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Europa maniobra para meter al Sáhara en el acuerdo comercial con Marruecos

En 2016 el Tribunal de Justicia europeo dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio “separado y distinto (…) del Reino de Marruecos”, tal y como establece Naciones Unidas desde los años 1960. Sin embargo, contraviniendo dicha sentencia, las autoridades alauíes y la Comisión Europea han empezado a diseñar una estrategia para que no se haga efectiva. Además, la Justicia europea dejó abierta la puerta a la inclusión de la antigua colonia española en el acuerdo siempre que “el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento”, pero los últimos acontecimientos indican que ni Marruecos ni el Ejecutivo europeo adoptarán esa vía.

El pasado 19 de abril la Comisión pidió permiso a los 28 estados europeos para renegociar con Rabat el acuerdo comercial, vigente desde 2012. La información fue desvelada por el digital argelino Tout sur l´Algérie, que cita a varios funcionarios y diputados europeos, y subraya que en ningún momento las autoridades europeas incluyeron en ese diálogo al Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas.

La treta legal que preparan la Comisión y Marruecos se centra en la terminología de la sentencia del Alto Tribunal europeo. Una pequeña modificación en el veredicto o en el cuerpo del acuerdo comercial, estableciendo “población del Sáhara” donde actualmente se lee “pueblo del Sáhara Occidental”, reconocería a efectos legales que la población de ese territorio se expresase a través de instituciones marroquíes. Según esta fórmula, los diputados de las circunscripciones del Sáhara serían los encargados de aprobar el acuerdo, y no el pueblo saharaui, como establece la sentencia.

El pasado martes, a iniciativa del eurodiputado Florent Marcellesi (Equo, Grupo Verde Europeo), 23 miembros del Parlamento Europeo de cinco grupos parlamentarios de la izquierda y la derecha europea enviaron una carta conjunta a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y a los comisarios de Economía y Comercio, Pierre Moscovici y Cecilia Malmström, instando a un diálogo transparente (actualmente se negocia en secreto) ante los supuestos intentos de la Comisión por esquivar la sentencia de la Corte europea. Un día después el intergrupo para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo intercedió ante António Guterres, Secretario General de la ONU, aprovechando su visita a esa institución.

“El punto clave de la renegociación entre la UE y Marruecos es el consentimiento del pueblo saharaui”, explicó a La Marea Florent Marcellesi, quien además apoya que el Frente Polisario forme parte de la negociación de dicho acuerdo. “La Comisión y los Estados miembros tienen que dejar de considerar que por un lado está el comercio y por otro el proceso de paz (…) es hora de utilizar el comercio para reforzar el derecho europeo e internacional”, declara Marcellesi desde Bruselas.

Justicia sin prisa

La máxima autoridad judicial europea tardó cuatro años en pronunciarse después de que la Unión Europea y Marruecos, que cuenta con importantes aliados en territorio europeo, firmaran un acuerdo comercial que libera el intercambio de productos agrícolas y pesqueros, siendo este último el rubro más destacado en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de realizar un referéndum de autodeterminación para poner fin a su estatus colonial, según las Naciones Unidas. Desde que España abandonó el Sáhara en 1975, Marruecos controla de facto (ningún país del mundo reconoce su soberanía) la mitad oriental del territorio, la zona con más recursos naturales.

Después de que el Tribunal europeo emitiera su veredicto y excluyera al Sáhara Occidental del acuerdo entre Europa y Marruecos, varios altos cargos marroquíes amenazaron con suavizar sus controles en materia de narcotráfico y emigración. Sin ir más lejos, una semana después de que el comisario de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, reconociera “la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”, el ministro de Agricultura marroquí amenazó con la reanudación de “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”. Esta semana Florent Marcellesi y el diputado Jorge Luis Bail pidieron al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis. que trabaje para que España respete las sentencias europeas.

Los intentos de la Comisión europea por esquivar esta sentencia coincide con una de las etapas de mayor riesgo de conflicto bélico entre saharauis y marroquíes desde que firmaron el alto el fuego en 1991. El periodo de alegaciones, deliberaciones, recursos y debates políticos a nivel europeo, nacional y regional podría extenderse de nuevo a varios años. Mientras tanto, todo apunta a que la aplicación de esta sentencia europea seguirá bajo la fuerte influencia de las posiciones políticas de cada país. Por ejemplo, en enero el gobierno de España se negó a interceptar un carguero noruego procedente del Sáhara Occidental que transportaba harina de pescado a Francia y que paró a repostar en Gran Canaria, a pesar de que la sentencia europea. En cambio,  otros buques comerciales y pesqueros procedentes del Sáhara sí fueron interceptados dentro y fuera de la Unión Europea.
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¿Por qué nos movilizamos contra el CETA?

Campaña Stop-CETA I La Marea

El 15 de febrero es una fecha importante para el futuro de los pueblos que viven bajo esa arquitectura neoliberal que representa hoy la Unión Europea. Y es que este miércoles se producirá en el Parlamento Europeo la votación de ratificación del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá, más conocido por sus siglas en inglés: CETA. Pese al carácter especialmente opaco y oscurantista del proceso de negociación y la firma de este tratado por parte de las autoridades comunitarias, los movimientos sociales europeos preparan amplias movilizaciones, que tendrán lugar tanto en la sede del Europarlamento en Estrasburgo como a través de distintas acciones deslocalizadas en todo el Estado español.

La importancia de este hecho es manifiesta, ya que se tratará del primer tratado de nueva generación firmado por la Unión con un país del G-7, con lo que esto implica tanto a nivel de volumen de tráfico comercial y de inversiones, como de consolidación de un bloque geopolítico hegemónico que pugna por mantener y acrecentar sus nichos de influencia en el escenario global frente a otros actores emergentes. Es manifiesta también por el rol de vaso comunicante que ejerce el CETA respecto al más conocido TTIP, toda vez que, vía Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), numerosas empresas transnacionales de matriz estadounidense disponen de filiales en Canadá, con la apertura de puertas del mercado europeo que esto les supone. Finalmente, el CETA resulta central porque, tal y como ha afirmado la Comisión Europea, establece los términos y estándares por los que se guiará este órgano de cara a las negociaciones de acuerdos similares que a día de hoy mantiene abiertas con otros 20 agentes globales diferentes.

Asimismo, es necesario destacar que, pese a tratarse de un tratado mixto ?esto es, que incluye cláusulas que afectan a competencias no comunitarias que atañen a los Estados miembros?, un resultado positivo de la votación de este miércoles daría lugar a una aplicación provisional del acuerdo, lo que supondría un serio escollo para su posible reversión a posteriori. Las autoridades comunitarias pretenden imponer su agenda por la vía de los hechos consumados y desactivando al máximo la contestación social. Precisamente por ello se hace aún más importante la movilización social y la visibilización en la calle del rechazo popular al CETA.

Cómo hemos llegado hasta aquí

El proceso que nos ha traído hasta aquí ha sido largo. En 2009 la Comisión Europea asumió el mandato negociador, comenzando un proceso que se prolongó hasta septiembre de 2014, y que se desarrolló en el más absoluto secretismo. Fue conocido por la opinión pública como consecuencia de la salida a la palestra del TTIP ?que a su vez fue conocido como resultado de una serie de filtraciones, no por una vocación de transparencia de la Comisión?, manteniéndose siempre en un perfil más bajo respecto al protagonismo del acuerdo con EEUU, pese a que sus consecuencias negativas sean similares. Una vez finalizada la fase negociadora, comenzó el proceso de firma y ratificación del acuerdo por las partes. Aquí comenzaron los problemas para las autoridades comunitarias y se incrementó el rechazo y la movilización popular.

La primera fase requería la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros del Consejo. En este punto es donde surgió la resistencia del parlamento regional de Valonia, que a través de su voto negativo imposibilitaba que Bélgica diera el sí al texto, dando al traste con el acuerdo. Las presiones sobre las autoridades valonas fueron de tal calibre que nos trajeron a la memoria las padecidas por el gobierno griego para la aceptación del tercer memorándum sobre la deuda en 2015. La gran coalición neoliberal, bajo su manto pretendidamente tecnocrático, se muestra implacable frente a la menor muestra de cuestionamiento de su agenda.

Una vez que Valonia dio su voto afirmativo, entramos en la segunda fase. Fase crucial en la que nos encontramos ahora mismo, que culmina el 15 de febrero. A este respecto, es preciso destacar que esta votación es cerrada y unívoca, no habiendo espacio para la enmienda o readecuación siquiera parcial del texto. Se trata de votar sí o no, con el déficit democrático que supone que esa sea la única disyuntiva permitida a las personas que encarnan teóricamente la voluntad popular de los pueblos de Europa. Con la votación del Europarlamento, el documento pasaría a aplicarse de manera provisional en una gran parte de su articulado, con lo que eso implica de cara a su reversión o anulación en la tercera fase del procedimiento, la que atañe a los Estados miembros. Efectivamente, dado que se trata de un tratado mixto, el procedimiento de aprobación no culmina en Estrasburgo, sino que se traslada a los Estados miembros, a sus parlamentos nacionales, en ocasiones a los regionales ?de nuevo, el ejemplo de Valonia resulta referencial?, y en algunos casos exigirá incluso la realización de referéndums vinculantes. Recordemos los casos de Holanda o Francia, que consiguieron echar atrás en 2005 la Constitución Europea a través del ejercicio del voto ciudadano.

Por qué es importante la movilización

Dado que nos encontramos ante una batalla de largo recorrido, se hace preciso comenzar la presión popular frente a las instituciones europeas, en este caso frente al Parlamento Europeo, como punto de partida de un esfuerzo que sin duda deberá acrecentarse en esta última fase en la que el CETA descenderá de las alturas opacas de la burocracia comunitaria. El traslado del debate a lo local facilitará una movilización que debe tener un hito el próximo día 15, como punto de inflexión de un esfuerzo creciente por reforzar la coalición social, política y sindical contra este tratado y contra el conjunto de toda esa arquitectura jurídica de la impunidad que regula hoy los flujos de comercio e inversión.

Con esta determinación, nos movilizamos en Estrasburgo desde el día antes de la votación en el pleno del Europarlamento, tratando de dejar constancia del rechazo social a esta arquitectura contraria a los intereses de las mayorías, y manifestando que el déficit participativo y de transparencia que ha caracterizado este proceso inhabilita en términos democráticos su aprobación y entrada en vigor provisional como consecuencia del voto en el Parlamento Europeo. La iniciativa de coordinación de esta movilización corresponde a la coalición francesa contra el TTIP y el CETA, con el apoyo de grupos locales en Estrasburgo y las campañas de diferentes países: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Estado español, etc.

Desde la campaña Euskal Herrian TTIPari Ez, estaremos presentes en la movilización aportando nuestro granito de arena. Así, este martes por la tarde calentamos motores con comida, música y un evento público con debates entre miembros del Parlamento Europeo y la sociedad civil. Y ya el miércoles 15, se realizará una manifestación por las calles de Estrasburgo, que desembocará en el Parlamento Europeo, donde nos concentraremos hasta que finalice el proceso de votación. Tras la votación, se celebrará una asamblea en la que participaremos distintos actores sociales, políticos y sindicales europeos involucrados en la lucha contra el CETA.

Pero Estrasburgo no será el único lugar en el que mostrar el rechazo ciudadano a este tratado. Entre las acciones locales, este martes se celebran una serie de concentraciones en las capitales vascas frente a las sedes de distintas organizaciones políticas que han manifestado ya su intención de votar favorablemente el CETA en el Parlamento Europeo. Y es que resulta fundamental interpelar directamente a los grupos parlamentarios que tienen esta tremenda responsabilidad. Parece que la gran coalición conservadora, liberal y socialista votará a favor de manera bastante homogénea. No obstante, no debemos obviar que esta cuestión ha sido ampliamente cuestionada en el seno de distintas organizaciones socialdemócratas europeas, por lo que supone de agresión a una base social trabajadora cada vez más escéptica respecto al rol de estos partidos en defensa de los intereses de las mayorías sociales. Todavía hay partido, y el riesgo que corre la socialdemocracia al retratarse junto a las élites económicas y financieras globales puede y debe jugar un rol de importancia.

En este contexto, es preciso redoblar los esfuerzos frente a un atropello inminente que tendrá graves consecuencias sobre nuestras vidas en todos los sentidos: nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos, trabajar, relacionarnos con la naturaleza… Por ello, el 15 de febrero se ha fijado como un día de movilización global contra el CETA y contra la arquitectura de tratados de comercio e inversión que nos viene impuesta por un modelo neoliberal que nos conduce al abismo.

* Juan Hernández Zubizarreta y Gorka Martija son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

 

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Vergiat: “Hay que construir una nueva vía que devuelva la esperanza a la gente”

La eurodiputada Marie-Christine Vergiat. FOTO: Parlamento Europeo.

Versión ampliada de la entrevista publicada en La Marea 44, dedicada a las soluciones que ofrecen las izquierdas para frenar el neofascismo. A la venta aquí.

Plantear y enfrentarse a los debates más difíciles. Eso es lo primero que tiene que hacer la izquierda para plantar cara al auge del neofascismo y la extrema derecha en Europa, según Marie-Christine Vergiat, eurodiputada francesa del Front de Gauche, que pertenece al Grupo Confederal de la Izquierda Europea. “La izquierda debe partir de lo que le da sentido común: el rechazo a las políticas de austeridad, un verdadero reparto de las riquezas, más equitativa, el sentido de solidaridad, el respeto por los demás… Construir un nuevo proyecto político, una nueva vía que devuelva la esperanza a la gente, una nueva hegemonía cultural”, defiende esta política, cuya última intervención en el pleno del Parlamento Europeo se centró en la denuncia de la situación a la que se enfrentan los periodistas en Turquía.

Vivimos un periodo caracterizado por el aumento de las desigualdades y el desempleo, y con una creciente precarización del trabajo. ¿Por qué la izquierda no es capaz de canalizar el descontento en un contexto que parece ideal para sus postulados?

Es una buena pregunta. Creo que el principal problema reside en la división, tanto en la forma como en el fondo. La izquierda europea aún no digiere la caída del Muro de Berlín. Después del fracaso del comunismo de Estado, la izquierda europea debería haber sido capaz de proponer una “tercera vía”. Pero quienes pretendieron hacerlo, los socialdemócratas, se han convertido mayoritariamente al liberalismo económico.

¿Por qué la extrema derecha es cada vez más fuerte?

Es tanto consecuencia de las políticas neoliberales como del miedo que genera un mundo que está cambiando, que se trasforma a toda velocidad y en el que faltan respuestas, faltan alternativas de izquierda. Dichos partidos captan votos entre las clases populares pero un número creciente de mujeres y hombres de izquierda se refugia en la abstención. El fracaso de Hillary Clinton es una gran demostración de esto. A menudo se caricaturiza a los electores y partidos de extrema derecha.

¿Cree que esta visión elitista refuerza el rechazo de esos votantes hacia la izquierda?

Caricaturizar y diabolizar no sirve para nada, al contrario. Esto crea un sentimiento de victimización que refuerza la idea de asedio y la de fractura entre los ‘demagogos’, que supuestamente entienden a las clases populares y los demás. En Francia, el Frente Nacional ha matizado su discurso y hace lo necesario para parecer abierto en cuanto a las preocupaciones sociales, un poco como Donald Trump. Y esto funciona porque es un mensaje sencillo que parece dar soluciones fáciles en un mundo cada vez más complejo. Los dos principales partidos de Francia han dado un giro hacia la derecha en varios asuntos para, aparentemente, despertar más simpatía entre los electores que optan por la extrema derecha.

¿Qué piensa de esta estrategia?

Pienso que es mortífero para ellos. Al acercarse cada vez más a las tesis y las propuestas de la extrema derecha, lo que se consigue es fortalecer su legitimidad y la credibilidad de su discurso. Entonces, lejos de combatirla, se la refuerza. En Francia conocemos bien este fenómeno desde hace treinta años. En cada elección, se usa a la extrema derecha como espantapájaros pero, en vez de retroceder, ésta no deja de crecer.

¿Percibe la lucha contra el cambio climático como una oportunidad para redefinir el sistema y combatir las desigualdades sociales y económicas?

Claro que sí. Porque esto cuestiona muchas certidumbres aprendidas a la fuerza a través de un marketing publicitario sobre los modos de producción y de consumo. Obliga a cada ser humano a pensar en su lugar en el mundo, en lo que necesita y lo que no, en lo que podríamos producir más cerca y lo que no. Permite imaginar otras relaciones internacionales basadas en la cooperación y que tomen en cuenta las necesidades de cada uno y su impacto sobre el medio ambiente. Esto cuestiona todos los preceptos de la economía globalizada.

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