You are here

“Menos AVE y más cercanías y regionales”

Trenes del AVE.

El AVE llega este martes a Castellón. Lo hará 11 años más tarde de lo prometido -la fecha inicial para el tramo desde Valencia era 2007, inmediatamente antes de que estallara la crisis- y lo hará, también, a medias: hasta 2022 no se completarán las obras de la segunda vía de ancho internacional. Mientras tanto, los trenes circularán por la misma plataforma que los de mercancías, los cercanías y los diversos trenes rápidos, lo que en boca de los expertos augura no pocos problemas e impedirá que los trenes superen los 220 km/h, muy lejos de los 350 que alcanzan en otros tramos.

Los retrasos y los sucesivos problemas de la infraestructura no han hecho sino encender aún más los ánimos de los que se han opuesto al proyecto desde el principio. Entre ellos, diversos movimientos sociales y sindicatos, que denuncian que el AVE no sólo no es necesario, sino que lejos de vertebrar, ahonda en las carencias de los ciudadanos en materia de transporte. Entre los convocantes, la plataforma de defensa del ferrocarril junto a la CGT, Iaio Flautes, Acció Ecologista Agrò, Ecologistas en acción, València en Bici, Asociación por el Medio Ambiente y contra el cambio climático y un largo etcétera.

Para Juan Ramón Ferrandis, de CGT, el AVE es una infraestructura “totalmente innecesaria que solo beneficia a una pequeña parte de la población”. El sindicato denuncia lo que se considera “un despilfarro encaminado al ‘postureo’ político que van a pagar los trenes de cercanías, media distancia y mercancías”. Y señala los datos: “El 96,2% de los usuarios y usuarias utilizan el ferrocarril convencional, frente al 3,8% que utiliza AVE y Larga Distancia (LD), pero las inversiones son inversamente proporcionales: el 71% va destinado al AVE y solo el 29% al ferrocarril convencional”, explica.

En opinión del portavoz de CGT, el AVE “fomenta un modelo de vida y sociedad donde se acrecentan las diferencias sociales, impulsando la masificación en las grandes ciudades en detrimento de la vida rural y de las poblaciones pequeñas, desvertebrando comarcas enteras que ven pasar el AVE mientras les quitan el tren convencional”. El AVE es un medio de transporte “devorador de recursos, que nos obliga a depender de la energía nuclear, consumiendo mucha más que el tren convencional, destrozando ecosistemas en la construcción de las obras faraónicas que se necesitan para alcanzar las velocidades a las que circulan”.

Una factura costosa

Los convocantes de la protesta no sólo esgrimen motivos sociales o medioambientales para oponerse al AVE. También ponen sobre la mesa argumentos de índole económica. ”Nunca llegaremos a amortizar las infraestructuras ya realizadas, y que han costado al erario público 93.000 millones de euros. Un solo kilómetro de línea de alta velocidad cuesta entre 18 y 50 millones de euros, según la orografía. Somos el segundo país del mundo en kilómetros de líneas AVE y el que tiene una ocupación más escasa, a muchísima distancia en kilómetros y ocupación del resto de países, que solo invierten en alta velocidad cuando es estrictamente necesario. Si no lo impedimos, cuando finalice el plan de infraestructuras habrá una doble red ferroviaria prácticamente paralela a la actual, con 10.000 km de líneas AVE que no servirán ni para mercancías, ni para regionales, ni para cercanías, y que nos habrá costado unos 300.000 millones de euros, una cantidad desorbitada que nos hipotecara el futuro. Sólo el mantenimiento de esta línea costara 1500 millones de euros anuales”.

Si toda esa inversión redundara en un ahorro de tiempo, quizá algunos pensarían que merece la pena. Pero Ferrandis recuerda que, en este caso, ni siquiera es así. “La llegada del AVE a Castellón no va a significar ningún avance, ya que en términos prácticos el AVE va a tardar 6 minutos más de lo que tardan ahora los Talgo y Euromed, y va a realizar un servicio que ya estaba cubierto por los Alvia y los Intercity, con unos tiempos de viaje mas racionales y con una calidad comparable”.

A modo de conclusión, los convocantes exigen “la apertura del necesario debate social que nos hurtaron en su momento.  Un debate en el que estén representados todos los actores: usuarios y usuarias, colectivos ciudadanos, ciclistas, ecologistas, sindicatos alternativos, trabajadoras del sector y un amplio abanico de movimientos sociales. Y un debate que nos debería llevar a decidir cuál es el modelo de ferrocarril que queremos para los próximos decenios. Nnos impusieron un modelo liberalizado encaminado a la privatización: ahora es el momento de revertirlo y luchar por un transporte y un futuro social y sostenible”.

 

Más en lamarea.com

Read More

La crisis en Túnez reactiva la indignación en pleno aniversario de la Revolución

Foto: Antonello Veneri.

LUNA GÁMEZ, SEMMADA ARRAIS // A un día del séptimo aniversario de la denominada Revolución de los Jazmines, considerada como el detonante de la Primavera Árabe, la indignación prende en una veintena de ciudades de Túnez en forma de protestas contra la política de recortes y austeridad aprobada recientemente por el gobierno de Yousseff Chahed, del partido Nidaa Tounes. Chahed llegó al gobierno en 2014 gracias al apoyo de los islamistas conservadores de Ennahda, formación que gobernó los tres años precedentes.

Las revueltas de 2011 lograron expulsar al dictador Ben Ali e instaurar la democracia en Túnez. No obstante, la política actual continúa reproduciendo algunas de sus viejas prácticas, sin conseguir sacar a flote la desmembrada economía tunecina. El desempleo se sitúa ya en el 15% de la población activa (40% en el caso de los jóvenes), la deuda pública asciende al 70% del PIB y la devaluación del dínar hace mella en las economías de los hogares, que en 2017 vieron subir los precios un 6%.

‘¿A qué esperamos?’ Esa es la pregunta que da nombre al movimiento ‘Fech Nestannew?’ (en dialecto tunecino), que un grupo de jóvenes indignados puso en marcha el simbólico día 3 de enero, aniversario de los ‘motines del pan’ de 1983, para hacer un llamamiento a la movilización contra la nueva Ley de Finanzas aprobada por Chahed, que según sus detractores, impondrá medidas de austeridad que aumentarán el coste de vida, el desempleo y la precariedad de los servicios públicos.

“¡El pueblo quiere la caída del presupuesto!”, es uno de los principales lemas que se escuchan estos días en las calles tunecinas. La chispa de la indignación prendió en las ciudades más desfavorecidas del país, pronto se transformó en llamas después de que Khomsi el-Yerfeni, uno de los muchos tunecinos indignados con la falta de trabajo, falleciese el pasado lunes durante una manifestación en Tourba, al norte de Túnez capital. Varios testigos aseguran que el-Yerfeni fue atropellado por un coche de policía, mientras que las autoridades achacan su muerte a un fallo respiratorio. Desde entonces, la ola de indignación se ha contagiado por varias ciudades. Con el Ejército desplegado desde el martes pasado para controlar los enfrentamientos entre manifestantes y agentes, así como los ataques a comisarías de policía y otros bienes públicos, varios activistas, sindicatos y movimientos piden siguen llamando a la población a manifstarse de forma pacífica. El número de detenidos asciende ya a 778 personas, según el último balance del Ministerio del Interior, y los heridos se cuentan por decenas.

[video width="640" height="352" mp4="https://www.lamarea.com/wp-content/uploads/2018/01/Video-manifestaciones-9-enero.mp4"][/video]

La crisis económica, talón de Aquiles de la ‘primavera tunecina’

“Gracias a la Revolución me mudé a Túnez capital, centro político y social del país en aquel momento, y monté mi propio consultorio”, cuenta Rym El Ghid, una joven dentista que considera que el giro político del país le permitió rebelarse como ciudadana y conocer a muchas personas nuevas, algo que no le era posible en el los viejos tiempos de censura. El Ghid cree que la situación económica del país empeoró con los nuevos gobiernos, no obstante no se arrepiente de haber participado en la Revolución: “Si volviese atrás en el tiempo, volvería a hacerla porque realmente necesitábamos un cambio político”.

Tras 56 años de gobiernos autoritarios en Túnez, primero bajo el férreo puño de Habib Bourguiba y después bajo el de su sucesor, Zine el-Abidine Ben Ali, la Revolución que comenzó en 2011 conquistó su primer gobierno democrático y concibió una nueva Constitución -la primera aprobada en democracia, segunda desde que el país se independizase de Francia en 1956-.

“La Revolución tunecina no sólo representaba una protesta de índole política, también partía de un claro malestar por la marcha de la economía, por la corrupción y por la acumulación de la riqueza en unas pocas manos”, explica Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de estudios árabes en la Universidad de Alicante, quien considera que siete años después la situación no ha mejorado. “Un crecimiento económico del 2% es insuficiente para crear empleo, las inversiones se han reducido a causa de la inestabilidad y los atentados del ISIS han espantado a los turistas, dando el golpe de gracia a la economía tunecina”, añade este académico especializado en la Primavera Árabe.

Una economía ya lastrada en el régimen de Ben Ali, que tras la Revolución recibió varios préstamos del Banco Mundial y el FMI, entre ellos los aprobados en 2016 de 4.100 y 2.400 millones de euros respectivamente, a cambio de profundas reformas fiscales. Para cumplir con sus acreedores, el Gobierno tunecino propuso una nueva Ley de Finanzas que prevé apretar el cinturón del gasto público, aumentar los impuestos directos e indirectos y congelar los salarios públicos, entre otras medidas. Instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el Real Instituto Elcano ya alertaron de los riesgos de la desregulación del mercado de trabajo en Túnez. No obstante, el Ejecutivo de Chahed pide paciencia, asegurando que 2018 será el último año de penurias para los desempleados y comerciantes, que pierden el sueño incrédulos ante la falta de oportunidades y el insostenible aumento del coste de vida.

Hay quien, ante la falta de esperanza, anhela de nuevo la vuelta del antiguo régimen. “El único beneficio de la Revolución ha sido poder hablar, pero solo eso. ¿Para qué hablar si no hay ni turistas ni empleo?”, se pregunta Battikh Abderazak, originario de Monastir y propietario de una tienda de artesanía familiar. Este artesano y comerciante asegura que varios de sus amigos tuvieron que cerrar sus negocios. “Lo que el pueblo necesita es un buen líder”, añade con expresión de desprecio mientras sus manos dibujan el gesto de quien sujeta con fuerza unas riendas.

La diferencia de opiniones sobre la Revolución refleja que buena parte de la población no se identifica aún con el proceso de reforma político tunecino, una debilidad que podría costar caro al movimiento de indignación actual, que todavía no ha conseguido alcanzar e integrar a todas las capas de la sociedad. Esta idea es defendida por activistas como la reconocida bloguera y escritora Lina Ben Mhenn. “Si no conseguimos atraer a todas las clases sociales, corremos el riesgo de que las manifestaciones no se traduzcan en una conquista sino en miedo y en desgaste”, afirma Ben Mhenn.

Libertad de expresión en peligro

Las muestras artísticas estuvieron en primera fila durante el soplo de aire fresco inicial que la Revolución trajo a Túnez. Sin embargo, las voces de contestación política, así como los movimientos de oposición -liderados principalmente por el sindicato de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), uno de los más movilizados de todo el Magreb y pieza clave de las manifestaciones de 2011, junto con la débil coalición de partidos políticos de izquierda- se toparon rápidamente con viejos obstáculos.

De esta forma, la libertad de expresión pasó a ser para muchos activistas casi como un espejismo que se repite y se convierte en un estímulo para continuar hacia adelante. Muchos de los cientos de personas detenidas durante estos últimos días se encuentran privados de libertad por haber desafiado las ideas del actual gobierno, y sus prácticas heredadas de los anteriores regímenes autoritarios. Otros permanecen arrestados por haber llamado a la movilización, como sucede con algunos de los líderes y fundadores del movimiento Fech Nestannew?

La activista Ben Mhenn repite con ironía el principal eslogan de las manifestaciones de 2011 (“Empleo, libertad y dignidad”) para afirmar con rotundidad que ninguno de esos objetivos ha sido alcanzado. “Tuvimos un año o dos de libertad de expresión, pero eso no perduró. En los medios occidentales no se habla mucho, pero cada día hay ataques a la dignidad humana, detenciones de blogueros, periodistas, raperos… Además de la violencia policial arbitraria”, declara esta mujer de 34 años, conocida por investigar los casos de violencia policial y la represión por parte de formaciones políticas islamistas. Ben Mhenn vive el miedo a la represión en sus propias carnes. “Casi cada día me contactan personas que han sido abusadas por las fuerzas de seguridad”, añade mientras explica que se encuentra amenazada de muerte por grupos terroristas. Cuenta con protección policial por orden del Ministerio del Interior, aunque los mismos agentes que la protegen ya la llevaron a la boca del lobo en varias ocasiones. En 2014, su propio guardaespaldas la entregó a una comisaría de policía en la que una veintena de agentes le propinó una paliza. “Al denunciar, la acusación se volvió contra mí, dijeron que fui yo quién agredió a los agentes”, cuenta Ben Mhenn. Después de tres años de proceso judicial, a principios de este mes de enero fue declarada inocente. “Quieren intimidarme y callarme, pero no lo están consiguiendo”.

A pesar de los hilos sueltos y las incógnitas sobre la Revolución, la indignación recorre de nuevo las calles de Túnez con la esperanza, en esta ocasión, de bloquear las medidas de austeridad del gobierno y lograr unas condiciones de vida dignas. La población tunecina, que en 2011 se convirtió en un ejemplo de éxito revolucionario, no baja la guardia ni cesa en demostrar su capacidad de movilización.

Más en lamarea.com

Read More

El pueblo argentino toma las calles en rechazo al recorte de las pensiones

Manifestación contra los recortes de las pensiones frente al Congreso argentino. Foto: Pepe Mateos / Amnistía Internacional.

Buenos Aires // 162 heridos, 64 detenidos y un pueblo conmocionado es el balance, todavía muy provisional, porque, al filo de la medianoche, seguían llegando, cacerolas en mano, miles de personas a la plaza del Congreso donde los diputados, desde las 14 horas y previsiblemente hasta el amanecer, discutían la ley de reforma de previsional que, de salir adelante, supondría una merma significativa de las ya exiguas pensiones jubilatorias.

La reforma previsional forma parte del paquete de políticas de ajuste que el presidente argentino, Mauricio Macri, pretende sacar adelante después de que, en las elecciones legislativas del pasado mes de octubre, la victoria de Cambiemos -la coalición oficialista- le diese números más holgados en las cámaras legislativas. Pero el pueblo argentino no se lo va a poner fácil.

Desde el domingo por la noche estaba vallado el Congreso y cerrado al tráfico. A las 12 horas, y pese a las dificultades de movilidad que impidieron la llegada a multitud de manifestantes, miles de argentinos comenzaron a marchar hacia la sede parlamentaria. Pronto comenzaron los altercados. Las cámaras de televisión registraron el actuar de un grupo de violentos -algunos, señalados por los manifestantes como infiltrados- y varios policías fueron heridos. Pero lo cierto es que una amplísima mayoría marchó pacíficamente contra la reforma.

Como la semana anterior, cuando las calles porteñas vivieron tres jornadas seguidas de intensas movilizaciones, la respuesta policial fue brutal. Balas de goma y gases lacrimógenos, corridas, uso de pintura para identificar a las y los manifestantes; incluso utilizaron gases en el metro. Una “cacería”, según el testimonio que muchos activistas dejaron en las redes sociales sobre estas protestas, que se saldaron con decenas de heridos y detenidos escogidos al azar.

Así lo narra una manifestante: “Nos encerraron en el subte, nos gasearon. Nos quedamos adentro, ahogados. La estación se llenó de policías de la ciudad. Discuto con una que, como todos sus colegas, no tenía identificación. Me dice que tenemos que salir porque está la línea interrumpida. “¡¿Salir a Saenz Peña?!” Le digo yo horrorizada. Hace 5 minutos estaban reprimiendo justo ahí. “Vos me garantizás que no me baleen ahí arriba? ¡Nos estás entregando!”, le grito. Estar ahí abajo era ahogador, insoportable. Decidimos arriesgarnos y salir. Arriba era una verdadera escena post apocalíptica. La avenida de Mayo vacía, muy poca gente caminando anonadada, papeles y botellas en la calle, un gas que te apretaba la garganta y te ardía en los ojos”.

Al final de la tarde, poco a poco, la normalidad iba volviendo a las calles porteñas, y los manifestantes, que se habían escondido en bares, casas de amigos o sedes de organizaciones, volvían a casa. Pero apenas unas horas después, al filo de las diez de la noche, la gente volvió a salir a la calle. Esta vez, espontáneamente, autoconvocados en cada barrio, con las cacerolas en la mano. Y así el pueblo volvió a concentrarse frente a un Congreso donde los diputados seguían debatiendo la reforma de la ley.

Escalada de violencia policial

La represión policial fue en ascenso creciente desde el lunes 11 de diciembre, cuando los porteños comprobaron que el centro había sido tomado por la Gendarmería, una fuerza de seguridad repetidas veces cuestionada por sus métodos violentos -y que hasta ahora no se había visto en el centro porteño, aunque sí en las villas y en el conurbano bonaerense- y que responde a las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre el 11 y el 13 de diciembre, Buenos Aires acogía la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, como es ya habitual en este tipo de encuentros, las organizaciones sociales habían convocado una Cumbre de los Pueblos contraria a la globalización capitalista. El martes marcharon y, a pesar de ser pocas columnas y totalmente pacíficas, fueron reprimidas con contundencia por la Gendarmería.

Al día siguiente, el miércoles, el centro porteño seguía militarizado. Un día después estaba prevista la votación de la reforma de la ley previsional, y organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios en Pie habían convocado movilizaciones que fueron masivas. La represión fue contundente, no ahorró balas de goma ni el uso de perros. Pero era sólo el aperitivo de la batalla campal que se libró el jueves, cuando manifestaciones masivas se convocaron el día y hora de la votación. La presión de las calles fue tal que se suspendió la votación -hasta ayer lunes-, pero, horas después, la Gendarmería seguía disparando balas de goma y gases pimienta, aunque la gran mayoría de los manifestantes se había desconcentrado. La desproporción de la represión, que dejó decenas de heridos y detenidos, fue cuestionada incluso dentro de las filas de Cambiemos, la coalición a la que pertenece Mauricio Macri. Por eso, ayer fue la Policía de la ciudad la encargada del dispositivo de seguridad. El resultado fue, igualmente, una batalla campal.

Desde el lunes, la ciudad había permanecido militarizada, con la disculpa de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que albergó la capital porteña entre el 11 y el 13 de diciembre. El centro de la ciudad fue literalmente tomado por los efectivos de la Gendarmería, que responde a las órdenes de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y las semanas precedentes ya habían saltado las alarmas cuando, en una decisión inédita, las autoridades argentinas negaron la entrada al país a las personas que llegaban para formar parte de la Cumbre de los Pueblos que, en paralelo a las reuniones de la OMC, reunió en Buenos Aires a cientos de activistas y académicos.

Represión y extractivismo

Los hechos se suceden, además, con gran celeridad. Los argentinos no habían terminado de asimilar la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado el 17 de octubre, 80 días después de su desaparición durante la represión de una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, cuando el 25 de noviembre murió a causa de una herida de bala, disparada por la espalda de las fuerzas de la Prefectura Naval en Bariloche, el joven mapuche Rafael Nahuel. “Lo que le sucedió a Santiago es una forma de amedrentar, para impedir que se apoye la lucha mapuche. Esto se relaciona con el avance de las fronteras extractivas -el agronegocio, la mina, el fracking-, en el marco de una economía globalizada que recluye a América Latina al papel de explotar y exportar sus recursos naturales”, sostiene la activista Graciela Rodríguez, participante de la Red de Género y Comercio, y enfatiza la voluntad del gobierno de debilitar la protesta social infundiendo miedo.

En tanto sus territorios son ambicionados por las corporaciones extractivistas, las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por lo que la académica y activista Verónica Gago califica de “nueva caza de brujas”. Gago apunta a la raíz de una disputa que cuenta cinco siglos, pero que se recrudece con la actual dinámica global de financiarización de la economía: el avance sobre el territorio, amparado por el racismo, que aparece “como organizador de una nueva economía de la violencia”. Sólo así se hace posible “que el Estado fusile a un pibe mapuche de 22 años por la espalda y que la vicepresidenta Gabriela Michetti hable de la nueva doctrina de seguridad nacional que otorga ‘el beneficio de la duda’ a las fuerzas de seguridad”. En otras palabras: la desvalorización del pueblo mapuche permite calificar de “terroristas” a quienes defienden sus tierras ancestrales y unos modos de vida autónomos. Pero ese discurso instalado que legitima la violencia estatal avanza ahora contra las clases medias y trabajadoras capitalinas.

En la memoria de muchos están el 19 y 20 de diciembre de 2001: los duros días de movilización social que terminaron con una cuarentena de muertos y un presidente, Fernando de la Rúa, saliendo en helicóptero de la Casa Rosada, mientras una multitud furiosa gritaba: “¡Que se vayan todos!” Aquella crisis siguió a la debacle económica provocada por políticas neoliberales similares a las que pretende consolidar Cambiemos. 2001 fue, también, una demostración de fuerza popular. Ayer, de la mañana a la noche, una multitud, en la capital porteña pero también en otras ciudades del país, manifestó con claridad que el pueblo argentino no está dispuesto a permitir que sus derechos sean avasallados. Ni va a dejarse robar la calle.

Más en lamarea.com

Read More

¿Peligra la Primera Enmienda? La libertad de expresión bajo Trump

Betsy DeVos junto a Donald Trump I La Marea

OBERLIN (EEUU) // Si la prensa norteamericana fuera un superhéroe, ahora sería el momento de que entrara a una cabina telefónica, se quitara las gafas y se colgara la capa. Los diarios y revistas están que arden: los periodistas tienen la sensación de que ha llegado su momento de la verdad. Tienen ilustres ejemplos a seguir, por supuesto, desde los muckrakers de hace cien años —literalmente, los hurgamierdas: periodistas dispuestos a sacarle los trapos sucios al poder— hasta héroes más recientes como Bob Woodward y Carl Bernstein o el equipo del Boston Globe que protagoniza la película Spotlight. Saben que la batalla no va a ser fácil, pero están preparados.

Les tocará adoptar la actitud de sus colegas en países represores, señaló Steve Adler, el director de Reuters, a su redacción a finales de enero. “Trabajamos en muchos países donde los medios son atacados con frecuencia”, dijo. La tarea hoy en EE.UU. viene a ser la misma que allí, a saber: “proteger a los periodistas, comprometernos a informar justa y honestamente, ir obstinadamente en pos de información difícil de conseguir, y mantenernos imparciales”. Eso sí, habrá que dejar de fiarse de las comunicaciones oficiales. Pero estas —observa Adler— “en todo caso nunca fueron muy valiosas”.

La prensa es uno de los faros en que los millones de ciudadanos que se oponen al presidente Donald Trump cifran su esperanza. Pero no es el único: también está la universidad —tradicional refugio de disidentes— y esa forma de protesta anticuada de la movilización en las calles. Lo que comparten prensa, universidad y protesta es su dependencia de un derecho consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución: la libertad de expresión.

Hay pocos países del mundo donde la palabra libre esté tan venerada, y tan protegida, como Estados Unidos. Pero en años recientes se ha visto amenazada desde la derecha tanto como de la izquierda. Y quizá ninguna amenaza sea tan inmediata como la llegada de Trump a la Casa Blanca. “Donald Trump no es, ni mucho menos, el primer presidente en mentirnos”, escribía Lawrence Douglas, profesor de Derecho, en The Guardian. La particular alevosía de Trump es que emite “meta-mentiras”. Pretende socavar la legitimidad de las instituciones dedicadas a desenmascarar las mentiras: la prensa, la universidad y la judicatura. Así —advierte Douglas— Trump acaba por “envenenar el pozo del discurso democrático”.

Una Casa Blanca tóxica plantea desafíos importantes. “Donald Trump no alberga una particular reverencia ante la Primera Enmienda. Incluso puede ser que no la entienda muy bien”, escribía David Cole, profesor de Derecho Constitucional, en la revista The Nation días antes de la inauguración. “En la medida en que Trump pueda tomar medidas que pisoteen los derechos de la Primera Enmienda, hay motivos de sobra para creer que no dudará en hacerlo”.

El poco tiempo que lleva Trump gobernando ha demostrado que la ignorancia del presidente con respecto al Estado de derecho que lidera es tan supina como es aguda su sensibilidad ante la crítica y absoluto su desdén a los periodistas. No deja pasar oportunidad para tildar a los medios de “desvergonzados” o “falsos” (los periodistas, dijo, “están entre los seres más deshonestos del mundo”). Su estratega principal se refiere a la prensa sin más como “el partido de la oposición” y el propio Trump ha afirmado que considera a la prensa como “enemigo del pueblo”. El 24 de febrero, una reunión informativa para periodistas en el despacho del secretario de prensa, Sean Spicer, excluyó directamente a un puñado de medios concretos —entre ellos CNN, Politico y el New York Times—. Según el Times, se trataba de “una ruptura altamente inusual de las relaciones entre la Casa Blanca y el cuerpo de prensa”.

Hostilidad manifiesta

“En Estados Unidos no hemos tenido un presidente tan hostil ante la prensa desde Richard Nixon, pero en cierto sentido Trump es peor”, afirma David Kaplan, periodista veterano que entre 2008 y 2011 dirigió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y es el actual director de la Red Mundial de Periodismo de Investigación (GIJN). “Y eso que Nixon mantenía una ‘lista de enemigos’ y ordenó, en secreto, jugadas sucias contra representantes de los medios y otros que le parecían antipáticos”.

“La ley —si es que Trump decide respetarla— le impone límites, desde luego”, dice Kaplan. “Pero la situación es vulnerable. El peligro radica en que el Partido Republicano, que controla la mayor parte del gobierno, le permita hacer uso de todos los poderes presidenciales, que por cierto son más de los que eran cuando Nixon”. Y no es seguro que la protección legal actual siga en pie. “Si los conservadores se hacen con el control de la Corte Suprema, podrían revertir las protecciones a la prensa. Y no hay que olvidar que fue la administración anterior, la de Obama, la que impulsó a niveles inauditos la investigación y persecución de periodistas y denunciantes internos (whistleblowers) por filtraciones relacionadas con la seguridad nacional”.

¿Qué herramientas tienen los medios para resistir la presión que ya se le está aplicando? El apoyo judicial va a ser clave, pronostica Kaplan. “Los tribunales de este país son robustos, independientes y capaces de limitar el poder del presidente. Incluso los jueces más conservadores tienen un gran apego a la libertad de prensa. Además, el sistema federal les da un poder considerable a los Estados. Feudos demócratas como California, Nueva York y Washington tienen fiscalías generales bien equipadas que cuestionarán los abusos de poder más escandalosos. Pero de todas formas, los grandes medios tendrán que hacer de tripas corazón y volver a dedicarse al periodismo de control. Por fortuna, la prensa seria ha superado su peor crisis económica y está experimentando un aumento en apoyo y suscripciones”.

Y los reporteros norteamericanos no están solos. Operan en redes globales, gracias a organizaciones sin fines de lucro como la que ha dirigido Kaplan —como el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, el ICIJ, que fue responsable de la cobertura de los Papeles de Panamá—. “La tecnología está facilitando filtraciones masivas de documentos y datos”, dice. “Dada la oposición a Trump entre el funcionariado, cabe esperar una oleada de filtraciones sin precedentes. Además, investigar las inversiones globales de Trump —y los conflictos de interés que generan— exigirá una labor de cooperación internacional. La Red Mundial de Periodismo de Investigación que dirijo ha trabajo con colegas que enfrentan a regímenes represivos en lugares como Hungría, Rusia y Venezuela. La verdad es que no se nos ocurrió que nos tocaría lidiar con una situación similar en los Estados Unidos”.

La crisis del sistema de financiación de la prensa tradicional ha hecho que las organizaciones sin fines de lucro como el ICIJ, que forma parte del Centro por la Integidad Pública (CPI) en Washington DC, sean cada vez más importantes para la financiación y la protección del periodismo independiente. Pero dado que estas organizaciones existen gracias a la fuerte tradición filantrópica en Estados Unidos, en la que también participan grandes fundaciones como la Ford, la Guggenheim, o la Open Society de George Soros, algunos periodistas han cuestionado esa independencia. Por su parte, el CPI mantiene que su línea editorial está rigorosamente divorciada de sus fuentes de financiación.

Las universidades norteamericanas son otra fuente potencial de resistencia. Pero también se saben en la diana de la nueva administración y de una ministra de Educación, la millonaria y evangélica Betsy DeVos, que no comparte ninguno de sus valores. El temor de un nuevo macartismo no está infundado. Entre los consejeros de Trump se encuentra David Horowitz, activista conservador que en 2006 publicó Los 101 profesores más peligrosos de América: un libro de perfiles académicos que pretendía, según la contraportada, “desenmascarar a académicos que dicen que quieren matar a personas blancas, promueven los puntos de vista de los mulás iraníes, apoyan a Osama bin Laden, lamentan el ocaso de la Unión Soviética, defienden la pedofilia y abogan por el asesinato de estadounidenses de a pie”.

Y si la prensa está combativa, el momento pilla a las universidades norteamericanas debilitadas en lo que respeta a la libertad de expresión. Varios gobiernos estatales de signo conservador están erosionando la seguridad laboral académica —piedra angular de la libertad de cátedra—. Entre otras medidas, están aboliendo los contratos fijos (tenure) en nombre de conceptos neoliberales como flexibilidad y accountability (responsabilización).

Pero en años recientes también la izquierda académica ha cobrado un gusto por la censura. Partiendo de la noción de que el discurso es siempre político, los estudiantes se han hecho extremadamente sensibles a toda afirmación que pueda ser interpretada como ofensiva de grupos minoritarios. Además, las reglas burocráticas pensadas para garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones han fomentado una proliferación de denuncias oficiales de profesores y administradores acusados de discriminación. Cogidos entre estudiantes litigiosos y administraciones neoliberales, los profesores andan con pies de plomo.

Sin embargo, también en la comunidad universitaria la nueva realidad política ha servido como toque de atención. “¿Qué podemos hacer los líderes de las instituciones universitarias ante un presidente que niega los hechos, que niega la ciencia?”, se preguntó Leo Botstein, el rector del prestigioso Bard College, en el New York Times. Y animó a todas las universidades a enarbolar una defensa enérgica de los valores académicos más fundamentales: “Defender la verdad —que, a fin de cuentas, es la misión de la enseñanza superior— puede parecer un acto de partidismo político. Pero lo que está en juego no son partidos políticos. Lo que está en juego es la función de la universidad en una época desconcertante … Esto implica respetar la norma probatoria, practicar un riguroso escepticismo y honrar la distinción entre la verdad y la mentira”.

Más en lamarea.com

Read More