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2017, un año pésimo para la sanidad pública

Lo único positivo en 2017, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha sido el compromiso de la Comunidad Valenciana de revertir el Hospital de Alzira a la gestión pública. Y damos fe de ello: en el dossier ¡Buenas noticias! con el que abrimos #LaMarea56, este ha sido uno de los ámbitos en el que más nos ha costado encontrar hechos esperanzadores. El año que acaba ha vuelto a ser un mal año, enturbiado, además, por el procés, añade la organización. “Necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo”, concluye. Estas son las cuestiones más destacadas de 2017, según la federación.

Recortes

El Gobierno continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las comunidades autónomas y que hace que los presupuestos autonómicos no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones de euros menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, Seguridad Social y Administración central: en total más de 1.000 millones de euros por debajo del de 2009. A ello debe de añadirse la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica”.

Gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico sigue subiendo (tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017; como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017), disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE). Situación esta que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, que le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB. Se produce en un momento en que, como se ha señalado, el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB, con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica”.

Privatizaciones

Desde el Ministerio de Sanidad se continua la política de privatizaciones más o menos silenciosas, y de la gestión de la ministra poco puede decirse fuera de su desastrosa participación en la política catalana, y del hecho de que ha confirmado los pronósticos más negativos sobre su incapacidad y/o desinterés para  hacerse cargo de la sanidad del país”.

Sentencias del Constitucional

También resaltamos las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población. De nuevo se evidencian las contradicciones de las políticas del PP, que ha recurrido estas normativas pero no las de otras CCAA que tenían efectos similares”.

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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

MADRID *// ¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!

Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.

Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.

Veremos en qué acaba la cosa.

*Eduardo Garzón es asesor de economía en Ayuntamiento de Madrid

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La inversión española en paraísos fiscales se multiplica por cuatro

Billetes de 500 euros. Foto: Fufu Wolf.

Entre 2015 y 2016 la inversión española hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro, hasta el punto de que actualmente uno de cada cuatro euros invertidos por empresas o particulares de España acaba en un territorio offshore, según detalla el informe El dinero que no ves, sobre paraísos fiscales y desigualdad, que este jueves publica Oxfam Intermón. A nivel internacional, el dinero acumulado en paraísos fiscales aumentó un 45% entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento económico mundial en ese periodo.

El crecimiento de esta actividad coincide con la dificultad de decenas de Estados de todo el mundo, entre ellos España, para ajustar sus deficitarios presupuestos nacionales a través de programas de austeridad basados en recortes de partidas como la educación, la sanidad y otros servicios públicos. Para Oxfam, los paraísos fiscales contribuyen al aumento de la desigualdad “ya que suponen una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo”, aumentando la presión fiscal del Estado sobre las familias, el trabajo y el consumo.

El creciente éxito financiero de estos países y territorios opacos llega en un momento en que las grandes multinacionales han visto un considerable aumento en sus beneficios que “no se ha visto reflejado en su contribución tributaria”, según el informe de Oxfam. Entre 2007 y 2014 los beneficios de estas corporaciones se multiplicaron por tres, pero su contribución a la Hacienda pública de los países de la OCDE (agrupa a 35 países, entre ellos España) cayó y pasó de representar el 3,6% al 2,8% del PIB de esas naciones. “Esta caída en la recaudación se debe en gran medida a su juego perverso, que les permite reducir al mínimo su contribución a las arcas públicas, lo que supone inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas públicas (…) y aviva así la actual crisis de desigualdad”, explica José María Vera, director general de Oxfam Intermón.

Según los cálculos de esta organización, las economías en fase de desarrollo pierden cada año 85.000 millones de euros de recaudación que terminan escondidos en paraísos fiscales, una cantidad similar a la que haría falta para escolarizar a 124 millones de menores o para establecer servicios sanitarios que salvarían hasta seis millones de vidas. En América Latina, la región más desigual del planeta, gravar los dividendos que las compañías reparten entre sus accionistas permitiría financiar políticas públicas para sacar de la pobreza a 32 millones de personas, según los cálculos de Oxfam. La movilización ciudadana es imprescindible para poner fin a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas y forzar una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional, sostiene esta organización independiente a través de la campaña El dinero que no ves.

Coladero fiscal en España

“En España tenemos una brecha de recaudación de seis puntos frente a los países de la zona euro”, sostiene el director de Oxfam, quien además pide la creación urgente de una ley española de evasión fiscal. Entre 2015 y 2016 la inversión procedente de España en paraísos fiscales se cuadruplicó. La organización advierte que la evasión fiscal en España ya acumula una pérdida de 23.000 millones de euros para las arcas españolas desde 2007, casi el doble del dinero que haría falta para pagar la renta mínima a todas las familias sin ingresos en España (12.000 millones). “No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas (…) eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad”, explica Vera. España es el país de la Unión Europea donde más aumentó la desigualdad en los últimos años, solo por detrás de Chipre.

Oxfam identifica varios problemas sobre la evasión fiscal en España y señala varias medidas para ponerle fin y acabar con la impunidad, como crear una ley de evasión fiscal, adoptar una definición clara y vinculante sobre paraísos fiscales, descartar de los concursos públicos a las empresas con actividad en territorios offshore, y equiparar los impuestos que pagan las grandes compañías, que actualmente tienen una presión fiscal muy por debajo de la que afrontan pequeñas y medianas empresas.

El 47% del dinero que grandes corporaciones y fortunas esconden en paraísos fiscales pasa antes por cinco democracias ‘desarrolladas’, de las cuales cuatro son países europeos. España es uno de los países de Europa que más recortó su presupuesto público desde el estallido de la crisis pero la lucha contra la evasión fiscal sigue siendo una tarea pendiente, según denuncian Oxfam e incluso los técnicos del Ministerio de Hacienda. En 2016 las empresas del Ibex 35 tenían 891 filiales en territorios offshore, mientras que la impunidad de los delitos financieros contribuye a que bancos como el UBS, salpicados por grandes escándalos fiscales, planteen trasladar su sede a España.

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Trabajadores y sindicatos denuncian el abandono del Hospital de la Paz por los recortes

El Hospital de la Paz, en Madrid, es el más reputado de España. Así lo consideró el Monitor de Reputación Sanitaria, publicado el pasado mes de diciembre, que le otorgó la mayor puntuación por delante del Clínic de Barcelona y el Gregorio Marañón, también en la capital. Y sin embargo, los recortes de los últimos años afectan igualmente a sus instalaciones.

Este jueves, un falso techo de escayola se vino abajo en el área de cardiología. En la habitación se encontraban dos pacientes, uno de los cuales resultó herido, aunque no de gravedad. El derrumbe provocó, asimismo, numerosos desperfectos.

“La falta de mantenimiento es evidente”, denuncia una trabajadora del Hospital en conversación con La Marea. “Las plazas de las personas de mantenimiento que se han ido jubilando en los últimos años no han sido cubiertas: donde antes había ocho personas ahora hay una. Cañerías, pintura, electricidad… Damos partes de mantenimiento constantemente, y cuando la cosa es ya insostenible se contrata a alguien, a modo de parche para que arregle el desperfecto, y al que despiden al poco tiempo”.

Para esta trabajadora, la situación del hospital público es extensible al resto de la sanidad madrileña. “Por parte de la Comunidad de Madrid hay un empeño claro en externalizar todo lo que no es 100% sanitario. No han podido privatizar la sanidad, pero están intentándolo con todo lo demás”.

La gravedad de la situación es, incluso, estructural. “Este es un edificio viejo y monstruoso que no se han ido más que ampliando y ampliando. Si no lo mantienes, estás perdido. Cuando hace unos años hicieron obra nos contaban que no se podía poner losa en el suelo porque la estructura no aguantaría algo más pesado que sintasol. E incluso se llegó a comentar que sería más barato tirar abajo todo el hospital que arreglar todos los desperfectos del hospital”. Unos desperfectos que los trabajadores sufren a diario. “La mayoría de ellos no salen a la luz. Cuando llueve con intensidad hay goteras que a menudo caen a chorro”.

Un “enfermo crónico”

Desde SATSE, el Sindicato de Enfermería, se emitió un comunicado en el que consideran inadmisible que “la falta de mantenimiento provoque heridos, aunque sean leves, entre usuarios o trabajadores de los centros asistenciales”. Asimismo, el sindicato se dirigió al gerente del Hospital La Paz “para reclamar la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud para conocer la verdadera situación de los edificios que conforman este Complejo Hospitalario y, sobre todo, las medidas que se van a tomar para evitar que hechos como éste y los anteriores vuelvan a producirse”.

Eduardo Fernández, responsable de Salud Laboral de SATSE Madrid, pone datos a ese abandono por parte de la Comunidad de Madrid. “Desde 2002 y hasta el día de hoy la inversión se ha reducido hasta un 77%. En 2002 se invirtieron 264 millones en mantenimiento, una cifra que en 2016 se sitúa en sólo 32 millones”.

Fernández coincide, asimismo, con las denuncias vertidas por los trabajadores. “Lo ocurrido este jueves se está dando demasiado a menudo. Los hospitales con más de 50 años son enfermos crónicos que necesitan mucha más atención para conservar su buena salud. La realidad es que están en un estado preocupante, que se debe fundamentalmente a la falta de inversión por parte de la Administración. Es insostenible, y hay que actuar ya. Porque de lo contrario es muy posible que dentro de poco tengamos que lamentar algo mucho más serio que lo ocurrido este jueves en La Paz”.

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La atención primaria, el patito feo de la sanidad pública

atención primaria Varios pacientes del centro de salud Pino Montano B, en Sevilla.

Un lunes cualquiera, a las diez de la mañana, José Miguel, 61 años, acude a su centro de salud, en el barrio sevillano de Pino Montano, para pedir cita. Quiere comentarle a su médica algunas cuestiones sobre una pastilla que le está afectando al tiroides. “Usted ya tiene una cita para hoy, dentro de un ratito”, le dice la administrativa en el mostrador. José Miguel se queda sorprendido. “Yo no he pedido ninguna cita”, responde. “Pues aquí tiene una”, insiste la funcionaria. Manuel decide aprovecharla y acude a su consulta. Hay siete personas esperando. “A esto no hay derecho. Yo vengo de urgencias y llevo aquí una hora con mi hija. Y la médica dice que se va a desayunar”, protesta una mujer. “Ella no tiene la culpa, señora, el problema es que no hay médicos suficientes. ¿O es que la médica no tiene derecho a desayunar o a ir al baño?”, le responde Emilio, otro paciente, de 76 años. “¿Ves? Esto es lo que pasa, esto es un desastre”, concluye José Miguel, que continúa explicando su caso mientras llega su turno: “Me sacaron el corazón, lo pusieron encima de la mesa, ¿sabes? Y llevo tres bypass”. La megafonía pronuncia su nombre veinte minutos después de la hora asignada.

“La cita la he pedido yo porque si no, no me da tiempo de leer el último informe que me trajiste del cardiólogo”, le dice su doctora, que muestra en un cuaderno una larga lista de pacientes crónicos que acuden con bastante frecuencia a la consulta. El centro, Pino Montano B, tiene asignadas 21.237 cartillas entre medicina de familia y pediatría para 11 médicos y cuatro pediatras, que no siempre son sustituidos, como ocurrió al menos durante los dos días que La Marea acudió al ambulatorio. 

Según un informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el 52% de las personas que demanda asistencia en los centros de atención primaria no son atendidas el mismo día y el 11% tardan más de una semana. “Esto es incompatible con la filosofía y la lógica de la atención primaria, que debería atender la demanda de manera inmediata”, denuncia la federación. El informe cifra la masificación de los cupos de la siguiente manera: “Más del 52% tienen más de 1.500 tarjetas individuales, que son 250 tarjetas más de las marcadas por las sociedades de medicina de familia, pediatría y enfermería”. Esta situación -en el caso de Pino Montano B corresponde a cada médico más de 1.400 cartillas- obliga a atender a una media de 40-50 pacientes al día, lo que repercute “en la asistencia y la capacidad para resolver casos en el nivel por falta de recursos y tiempo”, añade el documento, que atribuye el deterioro a un modelo sanitario regido por el mercado y la competencia en el que la atención primaria, orientada a la promoción, la prevención y la medicina comunitaria, queda relegada. 

“El negocio sanitario pasa por potenciar la atención hospitalaria, el uso intensivo de las nuevas tecnologías y medicamentos (cuanto más costosos mejor),  y medicalizar la vida de las personas para que hagan un elevado consumo sanitario -denuncia la federación-. En esta estrategia están implicados responsables políticos de la administración, el complejo de la industria farmacéutica y de equipamientos, las grandes corporaciones tecnológicas (como IBM) y los fondos de inversión internacional, con puertas giratorias en las que altos cargos intercambian sus puestos entre la administración sanitaria y las empresas”.

La doctora, que prefiere no identificarse, asegura que lleva atendidos esa mañana a más pacientes de otros médicos que están de vacaciones o enfermos que suyos. “Hoy faltan cuatro y somos once. Y deberíamos ser tres más. Esto siempre es así. Los procesos crónicos y los agudos nunca se terminan de atender. Porque tú pides cita a Salud Responde y te la dan con tu médico, aunque esté de vacaciones. Luego llegas aquí y te veo otro. Vienes y está un médico, vienes y está otro… Lo que es la continuidad, que es la base de la atención primaria, no se hace nunca”, explica. Las citas se dan cada seis minutos. “Yo atiendo una media de 48 pacientes al día. Yo no puedo hacer un seguimiento así”, afirma con gesto impotente. 

Emilio es uno de los pacientes crónicos que acuden al centro con asiduidad. Ha sido diagnosticado, además de diversas dolencias, de cáncer de próstata. Lleva puesta una sonda. “Si a mi médico le preguntas por lo que tengo, sabe que tengo de menos dinero”, cuenta. Y eso es lo que permite, por ejemplo, no realizar pruebas innecesarias, como denuncia también el informe de la FADSP, que destaca que el envío de pacientes de manera innecesaria a hospitales o a servicios de urgencias aumenta “los costes (innecesarios), los riesgos para la salud y las listas de espera”. Además, señala que la presión asistencial impide llevar adelante actividades esenciales previstas en el actual modelo de salud comunitaria, como la promoción de salud, la prevención de la enfermedad o el trabajo con la población.

“Aquí lo que tenemos es el conocimiento continuo del paciente, su vida, y cómo va cambiando conforme va pasando el tiempo. Para nosotros no es tan importante una resonancia magnética al instante. Para mí es más importante hablar con mi paciente, ver cómo está, y para eso es imprescindible que siempre lo vea el mismo médico, porque si no seríamos médicos de hospital -insiste la médica-. Tenemos cuatro años de Mir como todos, pero trabajamos desde la palabra, el contacto humano, la repetición de las visitas, y no con grandes pruebas maravillosas y fantásticas que nos dan un diagnóstico maravilloso, porque eso lo hacen otros médicos”.

Varias asociaciones vecinales agrupadas en la Plataforma por una buena salud del Distrito Norte han intensificado sus protestas por el colapso del centro en los últimos meses. Jesús, también paciente crónico con cáncer, denuncia el descuido de las instalaciones: “Mira, sin papel higiénico”, señala en un baño. “Mira, la cisterna rota”, muestra en otro. [En la segunda visita de La Marea, el papel había sido repuesto].

La Consejería de Salud, no obstante, defiende su apuesta por la atención primaria y recuerda que ha incrementado el presupuesto en 123,9 millones, hasta alcanzar los 3.350 millones este año. Sobre este centro en concreto, sitúa la cifra media de atención a 38 pacientes al día y asegura que están cubiertas con sustitutos las dos ausencias que existen en medicina de familia: una liberación sindical y una incapacidad temporal. La Administración añade, además, que a principios de enero se ha incorporado un profesional de medicina de familia y otro de enfermería. “En cuanto a los refuerzos, desde el mes de noviembre de 2016 se ha aumentado el personal en la Unidad de Atención al Ciudadano con un administrativo más”, detalla.

Ese mismo mes, el entonces director, el pediatra Pepe Pérez, dimitió de su cargo y aún sigue sin nombrarse a un nuevo responsable. Según la Junta, se hará “próximamente”, sin especificar la fecha. Así se despidió Pérez en una carta, recogida en El Correo de Andalucía

No creo que la rapidez sea una virtud, ni que el derecho a la inmediatez supere el de la calidad. No sé por qué en el ámbito sanitario no se respeta el tiempo que cada profesional debe tener para realizar el desempeño de su profesión con un mínimo de dignidad. Ni sé por qué no nos sustituyen cuando estamos enfermos o ausentes por cualquier otro motivo. Ni sé por qué no nos dotan de más personal cuando está claro y documentado que son necesarios. El recurso a ver más gente y más rápido es muy fácil y muy antiguo, el criticar al profesional por no ser capaz de gestionar la demanda también. Culpabilizar al profesional… lo de siempre”.

Un elemento clave en el retroceso del nivel primario es, según el informe de la FADSP, el abandono de los planes de mejora, como la paralización del desarrollo la Estrategia AP 21consensuada por el Gobierno de Zapatero con las organizaciones profesionales con un presupuesto de 24 millones de euros y en cuya elaboración colaboraron más de 90 expertos de sociedades científicas, comunidades y asociaciones de pacientes: “La estrategia preveía construir nuevos centros de salud; incrementar el personal hasta alcanzar unos ratios de personal facultativo y de enfermería de 1.250 personas; aumentar el prepuesto hasta llegar al 25% del total; facilitar a los profesionales el acceso a los recursos diagnósticos en las mismas condiciones que los hospitales (mediante protocolos comunes); y la reducción de la actividad burocrática, que actualmente ocupa el 30% de la actividad del personal médico. La paralización de este ambicioso proyecto muestra la total ausencia de interés del Gobierno de Rajoy por la Atención Primaria a la que condena al deterioro y a la obsolescencia”. El Ministerio de Sanidad, preguntado por La Marea, no ha respondido sobre la paralización de la estrategia ni sobre si será reactivada.

El otro factor que ha deteriorado esta atención, según la FADSP, es el sometimiento de los centros de salud a las gerencias hospitalarias:En este nuevo modelo el Ministerio de Sanidad ha asignado al nivel primario el papel de portero del sistema (y de sus centros hospitalarios), con la finalidad de seleccionar pacientes y patológicas para los hospitales atendiendo a criterios de control del gasto y rentabilidad económica. Este papel es clave para que los centros hospitalarios puedan competir entre sí, discriminando procesos y pacientes según rentabilidad económica, algo que tiene poco que ver con las necesidades de salud de la población”.

Son las doce de la mañana. Los administrativos continúan atendiendo a numerosos usuarios; otros continúan esperando en las consultas abiertas. “¿Si aquí no hay aparatos y lo único que tenemos son médicos, por qué no se ponen? Porque yo no discuto la calidad de la sanidad en Andalucía. Aquí hay médicos extraordinarios. Pero tiene que haber médicos”, concluye Emilio mientras toma un café en el bar de al lado. 

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