativo de las grandes corporaciones, ya que la realidad transita en sentido inverso: la asimetría entre la fortaleza de la lex mercatoria y la debilidad de los acuerdos voluntarios se consolida como elemento central de la supuesta regulación.

En este contexto, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos es el aterrizaje de estos principios en el Estado español: “Este plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado ese proceso”. Esa es la idea que, como se traduce en todas y cada una de las medidas propuestas, atraviesa todo el documento: parecería que la única relación posible entre las grandes compañías españolas y los derechos humanos pasa por establecer un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas empresariales. No hay ninguna mención al diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos… que debería ser de obligado cumplimiento.

Desde sus orígenes, el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos nunca contempló varias cuestiones fundamentales: ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros países; asumir la noción de interdependencia e indivisibilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales del Derecho Internacional; incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos. Y tras sucederse las distintas versiones de un plan que se iba descafeinando cada vez más, ni siquiera algunas de las pocas medidas interesantes que se contemplaban al principio –como, por ejemplo, excluir de subvenciones y apoyos públicos a aquellas compañías que hubieran sido declaradas culpables, mediante sentencia firme de la autoridad judicial correspondiente, de violar los derechos humanos– han permanecido en el texto final.

En los sucesivos borradores, una y otra vez, han ido rebajándose las exigencias para controlar de manera efectiva las prácticas de las empresas transnacionales. Hasta quedar, finalmente, en nada: “Se presenta, por tanto, como un Plan de Empresas y Derechos Humanos con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados”, leemos en el plan que se aprobó este verano. Y las medidas que en él se incluyen son coherentes con esa declaración de intenciones: acciones y estrategias de sensibilización, campañas de formación, códigos de autorregulación, un sistema de incentivos y colaboración, medidas de información, capacitación y asesoramiento a empresas, etc. Pero, como hemos venido insistiendo en todos estos años, el Estado no debería informar y asesorar a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus operaciones; su función tendría que ser exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento efectivo de las normas que los regulan.

Sobre control y regulación

“Es mejor tener un plan que no contente a todo el mundo que no tener ninguno”, argumentan desde la Oficina de Derechos Humanos. A nuestro entender, sin embargo, este plan ni siquiera va a funcionar como un “mal menor”. Porque, de hecho, puede operar como un freno normativo a la hora de exigir responsabilidades efectivas a las grandes corporaciones por los impactos de sus negocios sobre los derechos humanos. Dicho de otro modo: si se consolidan las medidas basadas en la sensibilización del mundo empresarial, la comunicación y el diálogo, las prácticas de buen gobierno, la ética y la transparencia, la elaboración de memorias y guías, los códigos de buenas prácticas y la acción social, será imposible avanzar de manera efectiva en la instauración de mecanismos de control y normas vinculantes para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Que es lo que, por cierto, se está debatiendo precisamente estos momentos en Naciones Unidas, donde esta semana está teniendo lugar la 3ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Mientras el Gobierno español sigue demostrando su “compromiso con los derechos humanos” con la visita del ministro de Economía a los Emiratos Árabes Unidos para firmar un acuerdo que aumente el comercio bilateral, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ahora se está tratando de avanzar en la negociación de un tratado vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos en todos los países por igual. No en vano, en Ginebra se están oponiendo dos lógicas: la que aboga por la “responsabilidad social”, los Principios Rectores y los Planes de Empresas y Derechos Humanos, por un lado, frente a la que promueve la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las grandes corporaciones, por otro. Es decir, la impunidad del poder corporativo frente a los derechos de las mayorías sociales.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Una cronología catalana

3 de marzo de 1996. Pujol, enano… Acaban de celebrarse las elecciones generales que terminarán con la victoria de José María Aznar, al frente del Partido Popular, tras 14 años de gobierno socialista. Ante la sede madrileña del PP, los militantes corean a gritos una frase ya popular: “Pujol, enano, habla castellano”.

21 de marzo de 1996. Aznar “habla” catalán en la intimidad. En una entrevista en TV3, José María Aznar afirma: “La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje, y desde luego quiero decir que no solamente lo leo desde hace muchos años, la entiendo, y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también”. Dos semanas antes había ganado las elecciones generales sin mayoría absoluta.

Jueves, 24 de febrero de 2005: Pasqual Maragall nombra el 3% y lo retira. Se debate en el Parlament de Catalunya el hundimiento de un túnel en el metro del Carmel. Artur Mas y el entonces president Pasqual Maragall se enzarzan en una discusión en la que Maragall afirma: “Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3 per cent”. Mas responde furioso: “Vostè ha perdut completament els papers”, y añade “vostè engega la legislatura a fer punyetes”. Mas amenaza con romper el consenso que existe en los grupos catalanes para negociar con el Gobierno español un nuevo Estatut para Catalunya. Maragall responde entonces: “Accedeixo a la seva demanda”.

21 de enero de 2006. Zapatero pacta con Mas. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), se reúne con Artur Mas (CiU), líder de la oposición al president Pasqual Maragall, con quien firma el “acuerdo global” para aprobar un nuevo Estatut para Catalunya. Maragall poco después califica dicho acuerdo como “dudoso y precipitado”.

25 de enero de 2006. El PP arranca su campaña contra el Estatut. La pregunta es: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”. El Partido Popular lleva a cabo así una campaña de recogida de firmas contra el Estatut, encabezada por el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, que acaba presentando cuatro millones de firmas en el Congreso.

30 de marzo de 2006. El Congreso aprueba el Estatut. El nuevo Estatut sale adelante con los votos de PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG. Votan en contra PP, ERC y EA. Antes, el 21 de marzo se eliminan y “pulen” numerosos puntos. En abril, Alfonso Guerra declara su ya famosa frase sobre el Estatut: “Se ha cepillado (…) como un carpintero”. El 10 de mayo 2006 se aprueba definitivamente.

18 de junio de 2006. Referéndum. Los catalanes votan y aprueban en referéndum el nuevo Estatut con un 72,9% de los votos. Participa alrededor del 50% del censo. El 9 de agosto de 2006, el texto entra en vigor.

31 de julio de 2006. El PP acude al Constitucional. El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el TC al considerar el Estatut “una Constitución paralela”. Tras este recurso se presentan seis más. 

12 de septiembre de 2006. Solo 6.000 independentistas en la Diada. En la manifestación independentista paralela celebrada con motivo de la Diada participan 6.000 ciudadanos partidarios de la independencia, según la Guàrdia Urbana.

17 de septiembre de 2009. Millet confiesa su saqueo al Palau. Félix Millet, expresidente de la Fundació Orfeó-Català Palau de la Música, confiesa públicamente haber robado de la reputada institución al menos 3,3 millones de euros. Pide disculpas y explica que lo gastó en viajes, obras en sus domicilios y otros dispendios familiares. 

28 junio de 2010. El TC declara inconstitucional el Estatut y Catalunya se moviliza. Con seis votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Constitucional da la razón al PP y declara inconstitucional el Estatut. Afirma: “La Constitución no conoce otra que la Nación española”. Poco después, el día 10 de julio, se celebra en Catalunya una multitudinaria manifestación bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”. Según la Guàrdia Urbana, más de un millón de personas salen a la calle. Es la primera de toda una serie de movilizaciones que superan el millón de participantes.

27 de mayo de 2011. Los Mossos cargan duramente contra el 15-M. Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana dejan 121 heridos (37 de ellos policías) en una violenta carga contra los “indignados” acampados en la Plaça de Catalunya de Barcelona. Se pide la dimisión del conseller d’Interior, Felip Puig, por una actuación “desproporcionada” de los Mossos.

15 de junio de 2011. Mas anuncia un “uso legítimo de la fuerza” policial. El presidente del Govern, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, se ven obligados a acceder al Parlament en un helicóptero de los Mossos d’Esquadra. Un grupo de los indignados que rodean el recinto lanza pintura, insultos y abucheos, e incluso algún empujón contra algunos diputados. El resto protesta por los recortes del Govern. Mas pide entonces comprensión hacia un “posible uso legítimo de la fuerza” contra los indignados por parte de los Mossos.

11 de septiembre de 2012. Diada del millón y medio. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), con Carme Forcadell de presidenta, convoca una manifestación que resulta ser de nuevo multitudinaria: los Mossos d’Esquadra aseguran que más de millón y medio de ciudadanos han colapsado Barcelona.

14 de noviembre de 2012. Los Mossos le revientan un ojo a Quintana. La manifestación protestaba durante la huelga general del 14-N cuando una pelota de goma revienta el ojo de Ester Quintana. El conseller Puig mintió al menos dos veces al negar que hubiera efectos de los Mossos en la zona, pero al final se tuvo que admitir que así fue, lo que le costó el cargo al jefe de Antidisturbios de los Mossos, Sergi Plà. Tiempo después, en abril de 2016, la intervención de Josep Lluís Trapero, quien aseguró ignorar la identidad de los mossos que intervinieron, consiguió que absolvieran a los dos policías acusados.

11 de septiembre de 2013. “Vía catalana para la independencia”. La ANC, con Carme Forcadell al frente, consigue formar una cadena humana de 400 kilómetros en favor de la independencia de Catalunya, desde la localidad francesa de LePerthus hasta Vinaroz. La Generalitat cifra los participantes en más de millón y medio.

11 de septiembre de 2014. La Diada bate récords. Los ciudadanos son convocados a celebrar la Diada formando una gran uve en Barcelona. Según la Guàrdia Urbana, participan más de 1.800.000 ciudadanos.

27 de octubre de 2014. Falsa cuenta de Trias. El periódico El Mundo publica la existencia de una cuenta en Suiza a nombre del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Poco después se demuestra que dicha información es falsa.

9 de noviembre de 2014. Se celebra el “Procés Participatiu”. La pregunta es doble: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?”. Con dicha consulta, tal y como afirmó Artur Mas, se pretende plantar cara a la prohibición del Gobierno español de celebrar un referéndum legal. El 80% de los participantes vota Sí-Sí.

25 de mayo de 2015. Colau, alcaldesa. La activista Ada Colau, luchadora contra los desahucios, gana las elecciones municipales en Barcelona y cambia el mapa político de Catalunya. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) consigue 3 concejales en Barcelona y 382 en el total de Catalunya.

17 de junio de 2015. Unió abandona el Govern. Duran Lleida y la cúpula de Unió rechazan presentar junto a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) una candidatura independentista.

23 de junio de 2014. Mas admite que no hay apoyo suficiente. En entrevista a la CNN, el entonces president Artur Mas admite que menos de la mitad de los catalanes está a favor de la independencia. Reclama, no obstante, un referéndum.

25 de julio de 2014. Pujol confiesa su delito. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el expresident Jordi Pujol, todo un referente político nacional e internacional, confiesa que tiene dinero “sin regularizar” en el extranjero. El comunicado conmociona a la sociedad catalana.

26 de septiembre de 2014. Pujol amenaza con “ramas”. El expresident Pujol comparece en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya. Se enfurece, abronca a los diputados y se convierte en el histrión que a menudo fue. Entonces lanza su ya popular advertencia: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama… con los nidos que hay. Pero no solo cae esa rama, también caen las otras”.

20 julio de 2015. Nace Junts pel Sí. La coalición de Junts Pel Sí está formada por miembros de CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya (exmiembros de Unió) y Moviment d’Esquerres (exmiembros del PSC).

27 de septiembre de 2015. Elecciones “plebiscitarias”. Junts pel Sí y la CUP las consideran “plebiscitarias” y declaran que la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) dependerá de los resultados. Junts pel Sí gana las elecciones y consigue 62 diputados. Junto a la CUP, que pasa de 3 a 10 representantes, ofrecen una mayoría absoluta independentista, pero no en número de votos. Ciutadans pasa de 9 a 25 diputados y se sitúa como oposición mayoritaria. PSC, antigua fuerza dominante, se queda con 16 escaños, solo 5 por encima de los 11 del PP. La nueva formación Catalunya Sí Que Es Pot logra 11 diputados.

29 de septiembre de 2016. Nace el PDeCat. El partido Convergència Democràtica de Catalunya cambia su nombre y pasa a llamarse Partit Demòcrata Europeu Català. Desde su nacimiento se declara “independentista”.

28 de septiembre de 2015. Baños rechaza la DUI. “La DUI iba ligada al plebiscito: no hemos ganado el plebiscito, luego no hay DUI”. Con esta frase, el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, admite su ‘derrota’ en las llamadas elecciones “plebiscitarias” y admite que no tienen una mayoría suficiente para llevar a cabo una Declaración Unilateral de Independencia.

9 de marzo de 2017. Millet denuncia “financiación irregular” de CDC. El expresidente del Palau de la Música asegura ante el juez, entre otras cosas: “Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública”.

9 de mayo de 2017. Los Pujol, “organización criminal”. Así los considera la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional. El informe asegura que los miembros “del clan” actuaban coordinados y unidos para enriquecerse.

25 de abril de 2017. Jordi Pujol Ferrusola, preso. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decreta prisión incondicional sin fianza para el primogénito de los Pujol al considerar acreditada su ocultación de 30 millones de euros a la Justicia.

7 de septiembre de 2017. Convocatoria de referéndum cuestionada. El Govern convoca la celebración de un referéndum sobre la Declaración Unilateral de Independencia para el 1 de octubre, tras aprobar una Ley de Referéndum en la que no participaron C’s, PSC ni PP al considerarlo “un golpe a la democracia”.

21 de septiembre de 2017. Existe la policía política. El Congreso de los Diputados admite acreditada la existencia de una policía política creada por el Ministerio de Interior del PP para crear pruebas e informes falsos contra sus adversarios políticos en general y los políticos independentistas catalanes en particular.

1 de octubre de 2017. Pese a las repetidas advertencias del presidente Rajoy de que no se iban a poner las urnas para el referéndum, las urnas se ponen y se celebra una consulta declarada inconstitucional y en la que prácticamente solo participa la población declarada independentista. Según el Govern, el 90,18% vota sí a la DUI, y participan 2.286.217 (43% del censo). El Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy manda a la Policía Nacional y la Guardia Civil a requisar las urnas, labor evidentemente imposible. Se llevan a cabo numerosas cargas policiales contra votantes y miembros de las mesas para pasmo de la comunidad internacional. La Conselleria de Sanitat cifra los heridos en 1.066.

16 de octubre de 2017. “Los Jordis”, a prisión. La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dicta prisión comunicada y sin fianza para Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium Cultural) por la probabilidad de reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Deja en libertad a Josep Lluís Trapero, Major de los Mossos.

El final:

A partir del encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, la realidad catalana es bien conocida. Las marchas adelante y atrás del presidente Puigdemont, las negociaciones, las marchas adelante y atrás del PSOE, las equívocas posturas y decisiones de unos y otros, añadirían interminables detalles a esta cronología.

Baste decir que el 27 de octubre de 2017, el Govern de la Generalitat (PDeCat), con el apoyo de la CUP, declaró de forma unilateral la independencia de Catalunya. Acto seguido, el Gobierno español, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, comenzó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Su primer paso ha consistido en el cese del president Carles Puigdemont y de todo el Govern, así como la destitución del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

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La balanza y el mazo, la legalidad como garantía, política y represión

Si para algo está sirviendo la crisis catalana, incluso lejos de solucionarse o llegar a término, es para conocernos mejor. La afirmación, que suena amable como un lema de autoayuda, solo nos habla de que hemos destapado lo que llevábamos tiempo ocultando. Si el 15-M fue en parte una gran terapia de grupo, este momento es como un monólogo interior que carece de esperanzas pero al que le sobran frustraciones. Cataluña, el gran chivo expiatorio de las Españas, tras sefardíes y moriscos, comunistas y masones, está siendo la excusa propicia para la vuelta de todos aquellos que añoraban el Amanecer en Cegama. Pero no solo.

Si hay un argumento que ha tenido un éxito arrollador, además de transversal, ha sido el de la legalidad. El conflicto territorial ha revelado que la connivencia con lo existente es mucho más profunda de lo esperado y que lo que comienza en la parte más reaccionaria de la sociedad es un discurso repetido por sectores de todas las capas y todas las ideologías.

Y dejen que les diga algo. Esto de apelar a la legalidad, desde la abstracción interesada, muestra una preocupación sincera unida a un desarrollo político endeble, pero también es un pretexto para tapar españolismos, miedos al cambio e incluso vulgares resituaciones profesionales que, anticipando la que se nos viene encima, buscan el blanqueamiento de lo sensato para no quedar atrapados en la represalia. Ya les adelanto, no valdrá de nada.

La legalidad es una buena idea. Yo mismo he recurrido a ella muchas veces para intentar promover el laicismo tras la ola siguiente a cada atentado yihadista. La legalidad es un avance histórico que nos permite no estar a expensas de los caprichos del reyezuelo o el santón, saber a qué atenernos, darnos un marco de convivencia. Parece lógico que si alguien –en este caso los independentistas– es acusado sin descanso de no respetar la legalidad concite críticas adversas y un descrédito a sus fines. La legitimidad que da la capa de lo legal sigue siendo importante para la mayoría de la población, es decir, se entiende que no basta que una propuesta política sea razonable, sino que para alcanzarla hay que seguir unos cauces pautados.

Esto no es una novedad histórica. El propio Lenin, que anda de aniversario, trató la cuestión de la legalidad en sus escritos llegando a la conclusión de que era un factor a tener en cuenta para conseguir el respeto y la atención de los ciudadanos. Efectivamente el Partido de los socialdemócratas rusos, del que el padre de la URSS formaba parte, utilizó las escasas herramientas legales que el régimen zarista le permitía como forma no de lograr ningún avance, debido a la inutilidad programada de las mismas, sino sobre todo como altavoz de legitimidad. También, obviamente, hizo uso de otras muchas herramientas ilegales, al igual que el zarismo, al que ni siquiera su propio aparato jurídico le valía para mantener el orden establecido.

Este ejemplo histórico no intenta hacer un símil con nuestro contexto. Lo que se vive en Cataluña no es una revolución obrera ni España es el Estado postabsolutista de los Romanov. Pero sí nos vale para ir haciéndonos una idea de qué es eso a lo que se llama legalidad y cuál es su relación con la política. La legalidad, de lo único que nos previene, es de la arbitrariedad del poder, y por lo general ni eso, ya que puede ser torcida, enmendada o directamente obviada cuando quien la ostenta lo decide. El segundo elemento es que la legalidad, aun intentando expresar equidistancia, razón y justicia, es sobre todo la expresión de unos intereses de clase. El tercero es que la legalidad es una herramienta dúctil que adopta la forma de la mano de quien la empuña, primando más la habilidad para encontrar sus resquicios y usos interesados que los significados concretos de sus artículos.

Un apunte antes de continuar. El mero hecho de que lo legal esté centrando el debate es la consecuencia de cómo se ha tratado el conflicto catalán, esto es, como una cuestión de orden público antes que como un problema político. De ahí que hablemos de cargas policiales, sedición y cárcel y casi nada de las causas profundas que nos han colocado en esta situación. Nadie puede ocultarse detrás de la legalidad para no buscar un consenso cuando todos los gobiernos centrales han negociado con una banda terrorista. Y esta hoja de ruta, como no nos cansamos de insistir por aquí, no es torpeza, sino premeditación. Una que pretende tapar las faltas de los incendiarios y utilizar esta crisis para la cimentación del régimen de Felipe VI.

Hay un factor profundamente hipócrita en las apelaciones a la legalidad, sobre todo en el sector más derechista del bloque monárquico. Y si no, miren la corrupción, algo que ha afectado desde la Casa Real hasta el concejal de urbanismo de la pedanía más recóndita. Que el partido que ostenta el gobierno esté envuelto en un caso de financiación ilegal –que realmente más que financiación es el modus operandi de relación entre élites políticas y económicas– habla de la poca autoridad moral de estos señores para portar la venda y la balanza. La Ley de Memoria Histórica ha tenido una aplicación deficiente boicoteada, una y otra vez, por los herederos del franquismo. En el ámbito más cercano, la legislación laboral es retorcida, ninguneada y moldeada para que el empresariado haga y deshaga a su antojo. Efectivamente, ni todas las leyes valen lo mismo ni la ley es igual para todos.

Sin embargo, este hecho, por sí mismo y por sus protagonistas, siendo justos, no es respuesta al problema. Si buscamos un país más decente, el hecho de que los representantes públicos sean tan dados a la ilegalidad –pregunten también a la derecha catalana independentista– no nos debería otorgar a los demás la capacidad de hacer de nuestra capa un sayo. Hay hipocresía e impudicia, pero sobre todo hay una apropiación del concepto de legalidad con una carga ideológica muy profunda y peligrosa.

No hay líder de Ciudadanos, el partido más extremista del bloque monárquico, que no se arrogue la coletilla de demócrata frente al independentismo. Que el independentismo rompa las costuras legales de lo que realmente nos habla es del agotamiento de un modelo territorial, de un enconamiento prolongado, de la falta de salidas. No de que más de dos millones de personas se levanten un día con ánimos sediciosos. Nos habla de que hay una parte de la población, legalmente española, que no quiere serlo. Y esto, aunque no se reconozca, aunque haya quedado sepultado por lo mediático, es el ineludible fondo. Los independentistas no están abogando por una barbaridad contraria a los derechos humanos, sino por algo perfectamente democrático como la autodeterminación. E insistir en lo contrario lo que busca no es aclarar el panorama, sino crear un enemigo legalmente eliminable.

El independentismo no ha respetado la legalidad del Parlament, pero a lo más que ha llegado ha sido a representaciones políticas de una idea, sin valor jurídico como ellos mismos han reconocido en la de antemano inútil correspondencia con el Gobierno central. Precisamente ha sido este, con la legalidad en la mano, el que ha hecho algo tan ilegítimo como utilizar una violencia desproporcionada contra los votantes del referéndum e incluso forzar la legalidad hasta límites muy poco claros. Así ha ocurrido con el encarcelamiento de los líderes de Òmnium y ANC, donde la competencia del órgano judicial, la figura del delito, así como la prisión incondicional, despiertan dudas entre los expertos.

Pero es en el propio artículo 155 de la Constitución donde se expresa bien el motivo sobre el que gira este texto: la naturaleza de clase de la legalidad. Como apuntaba Julio Anguita en un escrito reciente, el 155 carece de una ley orgánica que lo desarrolle, siendo una carta blanca, esto es, totalmente arbitraria, para intervenir la autonomía. Esta abstracción, no corregida en 40 años, no es casual, ya que responde al deseo de la clase dirigente española de tener un recurso de atribución de plenos poderes para mantener no ya la unidad territorial, sino el dominio sobre las administraciones que no controlen mediante el voto. Que la supervisión de la aplicación del artículo lo vaya a ejercer el propio Ejecutivo ya habla del absolutismo de la medida. Veremos cómo responde el Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por la Generalitat.

La Constitución, que se presenta como un todo inalterable, infalible y ausente de influencia, se cambió cuando los banqueros alemanes así lo desearon, añadiendo una cláusula neoliberal, el 135, que entra en contradicción con el supuesto carácter social y el valor de igualdad que se establecen en el Título preliminar. Que un artículo como el 128, aquel que dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, no haya tenido nunca una utilidad social, lo que nos explica es la capacidad de la izquierda, en las instituciones pero respaldada por la fuerza de la calle, para introducir elementos progresistas, así como su pérdida de poder posterior para hacerlos efectivos. El propio proceso de autonomía andaluza deja constancia de cómo el texto constitucional tuvo que ir variando no tanto por la buena voluntad de sus padres, como se nos ha contado desde el periodismo mitológico, sino por la presión democrática del pueblo movilizado. La Constitución es resultado de una reconfiguración en régimen liberal de la dictadura franquista, no del fin de esa dictadura, por presión interna de la oposición antifascista y por necesidades externas de un contexto internacional que necesitaba una España presentable para el proceso de unidad europea.

Lo que parece, viendo la alegría con la que la derecha amenaza con el 155 a Castilla La Mancha, Euskadi y Navarra, viendo la absoluta falta de mesura y control interno en sus procedimientos punitivos, viendo la adhesión inquebrantable del cuarto poder, no es ya que la crisis actual vaya a tener una resolución dialogada y democrática para todos los catalanes, independentistas y no independentistas, sino que el Régimen del 78 se reencarnará en sí mismo, siendo algo aún más reaccionario, bajo la idea no de que la legalidad es garante de la democracia, sino de que una legalidad muy específica, restrictiva y regresiva, es la única forma de democracia posible.

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Rajoy anuncia el cese del Govern de Puigdemont y la celebración de elecciones

Mariano Rajoy, durante su investidura como presidente el 29 de octubre de 2016. Foto: CONGRESO.ES

Cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consejeros. Sus funciones corresponderán hasta la celebración de elecciones –en un plazo no superior a seis meses– a los ministerios del Gobierno central. La Generalitat de Catalunya como administración continuará funcionando como una organización administrativa ordinaria pero bajo las directrices del Ejecutivo central. Además, la presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar debates ni votaciones de investidura.

Este el resumen de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy –con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos– en aplicación del artículo 155 y que ahora deberá refrendar el Senado. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese gobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto”, ha asegurado el presidente español en una rueda de prensa tras el consejo de ministros celebrado este sábado.

“No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los intereses de quienes las hicieron”, ha iniciado el presidente su intervención, en la que ha insistido en que no era su intención ni su deseo aplicar el 155. “Diálogo, una palabra hermosa que en esta ocasión se ha convertido en mágica. Nadie planteó un diálogo por parte de la Generalitat, sino una imposición. Se invitó al presidente al Parlamento y no quiso, a la Conferencia de Presidentes y no quiso, a hablar de la financiación autonómica y no quiso. Lo único que se hizo fue liquidar la ley y poner en marcha sin tener competencia para ello una legalidad paralela. Ni siquiera el diálogo se practicó en el Parlamento de Cataluña”, ha afirmado Rajoy.

Según ha respondido a preguntas de los periodistas, ningún nuevo paso de los responsables de la Generalitat frenará la aplicación del 155. Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia y restituir la vigencia de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Estos son los objetivos que esgrime el Ejecutivo tras los dos requerimientos enviados al presidente catalán, Carles Puigdemont.

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PP y PSOE pactan elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo mes de enero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista Pedro Sánchez | La Marea

El Gobierno y el PSOE han pactado la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña el próximo mes de enero. La medida forma parte de la próxima aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que aprobará en los próximos días el Senado. La diputada del PSOE Carmen Calvo lo ha confirmado este viernes en TVE.

“La aplicación del 155 no tiene que ver con la suspensión de la autonomía sino para reponer la legalidad constitucional”, ha insistido Calvo, que encabeza la delegación socialista que negocia con el Ejecutivo de Rajoy el paquete de medidas a tomar en Cataluña en las próximas horas. “Si Puigdemont las convoca [las elecciones] de forma ordinaria sería estupendo”, ha apostillado.

La diputada ha admitido que el PSOE espera que las medidas que adopte este sábado el Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 afecten a los Mossos d’Esquadra y a TV3, y que su aplicación sea “eficaz” y no “caótica”. Será dentro de una semana, el próximo 27 de octubre, cuando el Senado apruebe las medidas adoptadas por el Gobierno. La intención del Ejecutivo y el PSOE es que la intervención de la autonomía catalana sea la mínima posible.

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El Gobierno anuncia que el sábado aprobará las medidas para aplicar el 155 en Cataluña

puigdemont

“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre“. Así finaliza la respuesta enviada por el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, al segundo requerimiento del Gobierno previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Ejecutivo, por su parte, ha convocado el Consejo de Ministros el próximo sábado para aplicar el 155. En la carta, Puigdemont hace referencia al encarcelamiento de los presidentes de Òmniun Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana y vuelve a incidir en la petición de una reunión con el presidente Mariano Rajoy. En este sentido, desestima la negociación en el Congreso de los Diputados que reclama el Gobierno.

“El presidente de la Generalidad no responde al requerimiento”, ha afirmado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la lectura de un comunicado en una comparecencia sin preguntas. “No se ha contestado al requerimiento y continuará con los trámites previstos para restaurar la legalidad en Catalunya y el orden constitucional y frenar el deterioro que la inseguridad jurídica y política que está causando la Generalidad”, ha añadido.

 

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La España que deseo

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No soy nacionalista. Ni vasca ni española. Igual no lo soy precisamente porque soy vasca, porque llegué a la conciencia política en un contexto en el que la nación, tanto vasca como española, significaba para mí una especie de pozo negro donde fermentaban el odio, la polarización y la violencia. Me crié en un ambiente en el que España era los GAL, la guardia civil de los controles de tráfico, los “maderos” que nos sacaban a tortas de los bares. España era la monja bigotuda de mi colegio que se negaba a llamarme Edurne porque era un nombre vasco. España era el imperio que celebraba el quinto centenario del “descubrimiento” de América sin reconocer el genocidio indígena. España era lo peor. No nos acordábamos ni de Lorca ni de Miguel Hernández, ni de Durruti ni de Federica Montseny. En nuestro imaginario —o en el mío, solo debería hablar por mí— los españoles admirables lo eran a pesar de sus orígenes. O lo eran porque se rebelaron contra la España carpetovetónica, la que va de los Reyes Católicos hasta el Caudillo y sus herederos. Euskal Herria, la otra nación, tampoco me resultaba mucho más atractiva: era la Arcadia por la que algunos estaban dispuestos a matar. Con eso bastaba.

Ahora soy consciente de las limitaciones de mi visión polarizada, tanto de la nación española como de la vasca. Aun así, sigo creyendo que esa España carpetovetónica existe. Es la España inmovilista, la monológica, la que mira entre el desprecio y el odio cualquier demostración de diferencia, la que está dispuesta a sacar los tanques en defensa de una constitución fallida y defectuosa. Es la España que se aferra a una legalidad que parece escrita no por seres humanos, con las limitaciones propias y de su contexto histórico, sino por un dios omnisciente que ha marcado su ley en unas tablas sagradas invariables, eternas, irrevocables. Es la España que cuando se habla de la dispersión de presos dice “que se jodan”, la que piensa que si a un detenido le torturan, “algo habrá hecho”.

Es la que no reconoce el feminicidio ni ampara como debiera a las mujeres y niños víctimas del abuso, la que cuestiona la ley de matrimonio homosexual. Es la que condena con la cárcel a gente que cuelga un chiste en Twitter pero se calla, cómplice, cuando un torero enarbola la bandera con el aguilucho franquista o cuando un cura dice desde el púlpito que con Franco se vivía mejor. Es la que defiende que desenterrar a los muertos de las cunetas y devolverlos a sus familiares en duelo eterno significa reabrir la herida de la Guerra Civil. Es la que cierra sus puertas a los refugiados, la que dice que se queden en sus casas si no se quieren morir ahogados en el mar. Esa España existe, no es minoritaria, vota en las elecciones, elige a sus representantes. A esa España yo no la quiero.

Pero sé que hay otra España, una con la que se podría construir la que yo deseo. No soy politóloga ni abogada ni juez. No sé qué mecanismos se pueden crear para mejorar la Constitución ni cómo habría que cambiar las leyes para poder desarmar a esa otra España ruin. Para sentirme ciudadana en este país, para aceptar a España como una nación con la que me siento identificada, que reconoce mis derechos y mi diferencia, tendrían que cambiar mucho las cosas.

Yo quiero una España en la que hablar en lengua propia, ya sea el catalán, el gallego, el euskera, el bable o cualquiera de los idiomas o dialectos que pueblan nuestro Estado, no sea objeto de linchamiento colectivo, como vimos a cuenta de las comunicaciones de los Mossos durante el atentado de Barcelona. Una España que reconozca los errores históricos y que se empeñe en acomodarse a los nuevos tiempos, a las necesidades políticas, económicas y afectivas de sus ciudadanos de las periferias. Una España que penalice el feminicidio pero no la libertad de expresión, solidaria con los más desfavorecidos de dentro y de fuera. Me llamarán ingenua, adanista, pero me da igual. A mí me han preguntado qué España quiero, no qué España creo que sea posible. El deseo a veces es incompatible con la realidad, pero sin deseo tampoco hay futuro.

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