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El Gobierno y la gestión del dolor

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El viernes, en Las Mañanas de Cuatro se informaba: “Mientras la luz sube un 10% en el año 2017, las pensiones se empobrecen. Mientras el IPC queda en el 1,1%, las pensiones suben un 0,25%, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. También se han empobrecido los sueldos, esta vez los sindicatos luchan por una subida del 3%, pero se está negociando una subida de tan solo el 1%”.

Todo esto venía a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acababa de avisar de que el recibo de la luz había subido ese 10% en 2017. Y pedía que se limite el beneficio de las eléctricas.

Podemos quedarnos en el pasmo, o pasar a la luz.

La luz es un bien de primerísima necesidad, como el agua. En una sociedad como la española, dichos suministros deberían estar garantizados para absolutamente todas las familias. En cambio, en muchas ocasiones es Cáritas quien paga los recibos de luz y agua en los hogares en los que se han cortado los suministros. De hecho, fue Cáritas la que, en su informe de 2017, alertó de que 7 de cada 10 familias en España no han notado eso que llaman el “fin de la crisis”.

¿Qué pasa si te cortan el suministro eléctrico? Más allá de quedarte a oscuras, en la mayoría de los casos te quedas sin calor, es decir, sin calefacción y agua caliente. Pero se dan pocos casos en los que a una familia le corten solo la luz. Normalmente, si te cortan el suministro eléctrico, también lo hacen con el agua y el gas. Eso, además del sufrimiento que supone para las personas, sobre todo la infancia, es causa habitual de enfermedades, y no precisamente psicológicas, que también.

¿Puede España permitir que miles de familias vivan sin suministro de luz o que este tenga que ser abonado por la “caridad cristiana”? Por su puesto que no. Y ese es un fallo del gobierno de la nación. No del Gobierno, que también, sino del gobierno, de cómo se gobierna.

Gobernar un país significa gestionar el bienestar –en la medida de sus posibilidades, que en España son muchas– de la mayor parte posible de la población, algo que tras años de mala gestión e ideología ultraconservadora se nos ha olvidado. Pero, sobre todo, sobre todas las cosas, cualquier buen gobierno exige evitar el dolor de las familias, mucho más si se trata de algo tan sencillo como que tengan acceso a la luz y el agua.

¡La luz y el agua!

¿En qué momento olvidamos que todas las familias españolas tienen derecho a luz y agua y que el Gobierno es el responsable último de que así sea? En el momento en el que se cedió la gestión de los suministros de primerísima necesidad a empresas privadas y se renunció a vigilar y controlar su gestión. Y sí, ahí están las puertas giratorias, en las que se echa a rodar el dolor de las familias sin ningún escrúpulo a cambio de que el ministro o la ministra de turno tengan asegurado unos cientos de miles de euros anuales de por vida.

El frío, la oscuridad y el hambre provocan dolor. Son, junto con la violencia, la mayor fuente de dolor en nuestra sociedad, que llamamos civilizada, culta, occidental, europea y demás martingalas. Pues bien, los sucesivos gobiernos españoles –PP y PSOE– han permitido que sean empresas privadas quienes gestionan el dolor de la población, entre otros, de los 3 millones de niños que viven en situación de pobreza en España. Y ellos –los sucesivos gobiernos de PP y PSOE– son los responsables sin excusas del dolor de cientos de miles de familias.

La gestión del dolor que las eléctricas perpetran aquí ni siquiera es cruel. “Es el mercado, amigo”, como dijo Rato el otro día en su infame comparecencia. Y nosotros hemos permitido que nuestros gobiernos, uno detrás de otro, deleguen el manejo del sufrimiento de la población en “el mercado”.

 

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La multa a Gas Natural por la muerte de Rosa, escondida o invisible en la prensa escrita

MADRID// Encontrar en la prensa escrita española la noticia de la multa a Gas Natural Fenosa impuesta por la Generalitat de Catalunya por la muerte de Rosa, la anciana de Reus, tras un corte de luz, es misión casi imposible.

La noticia es:

Gas Natural Fenosa tendrá que pagar 500.000 euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa, la viuda de 81 años a la que Gas Natural cortó el suministro de luz por impago, y que falleció en noviembre pasado asfixiada en el incendio que se produjo en su casa con las velas que usaba para alumbrarse. Rosa vivía sola y llevaba dos meses sin electricidad. La compañía energética fue multada este jueves por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por su responsabilidad en la muerte de la anciana.

El País, ABC y La Razón no recogen ninguna mención a dicha multa. A cualquier persona que se informe por estos diarios impresos le resultará imposible conocer la multa impuesta por la responsabilidad de la gasística en la muerte de la anciana.

Tan solo El Mundo recoge en un breve la noticia. En la página 26. Página par. Un titular en el que no incluyen los motivos: “La Generalitat multa a Gas Natural Fenosa”. En las 65 palabras del texto, escondido bajo la noticia de la subasta de los Ferraris que el rey Juan Carlos ‘donó’ a Patrimonio Nacional, se explica que el motivo de la multa fue la muerte de Rosa.

 

Descubre más sobre Gas Natural Fenosa en la investigación enmarcada en el YoIBEXtigo de La Marea

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Multa de medio millón a Gas Natural Fenosa por la muerte de la anciana a la que había cortado la luz

Tras dos meses sin electricidad, Rosa murió en el incendio desatado por las velas con las que se iluminaba. FOTO: Tnarik Innael.

Gas Natural Fenosa tendrá que pagar 500.000 euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa, la viuda de 81 años a la que Gas Natural cortó el suministro de luz por impago, y que falleció en noviembre pasado asfixiada en el incendio que se produjo en su casa con las velas que usaba para alumbrarse. Rosa vivía sola y llevaba dos meses sin electricidad. La compañía energética fue multada este jueves por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por su responsabilidad en la muerte de la anciana.

Joan Aregio, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, explicó este jueves que se trata de la primera sanción ejemplar impuesta por parte del gobierno catalán a raíz de un caso de pobreza energética. Según Aregio, Gas Natural cometió el error “muy grave” de no pedir a las autoridades un informe previo de vulnerabilidad sobre Rosa antes de cortarle el suministro eléctrico. A la hora de aplicar la multa, la Generalitat también tuvo en cuenta que la muerte de Rosa produjo “una alteración social grave, de alarma y desconfianza”, tal y como expresó en un comunicado de prensa el gobierno catalán. A la hora de la publicación de este artículo, Gas Natural no había expresado su posición al respecto.

Tras el revuelo mediático causado por la muerte de la anciana de Reus, Gas Natural Fenosa emprendió una amplia campaña publicitaria para difundir sus políticas en materia de pobreza energética y ordenó paralizar los cortes de suministro en Reus. Un día después de la muerte de Rosa, Gas Natural Fenosa culpó a las administraciones por la tragedia. Una semana después el consejero delegado de la eléctrica, Rafael Villaseca, compareció a puerta cerrada en el Parlament para dar explicaciones y pedir “reglas claras” en materia de pobreza energética porque, en su opinión, “la ley no está en condiciones de ser aplicada”.

No obstante, un mes antes UNESA, la patronal eléctrica de la que Gas Natural forma parte, había presentado un recurso contencioso contra el protocolo de la Generalitat para desarrollar su ley contra la pobreza energética. Desde entonces la eléctrica ha firmado varios convenios contra la pobreza energética con ayuntamientos y gobiernos autonómicos, aunque sigue sin desglosar los cortes de suministro que aplica. Tras la tragedia, la CUP presentó una querella contra Gas Natural por homicidio imprudente.

El gobierno catalán ya ha impuesto al menos 108 multas en base a la ley catalana contra la pobreza energética, aunque esta es la de mayor cuantía hasta la fecha. Gas Natural Fenosa dispone ahora de dos meses para recurrir esta sanción. Al menos en los últimos diez años, tras varios recursos y procesos judiciales que se dilatan varios años, la Justicia española ha retirado numerosas multas contra la compañía que preside Isidro Fainé por “inducir al engaño”, manipular contadores de la luz, negarse a tramitar cambios de compañía a clientes que lo habían solicitado y otras prácticas anticompetitivas.

Gas Natural Fenosa ingresó 23.184 millones de euros en 2016, con un beneficio neto de 1.347 millones. La compañía cortó el suministro a 147.291 clientes en 2015, según el dato más reciente divulgado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin desglosar los casos concretos.

El primer dossier de #YoIbextigo está consacrado a Gas Natural Fenosa y ya está disponible para nuestros/as mecenas. A partir del viernes estará abierto a todo el público en www.yoibextigo.lamarea.com

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Varios colectivos de Madrid impulsan una ILP por el derecho a la vivienda

MADRID // La Coordinadora de Vivienda de Madrid, integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas de Stop Desahucios, ha presentado este lunes su Iniciativa Legislativa Popular “por el derecho de todas a una vivienda digna”, que entregará este jueves en la Asamblea de Madrid.

La propuesta, en la que también participan la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), pretende dar paso a una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid que sitúe el acceso a la vivienda en primera línea política y lo garantice para todas las personas residentes en la comunidad autónoma, priorizando a aquellas cuya situación es más vulnerable. “Ya no podemos acudir al argumento de que no hay dinero o no hay viviendas; esta ley supone una reordenación de las políticas públicas”, indica  Alejandro Gámez, de la ALA.

La iniciativa surge fruto de “la inacción política de los poderes públicos”, según denuncia Alejandra Jacinto, de la Coordinadora de Vivienda. Según esta asociación, cada año se ejecutan 10.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, además de 25.000 cortes de agua. Y más de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energética para mantener la temperatura de su hogar. El diagnóstico del colectivo es “alarmante”. El acceso a la vivienda en Madrid, advierte, se ve dificultado por “los continuos lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios, a menudo vinculados a clausulas abusivas, la extinción de contratos de alquiler en vivienda social o la venta de viviendas públicas a fondos de inversión”.

En este contexto, parar los desahucios sin alternativa habitacional y llevar a cabo medidas contra la pobreza energética son dos de los principales puntos de la ILP. “Queremos una ley que dote de eficacia, desarrollo y protección el artículo 47 de la Constitución”, explican sus impulsores, que proponen un régimen de acceso general que reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos y que incluya los gastos de suministro.

En aquellos casos en los que existe un elevado riesgo de desamparo, para personas sin hogar o que se enfrentan un desalojo inminente, la ILP propone un régimen de emergencia habitacional. En este proceso, “la asignación de vivienda es temporal y gratuita, pero su solicitud lleva aparejada automáticamente la solicitud del régimen general”, explican.

Perseguir conductas abusivas

La ILP incluye también un régimen sancionador que persiga los “usos ilícitos de la propiedad privada” cuando el infractor sea un “Gran Tenedor” —entidades financieras y empresarios inmobiliarios—. Así, se aplicarían sanciones económicas de hasta 600.000 euros por las viviendas vacías durante más de seis meses, la omisión de oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo, el incumplimiento de los deberes de conservación de la vivienda, el incumplimiento de los deberes de pago y conservación de fincas derivados de la Ley de Propiedad Horizontal y el incumplimiento del deber de inscripción registral de la titularidad.

Para garantizar que las medidas se cumplen y existe una protección de los consumidores, la ILP propone la creación de la Agencia de Protección al Consumidor, con el objetivo de perseguir conductas abusivas en los contratos.

Para la tramitación como ley de la ILP, deben sumarse un mínimo de 50.000 firmas en tres meses desde que la Asamblea de Madrid dé luz verde a la propuesta.

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Sugerencias al alcalde de Cádiz para su entrevista con Susana Díaz

JUAN CEJUDO // Desde este sencillo medio quisiera hacer a mi alcalde, José María González Kichi, algunas sugerencias para que las haga llegar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su próxima entrevista con ella en Cádiz el 1 de febrero. No le voy a hablar de cuestiones que me consta él ya tiene anotadas en su agenda (Ciudad de la Justicia, Vivienda, Náutica etc…) sino de algunas que me parece son muy importantes y no debería dejar de pasar por alto.

. Necesidad de que la Junta construya en Cádiz un Centro Integral del Mayor de carácter público, dado que en Cádiz no existen plazas para los mayores. Las muy pocas que hay son de carácter privado y cuestan cerca de 1.800 euros mensuales. En 2010 había 152 gaditanos en centros de otras localidades. También debería hablarle de las 90 plazas que estaba previsto que la Junta concertara en el Micaela Aramburu y que no ha hecho. El tema del mayor en Cádiz es un asunto absolutamente prioritario, no es un tema menor. Debe ser abordado en esa reunión.

. La Residencia de Tiempo Libre. La Junta se ha empeñado en derribarla y construir un hotel de 5 estrellas. Hay que hacerle ver que no se puede perder otro bien público para ser privatizado. La Residencia de Tiempo Libre debe ser reformada para que siga siendo, como siempre fue, una Residencia de Tiempo Libre para los trabajadores y sus familias a precios económicos. Un turismo social. La Junta debe apostar por lo público, no por privatizarlo todo.

. Empleo. Debe implicarse a fondo por la reindustrialización de la Bahía para fomentar el empleo. Invertir en planes de empleo para distintos colectivos de parados que en Cádiz no encuentran nada para poder vivir.

. Lucha contra la pobreza energética. No más cortes de luz, y agua y trabajar por un alternativa al actual sistema eléctrico que tenemos, que sólo favorece a las grandes empresas a base de unos precios abusivos, insoportables para la mayoría de la población.

Ojalá estos puntos los ponga el alcalde encima de la mesa. Son cuestiones muy importantes junto con las que él ya tiene previsto tratar con ella. Sólo desear que no sea una entrevista protocolaria, de cortesía, sino que sirva para que los gaditanos puedan salir beneficiados en su vida diaria. ¡Ojalá!

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