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Los ‘valencianistas’ de Zoido

Insultos al paso de la comitiva de Compromís durante los actos oficiales del 9 de octubre de 2015 en Valencia. FOTO: JORDI BORRÀS.

La construcción de un relato y la imposición de un marco conceptual que lo sustente es quizás la batalla de las ideas más importante. Para armar una visión de la realidad interesada es fundamental saber colonizar las mentes con la imagen que pretendemos dar de determinados sucesos y realidades. Existirán (y deben existir) varios puntos de vista sobre un mismo hecho o realidad. Pero la conquista del lenguaje y la imagen que queda de una historia, es sin duda la mayor victoria.

El pasado 1 de diciembre el Ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, respondió a las preguntas lanzadas por Ricardo Sixto (EUPV) y Alberto Garzón (IU-UP). Los diputados cuestionaron la actuación policial ante las agresiones de la extrema derecha a los manifestantes valencianistas del pasado 9 de octubre en València. Zoido, como si no hubiese visto las imágenes que aparecieron en todas las televisiones, en YouTube y en las redes sociales, calificó los hechos como un “conato de enfrentamiento entre grupos antagónicos, resolviéndose por presencia policial”, y negó que hubiera heridos y cargas policiales. No hace falta que estuvieses allí para verlo. Puedes, insisto, buscar en las redes sociales los vídeos de aquella tarde y comprobar hasta qué punto el ministro miente. Y cómo trata de quitar importancia a unos hechos que, además, no fueron ningún “conato” (que la RAE define como “intento frustrado”), sino que consiguió lo que se pretendía: aterrorizar, coaccionar y agredir a los manifestantes e impedir el normal transcurso de la manifestación.

Aquella tarde, una plataforma de asociaciones formada por, entre otros, PSOE, CCOO, UGT, Intersindical, Compromís, Podemos e IU, tenía permiso para manifestarse por el centro de València. El lema era ‘Sí al valenciano’, y no era más que la tradicional marcha que cada año convoca la izquierda valenciana el Día del País Valenciano. Pero hacía muchísimos años, quizás desde la transición, que no se vivían unos episodios de violencia tan graves como los que vivimos quienes fuimos testigos (y víctimas) de aquella ignominia.

Sin embargo, lo más indignante de las declaraciones del ministro es que tacha a los acosadores de haber estado allí “en defensa del valencianismo”. Esto va más allá de su banalización de la violencia y del problema que supone la extrema derecha, que aquel día impidió el normal desarrollo de una manifestación legal.

Aquí, Zoido ya otorga la defensa del valencianismo a quienes, enarbolando banderas de España, escupían, insultaban, agredían y bloqueaban a los manifestantes que pedían una mayor protección a la lengua de los valencianos. Por supuesto que el lenguaje del señor ministro no es inocente. Sabe bien lo que dice, y el aplauso de los ultras a sus declaraciones así lo confirma.

¿Qué es ser valencianista?

Que el ministro Zoido catalogara así a los ultraderechistas que reventaron la manifestación del 9 d’Octubre, no es casual ni inocente. No solo él, sino una gran parte de los medios de comunicación así llevan haciéndolo desde hace décadas, contraponiendo este adjetivo al supuesto “catalanismo” que representaría la parte contraria. Y aquí nos metemos de lleno en lo que se refería al principio: la batalla de las ideas en el lenguaje y los marcos conceptuales.

Para los que reniegan de la unidad de la lengua, todo aquel que la asuma es “catalanista”. No importa que no lo sea, ni que ni siquiera lo pretenda, porque para ellos lo es. Y aquí entran desde los académicos (desde la universidad hasta los expertos en romanística de todo el mundo), hasta los miles de valencianos de todo signo político que defendieron una mejor financiación para el País Valenciano el pasado 18 de noviembre, ya que, según algunos sectores del blaverismo, esto serviría para financiar el catalanismo que emana del gobierno tripartito valenciano.

Vicent Flor realizó una magnífica tesis doctoral en el año 2009 bajo el título El anticatalanismo en el País Valenciano: Identidad y reproducción social del discurso del blaverismo. De esta tesis, Flor publicó un resumen en formato libro titulado Noves glòries a Espanya: anticatalanisme i identitat valenciana (Afers, 2011). Y nada más gráfico para explicar la latencia del conflicto que los sucesos que se desarrollaron durante su presentación en la FNAC de València: un grupo de ultraderechistas, entre los que se encontraban miembros de España2000 y del Grup d’Acció Valencianista (GAV), la organización que durante décadas abanderó la lucha sin cuartel contra todo lo que consideraron “catalanista”, irrumpieron en la sala e impidieron el acto. Junto a Flor se encontraba la actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que recientemente sufrió el acoso en su domicilio precisamente de estos grupos.

Para el sociólogo, el valencianismo “es una ideología y un movimiento políticos que nace a principios del siglo XX que cuestiona el nacionalismo español y su propuesta de España unitaria y que defiende en un primer momento la recuperación del autogobierno y la oficialización del valenciano y, una vez conseguido estos, la ampliación de las competencias de la Generalitat Valenciana y la normalización del valenciano”. Este valencianismo es el que tradicionalmente se ha tildado de “catalanista”, aunque no tiene porqué aspirar a los Països Catalans ni tampoco a la independencia del propio territorio valenciano.

Contrariamente, el movimiento al que Zoido llamó “valencianista” y que también se conoce como blaverismo (en referencia a la franja azul de la senyera), es “anticatalanista, populista, conservador, regionalista y provincialista que defiende una identidad valenciana regional y subordinada a la identidad nacional española y que, por tanto, se opone frontalmente al valencianismo”, explica el sociólogo Vicent Flor. Para este experto en la materia, no es más que “un nacionalismo español que se reviste de autoctonismo, de valencianía que trata de considerar a los valencianistas como “traidores” a la ‘auténtica’ identidad valenciana”. El periódico Directa elaboró hace pocas semanas un mapa cronológico e interactivo con todos los actos violentos -la mayoría impunes- cometidos por defensores de estas ideas.

Este sector, al que el señor Zoido llamó “valencianista” y que salió el pasado 9 d’Octubre a reventar una manifestación legal, ha gozado durante mucho tiempo de esta patente. No solo los medios afines les otorgan la etiqueta de valencianista, sino que también y sorprendentemente todavía hoy lo hacen varios medios progresistas. Lograron hace ya muchos años imponer su marco conceptual, aunque el extenso tejido asociativo que lo formaba, hoy en día tan solo sobrevive en pequeñas organizaciones tras haberse visto capitalizado por el PP. Sociológicamente es cierto que sigue vivo, sobre todo allí donde nació, en la ciudad de València y sus alrededores. Cada 9 de octubre, estos grupos ocupan las calles del centro de València durante la mañana para participar en la tradicional procesión de la Senyera, donde desfilan las autoridades. Cada año, esta efeméride se convierte en un escaparate para todos estos grupos, que se desgañitan al paso de los miembros de Compromís, hoy en el gobierno, entre insultos y amenazas de todo tipo. El diario digital La Veu realizó un clarificador reportaje cuando todavía gobernaba el PP para mostrar la tensión y la impunidad con la que los grupos más radicales actuaban en València.

La unidad de la lengua o el secesionismo no es lo más importante, a mi juicio. Lo que está en juego es la normalización del valenciano, y el secesionismo es una estrategia para atacarlo. Si conflictivizamos la identidad de la lengua, piensan los anticatalanistas, contribuimos a su desprestigio y dificultamos su recuperación social. Y, en buena medida, lo han conseguido”, apunta Flor. “No es de extrañar que una parte importante de la base social del blaverismo sean valencianohablantes conservadores y regionalistas que no han transmitido el valenciano a sus hijos porque pensaban que el castellano era un instrumento de movilidad social ascendente. Con el castellano llegarían más lejos que ellos con el valenciano y, a partir de la década de los sesenta, se encuentran con una propuesta para recuperar la lengua que ellos, con la ayuda activa del franquismo, habían decidido abandonar o relegar a aspectos no formales. Y, por tanto, reaccionaron en contra aprovechando el discurso de la identidad regional hegemónico contra el cual planteó Joan Fuster su propuesta valencianista”, concluye el sociólogo.

El valencianismo definido por Flor, en cambio, es el responsable de haber mantenido viva la lengua y gran parte de la identidad valenciana que durante años había sido relegada a lo folclórico. Hoy existen decenas de grupos de música que cantan en valenciano. También una nueva generación de periodistas que se organiza y crea sus propios medios en valenciano. Una red de asociaciones que llevan las muixerangues y todas las expresiones de cultura popular a cada pueblo. Artistas como Pep Gimeno ‘Botifarra’, que recupera canciones y dichos centenarios hasta ahora olvidados, y que aprendió escuchando y grabando a decenas de personas mayores de todos los rincones del país. Y así, un sinfín de iniciativas que se desarrollaron en la más absoluta independencia de los poderes públicos durante los más de 20 años de gobierno del PP. Sin embargo, toda esta red cultural, muestra de la perseverancia de miles de personas, no merece para algunos la etiqueta de valencianista.

Muchos de estos valencianos “traidores” estaban el 9 d’Octubre recibiendo insultos y escupitajos de esos a quienes Zoido sí llamó “valencianistas”. Más allá de su legítimo derecho a reivindicar sus postulados y su concepto de valencianidad, siempre por vías democráticas y no violentas, lo del 9 d’Octubre no fue más que una cacería contra el valencianismo progresista. Un acoso organizado y violento que hoy se instruye en los juzgados.

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Miedo de la policía

Un policía es un funcionario público. Su obligación, para la cual pagamos todos los ciudadanos, es velar por nuestra seguridad y procurar el cumplimiento de la Ley.

En marzo de 2015 el Congreso de los Diputados aprobó con el voto único del PP la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. La Ley Mordaza convierte al policía en una autoridad pública con capacidad para condenar. La Ley Mordaza permite al policía multar con 600/6.000/60.000 euros a un ciudadano por algo que él -el policía- considere “desobediencia”, o considere “falta de respeto”. Sin más prueba que su criterio.

Una autoridad
Tras el atentado de las Ramblas los gobiernos español y catalán permitieron que la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra se enzarzaran en asuntos de corte político, altos asuntos relativos a la seguridad del Estado, que no les competen.

Antes, durante y después del 1-O en Cataluña, los Gobiernos español y catalán centralizaron su actuación política en la policía. Y no solo eso, si no que utilizaron a los agentes de uno y otro lado como arietes políticos, convirtiéndolos así, además, en héroes/villanos para la población.

El pasado 12 de octubre día de la Hispanidad, o de la Raza, o de las Fuerzas Armadas, por primera vez, el Gobierno español puso a desfilar a la Policía Nacional junto a los cuerpos del Ejército.

En los últimos dos años y medio, han sucedido en España dos asuntos paralelos y preocupantes:

Asunto 1. El Gobierno español ha convertido a la Policía Nacional en una autoridad moral y política. Los ciudadanos lo han celebrado con besos a los agentes.

Asunto 2. Las redes sociales han permitido que proliferen foros, cuentas y grupos de policías, guardias civiles y similares con los resultados ya conocidos.

De primera mano
He sufrido los rigores de la Ley Mordaza. También he sufrido ataques por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que tuvieron como consecuencia amenazas de muerte a mí y a mis hijos.

En aquel momento hablé con algún miembro del SUP. “Tú no gustas”, me dijo. Y también me alertó sobre la presencia de miembros de extrema derecha en dicho entorno.

Sin duda, toda esta disparatada construcción policial no es responsabilidad de los distintos cuerpos de seguridad (energúmenos hay en todas partes), si no del Ministerio del Interior.

Pero quiero recordar que esos mostrencos que desean la muerte de Manuela Carmena, de otros de nuestros representantes políticos, de inmigrantes y periodistas, van armados y están en la calle.

Mi relación no siempre ha sido pacífica con la policía española. Recibí algún porrazo y también bastantes identificaciones, no todas arbitrarias. Lo mismo me sucede con la Guardia Civil. Quise mucho a Ion Arretxe, ya desaparecido, torturado hasta el límite donde la vida es muerte y que sobrevivió. Y un día vi en Barcelona cómo golpeaban los muslos de un amigo hasta convertirlos en dos bolsas moradas.

Mi relación con policías y guardias civiles no siempre ha sido amable. Y sin embargo esta semana por primera vez en democracia he tenido miedo de la policía.

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Los que no besan a la policía

Por un lado, están los que salen a la calle agarraditos a la bandera. A una o a otra, a la que sea. Por otro, los que ni tienen bandera que enarbolar ni se les ocurriría comprarla.

Por un lado, están los que besan a la policía y le regalan flores, sea una policía u otra, y les dan vivas y los jalean. Por otra, los que no besan policías. Besar a la policía, se mire como se mire, no es un gesto normal.

Mucho se ha repetido que este domingo salió a la calle “la minoría/mayoría silenciosa”. Incluso los propios manifestantes lo repetían “hola, soy de la minoría silenciosa”, etc. De hecho, por si no quedaba los suficientemente claro, muchos de ellos insistían en el hecho de no haber asistido nunca a una manifestación. Considerar un valor no haber ido nunca a una manifestación da sin duda un retrato del neo-manifestante.

Así que no, esos silenciosos tampoco salieron el domingo a la calle en Barcelona.

Los que han salido, hasta ahora: de un lado, los que besan a los Mossos e insultan a la Policía Nacional y la Guardia Civil; de otro, los que besan a la Policía Nacional e insultan a los Mossos. Unos enarbolan la estelada y los otros la bandera española, si acaso junto a la señera. No son muy distintos, unos y otros.

Los del silencio son el resto, los que no besan a la policía. Y, por más que insistan los medios de comunicación, siguen calladitos.

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Ecos de tiempos no tan lejanos

Franco en Reus (1940). Foto: Joan Barceló.

Miguel García Lerma es doctorando en Historia Contemporánea.

El escenario está montado, y el teatro de guiñol comienza su función sin más guión aparente que un choque de trenes auspiciado por las “derechas” casticistas que poco o nada quieren solucionar,. La liebre ha sido levantada, y nadie se quiere cobrar la pieza. Por un lado, los exconvergentes, que reculan cuando les han quitado la red de un salto que llevan anunciando a bombo y platillo años. Por otro lado, el “Gobierno de la Nación”, que nunca ha aceptado la pluralidad de ésta más que para el voto de los Presupuestos Generales del Estado, siempre que le ha hecho falta pactar con la derecha nacionalista. Ya lo sabíamos, pero hoy día sorprende a muchos el hecho de que la pasta siempre se entienda con la pasta, independientemente de la bandera que la expida.

Para aquellos que partimos de una perspectiva de izquierdas que asume, en cierto sentido, algunos de los horizontes programáticos e ideológicos de la izquierda rupturista de este país, consideramos que el derecho de autodeterminación es, si me permiten el vulgarismo, “sagrao”. Sagrado porque es un derecho inalienable de los pueblos según varios documentos de organismos internacionales. Sagrado porque también los ciudadanos y ciudadanas debemos participar en la toma de decisiones del encaje territorial de nuestro estado. Sagrado, porque ha sido uno de los principios fundamentales que ha configurado el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y ha permitido la descolonización de países brutalmente explotados por sus metrópolis.

Y pese a las profundas reservas que el que suscribe tiene ante el formato de referéndum que ha propuesto la “Cheneralitá” (usando de modo jocoso como llamaba a la institución un catalán universal como era Ivá), no podemos cerrar los ojos ante la movilización que está dándose en Cataluña. Y como reservas no nos faltan, no tanto por el proceso en sí, sino por los mecanismos legales que se han puesto en marcha para desarrollarlo, y la mano que dirige el timón (una derecha tan nacionalista y corrupta como el Partido Popular)

Pero en este artículo quiero simplemente analizar la otra parte, la gestión del gobierno Popular, desde una perspectiva discursiva. No vamos a entrar en las grandes declaraciones, o en las líneas programáticas, sino en dos elementos que considero elocuentes. Porque, como dice el refranero, ‘de casta le viene al galgo’, y cuando las cosas están mal, las viejas pulsiones salen a la luz. Vamos a ello. Por un lado la preocupación por el Orden Público, y por otro lado la reaparición misteriosa del término “propaganda ilegal”. A aquellos más jóvenes, les sonará a otro elemento del tedioso lenguaje político, pero por mi profesión (investigador histórico), puedo vislumbrar parte de la significación que tiene el uso del lenguaje en esta circunstancia. Con respecto al primer elemento, al menos sobre papel, desde la constitución de 1978 no tenemos unas Fuerzas de Orden Público (FOP), sino unas Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

“¡Es lo mismo!”, dirán algunos, “otro eufemismo para llamar a la misma cosa”. Pero los términos tienen una significación profunda, y hay matices. Si bien ambas definen a “profesionales de la violencia institucional” -por muy polémico que pueda resultar el término-, el uso de FOP está asociado a la judicialización de actitudes políticas (entendiendo que ciertas reivindicaciones políticas alteran el orden público), mientras que el uso de FSE está asociado a la protección de la seguridad de la ciudadanía, partiendo de sus derechos y libertades. O de una manera mas simple, el concepto orden público tiene un elemento represivo, y el concepto seguridad ciudadana, un elemento democrático. O ese fue el cambio que se nos acentuó en el mundo académico y en los investigadores de la Transición Española en un momento que se planteaba el debate sobre la no depuración del personal policial de la dictadura. Cambio que el gobierno del Partido Popular, al parecer, se empeña en olvidar.

El segundo elemento que ha salido estos días a colación es el de la propaganda ilegal. Si bien no existe como elemento en nuestro Código Penal, ha estado presente en boca de nuestros dirigentes en la última semana, con el absurdo de ver a las FSE persiguiendo carteles e imprentas. El concepto de propaganda ilegal, una vez más, asumido por nuestro gobierno de la dictadura, fue un mecanismo contra los vencidos de la guerra en un contexto de represión. Sobre todo a la altura de la década de los años setenta, cuando constituyó una de las principales razones de encausamiento de disidentes políticos por el Tribunal de Orden Público. Quizás estos pequeños “lapsus” terminológicos podrían ser simples construcciones lingüísticas, sin mala fe, ante la celebración de un referéndum que excede el marco legal de nuestro ordenamiento jurídico. O quizás el uso de “viejas palabras” por los herederos de una cultura política que considera, como Fraga expuso en 1976, que la calle es suya.

Pero lo cierto es que el tratamiento del problema ha pasado por una judicialización del hecho político, es decir, se enmarcan actitudes políticas dentro del ámbito judicial, en lugar de ofrecer soluciones políticas a un problema que va más allá de una legislación concreta. Lo que no entiende el gobierno es que dos millones de personas en la calle no pueden constituir un colectivo a encarcelar y reprimir. Y si, recuperando estos ecos de un pasado no tan lejano, quizás de forma leve, pero muy significativa, el gobierno nos está diciendo que no tiene problema en encuadrar, dentro de una democracia, actitudes políticas fuera de la ley, que tiemblen no solo los activistas catalanes, si no cualquier activista social de este país (o país de países, como se prefiera). Porque se va a convertir en un problema de orden público. Porque su propaganda va a ser ilegal. Y hay que estar atentos, porque este giro no es sino el primer paso de una deriva autoritaria, que una vez iniciada, como el mismo ‘Procés’ en sí, no sabemos como va a acabar.

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Interior indemniza con 750 euros a una mujer agredida a porrazos por antidisturbios

Cargas policiales en Madrid I La Marea

MADRID // Una juez de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior con una multa de 750 euros por las lesiones sufridas por una joven en un bar del barrio de Huertas (Madrid), tras ser aporreada por agentes antidisturbios en septiembre de 2012. La agresión sucedió al final de una manifestación contra la aprobación de los Presupuestos Generales. En un momento dado, varios grupos operativos de Intervención Policial comenzaron a recorrer las calles del barrio de las Letras, en el centro de Madrid.

Tal y como recoge una grabación efectuada por un vecino desde el balcón, un grupo de antidisturbios entró en varios establecimientos, entre ellos el bar La Brocense, del que comenzaron a sacar a varias personas. En las imágenes se aprecia cómo parte de los agentes espera en la puerta del bar para hacer “un pasillo” a las personas que sus compañeros sacan de su interior, mientras “les golpean de manera reiterada e indiscriminada y con una clara intención de escarnio”, según denuncia la Comisión Legal Sol —la asociación encargada de asesorar legalmente a la víctima—, en su página web.  Posteriormente se ve cómo sacan a dos mujeres del bar, M. y G., las cuales son rodeadas por varios policías en la misma puerta para, “sin dejarles escapatoria, golpearlas reiterada y brutalmente en la cabeza y tronco, produciéndoles sendas brechas que necesitaron para su curación la aplicación de grapas”, prosiguen los abogados.

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Ni a M. ni a G., ni a ninguna de las personas que fueron agredidas se les identificó ni detuvo, “quedando por tanto acreditado un ánimo por parte de los funcionarios de Policía de mero castigo y escarnio totalmente gratuitos”.

El procedimiento penal que dio pie las denuncias interpuestas por M. y G. fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid en un Auto en el que se afirmaba que “si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas”.

“Esa noche, como tantas otras, los funcionarios de la Unidad de Intervención Policial llevaban tapado su número de placa con el chaleco antitrauma que vestían encima”, recuerdan desde la Comisión Legal Sol.

Tras interponer el procedente recurso de amparo, que fue inadmitido, M. y G. demandaron al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de investigación, demanda que se encuentra aún en trámite.

Paralelamente, tanto M. como G. reclamaron responsabilidad patrimonial al Ministerio del Interior por el mal funcionamiento de las Unidades de Intervención Policial. Dicha reclamación fue rechazada en ambos casos.

Ahora, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 7 les ha dado la razón y ha decidido anular la desestimación de la reclamación patrimonial realizada por G. y declarar su derecho a percibir 750 euros por las lesiones sufridas. Queda pendiente que se resuelva el procedimiento judicial sobre la reclamación patrimonial de M., cuya vista está señalada para los próximos meses.

“Más allá de la irrisoria cuantía, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y de la vergonzante postura de la Abogacía del Estado, quien hasta el último momento ha rechazado reconocer el mal funcionamiento de la actuación policial; desde la Comisión Legal queremos poner el acento en la falta de investigación efectiva de este tipo de abusos y en la impunidad consentida que supone el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de ir debidamente identificados”, concluye la Comisión Legal Sol.

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Violencia en la ‘banlieue’, ¿combustible para la ultraderecha?

PARÍS // “Théo y Adama te recuerdan por qué corrían Zyed y Bouna”. Un tuit del cómico Waly Dia con casi 15.000 retuits condensa la realidad de las siempre convulsas relaciones entre la autoridad y los jóvenes de la banlieue, zonas sensibles del extrarradio francés.

Hace 11 años de la muerte de Zyed Benna y Bouna Traoré, dos chavales electrocutados al esconderse en una torre de alta tensión para huir de la policía, en un episodio que desencadenó una auténtica revuelta en estas ciudades periféricas con fuerte población migrante, castigadas por el paro y la desigualdad. Hace apenas seis meses, un chico fallecido en circunstancias poco claras, Adama Traoré, reavivaba el fantasma de la brutalidad policial. Y en la última semana, la agresión a Théo L., un joven negro presuntamente sodomizado por la policía con una porra durante su detención, ha terminado de calentar los suburbios franceses, una década después de los disturbios que sacudieron todo el país.

Pero a diferencia del caso de Adama Traoré, que tuvo una repercusión mediática relativamente discreta, lo ocurrido con Théo ha obligado a reaccionar a la clase política francesa y ha desatado de nuevo la polémica sobre los métodos empleados por las fuerzas del orden. Dos motivos probables que explican esta mayor visibilidad son, por un lado, que la violenta detención fue filmada por cámaras de seguridad. La otra causa es que el país se encuentra a menos de tres meses de las elecciones presidenciales.

El caso de Théo habría empezado durante un registro policial ordinario a varios jóvenes. Según testigos, uno de los agentes abofeteó a uno de ellos, menor, sin mediar provocación. Théo, amigo de este chico, se interpuso y acabó detenido, no sin antes sufrir una brutal paliza por parte de los policías, que incluyó la presunta sodomización con una porra extensible. Tras visionar los vídeos de vigilancia, la Inspección de Policía ha aludido a un “accidente”. Una explicación difícilmente creíble dada la herida de diez centímetros en el recto y el desgarro en el músculo del esfínter que presenta la víctima, producida por una porra empleada “en horizontal”, según una fuente cercana a la investigación citada por varios medios franceses.

Los candidatos, con la víctima
En un gesto poco habitual, los aspirantes al Elíseo, a excepción de la ultraderechista Marine Le Pen, se han posicionado del lado de la víctima. El conservador François Fillon aseguró que “si hay faltas, deben ser sancionadas” y el liberal Macron evocaba la “fuerza ilegítima del Estado”, mientras que el socialista Benoît Hamon condenó sin ambajes unos “actos inadmisibles” y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, exigió la “expulsión de torturadores de la policía”.

El presidente François Hollande visitó el martes por sorpresa al chico convaleciente en el hospital y le prometió que se haría justicia. Pero ese gesto voluntarista contrasta con la ausencia de medidas tomadas durante sus cinco años de mandato, pese a que durante la campaña de 2012 el entonces candidato se comprometió a luchar contra los controles policiales discriminatorios contra los jóvenes árabes y negros.

Tras el episodio ocurrido en Aulnay-Sous-Bois, los disturbios se han reproducido cada noche en esa localidad y otras del distrito 93, el departamento de Seine-Saint-Dennis, donde ya han sido detenidas más de una treintena de personas. Las imágenes de coches ardiendo y cócteles molotov lanzados contra la policía recordaban, si bien en una escala mucho menor, a los hechos acontecidos en 2005.

En aquella ocasión, el entonces presidente Nicolas Sarkozy denominó “gentuza” a los habitantes de la banlieue en su conjunto y prometió medidas contundentes.  Pero aunque el gobierno de Hollande no haya sido tan vehemente, su represiva política securitaria, escudada en la ya permanente amenaza terrorista, ha provocado el mismo sentimiento de ansiedad, miedo y rabia en estos barrios.

Como guinda en el contexto de tensión actual, la Asamblea Nacional francesa aprobó el miércoles un proyecto de ley de seguridad pública que aumenta las prerrogativas de los agentes a la hora de actuar en “legítima defensa” y endurece las penas por ofensa a la autoridad. La iniciativa legislativa responde a las protestas de la policía del pasado otoño, cuando los agentes se manifestaron durante varias jornadas por la inseguridad y falta de medios que, aseguraban, sufren los cuerpos de seguridad galos.

Marine Le Pen rentabilizó aquellas manifestaciones, y en esta ocasión ha sido la única que ha tomado partido por los agentes. “Considero inadmisible crucificar a policías antes siquiera de que haya empezado la investigación. Mi principio de base es apoyar a la policía y a los gendarmes”, dijo la líder del Frente Nacional.

Aunque el joven agredido llamó a la calma desde su cama en el hospital, la mecha de la indignación aún no se ha apagado. Los cuatro policías implicados se encuentran suspendidos de sus funciones y en libertad provisional con cargos —tres por violencia agravada y un cuarto por violación— pero la Fiscalía podría retirar esa acusación basándose en el supuesto carácter “accidental” de la penetración. Si esto ocurre, la sensación de impunidad policial podría espolear nuevas protestas.

Con el voto de izquierda en horas bajas tras una decepcionante legislatura de los socialistas y los escándalos acumulados por el candidato conservador François Fillon, no cabe duda de que un nuevo estallido de violencia en la banlieue sería inteligentemente aprovechado por Le Pen. La candidata del Frente Nacional, máxima baluarte del discurso identitario de la Francia blanca, no pasa por su mejor momento, pero pese a algunos reveses recientes (incluidas acusaciones idénticas a las que han derrumbado la popularidad de Fillon), se mantiene contra viento y marea en lo más alto de las encuestas electorales.

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Barcos de papel

Barcos de papel I LA MAREA

El juicio finalmente no se celebró. El policía decidió retirar la acusación particular 24 horas antes. La fiscalía ya había pedido el sobreseimiento del caso porque no veía indicio de delito, pero hasta 24 horas antes de las 10 de la mañana del 17 de enero a Diego le pedían tres años de cárcel y 30.000 euros de multa.

Lo que pasó parece más creíble ahora, después de que todo haya pasado, después de que la fiscalía y el policía decidieran que no habría juicio. Antes no, antes mucha gente daba más veracidad a los uniformes que al rostro de Diego. Un rostro de palabras precisas y sonrisa ágil. Lo que pasó es una historia repetida en muchos lugares, no por los hechos en concreto, sino por cómo ocurrió y quiénes la protagonizan. Quizás os suene, aunque nunca hayáis oído hablar del barrio de Coia, en Vigo, ni de un barco en una rotonda, ni de Diego, ni de María, ni de Esther, ni de Manolo Pipas ni de Juan. Os sonará, posiblemente, porque hay muchos barrios con historias parecidas. Historias que no van de un héroe sino de colectividades que consiguen cosas cuando se juntan. Algunas de esas historias, como esta, acaban con una victoria.

Ocurrió que el alcalde de Vigo tuvo la idea de gastarse 600.000 euros en sacar un barco del mar para colocarlo en medio de una rotonda. Como decoración. Y ocurrió que esa rotonda está en un barrio por cuyas calles transita gente en paro, gente sin muchas oportunidades, gente machacada por un sistema que los lleva aplastando desde que nacieron. Gente con rostros y cuerpos que caminan por las calles cansados de injusticia. Gente harta y cansada que se junta con otra gente alrededor de la parroquia del barrio y que construye formas de actuar capaces de desbordar la crudeza social. Gente que construye desde el afecto, el acompañamiento y la búsqueda incesante de la palabra dignidad. Gente cansada y desobediente que se planta en la rotonda para impedir que el alcalde gaste 600.000 euros en decorarla. Gente que no aguanta más y que no va a permitir que se destinen más recursos en sacar un barco del mar que en las personas, con rostro, que caminan por las calles del barrio.

Ocurrió también que las vecinas y vecinos decidieron instalarse en la rotonda para impedir que colocasen el barco y que allí construyeron la resistencia mientras articulaban vínculos, ideas y canciones. Mientras resistían se hacían más fuertes. Ocurrió que un día hubo un forcejeo con la policía y un chico salió corriendo y detrás del chico salió un policía y detrás de ambos Diego, que no quería que la porra o la pistola del policía lastimasen al chaval. Y en la carrera el policía se cayó. Se podía haber caído Diego o el chico. Las personas se caen a veces. Pero el que se cayó fue el policía y los policías no se caen. Siempre hay alguien que les empuja o les agrede. Y eso fue lo que dijo el policía, que Diego le había agredido. Fue el 15 de diciembre de 2014.

Son muchas horas, muchos días, muchos meses desde entonces. Algo más de dos años. A Diego le pedían tres años de cárcel y 30.000 euros de multa porque un policía se tropezó, o quizás se lo pedían porque el movimiento vecinal estaba fuerte contra el sinsentido y querían pararlo. El miedo es un freno eficaz contra la movilización social.

Colocaron el barco en la rotonda. Rodeado de policías y de luces en una noche donde muchas vecinas y vecinos seguían tenaces en su empeño por no callar, por no pensar en una derrota. Gente convencida de que no podían dejar que ganase lo injusto, que una minoría no tiene derecho a preferir lo injusto.

En el barrio de Coia las personas saben cómo saltar por encima del miedo. Aprendieron a mantener el equilibrio como acróbatas funambulistas y se organizaron para que la condena contra Diego no se cumpliera. Hicieron muchas cosas. Dieron ruedas de prensa, recogieron de firmas, escribieron manifiestos y artículos, buscaron imágenes, dieron apoyo emocional, hicieron canciones, escribieron poesía. Tejieron una red grande alrededor de Diego. Hablaron y hablaron y hablaron. Difundieron lo que estaba ocurriendo. Se convencieron y convencieron al resto de que eran capaces de que las palabras de Diego fueran más fuertes que las de un policía. Las luchas se ganan en las calles, en las plazas, en los parques, en las comidas colectivas, en los lugares donde se articula la comunidad. En el barrio de Coia decidieron ganar el juicio contra Diego.

Después de meses de campaña, hicieron un encierro en la parroquia las 48 horas antes de que se celebrara el juicio. Un encierro que terminaría con una marcha para acompañar a Diego hasta los juzgados. El juicio no era solo el juicio de Diego. Las palabras de Diego no eran solo sus palabras. Su lucha no era solo de él. El juicio, las palabras y la lucha eran de la gente del barrio. Eran de la gente que estaba encerrada en la parroquia. Eran de quienes pusieron su firma en el manifiesto de apoyo. Eran de las personas que se sintieron indignadas cuando leyeron la noticia en el periódico. Eran de quienes apoyaron cocinando y colocando carteles. Eran de los que estuvieron cerca de policías con ganas de tropezarse y fueron acusados injustamente. Eran de las que sufren un sistema demoledor contra quienes se levantan desafiantes contra la barbarie. Eran de las que están hartas del sinsentido, de que la vida sea un campo de batalla. Eran (el juicio y las palabras y la lucha) de las personas que pelean por su comunidad, por sus vidas con ganas de justicia, por un mundo más apacible.

24 horas antes de que se celebrara el juicio el policía decidió retirar la acusación. Sin duda la presión social es lo que hizo que decidiera hacerlo. La fuerza colectiva que se mantuvo firme y constante. La victoria de Diego es de cada una de las personas que se movió para poder brindar por su absolución. Esta es una historia que narra una victoria colectiva de gente que se movió por conseguir justicia y lo logró.

En el barrio de Coia construyen (como en otros muchos lugares, ya dijimos que esta historia se parece a muchas otras) lo común como punto de partida y como horizonte de llegada. Y ganaron. A veces, cuando se pelea, se gana.

Tenían previsto terminar el encierro con una marcha que acompañara a Diego hasta los juzgados. No fue así. Construyeron barcos de papel y caminaron hasta la rotonda. Allí colocaron los pequeños barquitos junto a ese otro gigante que, a la vista está, no fue capaz de doblegarlos.

María González Reyes, activista de Ecologistas en Acción y autora de Palabras que nos sostienen (Libros en Acción y OMAL, 2016).

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