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El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría), recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero, mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

El caso es que si la Seguridad Social no tuviese déficit, entonces las pensiones se revalorizarían al ritmo del IPC y no al 0,25% como ocurre ahora por estar en déficit.

Es decir, que el gobierno ha evitado transferir dinero a la Seguridad Social porque sabe que si lo hiciese, las pensiones se revalorizarían más y el coste del pago de las mismas sería superior. Por eso ha decidido dar préstamos a la Seguridad Social, que no se endeudaba desde los años 90. Un truco contable para no incrementar las pensiones.

Y ojo porque está por ver que la oficina de estadísticas europea (Eurostat) permita este truco. Para que contablemente ese movimiento sea un préstamo y no una transferencia tiene que devengar intereses. Y eso no ocurre. Bruselas debería impedir este préstamo y convertirlo en lo que realmente es: una transferencia.

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El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría), recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero, mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

El caso es que si la Seguridad Social no tuviese déficit, entonces las pensiones se revalorizarían al ritmo del IPC y no al 0,25% como ocurre ahora por estar en déficit.

Es decir, que el gobierno ha evitado transferir dinero a la Seguridad Social porque sabe que si lo hiciese, las pensiones se revalorizarían más y el coste del pago de las mismas sería superior. Por eso ha decidido dar préstamos a la Seguridad Social, que no se endeudaba desde los años 90. Un truco contable para no incrementar las pensiones.

Y ojo porque está por ver que la oficina de estadísticas europea (Eurostat) permita este truco. Para que contablemente ese movimiento sea un préstamo y no una transferencia tiene que devengar intereses. Y eso no ocurre. Bruselas debería impedir este préstamo y convertirlo en lo que realmente es: una transferencia.

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El pueblo argentino toma las calles en rechazo al recorte de las pensiones

Manifestación contra los recortes de las pensiones frente al Congreso argentino. Foto: Pepe Mateos / Amnistía Internacional.

Buenos Aires // 162 heridos, 64 detenidos y un pueblo conmocionado es el balance, todavía muy provisional, porque, al filo de la medianoche, seguían llegando, cacerolas en mano, miles de personas a la plaza del Congreso donde los diputados, desde las 14 horas y previsiblemente hasta el amanecer, discutían la ley de reforma de previsional que, de salir adelante, supondría una merma significativa de las ya exiguas pensiones jubilatorias.

La reforma previsional forma parte del paquete de políticas de ajuste que el presidente argentino, Mauricio Macri, pretende sacar adelante después de que, en las elecciones legislativas del pasado mes de octubre, la victoria de Cambiemos -la coalición oficialista- le diese números más holgados en las cámaras legislativas. Pero el pueblo argentino no se lo va a poner fácil.

Desde el domingo por la noche estaba vallado el Congreso y cerrado al tráfico. A las 12 horas, y pese a las dificultades de movilidad que impidieron la llegada a multitud de manifestantes, miles de argentinos comenzaron a marchar hacia la sede parlamentaria. Pronto comenzaron los altercados. Las cámaras de televisión registraron el actuar de un grupo de violentos -algunos, señalados por los manifestantes como infiltrados- y varios policías fueron heridos. Pero lo cierto es que una amplísima mayoría marchó pacíficamente contra la reforma.

Como la semana anterior, cuando las calles porteñas vivieron tres jornadas seguidas de intensas movilizaciones, la respuesta policial fue brutal. Balas de goma y gases lacrimógenos, corridas, uso de pintura para identificar a las y los manifestantes; incluso utilizaron gases en el metro. Una “cacería”, según el testimonio que muchos activistas dejaron en las redes sociales sobre estas protestas, que se saldaron con decenas de heridos y detenidos escogidos al azar.

Así lo narra una manifestante: “Nos encerraron en el subte, nos gasearon. Nos quedamos adentro, ahogados. La estación se llenó de policías de la ciudad. Discuto con una que, como todos sus colegas, no tenía identificación. Me dice que tenemos que salir porque está la línea interrumpida. “¡¿Salir a Saenz Peña?!” Le digo yo horrorizada. Hace 5 minutos estaban reprimiendo justo ahí. “Vos me garantizás que no me baleen ahí arriba? ¡Nos estás entregando!”, le grito. Estar ahí abajo era ahogador, insoportable. Decidimos arriesgarnos y salir. Arriba era una verdadera escena post apocalíptica. La avenida de Mayo vacía, muy poca gente caminando anonadada, papeles y botellas en la calle, un gas que te apretaba la garganta y te ardía en los ojos”.

Al final de la tarde, poco a poco, la normalidad iba volviendo a las calles porteñas, y los manifestantes, que se habían escondido en bares, casas de amigos o sedes de organizaciones, volvían a casa. Pero apenas unas horas después, al filo de las diez de la noche, la gente volvió a salir a la calle. Esta vez, espontáneamente, autoconvocados en cada barrio, con las cacerolas en la mano. Y así el pueblo volvió a concentrarse frente a un Congreso donde los diputados seguían debatiendo la reforma de la ley.

Escalada de violencia policial

La represión policial fue en ascenso creciente desde el lunes 11 de diciembre, cuando los porteños comprobaron que el centro había sido tomado por la Gendarmería, una fuerza de seguridad repetidas veces cuestionada por sus métodos violentos -y que hasta ahora no se había visto en el centro porteño, aunque sí en las villas y en el conurbano bonaerense- y que responde a las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre el 11 y el 13 de diciembre, Buenos Aires acogía la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, como es ya habitual en este tipo de encuentros, las organizaciones sociales habían convocado una Cumbre de los Pueblos contraria a la globalización capitalista. El martes marcharon y, a pesar de ser pocas columnas y totalmente pacíficas, fueron reprimidas con contundencia por la Gendarmería.

Al día siguiente, el miércoles, el centro porteño seguía militarizado. Un día después estaba prevista la votación de la reforma de la ley previsional, y organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios en Pie habían convocado movilizaciones que fueron masivas. La represión fue contundente, no ahorró balas de goma ni el uso de perros. Pero era sólo el aperitivo de la batalla campal que se libró el jueves, cuando manifestaciones masivas se convocaron el día y hora de la votación. La presión de las calles fue tal que se suspendió la votación -hasta ayer lunes-, pero, horas después, la Gendarmería seguía disparando balas de goma y gases pimienta, aunque la gran mayoría de los manifestantes se había desconcentrado. La desproporción de la represión, que dejó decenas de heridos y detenidos, fue cuestionada incluso dentro de las filas de Cambiemos, la coalición a la que pertenece Mauricio Macri. Por eso, ayer fue la Policía de la ciudad la encargada del dispositivo de seguridad. El resultado fue, igualmente, una batalla campal.

Desde el lunes, la ciudad había permanecido militarizada, con la disculpa de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que albergó la capital porteña entre el 11 y el 13 de diciembre. El centro de la ciudad fue literalmente tomado por los efectivos de la Gendarmería, que responde a las órdenes de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y las semanas precedentes ya habían saltado las alarmas cuando, en una decisión inédita, las autoridades argentinas negaron la entrada al país a las personas que llegaban para formar parte de la Cumbre de los Pueblos que, en paralelo a las reuniones de la OMC, reunió en Buenos Aires a cientos de activistas y académicos.

Represión y extractivismo

Los hechos se suceden, además, con gran celeridad. Los argentinos no habían terminado de asimilar la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado el 17 de octubre, 80 días después de su desaparición durante la represión de una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, cuando el 25 de noviembre murió a causa de una herida de bala, disparada por la espalda de las fuerzas de la Prefectura Naval en Bariloche, el joven mapuche Rafael Nahuel. “Lo que le sucedió a Santiago es una forma de amedrentar, para impedir que se apoye la lucha mapuche. Esto se relaciona con el avance de las fronteras extractivas -el agronegocio, la mina, el fracking-, en el marco de una economía globalizada que recluye a América Latina al papel de explotar y exportar sus recursos naturales”, sostiene la activista Graciela Rodríguez, participante de la Red de Género y Comercio, y enfatiza la voluntad del gobierno de debilitar la protesta social infundiendo miedo.

En tanto sus territorios son ambicionados por las corporaciones extractivistas, las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por lo que la académica y activista Verónica Gago califica de “nueva caza de brujas”. Gago apunta a la raíz de una disputa que cuenta cinco siglos, pero que se recrudece con la actual dinámica global de financiarización de la economía: el avance sobre el territorio, amparado por el racismo, que aparece “como organizador de una nueva economía de la violencia”. Sólo así se hace posible “que el Estado fusile a un pibe mapuche de 22 años por la espalda y que la vicepresidenta Gabriela Michetti hable de la nueva doctrina de seguridad nacional que otorga ‘el beneficio de la duda’ a las fuerzas de seguridad”. En otras palabras: la desvalorización del pueblo mapuche permite calificar de “terroristas” a quienes defienden sus tierras ancestrales y unos modos de vida autónomos. Pero ese discurso instalado que legitima la violencia estatal avanza ahora contra las clases medias y trabajadoras capitalinas.

En la memoria de muchos están el 19 y 20 de diciembre de 2001: los duros días de movilización social que terminaron con una cuarentena de muertos y un presidente, Fernando de la Rúa, saliendo en helicóptero de la Casa Rosada, mientras una multitud furiosa gritaba: “¡Que se vayan todos!” Aquella crisis siguió a la debacle económica provocada por políticas neoliberales similares a las que pretende consolidar Cambiemos. 2001 fue, también, una demostración de fuerza popular. Ayer, de la mañana a la noche, una multitud, en la capital porteña pero también en otras ciudades del país, manifestó con claridad que el pueblo argentino no está dispuesto a permitir que sus derechos sean avasallados. Ni va a dejarse robar la calle.

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Nunca se habla de la enorme diferencia entre unas pensiones y otras

pensiones

Cuando se aborda la problemática de las pensiones públicas, sea el espacio que sea, raramente se habla de una cosa que es sumamente importante: no todas las pensiones son iguales. Parece una obviedad, y de hecho lo es, pero no es menos cierto que es un elemento que se suele ignorar o –como poco– infravalorar en cualquier tipo de debate o exposición al respecto. Se habla mucho de la sostenibilidad del sistema de pensiones, de si la hucha se vacía o no, de cuánto poder adquisitivo pierden los pensionistas debido al aumento de los precios… pero nunca se habla de la enorme diferencia que existe entre unas y otras. ¡Como si no fuese importante para la problemática de las pensiones el hecho de que no se encuentre en la misma situación una persona que reciba 400 euros mensuales que otra que reciba 2.500 euros! No es lo mismo hablar de la sostenibilidad del sistema siendo la mayoría de las pensiones muy elevadas que hacerlo siendo la mayoría de las mismas muy reducidas, o de la pérdida de capacidad adquisitiva si el afectado cobra más o menos.

Lo que advertimos en el gráfico, en primer lugar, es que la distribución es claramente irregular. Las pensiones más frecuentes (y con diferencia) se encuentran entre los 600 y 650 euros mensuales, las cuantías mínimas legales según los requisitos personales más habituales. Las que están por debajo son fundamentalmente las de orfandad, las que son a favor de familiares, y muchas de incapacidad laboral. Otro intervalo frecuente es el que engloba pensiones de entre 707 euros y 800, también por el establecimiento de mínimos legales atendiendo a requisitos menos habituales. A partir de ese tramo, la cifra de pensionistas se va reduciendo a medida que aumenta la cantidad, excepto el intervalo que coincide con el nivel de 2.573,71, la máxima legal.

Esta distribución tan desigual provoca lo siguiente: 1 de cada 2 pensionistas (concretamente el 52,5%) recibe pensiones inferiores a los 800 euros mensuales. Y 2 de cada 3 (el 75,6%) tiene pensiones inferiores a 1.300 euros mensuales. Las pensiones más generosas (superiores a 1.900 euros mensuales) solo corresponden a 1 de cada 10 pensionistas. Sorprende, por lo tanto, que datos tan reveladores e importantes no sean tenidos en cuenta cuando se aborda la problemática de las pensiones, especialmente a la hora de recortar su cuantía.

El tramo más costoso para el Estado es el intervalo más poblado, el de las pensiones situadas entre 600 y 650 euros. Sin embargo, el siguiente tramo más costoso no es el segundo más voluminoso, sino el de las pensiones máximas, escalando por encima de cualquier otro intervalo; de hecho, ¡supone la mitad del coste del primer tramo, a pesar de agrupar a siete veces menos pensionistas! El gráfico también muestra cómo el coste total del sistema se concentra en buena medida en las pensiones más altas a pesar de que son las más minoritarias.

Así las cosas, el análisis se muestra diferente a como estamos acostumbrados a verlo. Por ejemplo, hay muchas voces que claman que España gasta mucho en pensiones públicas y que por eso se debe hacer recortes; pero (independientemente de que ese alegato es falso) nunca discriminan por tramos. Hablan de recortar pensiones en general, y luego es eso precisamente lo que ocurre, ya sea porque se cercena directamente la cuantía de todas las pensiones, o porque los precios suben más que la revalorización de todas las pensiones. Pero nadie parece darse cuenta de que el perjuicio social es mucho mayor en el caso de pensiones reducidas que en el caso de pensiones elevadas (¡que ni son pocas ni suponen un coste reducido, precisamente!).

Yo nunca abogaría por recortar en pensiones –porque los datos demuestran que España no tiene un problema de gasto en ello y porque el problema actual se soluciona por la vía de los ingresos– pero si la correlación de fuerzas políticas nos conduce a ese debate, entonces digamos alto y claro lo siguiente: hay un enorme abismo entre las pensiones más bajas y las más altas, por lo que si se empeñan en recortar, que lo hagan únicamente en las segundas y jamás en las primeras.

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Cinco historias más allá de la (posible) independencia de Cataluña

Luis Bárcenas, extesorero del PP e inculpado por corrupción en la trama Gürtel | La Marea

Te resumimos cinco noticias que quizá te hayas perdido estos días, más allá de las relacionadas con la posible declaración unilaterial de independencia en el Parlament de Cataluña.

1. Anticorrupción pide la condena del PP por lucrarse con la trama Gürtel

La Fiscalía mantiene su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, después de un año de juicio. El Ministerio Público sí ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo. En sus conclusiones, la fiscal pide que el Partido Popular y la exministra Ana Mato sean condenados por lucrarse con la organización corrupta. En ambos casos, solicita la condena como partícipes lucrativos.

2. Adif propone adelantar las obras de soterramiento del AVE en Murcia

Después de casi un mes de movilizaciones vecinales en Murcia para exigir a la administración que no construya un muro que divida en dos la capital mientras duran las obras del tren de alta velocidad, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha propuesto adelantar las obras de soterramiento. Adif ha propuesto a la Plataforma Pro Soterramiento que forme parte de la comisión social de seguimiento. La entidad ha aceptado la invitación.

3. Miles de personas reclaman unas pensiones dignas

Miles de personas han reclamado en las últimas horas Madrid unas pensiones dignas. Hasta 80.000 pensionistas, según los sindicatos, han recorrido España desde el 30 de septiembre para pedir que se garantice el futuro de las pensiones y se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas. Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido al Gobierno que eleve el gasto en pensiones en España acercándolo al nivel de otros países europeos para garantizar así un sistema público fuerte y sostenible.

4. El Estado puede perder casi 4.000 millones de euros con el rescate de las autopistas

El Tribunal de Cuentas (TC) estima en 3.718 millones de euros el “riesgo máximo” para el Estado por el rescate de las autopistas de peaje en quiebra, tras avisar de la falta de información sobre esta contingencia en su informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2015. El presidente del TC, Ramón Álvarez de Miranda, ha explicado que dicha estimación no implica que los 3.718 millones se vayan a traducir en una “pérdida cierta” para el Estado, pero ha insistido en que las cuentas estatales deben incluir información sobre las contingencias más significativas.

5. Austria no acogerá refugiados si la ultraderecha gana las legislativas del domingo

La formación ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPO) ha adelantado que si se impone en las próximas elecciones legislativas del domingo, el nuevo Gobierno trabajará para unirse al Grupo de Visegrado formado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que se opone al establecimiento de cuotas obligatorias de refugiados. Los jefes de Gobierno del Grupo de Visegrado abogan por la “solidaridad” europea para hacer frente a la crisis de refugiados, pero tachan de “inaceptable” el establecimiento de cuotas de acogida.

 

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