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Un organigrama para Catalunya

La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, ha realizado su último acto judicial antes de entregar al Tribunal Supremo la causa que investiga contra miembros del Govern y contra los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En un informe requerido por el Tribunal Supremo acerca del estado de tramitación de esta causa que se sigue por los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de fondos públicos, ha plasmado su particular visión de toda la planificación política del Parlament, del Govern y de la “sociedad civil” (asociaciones ANC y Òmnium), desde el resultado electoral del 27 de octubre de 2015, bajo el concepto de “organización”.

No le ha aplicado el calificativo de “criminal”, pero en el seno de un procedimiento penal, en el que se repite constantemente la palabra “organización”, con inclusión de un organigrama, con reparto de funciones, para la realización de “un plan preconcebido”, es evidente que se estaría hablando de organización criminal y no de una simple reunión de una comunidad de vecinos.

En el organigrama que se incluye en dicho informe, se sitúan cuatro casillas: “legislativo”, “ejecutivo”, “sociedad civil” y “asesores ideólogos”. Es decir, la estructura de la Comunidad Autónoma de Catalunya y quienes participaron en el plan secesionista.

Hasta ahí, nada habría que objetar. El resultado electoral del 27 de octubre de 2015 fue mayoritariamente soberanista: todos los partidos que concurrieron a las elecciones lo hicieron con un programa político lícito, que no fue intervenido por ninguna autoridad judicial o policial. El programa soberanista con el que concurrieron los partidos independentistas no fue anulado ni ilegalizado y los mítines y campañas realizados no fueron suspendidos ni hubo detenciones, pese a que su programa soberanista fue claramente anunciado, con total transparencia y publicidad.

A partir de este resultado electoral del 27 octubre de 2015, el primer acto parlamentario que impulsa el proceso soberanista data del 9 de noviembre de 2015. Es esta fecha la que toma como punto de partida la querella de Fiscalía, que recogerá todos los actos parlamentarios y dos decretos del Govern.

Esta es la organización: una detallada y exhaustiva descripción de los trabajos parlamentarios, realizados por parlamentarios y votados por ellos. Es decir, una planificada acción política con el objetivo de cumplir un programa político, que fue el mayoritariamente votado por los ciudadanos catalanes.

Como colofón, estos dos años de realización de actos parlamentarios y actuaciones de gobierno fueron acompañados de la legitimidad popular, visibilizada en movilizaciones sociales de apoyo a esta actividad política: Diadas y diversas manifestaciones masivas, en las que no hubo nunca ni violencia ni intimidación y no se registraron tampoco detenciones. Se han llegado a registrar hasta dos millones de personas en apoyo al soberanismo. Esta parece ser, la “sociedad civil” marcada como brazo de esta organización descrita por la jueza Lamela.

Nos preguntamos cuál es el elemento criminal que subyace en esta descripción de los hechos y en este organigrama: más bien pareciera una loa a la actividad política consistente en cumplir un programa político, tal cual fue demandado por el 47,4% del electorado, de forma coherente, sistemática y planificada, si no fuera por el hecho de que hay diez personas en prisión provisional y cinco perseguidas en Bélgica para ser encarceladas.

Se dice que todos los actos parlamentarios que impulsaron el Procés fueron suspendidos y anulados por el Tribunal Constitucional. Y ahí está, precisamente, la confusión buscada por muchos que apoyan esta escalada de represión: los actos ilícitos no son necesariamente delictivos. Por ejemplo, el despido de una mujer por el hecho de quedarse embarazada, sería un ilícito que conllevaría la nulidad del despido, es decir, sin efectos jurídicos. El empleador que así ha actuado no es un delincuente por ello, realizó una ilicitud pero no delinquió.

En el Procés, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de los actos parlamentarios pero éstos no son en sí mismos delictivos ni obedecen a un plan criminal preconcebido para la comisión de los delitos de rebelión o sedición.

Llama la atención que el informe emitido por la jueza Lamela se prodiga en detalles sobre dicha planificación parlamentaria y nada diga acerca de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Esta protección institucional está contenida tanto en la Constitución Española como en el Estatut de Catalunya, que aunque fuera cribado por el Congreso de los Diputados y anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, precisamente en este punto se mantuvo intacto. Ni se deben perseguir a los parlamentarios por los votos y opiniones en el ejercicio de su cargo ni se debe detener a los parlamentarios y miembros del Govern -artículos 57 y 70 del Estatut-.

También sorprende que se omita el hecho de que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona está investigando 280 casos de maltrato policial durante la jornada del 1 de Octubre, lo que abunda en la idea de que la violencia no procedió de la multitud que acudió a votar, sino de ciertos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron brutalmente contra la sociedad civil.

Pese a ello, se insiste en que la planificación incluía grandes movilizaciones “intimidatorias” y que se había abonado en “las masas” la falsa idea de que se estaba legislando conforme a Derecho para procurar la independencia. Como si la sociedad civil no hubiera estado “abonada” de ese deseo soberanista, legítima y pacíficamente perseguido, antes de la celebración de las elecciones del 27 de octubre de 2015. Probablemente, en las manifestaciones pacíficamente convocadas los días 20 y 21 de septiembre hubo incidentes aislados, en los que se dañaron vehículos policiales, pero los responsables están sin identificar, lo cual no convierte el ejercicio del derecho de manifestación en un acto insurreccional o sedicioso.

Esta delirante construcción de la dinámica parlamentaria llevada a cabo durante dos años, con organigrama incluido, viene, sin duda alguna, propiciada por una visión muy paranoica basada en meros futuribles, que incluiría una distopía sobre el futuro del reino de España, como panorama desgarrador de lo que los “padres” de nuestra Constitución habrían querido evitar.

Sin embargo, los hechos son los que son, documentados en actas parlamentarias y en archivos videográficos, por más que jueces y policías se empeñen en interpretarlos como hechos sediciosos o de rebelión.

No estamos defendiendo el independentismo sino las garantías que sostienen todo sistema democrático, que en este caso incluyen el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la actividad de representación política en órganos parlamentarios y de gobierno y el derecho a no ser sujetos a la arbitrariedad de los poderes públicos, respetando en todo caso la separación de poderes del Estado. Todos, por cierto, con categoría de Derechos Humanos. Hasta un juez belga podría verlo.

  • Isabel Elbal forma parte del equipo jurídico que defiende a Meritxell Serret y Antoni Comín

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Y la política catalana se mudó a las redes

Todo empezó en el Instagram de Carles Puigdemont, y en un cielo decorado de gárgolas que aquel lunes 30 de octubre no era el cielo del 30 de octubre. O sea, que el expresident Puigdemont se había largado ya a Bruselas, pero aquella mañana despejada de Barcelona colgó en su cuenta de Instagram la foto de un cielo con cuatro nubes. Eso lo explicaron a posteriori los expertos en nubes –que el cielo era otro cielo–, pero los comentaristas radiofónicos andaban aquel amanecer dándole vueltas a la posibilidad o no de que Puigdemont hubiera “ido a trabajar”, pese a haber sido cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Bon dia ?

Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Quien sí había ido a trabajar era el conseller Josep Rull. “Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya”, publicó en su cuenta de Twitter. Podría ser verdad o no, podía estar trabajando o, como barajaban algunos periodistas, “recogiendo sus cosas”, ya que menos de una hora después volvía a Twitter para anunciar que dejaba el despacho. Lo único cierto es que aquella mañana de lunes en la que el Govern ya estaba cesado, hace una semana, los asuntos catalanes se mudaron a las redes. Y ahí siguen.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Surto del Departament per anar a la reunió del Comitè Nacional del @Pdemocratacat. Continuem amb l’agenda prevista #seguim

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

UN BARULLO

De hecho, el preludio al traslado virtual del Govern arrancó cuatro días antes de aquella jornada nublada en el Instagram presidencial, el jueves 26, justo en el momento en el que parecía que Carles Puigdemont había decidido convocar elecciones autonómicas en lugar de declarar la República.

Los estudiantes universitarios atestaban la Plaça de Sant Jaume al grito de “Puigdemont traidor” y en Twitter se multiplicaban insultos e improperios hacia un gobernante que no había tomado ninguna decisión ni había aplicado medida alguna. Pero así son las redes, y los diputados Jordi Cuminal y Albert Batalla, a las 13.27 y las 13.34 respectivamente, presentaron su dimisión. “Respeto la decisión, pero no la comparto nada”, escribía Batalla. “No comparto la decisión de ir a elecciones”, afirmaba Cuminal. Pero, ay, lo cierto es que no había ninguna decisión tomada. No solo eso, sino que acabaría declarándose la República, más o menos. Sin embargo, en las redes ya había sucedido lo contrario.

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat

— Jordi Cuminal ? (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI

— Albert Batalla ? (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

En el vaivén de aquel jueves aciago, unas horas después quien dimitía era Santi Vila, entonces aún conseller d’Empresa i Conseixement de la Generalitat. Vila, no obstante, dimitía justo por las razones opuestas a las que habían llevado a sus correligionarios a hacerlo. “Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado”, publicaba en su cuenta de Twitter. Aún no había pasado nada exactamente, pero en las redes la suerte ya estaba echada.

https://twitter.com/SantiVila/status/923640609465827329

Y tal era el barullo, que el presidente del Gobierno de España decidió lanzar uno de sus “mensajes de legalidad” a la población. ¿Y dónde lo hizo? En su cuenta de Twitter. “Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR”, publicó a primera hora de la tarde del viernes 27. En el Senado se iba a aprobar la aplicación del 155 y en el Parlament catalán, la declaración de la República independiente. Pero nada de eso había sucedido aún en el mundo real. Las iniciales MR al final del mensaje querían decir que era el propio presidente quien había “escrito” la frase.

https://twitter.com/marianorajoy/status/923904575509327872

COSAS QUE NO SUCEDEN

A última hora del viernes 27 de octubre, finalmente se aprobaron la República catalana en el Parlament y la aplicación del artículo 155 en el Senado, algo que ya había sucedido horas antes en Twitter. Los diputados Albert Batalla y Jordi Cuminal, por cierto, volvieron a sus escaños como si tal cosa, ya que la dimisión había sucedido solo en Twitter.

Y ahí está el meollo de la cuestión. ¿Hasta qué punto suceden las cosas que suceden en Twitter?

No se trata de una cuestión baladí, ya que la marcha del expresident Puigdemont a Bruselas no solo ha reubicado allí su ejercicio como “presidente en el exilio”, según sus términos, sino que allí se traslada también su campaña electoral de cara a los comicios del 21 de diciembre. Para abrir boca, allí anunció el pasado día 4 de noviembre su opción por una lista unitaria.

És el moment que tots els demòcrates s’uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE

— Carles Puigdemont ? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

¿Y qué es una campaña electoral tuitera? Para empezar, lo contrario de la imagen de Miquel Iceta bailando aquel 11 de septiembre de 2015 junto a un pasmado Pedro Sánchez en el arranque de la campaña electoral del PSC.

Si las cosas siguen como están, podríamos vivir la primera campaña electoral en redes de la historia. Pese a que ya ha habido comicios en los que Twitter, Facebook, etc. han jugado su papel, el hecho de que un candidato se postule desde fuera del territorio añade cambios sustanciales. Para empezar, la idea de la gestualidad, tan importante en campaña, y los viejos mítines tendrán por fuerza que cambiar. Pero es que, además, los mensajes en la red tienen la particularidad de que van directamente del político al ciudadano, sin pasar por los medios de comunicación, y de igual forma reciben respuesta inmediata. O sea, que los analistas políticos, cuyo papel ha sido fundamental hasta el momento, no se dedicarán a desmenuzar lo que el candidato hace o dice, ni la asistencia de público, sino lo que el candidato ya ha publicado.

Queda por saber, no obstante, si lo que sucede y se afirma en Twitter se puede dar por cierto o si, como en el caso de Batalla y Cuminal, solo vale por un par de horas.

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Puigdemont dice que se queda en Bruselas hasta tener “garantías de un juicio justo”

Imagen en TV3 de la comparecencia de Carles Puigdemont, ante la prensa, en Bruselas.

Carles Puigdemont ha afirmado este mediodía en Bruselas que se ha desplazado al “corazón institucional de Europa” para “denunciar la politización de la Justicia española” y evitar conflictos violentos en Cataluña. En este sentido, el presidente de la Generalitat destituido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución niega que haya pedido asilo en este país. Sin embargo, ha adelantado que no regresará a España “hasta tener garantías”.

“Si tenemos la garantía inmediata de un tratamiento justo, si nos garantizan un juicio justo, independiente y con separación de poderes, volveríamos de forma inmediata”, ha declarado. Puigdemont ha dedicado buena parte de su comparecencia a denunciar el funcionamiento de la Justicia española y los términos de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado.

Puigdemont, que ha afirmado que se sigue considerando presidente de la Generalitat, también ha denunciado que se haya retirado la seguidad a los miembros de su Ejecutivo. Junto a siete de ellos, ha explicado que el pasado viernes todo el Gabinete decidió que la mitad del mismo, “con el vicepresidente al frente”, trabajaría desde Cataluña “realizando actividades políticas como miembros legítimos. No hemos abandonado nuestras funciones de Gobierno”, ha añadido. Sobre su actividad, asegura que puede “cumplir con sus obligaciones” también desde Bruselas.

Elecciones del 21-D

Por otro lado, Puigdemont ha explicado que aceptaba y entendía la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre como un “reto democrático”. En este sentido, dijo que respetaría los resultados y emplazó al Gobierno español a hacer otro tanto. Al “pueblo de Cataluña” le pidió que se preparase “para un camino largo”.

A primera hora de la mañana, su ex conseller Santi Vila, quien dimitió poco antes de la Declaracion Unilateral de Independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, se ha postulado para liderar la candidatura del PDeCat a las elecciones del 21-D.

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Los derechos humanos como ventaja competitiva

derechos humanos

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // “Este Plan de Acción contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones”. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, deja bien claro sus objetivos desde el principio del texto. Acompañado de la retórica habitual sobre este tema –“la protección y la promoción de los derechos humanos constituyen una prioridad para España”, se dice sin rubor ya en la primera frase–, lo que este plan viene a proponer es toda una batería de medidas basadas en la autorregulación empresarial. Y supone, tanto por la forma en que se ha elaborado como por su resultado final, una falta de respeto a todas las personas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por los abusos sobre los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones.

Sobre la forma

El proceso de elaboración del plan empezó hace casi cinco años. A principios de 2013, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación llamó a la apertura de un “proceso de diálogo con la sociedad civil” y lanzó una convocatoria a miembros de organizaciones sociales, sindicales, académicas y empresariales para “desarrollar un plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos”. Dicho “diálogo” –así, entre comillas, porque nunca tuvo nada de conversación entre iguales y sí mucho de participación ritualizada– se prolongó hasta finales de ese mismo año. Entonces, muchas organizaciones que habían colaborado en el proceso se desmarcaron de él al constatar que sus demandas no estaban siendo escuchadas y que, justo en sentido contrario, el contenido del plan se iba aligerando cada vez más. El texto resultante de esa “consulta con la sociedad civil” mucho más formal que real se publicó finalmente en junio de 2014, como un borrador elevado para su tramitación al Consejo de Ministros.

A partir de ahí, en los tres últimos años, apenas volvimos a saber nada más del plan. Y eso que diferentes organizaciones enviaron cartas al ministerio para ver si en algún momento tenían prevista su aprobación, a la vez que otras nos preguntábamos a qué respondía el secretismo en torno a ese documento y por qué parecía que se lo habían dejado olvidado en un cajón. No hubo más noticias hasta principios de este año, cuando el Partido Popular presentó una proposición en el Senado para instar al Gobierno a recuperar en 2017 el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. En realidad, todo respondía a una razón muy simple: como decíamos varias organizaciones en un artículo publicado hace unos meses en La Marea, “el Gobierno ha decidido sacarlo del cajón precisamente ahora que España aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Y es que para tener opciones a formar parte de ese organismo, con tres países compitiendo por dos puestos, el Ejecutivo español necesitaba presentar el plan para sumar puntos en su candidatura.

Por eso había tanto interés en que el proceso se acelerara y, como así fue, se aprobara el plan durante el verano. Sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participación, con una absoluta falta de transparencia y sin que hubiera constancia previa de las modificaciones introducidas en el texto por las presiones de la patronal y los Ministerios de Economía e Industria, nadie que no fuera el Gobierno pudo enterarse del contenido del documento hasta que fue publicado. Así lo han denunciado la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Amnistía Internacional, Greenpeace y otras organizaciones, mostrando su “disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del plan”. Finalmente, en este mes de octubre, después de que Francia se retirara de la pugna y de que el trámite fuera votado en la ONU, España ha logrado su objetivo y se sentará en el Consejo de Derechos Humanos durante los próximos tres años.

Sobre el fondo

El contenido formal y material se vincula con los Principios Rectores, que son el anclaje de la arquitectura jurídica de la impunidad en Naciones Unidas. Porque no olvidemos que, en el marco “proteger, respetar y remediar” promovido por Ruggie, las prácticas voluntarias y unilaterales de las empresas transnacionales se convierten en el único referente de sus obligaciones. Ahí se ubica perfectamente la idea de respetar los derechos humanos al margen de las cuestiones relativas a su responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes. Los Principios Rectores, al fin y al cabo, no son otra cosa que una sofisticación jurídica que devalúa la verdadera dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes empresas, puesto que –como se dice en su preámbulo– “no implican la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”. Esto no supone un avance en el control normativo de las grandes corporaciones, ya que la realidad transita en sentido inverso: la asimetría entre la fortaleza de la lex mercatoria y la debilidad de los acuerdos voluntarios se consolida como elemento central de la supuesta regulación.

En este contexto, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos es el aterrizaje de estos principios en el Estado español: “Este plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado ese proceso”. Esa es la idea que, como se traduce en todas y cada una de las medidas propuestas, atraviesa todo el documento: parecería que la única relación posible entre las grandes compañías españolas y los derechos humanos pasa por establecer un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas empresariales. No hay ninguna mención al diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos… que debería ser de obligado cumplimiento.

Desde sus orígenes, el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos nunca contempló varias cuestiones fundamentales: ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros países; asumir la noción de interdependencia e indivisibilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales del Derecho Internacional; incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos. Y tras sucederse las distintas versiones de un plan que se iba descafeinando cada vez más, ni siquiera algunas de las pocas medidas interesantes que se contemplaban al principio –como, por ejemplo, excluir de subvenciones y apoyos públicos a aquellas compañías que hubieran sido declaradas culpables, mediante sentencia firme de la autoridad judicial correspondiente, de violar los derechos humanos– han permanecido en el texto final.

En los sucesivos borradores, una y otra vez, han ido rebajándose las exigencias para controlar de manera efectiva las prácticas de las empresas transnacionales. Hasta quedar, finalmente, en nada: “Se presenta, por tanto, como un Plan de Empresas y Derechos Humanos con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados”, leemos en el plan que se aprobó este verano. Y las medidas que en él se incluyen son coherentes con esa declaración de intenciones: acciones y estrategias de sensibilización, campañas de formación, códigos de autorregulación, un sistema de incentivos y colaboración, medidas de información, capacitación y asesoramiento a empresas, etc. Pero, como hemos venido insistiendo en todos estos años, el Estado no debería informar y asesorar a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus operaciones; su función tendría que ser exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento efectivo de las normas que los regulan.

Sobre control y regulación

“Es mejor tener un plan que no contente a todo el mundo que no tener ninguno”, argumentan desde la Oficina de Derechos Humanos. A nuestro entender, sin embargo, este plan ni siquiera va a funcionar como un “mal menor”. Porque, de hecho, puede operar como un freno normativo a la hora de exigir responsabilidades efectivas a las grandes corporaciones por los impactos de sus negocios sobre los derechos humanos. Dicho de otro modo: si se consolidan las medidas basadas en la sensibilización del mundo empresarial, la comunicación y el diálogo, las prácticas de buen gobierno, la ética y la transparencia, la elaboración de memorias y guías, los códigos de buenas prácticas y la acción social, será imposible avanzar de manera efectiva en la instauración de mecanismos de control y normas vinculantes para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Que es lo que, por cierto, se está debatiendo precisamente estos momentos en Naciones Unidas, donde esta semana está teniendo lugar la 3ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Mientras el Gobierno español sigue demostrando su “compromiso con los derechos humanos” con la visita del ministro de Economía a los Emiratos Árabes Unidos para firmar un acuerdo que aumente el comercio bilateral, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ahora se está tratando de avanzar en la negociación de un tratado vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos en todos los países por igual. No en vano, en Ginebra se están oponiendo dos lógicas: la que aboga por la “responsabilidad social”, los Principios Rectores y los Planes de Empresas y Derechos Humanos, por un lado, frente a la que promueve la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las grandes corporaciones, por otro. Es decir, la impunidad del poder corporativo frente a los derechos de las mayorías sociales.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Rajoy anuncia el cese del Govern de Puigdemont y la celebración de elecciones

Mariano Rajoy, durante su investidura como presidente el 29 de octubre de 2016. Foto: CONGRESO.ES

Cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consejeros. Sus funciones corresponderán hasta la celebración de elecciones –en un plazo no superior a seis meses– a los ministerios del Gobierno central. La Generalitat de Catalunya como administración continuará funcionando como una organización administrativa ordinaria pero bajo las directrices del Ejecutivo central. Además, la presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar debates ni votaciones de investidura.

Este el resumen de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy –con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos– en aplicación del artículo 155 y que ahora deberá refrendar el Senado. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese gobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto”, ha asegurado el presidente español en una rueda de prensa tras el consejo de ministros celebrado este sábado.

“No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los intereses de quienes las hicieron”, ha iniciado el presidente su intervención, en la que ha insistido en que no era su intención ni su deseo aplicar el 155. “Diálogo, una palabra hermosa que en esta ocasión se ha convertido en mágica. Nadie planteó un diálogo por parte de la Generalitat, sino una imposición. Se invitó al presidente al Parlamento y no quiso, a la Conferencia de Presidentes y no quiso, a hablar de la financiación autonómica y no quiso. Lo único que se hizo fue liquidar la ley y poner en marcha sin tener competencia para ello una legalidad paralela. Ni siquiera el diálogo se practicó en el Parlamento de Cataluña”, ha afirmado Rajoy.

Según ha respondido a preguntas de los periodistas, ningún nuevo paso de los responsables de la Generalitat frenará la aplicación del 155. Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia y restituir la vigencia de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Estos son los objetivos que esgrime el Ejecutivo tras los dos requerimientos enviados al presidente catalán, Carles Puigdemont.

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El Gobierno anuncia que el sábado aprobará las medidas para aplicar el 155 en Cataluña

puigdemont

“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre“. Así finaliza la respuesta enviada por el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, al segundo requerimiento del Gobierno previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Ejecutivo, por su parte, ha convocado el Consejo de Ministros el próximo sábado para aplicar el 155. En la carta, Puigdemont hace referencia al encarcelamiento de los presidentes de Òmniun Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana y vuelve a incidir en la petición de una reunión con el presidente Mariano Rajoy. En este sentido, desestima la negociación en el Congreso de los Diputados que reclama el Gobierno.

“El presidente de la Generalidad no responde al requerimiento”, ha afirmado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la lectura de un comunicado en una comparecencia sin preguntas. “No se ha contestado al requerimiento y continuará con los trámites previstos para restaurar la legalidad en Catalunya y el orden constitucional y frenar el deterioro que la inseguridad jurídica y política que está causando la Generalidad”, ha añadido.

 

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