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El populismo canicular de Cifuentes

Las vacaciones de Cristina Cifuentes son noticia porque la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere que lo sean cada verano. El populismo canicular no falta en época estival igual que no falta Gibraltar o la canción del verano. La presidenta ha hecho de su decisión de no irse de vacaciones un asunto político para conseguir ventaja intentando transmitir que ella trabaja más que nadie y, sobre todo, más que sus rivales que sí se las cogen. Así lo hizo el equipo de Cristina Cifuentes el año pasado para criticar a Manuela Carmena por irse de vacaciones. O con Pedro Sánchez por tomarse unos días de descanso en la playa en el año eterno de negociaciones para formar gobierno.

No ha pasado un año sin que Cristina Cifuentes haga su habitual ejercicio demagógico sobre el descanso vacacional. Desde 2015, cuando dijo que no se iría de vacaciones porque tenía muchos asuntos pendientes que poner al día al llevar solo dos meses en el cargo.

Lo que haga Cifuentes como máxima dirigente de la Comunidad de Madrid con su descanso es su problema. Si no se quiere ir de vacaciones porque no se fía de los que deja al mando es comprensible, no sabemos la ingente cantidad de documentos que podrían evaporarse en su ausencia sabiendo que desaparecen en su presencia sin que la presidenta tome medidas contra sus consejeros. El problema llega cuando la máxima responsable de los madrileños dice que las vacaciones son “voluntarias”. Porque es mentira: el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 38, bajo el que no se rige Cifuentes pero sí a los que gobierna, establece que las vacaciones son obligatorias e irrenunciables, ni siquiera se puede prescindir de ese derecho por acuerdo entre partes ni pueden ser sustituidas por una remuneración extra.

Que Cristina Cifuentes desconozca este punto de la legislación laboral no es creíble. Sabemos que no lo ignora. Por eso transmitir que las vacaciones son obligatorias es un relato interesado que subyace en la ideología liberal. Pero ella como representante público no se atreve a exponerlo con claridad y tiene que realizarlo con globos sonda que introduzcan el debate en la sociedad y esperar a que la idea cale.

¿Por qué me quieren obligar a irme de vacaciones si no quiero? Son las preguntas que Cristina Cifuentes deja en el aire y que son recogidas por todos los sociópatas liberales que lo circunscriben todo a la libertad personal sin considerar la correlación de fuerzas laboral. Cuando eres el jefe y cobras más 60.000 € al año no hay ningún problema en tomarte las vacaciones como algo opcional. En ese caso la inmensa mayoría se cogerá las vacaciones porque tiene la libertad económica necesaria como para que los recursos disponibles no sean un problema a la hora de tomar la decisión. Cuando eres un trabajador precario con muchas necesidades económicas y con un trabajo que pende de un hilo y con una situación de inferioridad frente al patrón que no permite la negociación, la voluntariedad de las vacaciones dependería única y exclusivamente de las necesidades del empresario.

“¿Te vas a tomar las vacaciones con todo el trabajo que tenemos? Estás en todo tu derecho pero necesitamos en la plantilla gente comprometida que cuando haya tanto trabajo no se vaya a la playa”. Todos sabemos la libertad de actuación que le quedaría al trabajador con semejante presión y cómo de voluntarias serían las vacaciones en ese contexto hipotético.

La obligatoriedad de ciertos derechos laborales es la vacuna del obrero, una medida que evita que los más débiles del sistema aceptando condiciones a la baja hagan fuerte al virus de la explotación. Esa obligatoriedad se establece precisamente para proteger a los más débiles de la ecuación para que su necesidad no les obligue a aceptar condiciones laborales depauperadas que acabarían a medio y largo plazo perjudicando al trabajador primero y a la clase trabajadora en su conjunto después por la merma general de las condiciones. La verdadera intención de quienes están interesados en transmitir la idea de voluntariedad de ciertos derechos adquiridos es abrir la puerta para cercenar derechos conquistados a los trabajadores. Nada es inocente, y menos las declaraciones demagógicas de quien solo paga las vacaciones a los trabajadores interinos por orden del juez.

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Una moción de censura populista

La labor de un partido político es conectar con el sentir popular y trasladar a las instituciones las necesidades de la ciudadanía. El tan denostado término populista no tiene siempre por qué ser utilizado de forma despectiva ni negativa y esta es una de las ocasiones. La moción de censura es populista porque conecta con el pueblo. Por eso es acertada. La opinión pública, y la publicada, coincidían de una forma mayoritaria en que el último caso de corrupción precisaba de una respuesta extraordinaria que la oposición había eludido.

La proliferación de casos de corrupción pone cada vez más difícil a los investigadores encontrar una palabra que dé nombre a la operación. Esta vez la que ha puesto en cuestión a nuestras instituciones se llama Lezo, y afecta a todos y cada uno de los pilares fundamentales del estado surgido de la transición: la política, los medios de comunicación, las empresas y la judicatura. Lezo ha sido uno de los casos más relevantes para entender el sistematismo de la corrupción en España y al que hay que responder de un modo excepcional con medidas excepcionales. Unidos Podemos ha cumplido con su deber político y ético afrontando el caso con la gravedad que merece.

La inoperancia, cuando no connivencia, de la oposición del PSOE y Ciudadanos con el Partido Popular ha dejado huérfana a la ciudadanía que no votó a los conservadores. El único partido que ha mostrado beligerancia con el PP es Unidos Podemos, aunque últimamente se había perdido en actitudes inocuas para los implicados – el tramabús – que trasladaban un mensaje de incapacidad preocupante, por más que pudiera tener un sentido pedagógico. Es por eso que la moción de censura es un cambio necesario que incide en el papel de oposición y en el control efectivo del gobierno. Posiciona al partido como único contrincante de un ejecutivo que, estando en minoría, ve cómo PSOE y Ciudadanos no complican su mandato y apoyan, cuando es preciso, su labor legislativa.

El tripartito ha llegado al pacto tácito de no permitir a Unidos Podemos apuntarse ningún tanto en el Parlamento y evitar que pueda sacar adelante cualquier propuesta aunque la compartan. Han empujado al partido de Pablo Iglesias a la marginalidad parlamentaria y eso imposibilita un ejercicio ordinario de la oposición. De poco hubiera servido intentar reunirse con las otras formaciones antes del anuncio. La consigna es arrinconar a Podemos y discriminar cualquier iniciativa que salga de sus filas, una táctica que no es nueva y que Bildu ya conoce bien. Por eso, no resignarse y utilizar todas las armas que estén a su disposición es el mandato que le dieron los ciudadanos en las urnas. Hacen bien en cumplirlo.

La posición de la oposición

No sorprende que PSOE y Ciudadanos se hayan negado a apoyar la moción de censura con tanta celeridad. No hace ni seis meses que dieron el gobierno a este PP y por diferentes motivos no van a tolerar que salga del gobierno dándole a Podemos ese tremendo trofeo. Ciudadanos hace mucho que se despojó de esa falsa etiqueta de transversalidad ideológica y está dispuesto a enterrar su promesa de regeneración para soportar en el poder a los conversadores frente a opciones limpias de corrupción. Son de derechas y ejercen como tal. Por su parte el PSOE y la gestora prosusana no puede hacer nada sin el beneplácito de la presidenta de la Junta de Andalucía. Primero les toca ganar el 21 de mayo la secretaría general, y después dedicarse a minar al que consideran su verdadero enemigo, que no es Rajoy y lleva coleta.

Aunque por esperada, no deja de sorprender la vehemencia de ciertas reacciones. En particular la mostrada por Alfredo Pérez Rubalcaba y El País, que ya funciona únicamente con criterios políticos y no periodísticos. Rubalcaba amagó con una moción de censura cuando Mariano Rajoy se negaba a acudir al Congreso a dar explicaciones por la corrupción del caso Bárcenas. El PSOE se encontraba en minoría y por lo tanto era imposible que saliera adelante. Fue solo un instrumento más que la oposición utilizó para cumplir con su papel. Decía Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional, en el diario El País al respecto:

“Lo principal, en definitiva, es que la Constitución ha definido teleológicamente la moción de censura, cuya finalidad es exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Que además se elija a un presidente alternativo es importante pero jurídicamente secundario, porque si no hubiera moción de censura constructiva no se dejaría de ejercitar la moción de censura que es un instrumento al servicio de la relación de confianza que vincula al Gobierno con el Parlamento. Por todo ello, si llega a presentarse, será para juzgar a Rajoy, no a Pérez Rubalcaba”.

En aquel momento El País se mostró muy conforme con la propuesta de la moción de censura de Rubalcaba, que a diferencia de hoy estaba abocada al fracaso por la distribución parlamentaria, porque según su editorial del 17 de julio de 2013 la propuesta podía “ofrecer a la Cámara, y por ende a los ciudadanos, la oportunidad de recuperar una cierta dignidad”. El diario de Cebrián aseguraba que la moción de censura era “el único medio legal de someter a debate la responsabilidad política del Gobierno y también el único cuya tramitación no puede ser bloqueada por el PP”.

Pero también es cierto que en aquel momento el proponente era Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora forma parte del consejo editorial del periódico. Y ahora el proponente es Pablo Iglesias, su némesis. Es por esto que el editorial de El País, que en esta ocasión tituló “Sigue el espectáculo”, cambió su forma de analizar para qué sirve una moción de censura:

“Una moción de censura, recordemos, es un mecanismo constitucional extremadamente tasado en sus requisitos y procedimientos cuyo objeto es, si no conformar una mayoría parlamentaria alternativa a la actual que desaloje al Gobierno y lo reemplace por otro, por lo menos hacer visible ante la ciudadanía la existencia de una formación política con solidez y prestancia suficiente como para ofrecer esa alternativa en las urnas”.

En tan solo cuatro años la moción de censura ha perdido el poder de dar dignidad a los ciudadanos y de someter a debate la responsabilidad política del gobierno que tenía cuando la presentó Alfredo Pérez Rubalcaba. Empieza a ser práctica habitual tener la sensación de que existe un acuerdo de las élites políticas y mediáticas para convertir a Pablo Iglesias en un apestado al que arrinconar. Censurar sus iniciativas no por lo que son, sino por quien las propone, es un ejercicio deshonesto que esconde sepultar a quien con algunos errores de procedimiento ha puesto en cuestión a una oligarquía que venía dictando sin oposición efectiva el futuro de todo un pueblo.

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Holanda frena a la ultraderecha a un gran coste: asume parte de su agenda

wilders campaña holandesa

ÁMSTERDAM // Los Países Bajos, heraldos indiscutibles de la Ilustración, salvan los muebles en unas elecciones que podrían haber alimentado la sensación de fuerza de los partidos de la ultraderecha europea. El actual primer ministro, Mark Rutte (VVD), ha ganado su pugna casi personal contra el candidato neonacionalista Geert Wilders (PVV) en las elecciones generales de Holanda. Obtiene 33 diputados, ocho menos que en 2012, pero 13 más que su rival. Detrás de ambos, empate casi técnico entre los democristianos (CDA), y los liberales más escorados a la izquierda (D66), con 19 escaños.

Los resultados amparan el principio del liberalismo en el corazón de Europa, impidiendo la victoria de un hombre con un fuerte componente antiislámico, pero ninguna de las tres fuerzas tienen la capacidad para superar los 76 escaños. Aunque la distribución final de los asientos puede cambiar ligeramente cuando termine el recuento de votos en los municipios más pequeños, no se producía un escenario similar en el que tres partidos no tenían mayoría suficiente para formar gobierno desde principios de los años 70.

La resaca electoral traerá un país con un arco parlamentario absolutamente fragmentado, al que Rutte deberá domar para lograr su tercer mandato: 13 partidos han conseguido su asiento en un Parlamento de 150 escaños distribuidos por representación proporcional directa. Los electores holandeses, debido a este sistema, solo han escogido a un partido que va a intentar formar gobierno con otros. No es un primer ministro o presidente, como ocurriría si Marine Le Pen ganara la segunda vuelta en las elecciones francesas. Sin embargo, hay una cosa clara: los Países Bajos han votado por un gobierno de centro escorado a la derecha y ninguna posible formación progresista podrá hacerse con las riendas.

Sea como fuere, aunque la posibilidad siempre hubiera sido remota, Wilders no gobernará. Ahora bien, había logrado una victoria parcial antes de empezar. La extrema derecha no necesita tocar el poder para influir en las políticas. Su programa no ocupaba más de un folio, pero como dice el investigador Maarten van Leeuwen, autor de una polémica tesis sobre los discursos parlamentarios holandeses desde un enfoque lingüístico que le tachaba literalmente de “fascista”, “Wilders ha presentado su opinión como un hecho irrefutable”. En este sentido, la sociedad de abogados holandesa ya denunció que cuatro de los principales partidos políticos que hoy tienen representación parlamentaria se han comprometido a tomar medidas en materia de inmigración “abiertamente discriminatorias”, ilegales y contrarias a la Constitución.

Wilders gana la batalla cultural

Algunas ideas ultraderechistas han calado en la sociedad holandesa. Así lo reflejaba una estudiante de 23 años, Kelsey Kolerbrander, después de depositar su voto en las urnas. La joven declaraba haber apoyado al Partido Animalista, se desmarcaba de su familia, “que ha votada en masa al PVV” y atacaba a su líder por no tener un plan. Aunque, sostenía, las personas que vienen a su país deben de adaptarse a los valores holandeses. “En esta cuestión tengo una visión conservadora. No me importaría echarles si fuera necesario”.

Incluso Rutte llegó a hacer suyo el lenguaje wilderiano con un carta abierta para “aclarar lo que es normal y lo que no en nuestro país… Actúe con normalidad o váyase”, que escribió en enero. Por lo tanto, si uno mira el resultado político la derrota se vislumbra irrefutable, pero la larga batalla por las ideas continúa. Se lo dijo el ultraderechista a los periodistas después de votar el miércoles en La Haya: “El genio no volverá a la lámpara y la revolución patriótica tendrá lugar igualmente”.

Lejos de un Ámsterdam que ha estado siempre a la vanguardia del liberalismo, donde el domingo se sucedieron demostraciones en favor de la Unión Europea y el PVV fue el sexto partido, el panorama es distinto: la inmigración y la integración europea son la cuestiones nucleares que quedarán aparcadas por la incapacidad de los partidos tradicionales. “¿Y ahora qué? ¿Volverán nuestros políticos a decirnos que nuestro peores mal han sido derrotados?”, se preguntaba Tom, un holandés europeísta de padre canadiense y madre alemana. Y sentenciaba premonitorio: “El estancamiento de nuestro país continuará”.

Sin un horizonte prometedor

La percepción que se respiraba en algunas ciudades era como si un sentimiento recorriera cual neumonía la espina dorsal de los votantes: los partidos hasta hoy hegemónicos parecen carecer de la capacidad, el coraje y la iniciativa para abordar las cuestiones que dividen a su sociedad y ofrecer propuestas tanto alternativas como realistas. “No me siento orgulloso de ser holandés”, señalaba un hombre de unos 70 años que llegó al colegio electoral de Leiden en bici y fumando en pipa. No quería ser identificado, aunque señalaba haber votado al candidato ultraderechista porque “estamos hartos de los partidos tradicionales. No son capaces de dar respuesta a los problemas”. En este contexto, Wilders se ha alzado con éxito como el iconoclasta de las élites cosmopolitas incrementando en cinco los escaños de su formación.

Hace 30 años, el Partido Laborista y los Demócratas Cristianos tenían más de dos tercios de los votos. Hoy el coste más alto de la debacle de los partidos tradicionales lo paga una izquierda fragmentada en cuatro partidos con escasas posibilidades de influir en el poder o de crear una coalición de gobierno. Tras las pasadas elecciones, la formación socialdemócrata de mayor historia en los Países Bajos ha pasado de tener 38 diputados a quedarse solo con 9.

La triada compuesta por el Partido Obrero (PvdA), el Partido Socialista (SP) y la Izquierda Verde (GroenLinks) no han logrado siquiera superar los 40 escaños, una cifra que en otro tiempo los laboristas la hubieran alcanzado por sí solos. No obstante, puede que sea cierto que el joven líder, Jesse Klaver, haya resultado un antídoto contra los partidos de corte xenófobo. La panorámica electora induce a pensar que los votantes de la izquierda han contribuido a que el Partido Verde haya casi cuadriplicado sus escaños. Aunque parezca que todo cambia, lo cierto es que el único entre 13 partidos encabezado por una mujer con representación parlamentaria ha sido el Partido para los Animales (PvdD).

A pesar del aparentemente pesimismo popular, desde la capital europea hay motivos para el optimismo. El resultado, en un país con un ecosistema político hasta ahora estable que en Bruselas lidia estrechamente con el eje franco-alemán, ha tenido un efecto balsámico y la instituciones se arman de confianza y fuerza para reivindicar el proyecto comunitario en las próximas elecciones. Aunque es importante señalar que los resultados en Holanda no medían de ninguna forma la fuerza de los populismos en el viejo continente. Wilders ha logrado sólo el 13,1% de votos en unas elecciones donde ha votado el 82% (la participación más alta desde de los últimos 31 años) de una población que representa el 3,3 % de la UE.

Definitivamente, el resultado el