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La nueva ley de prostitución alemana prohíbe la ‘tarifa plana’ de sexo

Prostitución LA MAREA

Alemania aprobó por primera vez en 2002 una ley para legalizar la prostitución en el país por la cual quienes la ejercen pagan impuestos y tienen acceso al sistema de la seguridad. Desde entonces, se ha multiplicado el número de grandes prostíbulos, que normalmente operan bajo etiquetas falsas como “clubes de sauna”. En los últimos años también se ha extendido la práctica de ofrecer una “tarifa plana” mediante la cual los clientes pueden tener sexo con varias personas a un precio fijo, práctica conocida como “all you can fuck”.

El próximo 1 de julio entra en vigor una nueva ley de la prostitución que prohíbe explícitamente “modelos explotadores que atentan contra la dignidad humana” como la tarifa plana, en palabras de la hasta hace poco ministra de la Familia, Mujeres, Mayores y Juventud, la socialdemócrata Manuela Schwesig.

Este punto de la nueva norma ha recibido una amplia aceptación, como también la obligación de registrar como tales los locales que ofrezcan lo que denominan “servicios eróticos“. La definición de estos servicios incluye no solo la prostitución tradicional, sino también otras prácticas, como las de dominación y sadomaso que no necesariamente incluyen el acto sexual. Personas con antecedentes penales no pueden obtener esta licencia, en un intento de apartar elementos criminales del sector. Además, el uso del preservativo será obligatorio.

Registro obligatorio

Sin embargo, hay otros aspectos de la nueva ley que han recibido duras críticas por políticos y diferentes colectivos profesionales, del propio sector incluidos. Un grupo de 25 personas –prostitutas, propietarios de prostíbulos y clientes– acaba de presentar una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional de Alemania. El punto más polémico es la nueva obligación de que toda persona que ofrezca servicios sexuales tenga que registrarse. Ello requiere una cita con los servicios sociales en la que se pretende averiguar si la dedicación a la prostitución se basa en una decisión voluntaria, así como un examen médico.

Las personas aprobadas deberán llevar el documento correspondiente consigo cuando ejerzan, un papel que ha sido bautizado con sorna como “Hurenpass” (“carné de puta”). Es obligatorio renovar la licencia cada dos años. Para personas afectadas y partidos como Die Linke u organizaciones como Amnistía Internacional, esta obligación atenta contra los derechos humanos y la privacidad.

“La obligación de registrarse es discriminatoria, preocupante en cuanto a la protección de datos y conlleva el riesgo de que las personas sean descubiertas sin querer”, comentó Fabienne Freymadl, presidenta del Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen (Asociación profesionel de servicios eróticos y sexuales). “De esta forma, se empujará a muchas trabajadoras y trabajadores del sexo hacia la ilegalidad, donde están más expuestos a la vulneración de sus derechos humanos”, concluye.

Desde Sisters, una asociación para facilitar la salida de la prostitución, admiten que la obligación de llevar encima el carné es un problema, si el carné cae por accidente en manos equivocadas, sobre todo cuando la persona ejerce la prostitución sin conocimiento de su entorno familiar o profesional. “Entendemos que la obligación de registro no es del interés de los propietarios de burdeles, ni de las ‘trabajadoras del sexo’ a tiempo parcial. Pero es importante y necesario para la gran mayoría que practica la prostitución por motivos de pobreza o de forma forzada”, explicaba Sisters en una opinión escrita al Bundestag, el Parlamento alemán, durante el proceso legislativo.

Maria Wersig, del Deutscher Juristinnenbund, una asociación de mujeres juristas, también indicó a los parlamentarios que la obligación de registrarse y renovar cada dos años era exagerada y no contribuía realmente a mejorar la protección de las prostitutas. El deber de someterse a exámenes médicos de forma regular tampoco se justifica, en su opinión. “Para personas que cada día en su profesión tratan alimentos, lo cual podría presentar cierto riesgo para la salud pública, solo necesitan pasar una vez en su vida profesional por una consulta de sanidad”, afirma Wersig.

La última palabra la tendrán ahora los jueces del Constitucional, pero muchas voces expertas en Derecho descartan que la demanda contra la ley de prostitución pueda prosperar.

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Todos los derechos, todas las mujeres (trans, cis, putas, feministas, bolleras…)

prostitución trans Ilustración: Klari Moreno.

YSKAL// El intento de deslegitimar a las putas empoderadas no es nuevo. Desde algunas posiciones abolicionistas se ataca a quienes trabajan como escort (1) argumentando que si cobran un buen dinero por los servicios sexuales que ofertan no pueden entender lo que es ser una mujer “prostituida” (2) y, por tanto, no son representativas del colectivo. Al margen de que nunca se erigieron como representantes, lo que sí hicieron fue solidarizarse con sus semejantes, a pesar de que podrían no haberlo hecho y vivir la situación de quienes captan a su clientela en la calle desde su lugar supuestamente “privilegiado”. También podrían haber escurrido el bulto ante las denuncias de las situaciones racistas que soportan las migrantes y haberse distanciado desde su estatus de mujer blanca occidental, pero tampoco lo hicieron. Se intenta, con este argumento: “No son representativas”, obviar que, aunque unas condiciones laborales sean más duras que otras, el estigma y la falta de derechos laborales afectan a todas las trabajadoras sexuales por igual; cobren más o menos por su trabajo.

Ahora, el argumentario -que trabaja para impedir derechos laborales a quienes ejercen la prostitución por decisión propia- se amplía y renueva para cuestionar a las mujeres trans como portavoces de la lucha de las trabajadoras del sexo por el reconocimiento de su trabajo. ¿Por qué? Porque si son mujeres trans y por tanto -en muchos casos- tienen pene y deciden no operarse, no viven los abusos sexuales que las “verdaderas víctimas prostituidas” sufren cada día por tener vagina. Es más, supuestamente, no pueden saber lo que es la discriminación machista por “no ser mujeres desde que nacen” (pero no se nacía mujer, ¿no? ¡se llegaba a serlo!).

Escandalizan estos comentarios y cuestionamientos por su doble rasero. Por un lado, una se pregunta: ¿Quién tiene la potestad de decidir cuáles son las personas válidas para dar la cara y reivindicar sus derechos? Y aún más peligroso: ¿Quién decide cuáles son las “verdaderas” mujeres?, ¿cómo se puede invisibilizar de manera tan hipócrita la violencia transfóbica que viven las personas transexuales -dentro y fuera del trabajo sexual- y tildarla como menos grave que la de las mujeres cisexuales? ¿Son las feministas, que han luchado durante siglos para que ninguna persona pueda decidir sobre los cuerpos de las mujeres y sus vidas, las que pueden decirle ahora a otras mujeres que no pueden hacer con el suyo lo que les plazca? El feminismo ha gritado con todas sus fuerzas: “Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal” o “ Sólo yo decido”. ¿Quién tiene la potestad de otorgar o retirar no sólo el carné de feminista, sino el carné de mujer a otra mujer trans que ha decidido ejercer el trabajo sexual?

Hay muchas mujeres cis que luchan por los derechos laborales y sociales del trabajo sexual, pero si hay cada vez más mujeres trans dando la cara se debe a que viven el estigma, día a día, de ser trans, de ser mujeres, de ser migrantes, de ser lesbianas… Para ellas “el estigma de puta” es sólo uno más. Y esta profesión, aunque haya a quien le pese, les ha abierto muchas puertas que de otra forma tendrían cerradas; pueden vivir como las mujeres que son (y no se confundan, lo son desde que nacen, aunque nadie se diera cuenta). Son mujeres valientes, guerreras y solidarias. Apoyan a quienes no quieren dar la cara por miedo a las represalias o que prefieren -y pueden- pasar desapercibidas. Y respetan su decisión sin menospreciarlas. Porque la solidaridad no debería entender de identidades, de orientación, de fronteras, de formas de ejercer el trabajo sexual y de las maneras de vivirlo. Porque los derechos laborales y sociales serán para todas las personas que ejercen el trabajo sexual y ahí estarán mujeres trans, putas y feministas pro derechos.

A quien le interese comprender las diferentes realidades de la prostitución, puede consultar los vídeos en YouTube de la mesa redonda El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual, celebrada el 17 de diciembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo, que tuvo lugar en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela del Ayuntamiento de Madrid, que contó con la presentación y moderación de Violeta Assiego -activista, abogada especialista en DDHH y coordinadora del blog 1 de cada 10 en 20minutos.es– y las intervenciones de: Ninfa (trabajadora del sexo y activista de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo, AFEMTRAS), Conxa Borrell (trabajadora del sexo y activista de la Asociación de Profesionales del Sexo, APROSEX), Mario Blázquez (activista del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, COGAM) y Mamen Briz (activista de Hetaira).

Yskal es activista de Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas.

Ilustración: Klari Moreno.


NOTAS

(1) Escort: así es como prefieren autodenominarse.

(2) “Prostituida”: la expresión preferida por quienes se niegan a considerar a las prostitutas como sujetas políticas.

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