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La libertad de prensa en Estados Unidos: amenazas y defensas (y II)

¿Qué pasaría si el presidente Trump decidiera movilizar al FBI y el aparato judicial para espiar y enjuiciar a funcionarios que contacten con los medios para denunciar abusos, o a los periodistas que les escuchen? Nada; simplemente sería business as usual. Como recordaba el periodista James Risen en el New York Times en diciembre, durante los ocho años que Barack Obama lideró el país hubo más investigaciones y persecuciones de periodistas y denunciantes internos —nueve en total— que durante todas las administraciones anteriores. Más sorprendente todavía es que el gobierno invocara para tal fin una ley anticuada, pensada para controlar el espionaje comunista en los años de la Revolución Rusa.

Bajo Obama hubo escuchas a teléfonos de reporteros, tentativas por enjuiciar a periodistas como cómplices o co-conspiradores e intentos por obligar a reporteros a revelar sus fuentes confidenciales. El gobierno de Obama se mostró particularmente duro con las filtraciones en torno a la seguridad nacional, que llegaron a nuevas alturas por el trabajo de Edward Snowden (acusado de espionaje) y Chelsea Manning (condenada a 35 años de cárcel, aunque al final se conmutó la sentencia).

Los otros casos incluyen el de Shamai Leibowitz, un traductor judío del FBI condenado a 20 meses de cárcel por revelar que los Estados Unidos espiaban a diplomáticos israelíes; y de John Kiriakou, un analista de la CIA condenado a 30 meses por revelar el programa secreto de torfturas.

Ante las fuertes críticas de los medios, en 2015, el fiscal general Eric Holder anunció que el Departamento de Justicia adoptaría pautas más estrictas para limitar las posibilidades de que se requirieran materiales de periodistas. Pero el nuevo fiscal general de Trump, Jeff Sessions, ha dicho que “no sabe” si seguirá esas pautas y que es posible que intente encarcelar a periodistas simplemente por hacer su trabajo.

La verdad es que el afán persecutorio del gobierno de Obama —que fue también uno de los menos transparentes de las últimas décadas— ha logrado expandir el poder del Ejecutivo para limitar la libertad de prensa, al mismo tiempo que ha erosionado la protección judicial a los periodistas. Así, en su intento por obligar a Risen a revelar sus fuentes, forzó una decisión judicial que negaba que los reporteros tengan un “privilegio de periodista”: el derecho a no testificar sobre sus fuentes en casos criminales.

Todo parece indicar que la administración de Trump sólo intensificará los intentos por cercenar la libertad de prensa. En enero, Alexandra Ellerbeck, del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), una organización sin fines de lucro afincada en Nueva York, predijo que habrá aún menos transparencia y aún más vigilancia. Las amenazas son múltiples. Muchos reporteros creen que Trump “ha creado un ambiente que fomenta el acoso a los periodistas”, incluidos frecuentes ataques racistas y antisemitas.

En vista del panorama de las primeras semanas de la presidencia de Trump, sin embargo, los medios no están dispuestos a dejarse intimidar sin más. Y no les falta apoyo. Además de organizaciones como el CPJ, la prensa tiene un importante aliado en la centenaria American Civil Liberties Union (ACLU), que cuenta con un millón de miembros reunidos en grupos locales por todo el país; un ejército de voluntarios; una plantilla profesional de 200 personas; y un presupuesto de más de 100 millones de dólares al año.

La ACLU trabaja, entre otras causas, por proteger la libertad de expresión independientemente del signo político que tenga (notoriamente defiende que el Klu Klux Klan se pueda manifestar en público) y por defender la libertad de prensa. Más que mera mosca cojonera, la ACLU es un agente influyente en la opinión pública y una poderosa máquina de presión judicial. Las primeras decisiones de Trump han provocado una oleada de afiliaciones y donaciones: desde noviembre, su número de afiliados se ha doblado (de medio millón a un millón) y el fin de semana que Trump anunció su veto a inmigrantes musulmanes —que la ACLU llevó a juicio esa misma noche—, la organización recaudó 24 millones de dólares, más de seis veces lo que suele recaudar en línea por año.

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¿Peligra la Primera Enmienda? La libertad de expresión bajo Trump

Betsy DeVos junto a Donald Trump I La Marea

OBERLIN (EEUU) // Si la prensa norteamericana fuera un superhéroe, ahora sería el momento de que entrara a una cabina telefónica, se quitara las gafas y se colgara la capa. Los diarios y revistas están que arden: los periodistas tienen la sensación de que ha llegado su momento de la verdad. Tienen ilustres ejemplos a seguir, por supuesto, desde los muckrakers de hace cien años —literalmente, los hurgamierdas: periodistas dispuestos a sacarle los trapos sucios al poder— hasta héroes más recientes como Bob Woodward y Carl Bernstein o el equipo del Boston Globe que protagoniza la película Spotlight. Saben que la batalla no va a ser fácil, pero están preparados.

Les tocará adoptar la actitud de sus colegas en países represores, señaló Steve Adler, el director de Reuters, a su redacción a finales de enero. “Trabajamos en muchos países donde los medios son atacados con frecuencia”, dijo. La tarea hoy en EE.UU. viene a ser la misma que allí, a saber: “proteger a los periodistas, comprometernos a informar justa y honestamente, ir obstinadamente en pos de información difícil de conseguir, y mantenernos imparciales”. Eso sí, habrá que dejar de fiarse de las comunicaciones oficiales. Pero estas —observa Adler— “en todo caso nunca fueron muy valiosas”.

La prensa es uno de los faros en que los millones de ciudadanos que se oponen al presidente Donald Trump cifran su esperanza. Pero no es el único: también está la universidad —tradicional refugio de disidentes— y esa forma de protesta anticuada de la movilización en las calles. Lo que comparten prensa, universidad y protesta es su dependencia de un derecho consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución: la libertad de expresión.

Hay pocos países del mundo donde la palabra libre esté tan venerada, y tan protegida, como Estados Unidos. Pero en años recientes se ha visto amenazada desde la derecha tanto como de la izquierda. Y quizá ninguna amenaza sea tan inmediata como la llegada de Trump a la Casa Blanca. “Donald Trump no es, ni mucho menos, el primer presidente en mentirnos”, escribía Lawrence Douglas, profesor de Derecho, en The Guardian. La particular alevosía de Trump es que emite “meta-mentiras”. Pretende socavar la legitimidad de las instituciones dedicadas a desenmascarar las mentiras: la prensa, la universidad y la judicatura. Así —advierte Douglas— Trump acaba por “envenenar el pozo del discurso democrático”.

Una Casa Blanca tóxica plantea desafíos importantes. “Donald Trump no alberga una particular reverencia ante la Primera Enmienda. Incluso puede ser que no la entienda muy bien”, escribía David Cole, profesor de Derecho Constitucional, en la revista The Nation días antes de la inauguración. “En la medida en que Trump pueda tomar medidas que pisoteen los derechos de la Primera Enmienda, hay motivos de sobra para creer que no dudará en hacerlo”.

El poco tiempo que lleva Trump gobernando ha demostrado que la ignorancia del presidente con respecto al Estado de derecho que lidera es tan supina como es aguda su sensibilidad ante la crítica y absoluto su desdén a los periodistas. No deja pasar oportunidad para tildar a los medios de “desvergonzados” o “falsos” (los periodistas, dijo, “están entre los seres más deshonestos del mundo”). Su estratega principal se refiere a la prensa sin más como “el partido de la oposición” y el propio Trump ha afirmado que considera a la prensa como “enemigo del pueblo”. El 24 de febrero, una reunión informativa para periodistas en el despacho del secretario de prensa, Sean Spicer, excluyó directamente a un puñado de medios concretos —entre ellos CNN, Politico y el New York Times—. Según el Times, se trataba de “una ruptura altamente inusual de las relaciones entre la Casa Blanca y el cuerpo de prensa”.

Hostilidad manifiesta

“En Estados Unidos no hemos tenido un presidente tan hostil ante la prensa desde Richard Nixon, pero en cierto sentido Trump es peor”, afirma David Kaplan, periodista veterano que entre 2008 y 2011 dirigió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y es el actual director de la Red Mundial de Periodismo de Investigación (GIJN). “Y eso que Nixon mantenía una ‘lista de enemigos’ y ordenó, en secreto, jugadas sucias contra representantes de los medios y otros que le parecían antipáticos”.

“La ley —si es que Trump decide respetarla— le impone límites, desde luego”, dice Kaplan. “Pero la situación es vulnerable. El peligro radica en que el Partido Republicano, que controla la mayor parte del gobierno, le permita hacer uso de todos los poderes presidenciales, que por cierto son más de los que eran cuando Nixon”. Y no es seguro que la protección legal actual siga en pie. “Si los conservadores se hacen con el control de la Corte Suprema, podrían revertir las protecciones a la prensa. Y no hay que olvidar que fue la administración anterior, la de Obama, la que impulsó a niveles inauditos la investigación y persecución de periodistas y denunciantes internos (whistleblowers) por filtraciones relacionadas con la seguridad nacional”.

¿Qué herramientas tienen los medios para resistir la presión que ya se le está aplicando? El apoyo judicial va a ser clave, pronostica Kaplan. “Los tribunales de este país son robustos, independientes y capaces de limitar el poder del presidente. Incluso los jueces más conservadores tienen un gran apego a la libertad de prensa. Además, el sistema federal les da un poder considerable a los Estados. Feudos demócratas como California, Nueva York y Washington tienen fiscalías generales bien equipadas que cuestionarán los abusos de poder más escandalosos. Pero de todas formas, los grandes medios tendrán que hacer de tripas corazón y volver a dedicarse al periodismo de control. Por fortuna, la prensa seria ha superado su peor crisis económica y está experimentando un aumento en apoyo y suscripciones”.

Y los reporteros norteamericanos no están solos. Operan en redes globales, gracias a organizaciones sin fines de lucro como la que ha dirigido Kaplan —como el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, el ICIJ, que fue responsable de la cobertura de los Papeles de Panamá—. “La tecnología está facilitando filtraciones masivas de documentos y datos”, dice. “Dada la oposición a Trump entre el funcionariado, cabe esperar una oleada de filtraciones sin precedentes. Además, investigar las inversiones globales de Trump —y los conflictos de interés que generan— exigirá una labor de cooperación internacional. La Red Mundial de Periodismo de Investigación que dirijo ha trabajo con colegas que enfrentan a regímenes represivos en lugares como Hungría, Rusia y Venezuela. La verdad es que no se nos ocurrió que nos tocaría lidiar con una situación similar en los Estados Unidos”.

La crisis del sistema de financiación de la prensa tradicional ha hecho que las organizaciones sin fines de lucro como el ICIJ, que forma parte del Centro por la Integidad Pública (CPI) en Washington DC, sean cada vez más importantes para la financiación y la protección del periodismo independiente. Pero dado que estas organizaciones existen gracias a la fuerte tradición filantrópica en Estados Unidos, en la que también participan grandes fundaciones como la Ford, la Guggenheim, o la Open Society de George Soros, algunos periodistas han cuestionado esa independencia. Por su parte, el CPI mantiene que su línea editorial está rigorosamente divorciada de sus fuentes de financiación.

Las universidades norteamericanas son otra fuente potencial de resistencia. Pero también se saben en la diana de la nueva administración y de una ministra de Educación, la millonaria y evangélica Betsy DeVos, que no comparte ninguno de sus valores. El temor de un nuevo macartismo no está infundado. Entre los consejeros de Trump se encuentra David Horowitz, activista conservador que en 2006 publicó Los 101 profesores más peligrosos de América: un libro de perfiles académicos que pretendía, según la contraportada, “desenmascarar a académicos que dicen que quieren matar a personas blancas, promueven los puntos de vista de los mulás iraníes, apoyan a Osama bin Laden, lamentan el ocaso de la Unión Soviética, defienden la pedofilia y abogan por el asesinato de estadounidenses de a pie”.

Y si la prensa está combativa, el momento pilla a las universidades norteamericanas debilitadas en lo que respeta a la libertad de expresión. Varios gobiernos estatales de signo conservador están erosionando la seguridad laboral académica —piedra angular de la libertad de cátedra—. Entre otras medidas, están aboliendo los contratos fijos (tenure) en nombre de conceptos neoliberales como flexibilidad y accountability (responsabilización).

Pero en años recientes también la izquierda académica ha cobrado un gusto por la censura. Partiendo de la noción de que el discurso es siempre político, los estudiantes se han hecho extremadamente sensibles a toda afirmación que pueda ser interpretada como ofensiva de grupos minoritarios. Además, las reglas burocráticas pensadas para garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones han fomentado una proliferación de denuncias oficiales de profesores y administradores acusados de discriminación. Cogidos entre estudiantes litigiosos y administraciones neoliberales, los profesores andan con pies de plomo.

Sin embargo, también en la comunidad universitaria la nueva realidad política ha servido como toque de atención. “¿Qué podemos hacer los líderes de las instituciones universitarias ante un presidente que niega los hechos, que niega la ciencia?”, se preguntó Leo Botstein, el rector del prestigioso Bard College, en el New York Times. Y animó a todas las universidades a enarbolar una defensa enérgica de los valores académicos más fundamentales: “Defender la verdad —que, a fin de cuentas, es la misión de la enseñanza superior— puede parecer un acto de partidismo político. Pero lo que está en juego no son partidos políticos. Lo que está en juego es la función de la universidad en una época desconcertante … Esto implica respetar la norma probatoria, practicar un riguroso escepticismo y honrar la distinción entre la verdad y la mentira”.

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