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PP y PSOE pactan elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo mes de enero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista Pedro Sánchez | La Marea

El Gobierno y el PSOE han pactado la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña el próximo mes de enero. La medida forma parte de la próxima aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que aprobará en los próximos días el Senado. La diputada del PSOE Carmen Calvo lo ha confirmado este viernes en TVE.

“La aplicación del 155 no tiene que ver con la suspensión de la autonomía sino para reponer la legalidad constitucional”, ha insistido Calvo, que encabeza la delegación socialista que negocia con el Ejecutivo de Rajoy el paquete de medidas a tomar en Cataluña en las próximas horas. “Si Puigdemont las convoca [las elecciones] de forma ordinaria sería estupendo”, ha apostillado.

La diputada ha admitido que el PSOE espera que las medidas que adopte este sábado el Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 afecten a los Mossos d’Esquadra y a TV3, y que su aplicación sea “eficaz” y no “caótica”. Será dentro de una semana, el próximo 27 de octubre, cuando el Senado apruebe las medidas adoptadas por el Gobierno. La intención del Ejecutivo y el PSOE es que la intervención de la autonomía catalana sea la mínima posible.

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El Gobierno exige a Puigdemont que rectifique su respuesta antes del jueves

Carles Puigdemont, en el Parlament | La Marea

El Ejecutivo ha exigido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “vuelva a la sensatez”, tras analizar el contenido de la carta remitida este lunes por el mandatario catalán a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno exigió a Puigdemont a que resolviera la duda sobre si había proclamado, o no, la independencia de Cataluña. La respuesta del president se mantiene en la ambigüedad mantenida hasta el momento para no provocar la fractura en en el seno del independentismo.

“Está en su mano evitar que se den los siguientes pasos”, ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha recordado a Puigdemont que “el plazo que ahora nos marca es el del jueves a las diez de la mañana”. Esto implica la activación del segundo requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Ese día y a esa hora, el Ejectutivo trasladará al Senado las medidas propuestas adoptadas tras un Consejo de Ministros.

“Puigdemont sigue teniendo en su mano la solución. Que conteste sí o no”, ha insitido Sáenz de Santamaría. En su opinión, el presidente de la Generalitat aún “tiene la oportunidad de decir que no tiene que revocarla [la declaración de independencia] porque no la ha declarado”. “Tiene una oportunidad de rectificar”, ha remachado.

“Me gustaría recordar una cosa al señor Puidemont. El artículo 155 no es para suspender el autogobierno, es para que el autogobierno se ejecute de acuerdo con la legalidad”, ha afirmado la vicepresidenta. Además, ha asgurado que “nadie le niega el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse dentro de la Ley”. “El diálogo no se exige, se practica”, ha concluido.

Una carta de dos páginas

En su carta, Puigdemont no contesta de forma explícita al requrimiento de Moncloa. El presidente catalán se muestra abierto a iniciar un diálogo en el plazo de dos meses a cambio de que el Gobierno cese en la represión y las actuaciones judiciales. La misiva, de dos páginas, hace una única mención al cuestionamiento exigido por parte del Gobierno de España: “La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya había adelantado la postura del Ejecutivo a la respuesta de  Puigdemont asegurando que no responde a la preguna exigida. El Gobierno advirtió que si la respuesta no fuera satisfactoria se activaría el ultimátum del requerimiento expresado en el artículo 155 de la Constitución.

Carta de Puigdemont a Rajoy

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Puigdemont comparecerá el martes en el Parlament

Carles Puigdemont, en el Parlament | La Marea

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá la tarde del martes en el Parlament después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el pleno del lunes, ante la previsión de una posible Declaración Unilateral de Independencia. En su petición de comparecencia, Puigdemont ha avanzado que informará “sobre la situación política actual”, sin ofrecer más pistas sobre el contenido de la sesión plenaria.

Poco antes del anuncio del presidente catalán, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha abandonado sin medidas cautelares la sede de la Audiencia Nacional, tras una breve declaración ante la juez Carmen Lamela. Trapero y otros dos altos cargos de la policía autonómica catalana están siendo investigados por un posible delito de sedición, tras el dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos el 20 de septiembre en la Conselleria de Economía de la Generalitat. Ante la juez, el mayor ha explicado su versión de los hechos y se ha mostrado “muy satisfecho”.

También han abandonado la Audiencia Nacional sin cargos los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No obstante, será previsiblemente el lunes cuando la Fiscalía pida a Trapero y el resto de los investigados la prisión preventiva o bien alguna otra medida cautelar. A última hora de la mañana, la Fiscalía ha recibido un nuevo atestado que extiende los posibles hechos delictivos del jefe de los Mossos al 1-0.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha pedido disculpas por los heridos de las cargas policiales del día del referéndum pero ha defendido la actuación policial. A su vez, Millo ha responsabilizado al Govern de la situación vivida el 1-0. Además, un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia del Govern contra la operación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar el 1-O. En su auto, el juez reconoce que “afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana”.

Mientras, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto-ley para facilitar el cambio de sede social de las empresas que decidan dejar Cataluña. El decreto permite que sea el consejo de administración quien decida el cambio de sede sin necesidad de convocar a la junta de accionistas. “Es muy triste la salida de empresas de Cataluña, y eso es culpa de una política irresponsable que genera inquietudes en el mundo empresarial. El Gobierno siempre va a favorecer todo lo que permita la prosperidad económica en Cataluña”, ha afirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

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España no se dirige a los Balcanes, camina hacia Turquía

'Garrote vil', obra de Ramón Casas (1894). | La Marea

Si las crisis políticas tienen algo bueno es que la ironía como escapismo para enfrentar los conflictos cotidianos queda reducida a la intrascendencia. Si tienen algo malo es que la suma de acontecimientos en un espacio de tiempo muy pequeño apenas deja tiempo para asumirlos, pasando como comida mal digerida que apenas deja nutrientes en el organismo.

Hace una semana el Referéndum parecía, según el Gobierno central, finiquitado. Los sucesivos golpes a la infraestructura técnica más el abrumador despliegue policial anticipaban un 1 de octubre que quedaría como el final de las ansias independentistas y como el principio de la vuelta a los cauces previstos. El pasado martes 26 de septiembre, de hecho, Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, hizo el siguiente comentario: “La declaración unilateral de independencia en estos momentos está absolutamente descartada, lo que hay que dejar es que la gente vote y en función de lo que vote, escuchar y empezar a dialogar”. La expresión estupefacta de Anna Gabriel, enterándose de las declaraciones en un programa de televisión, lo dijo todo.

Este pequeño episodio, lejanísimo, al que ya nadie da importancia, explica en buena medida en qué ha consistido todo el Procés en términos políticos institucionales. El PDeCAT solo ha creído en las acciones para lograr la independencia como gestos, como una representación que afianzara su poder en Cataluña y a la par les diera capacidad para forzar unas negociaciones que superaran la senda del malogrado Estatut.

El problema es que cada representación desde su lado ha sido contestada desde el contrario con otro gesto que les ha impedido frenar y, lo que es más importante, que ha dado impulso a una parte de la sociedad catalana que ha sobrepasado a los de Puigdemont de largo. Además, ya hay otro factor, y con ese ya nos referimos a la formación del último Gobierno del PP, que descuadra la ecuación de las representaciones: el Régimen ya no desea negociar ni solucionar ningún problema, desea eliminarlo e imponerse.

Que el Régimen del 78 está muerto se dice desde los círculos de la izquierda cada vez menos y con menos convicción pero también desde los de la derecha, salvo que estos lo hacen allí donde no hay cámaras ni micrófonos. Cataluña es vista como el 23-F de Felipe VI, como la oportunidad para cimentar un reinado que, todo Borbón sabe, siempre es de prestado hasta que un acontecimiento traumático hace necesaria su presencia. Para los conservadores más inteligentes derrotar al independentismo es derrotar al problema nacional, pero también a la idea constituyente de república, al cambio que amenazó, más de lo que creemos, su orden de cosas.

Ayer, el rey tenía tres posibilidades en su discurso. La primera, la de hacer un llamamiento al diálogo, algo que le hubiera salvado la cara delante de todos aún siendo una declaración meramente testimonial. La segunda, la de dar un toque al Gobierno, poco probable en nuestro país pero no tan descabellada si se piensa en la atención internacional y las llamadas de Merkel a Rajoy o los titulares de la prensa conservadora europea y norteamericana. La tercera, la elegida, fue la de la confrontación abierta, que más que unir su destino al del Gobierno lo que hace es mostrar que esto ya no es una cuestión tan solo del PP, sino una decisión para matar al 78 haciendo que perviva su esencia del 39.

Y, siendo realistas, todo parece a su favor. La lectura es que da igual tener un conflicto grave en Cataluña mientras que se mantenga dentro de unos límites que no requieran la intervención militar y que, sostenido en el tiempo, valga para atrapar el discurso político únicamente en el eje, más que nacional, patriotero. Aunque la economía española ha crecido de forma leve, sin que esto haya valido para mejorar la situación social de las capas populares, la amenaza de un cambio en la política del BCE en la compra de deuda reduciría al mínimo la posibilidad de supervivencia del Gobierno. A no ser que los votantes cambiaran la indignación por el ardor rojigualdo.

El principal problema para España, en estos momentos, no es su balcanización, sino su asimilación turca. Por un lado tenemos un juego político reducido a la grosería permanente, donde ya no hay espacio para el desarrollo de ideas complejas a largo plazo ni para un debate de fondo. Nos remitimos a la constante, reaccionaria y peligrosa insistencia en equiparar democracia y legalidad de tan el gusto, por ejemplo, de Ciudadanos. Pasamos de que la idea de legalidad sea la garante de la democracia, a que una legalidad en concreto sea la única forma de democracia posible, reduciendo por tanto el ejercicio político a una fosilización de intereses de clase con apariencia de normas.

La represión en la jornada del Referéndum, aún brutal, no es inédita en este país. Como no lo son las acciones parapoliciales que, uniformados sin uniforme, perpetraron en Calella. La imagen de una policía hooliganizada gritando consignas en la recepción de los hoteles o aplaudiendo a un Albiol de tono dramático que les decía que estaban allí para proteger a los “catalanes de bien” ha pasado de ser algo que se presentaría casi como primicia periodística para el oprobio de la fuerza pública a una noticia celebrada con orgullo en las tertulias. Y este es el otro pie fundamental del erdoganismo españolista, tras palos y leyes mordaza, unos medios que han perdido por completo cualquier interés en fingir rigor y ya pelean solo por ver cuál se muestra más lacayuno y aplicado. Nunca el poder podrá agradecer suficiente a sus periodistas la labor desempeñada.

La cuestión, en una situación tan oscura, es que el remake del 23-F se puede transformar rápidamente en un 1898 con su desastre de Cuba. Mientras que en 1981 el miedo al franquismo era cierto, hoy hay varias generaciones que han podido desarrollarse en unas líneas políticas netamente diferentes a la de sus padres y que, sin ser revolucionarios, no toleran fácilmente las imágenes de represión y violencia. La segunda, porque el factor material sigue ahí, imposibilitando un proyecto de vida a largo plazo, más allá de una precarización a salto de mata. La tercera es que nadie menor de 40 años se toma en serio los grandes medios, sobre todo cuando la realidad que presentan es de una disparidad abrumadora comparada con la información que circula por las redes. La cuarta es que el periodo anterior, aunque hoy parezca finiquitado, dejó algo en millones de personas. Determinadas experiencias, formas organizativas, enseñanzas directas como vivir la represión en primera persona no se olvidan tan fácilmente. Y la quinta es que, pese a que la izquierda parlamentaria ha dado una imagen en la crisis catalana de endeblez, improvisación e incomodidad, está estructuralmente presente de forma mucho más factible de lo que lo estaba hace cinco años. Además, mientras que Juan Carlos I habló desde una fingida heroicidad para todos, Felipe VI ha desvelado que él no es juez, sino parte.

Y aún queda otro factor tapado, el del propio PSOE. Que si bien es parte indisoluble del 78, su principal sustento, lo ha sido siempre y cuando el Régimen pudiera mantener su cara de legitimidad democrática (pese a guerras sucias, reconversiones y corrupciones). Para el partido de Sánchez resulta de una terrible incomodidad defender algo para lo que están pensados si ese algo se muestra, en vez de amable, descarnado. Se equivoca quien vea en el PSOE un aliado confiable de cambio real, se equivoca quien no juegue a azuzar las contradicciones entre lo real y lo representado que este partido va a tener que enfrentar.

Un régimen parafascista no es menos peligroso que uno encarnado por la brutalidad de un general. Sobre todo porque adultera los procedimientos democráticos para escudarse tras ellos desechando todos sus principios. Vivimos un tiempo en el que es posible condenar a gente a la cárcel por delitos de opinión y, a la vez, mantener el discurso de la poscensura en las redes; en el que la Policía puede arrastrar por los suelos a los votantes y, a la vez, ser presentada como víctima de una intolerable cacerolada; en el que un Presidente acosado por graves casos de corrupción puede hablar de legalidad; en el que un rey al que nadie ha elegido puede sentenciar sobre lo inoportuno de elegir. Vivimos tiempos en los que mientras que se canta el Cara al Sol en pleno centro de Madrid se ponen morritos para salir guapo en el selfi. Vivimos una intrascendencia peligrosa, una puerilidad decadente, un fascismo con filtro de Instagram.

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Seguimiento masivo del paro general en Cataluña

Concentración de bomberos ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. | La Marea

Decenas de carreteras cortadas, comercios a medio gas, piquetes, cierre de universidades y escuelas, cortes en las vías del tren y miles y miles de personas en las calles. El seguimiento de la jornada de huelga convocada este martes en Cataluña por las patronales Pimec y Cecot, los sindicatos CGT, IAC, COS, Intersindical CSC y las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) como respuesta a la “violencia” ejercida por la Policía y la Guardia Civil el pasado 1-O ha tenido un seguimiento masivo en las administraciones públicas, el transporte, el comercio, la estiba, los servicios y la agricultura. En la sanidad catalana, el 75% de los trabajadores ha secundado los paros, según la Conselleria de Salut. Los sindicatos UGT y CCOO se han desmarcado de la huelga, que sí han apoyado sus federaciones catalanas. La Generalitat, por su parte, ha anunciado que no descontará el sueldo a los funcionarios que hoy no acudan a sus puestos de trabajo.

Los organizadores no consideran que las movilizaciones de este martes sean una huelga general. Taula per la Democràcia, la plataforma que reúne sindicatos, patronales y entidades soberanistas, define la jornada como “paro de país”. Jordi Cuixart, presidente de la ANC, ha calificado “la respuesta del pueblo de Cataluña” de “ejemplar, mayoritaria, pacífica, serena y democrática”. En su opinión, este paro general “emplaza a todos los ciudadanos de Cataluña a seguir trabajando en defensa de la democracia, la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

“La paz, el civismo y la dignidad nos han traído hasta aquí. El éxito definitivo depende de que nos mantengamos más comprometido que nunca”, ha añadido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El mundo nos mira y tenemos que ganar. Esto debe ir bien”, ha añadido el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch.

Lo cierto es que las protestas han colapsado las principales calles de las ciudades catalanas, muy especialmente las de Barcelona. En algunos puntos de la capital se han vivido ciertos momentos de tensión. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha denunciado el “acoso” y la “intimidación” sufrida por los diputados de la formación por decenas de manifestantes que se han concentrado ante la sede de su partido ante el grito de “fascistas fuera de nuestras calles”.

Algo similar ha ocurrido en las oficinas del PP en Barcelona y ante las sedes de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía, con gritos de ritos de “Fuera las fuerzas de ocupación” o “Este edificio será la biblioteca”. Precisamente este martes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que ni la Policía ni la Guardia Civil abandonarán ningún hotel donde están hospedados en Cataluña en el que exista un contrato en vigor.

El anuncio llega horas después de que varios establecimientos de Calella y Pineda de Mar, en Barcelona, instaran a los agentes a que abandonasen las instalaciones. “Esto es un comportamiento mafioso y no vamos a tolerar comportamientos mafiosos de los ayuntamientos en Cataluña”, ha denunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras, el PSOE ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Congreso para reprobar a la número dos del Gobierno como responsable de las instrucciones que provocaron las cargas policiales en los colegios electorales catalanes en la jornada del referéndum independentista.

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“La violencia nunca puede ser un instrumento en política”

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. | La Marea

“Más allá de los aspectos puramente legales, la Comisión Europea cree que son tiempos de unidad y estabilidad, no para la división y la fragmentación. Apelamos a todos los actores relevantes para que se muevan desde la confrontación al diálogo. La violencia no puede ser nunca un instrumento en política”. Las palabras las ha pronunciado este lunes en Bruselas el portavoz jefe de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas.

En este comunicado oficial redactado por la CE, Schinas ha recordado que “según la Constitución española, el voto de ayer en Cataluña no fue legal. Para la Comisión Europea, como [el presidente de la Comisión, Jean-Claude] Juncker ha reiterado repetidamente, es un asunto interno de España que debe ser gestionado de forma acorde al orden constitucional. También reiteramos la posición legal mantenida por esta Comisión y sus predecesoras: si un referéndum fuera organizado de acuerdo a la Constitución [y el resultado fuera un “SÍ”] implicaría que el territorio que se fuera quedaría fuera de la UE”.

El portavoz jefe del Ejecutivo ha pedido “a todos los actores relevantes para que se muevan con prontitud de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser una herramienta en política”.

La CE ha vuelto a mostrar su apoyo público al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “para gestionar este difícil proceso desde el respeto absoluto a la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Schinas no ha querido comentar las declaraciones del presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, quien ha pedido a las autoridades de la UE que “dejen de mirar hacia otro lado”. “Es un asunto europeo, no doméstico. Creo honestamente que nos hemos ganado el derecho a ser escuchados, a ser interpelados directamente desde las instituciones europeas”, ha señalado el president.

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¿La república catalana será de izquierdas?

Banderas independentistas en la Diada. | La Marea

Con frecuencia, a las personas de izquierdas que tenemos dudas sobre la conveniencia de la independencia de Catalunya, se nos da el argumento de que una República catalana puede ser más de izquierdas que el actual Estado español. Este argumento es la base de la decisión de mucha gente que ha optado por el independentismo desde la izquierda. Dentro de mi laberinto emocional de dudas, quiero hacer un ejercicio de reflexión pública al respecto.

Asumiré que, por “más de izquierdas”, muchas personas entendemos un sistema más democrático, incluyendo la independencia judicial, y con más derechos sociales y civiles. Imaginando que el 1-O hubiera un referéndum con garantías en que ganara el sí a la independencia que permitiera implementar la Llei de transitorietat, voy a intentar poner a prueba la hipótesis antes formulada a partir de la información que conocemos actualmente, a saber, que una República catalana será más de izquierdas, en estos momentos, que el actual Estado español.

Democracia

Para empezar, que la ciudadanía elija la jefatura de estado es más democrático que la sucesión hereditaria. Según la Llei de transitorietat, la elección  del presidente de Catalunya seguiría siendo a través del Parlament.

En contraste con este posible avance, ¡qué lástima que los procedimientos de aprobación de las recientes leyes catalanas de referéndum y transitoriedad hayan adolecido de tantos defectos legales y fueran tan esperpénticas!

En la actualidad, hay múltiples ejemplos que ponen en entredicho el espíritu democratizador de la mayoría política española, desde no permitir el voto en un referéndum con garantías en Catalunya, hasta la famosa reforma exprés de la Constitución para modificar el artículo 135 o la negativa del Congreso Español a que se realizara un referéndum para que la ciudadanía votáramos el TTIP -negativa apoyada por PP, PSOE y CiU, entre otros (aquí sí iban cogiditos de la mano)-. En cualquier caso, probablemente el mayor ejemplo del miedo a mejorar la participación democrática de la ciudadanía es la cerrazón del sistema español a realizar, en un momento de crisis sistémica como el que llevamos viviendo desde el 2008, un nuevo proceso constituyente o, cuanto menos, reformas constitucionales de calado de una forma participativa. La independencia de Catalunya pueda ser un revulsivo para regenerar España o puede llevar a una involución hacia una España aún más casposa.

Por el contrario, la Llei de transitorietat catalana es prometedora en cuanto a opciones de participación democrática de la ciudadanía. En su título VII, se refiere explícitamente a un proceso participativo de la ciudadanía con carácter vinculante durante la elaboración de la nueva constitución catalana. Dicho proceso participativo puede llevar a soluciones democráticas y de mejora de los derechos de la ciudadanía dada la tradición de participación democrática en movimientos asociativos de una parte importante de la población catalana, por el hecho de que la sociedad catalana está un poco más escorada a la izquierda que la española, y porque puede haber más tendencia de las personas de izquierdas a participar en procesos colectivos de toma de decisiones como éste. Por otra parte, si continúa la escalada del conflicto entre Catalunya y Espanya, puede haber un cierre de filas que lleve al independentismo a aceptar, en un contexto de doctrina del shock, “casi cualquier cosa”, como habrían hecho la CUP y ERC con esta Llei de transitorietat.

Gran cantidad de leyes españolas derivan de la legislación europea, a veces para bien, como en temas medioambientales, y a veces para mal, como en derechos sociales y económicos. Los mecanismos de elaboración de la legislación europea son desgraciadamente más opacos y lejanos de la ciudadanía si cabe que los de la legislación española. La República catalana, al menos, transitoriamente, también aspiraría a seguir ciñéndose por los tratados de la Unión Europea (artículo 4 de la Llei de transitorietat), con lo que nos quedaríamos igual en cuanto a pérdida de soberanía popular. Dudo que la actual mayoría social y política catalana vayan a cuestionar la legislación europea.

Independencia judicial

La independencia judicial lleva muchos años de capa caída en España (juicio Noos, doctrina Botín, 4F, cierre de Egunkaria…). No ha ayudado la política de indultos, cuando el fallo judicial no ha agradado el gobierno de turno. El hecho de que el gobierno español nombre al Fiscal general del estado y que el congreso y el senado nombren al Consejo general del poder judicial y al Tribunal constitucional cuestionan en gran medida la independencia de los órganos de gobierno del poder judicial español. El poder judicial transitorio catalán adolecería de la misma falta de independencia política (ver el título V de la Llei de transitorietat). Aquí, el proceso de independencia empieza mal.

Derechos sociales y civiles

Para la mayoría de derechos sociales y civiles, la Llei de transitorietat se ciñe básicamente a la legislación española actual (ver titulo III). Esto asume toda la pérdida de derechos laborales y civiles que hemos tenidos en los últimos años en España, con el frecuente apoyo de CiU. Me parece decepcionante que ERC y la CUP y las entidades independentistas, que tienen un cariz en general progresista, no hayan sido más exigentes hasta ahora en este sentido.

La reciente aprobación provisional del CETA, el acuerdo de libre comercio de la UE y Canadá, sería asumida al menos provisionalmente por la República catalana, cosa que también ataca a nuestros derechos. Por otra parte, la reciente introducción de la Renta garantizada de ciudadanía en Catalunya es una noticia esperanzadora.

En cuanto a los derechos civiles, el balance español es muy preocupante en los últimos 10 años, después de un importante avance con el matrimonio de personas del mismo sexo en 2005. La actual persecución esperpéntica de la organización del referéndum (¡en busca de la urna perdida!), promovida por un sistema judicial que con demasiada frecuencia parece no mostrarse neutral políticamente, nos evoca otros múltiples ejemplos. Podríamos recordar la ley mordaza, las devoluciones en caliente, la falta de investigación de presuntas torturas en España,…

En Catalunya, también ha habido en el pasado ejemplos de decisiones por parte de diferentes gobiernos que cuestionan derechos civiles, como el uso de las balas de goma. Por el contrario, Catalunya fue pionera en la introducción de cámaras en comisaría, tal y como venían solicitando organizaciones de defensa de derechos humanos desde hacía años.

Respecto a la adquisición de la nacionalidad catalana, la Llei de Transitorietat obliga a residir durante 5 años en Catalunya para adquirir la nacionalidad catalana entre quienes no hubieran nacido en Catalunya o no tuvieran previamente la nacionalidad española y estuvieran residiendo en Catalunya a fecha de 31/12/2016. Es una mejora respecto a los 10 años de residencia legal en España que se necesitan para adquirir la nacionalidad española, pero ¡che!, ya que queremos hacer un nuevo estado más apañado, podrían haber sido más inclusivos con la ciudadanía catalana de origen no español.

Todo esto parece indicar que, con sus sombras, los derechos sociales y civiles en una Cataluya independiente podrían ser un poco mejores que en el actual Estado español, aunque tampoco para tirar cohetes. Cabría esperar que el proceso participativo en la transitoriedad a una República catalana pudiera mejorar los derechos sociales y civiles de la ciudadanía.

¿La república catalana sería más de izquierdas?

A falta de incluir otros parámetros que podrían ser muy importantes, como la respuesta internacional al referéndum, el grado en que llegue a escalar el conflicto España-Catalunya…, parece que, efectivamente, una República catalana podría ser sensiblemente más de izquierdas que el actual Estado español.

Sin embargo, no parece que la mayoría de liderazgos independentistas tengan -paradójicamente- especial afán democratizador, más allá del referéndum y el proceso participativo para hacer la nueva constitución. El referéndum y el proceso participativo en sí pueden ser un avance democrático sustancial, pero pueden quedarse cortos ya que dichos liderazgos, de hecho, no aspiran a trascender el dogma neoliberal, tan contrario a la soberanía popular.

Sería el proceso participativo para elaborar la constitución catalana la oportunidad en que la sociedad catalana pudiera corregir dicha falta de ambición democratizadora de los liderazgos políticos, si bien existe el riesgo de que la sociedad se ciegue con la bandera y no aproveche dicha oportunidad. En caso contrario, de aquí a 20 años, la sociedad catalana podría mirar atrás y tener sensaciones parecidas al ver la Transitorietat catalana como actualmente tenemos muchas personas al ver en perspectiva la Transición española. Dichas sensaciones oscilan entre el TINA (There is no alternative) thatcheriano y la sensación de haber sido víctimas de una estafa.
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