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Del mambo al pasodoble. Una coreografía autoritaria

El baile está de moda, tanto que informativos y tertulias han pasado de editarse a coreografiarse. De un guión preestablecido, cada vez más esquemático, duro y previsible, hemos pasado a una danza en la que todos los elementos encajan perfectamente, como una toma de película musical de los años 50. Así el espectador, el lector o el oyente ya no sufre, y la realidad conflictiva fluye delante de sus sentidos con un compás informativamente muerto pero cautivador en su consenso adulterado. Lo que sucede ha pasado de ser de opinable a enmendable; la aceptación, una forma de patriotismo y la discordia, de traición.

El martes todo el país asistió expectante al discurso de Puigdemont, que enumeró agravios desde el recorte del Estatut de forma precisa e incidió en lo que esencialmente nos ha traído hasta aquí: la Generalitat funciona con una norma que no fue la que votó Cataluña ni se aprobó en el Congreso de los Diputados, sino la que salió del Tribunal Constitucional. Recordó las relaciones entre la parte y el conjunto, se dirigió en castellano al resto del país y mantuvo un tono institucional. Proclamó, discursivamente, una república para dejarla en suspenso a los pocos segundos.

Fuera por una llamada de Tusk o sus palabras públicas, donde pidió al President no tomar ninguna decisión que hiciera el diálogo imposible, fuera por otro elemento que desconocemos, el martes no se produjo declaración unilateral de independencia. Lo que sí sucedió fue una escenificación necesaria de ese paso atrás que decepcionó a la mayor parte de la calle independentista, que entendió que del mambo se pasaba al minué, pero que tendía una mano al Gobierno central para reconducir la situación por unos cauces diferentes a los actuales.

Puede que declarar algo para desdecirse al momento resulte extraño, pero la política requiere también de piruetas para seguir adelante. Al fin y al cabo, si recuerdan, ustedes votaron una Constitución Europea en referéndum en el año 2005. Seguramente hasta llegaron a tener un ejemplar impreso, lo regalaban con los periódicos, lo daban en los ayuntamientos. Y aquello, que se aprobó y existía, dejó de existir porque los franceses anticiparon el descontento que nos vendría luego a todos. En el fondo dio igual, porque un par de años después se firmó el Tratado de Lisboa, que era lo mismo pero sin tanto recubrimiento de principios. Y adelante, sin mirar atrás, como si lo que todos vimos no hubiera nunca ocurrido. Las farsas suceden a menudo pero solo algunas son calificadas de tal.

La representación, que era necesaria porque algo había que contar a los propios y los ajenos, continuó con la firma de una declaración política sin valor jurídico. Algo que mostraba intenciones, ya expuestas mil veces y desde hace años por el independentismo, conocedor de una certeza: en política no hay negociación sin fuerza, ni consecución sin lucha; raramente las peticiones con la cabeza agachada tienen algún efecto. Y hasta aquí deberíamos haber llegado, cerrando este artículo a la espera de una respuesta del Gobierno que emplazara, al menos, a una toma de contacto, que incluso se hiciera de rogar sabiendo que el reloj le favorece porque el cansancio siempre se ceba con el escapado y la atención, incluida la internacional, es hoy tan breve como voluble. Pero no.

Porque como ya adelantó Arrufat, secretario nacional de la CUP, la jornada había sido “paradójica, porque veníamos a proclamar la república y quien la ha proclamado ha sido Mariano Rajoy”. Es decir, la coreografía mediática, que en un primer momento tendía hacia el humorismo soez y triunfalista del acojone, que insistía en que todo aquello era una farsa, empezó a modular su discurso para decir que había ocurrido algo que según nos había dicho era imposible que ocurriera y que de hecho no había ocurrido, aunque el independentismo necesitara escenificar que sí. La CUP reconoció que una hora antes se habían cambiado todos los guiones y que aquello dejaba tocada su confianza en el Govern. Nadie es tan suicida de convocar a los suyos, en busca de la previsible noche histórica, para echarles por encima un jarro de agua fría.

Arrimadas, líder de la oposición y portavoz de Ciudadanos, partido que en la crisis catalana ha pasado de ser de la sucursal simpática del PP a su ala dura, fue quien dio la salida para que del mambo se pasara al pasodoble, en un discurso con anteojeras que pareció no haber sido modificado ni en una coma tras la intervención de Puigdemont, que adelantó por la derecha a Albiol y que resultó de un oportunismo tan peligroso como efectivo. Resulta descriptivo de esta situación, tan necesitada de puentes, que precisamente declaraciones como la de la alcaldesa de Barcelona resultaran informativamente desapercibidas. La coreografía no admite ya dudas respecto a cuáles son sus últimas intenciones: la laminación del independentismo, aun a costa de enquistar el problema político catalán.

La previsible respuesta del Gobierno, ya más cerca de Estambul que de Algeciras, con la complacencia del PSOE y los golpes de pecho de C’s, puede parecer una apuesta electoral, y sin duda lo es, pero también es una declaración de intenciones que enclaustra la idea democrática dentro de una legalidad que, objetivamente, ya no responde a los parámetros actuales del conflicto político. Esto es algo que ya supera a los partidos de la coalición del régimen y en la que cabe preguntarse cuál es la libertad real de un presidente con demasiadas hipotecas e incapaz, aunque quisiera hacerlo, de parar a los sectores más extremistas de la derecha política, la administración y la calle. Un rey no se quema en vano.

La situación que vive el país no es producto de la crisis catalana, esta solo ha sido el detonante de algo que ya llevaba fraguándose tiempo, primero como proyecto teórico de la extrema derecha en el aznarato y ahora ya como modelo para la restauración asumida por las altas instituciones del Estado. Una sociedad dirigida autoritariamente y aceptada acríticamente, polarizada desde el patrioterismo, con un disenso controlado y una integración basada en el colaboracionismo. Cataluña no es la enfermedad, sino tan solo uno de los lugares donde se han manifestado los síntomas del conflicto que provoca esta reconfiguración reaccionaria de régimen. Lo peor no es lo que está ocurriendo, lo peor es la normalidad con la que se acepta.

Donación a La Marea

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Claves de las normas que regulan el referéndum

Parlament de Catalunya. Foto: Job Vermeulen.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado en las últimas horas las normas que ponen en marcha el referendum del 1 de octubre. Ayer, tras la votación en el Parlament (con la ausencia de los diputados de PSC, PP y Ciudadanos) se aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación, que apareció publicada en el DOGC. El DOGC de hoy trae dos decretos que desarrollan esa ley: el de la convocatoria para el día 1 de octubre, firmado por todos los miembros del Govern, y el de las normas complementarias, que da detalles sobre cómo será, sobre el papel, la jornada electoral.

La ley marca las bases: la pregunta (¿voleu que catalunya sigui un esttat independient en forma de república? – ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?), las consecuencias de la votación, la estructura de la campaña y de la jornada y la creación de la Sindicatura Electoral de Catalunya, formada por cinco vocales elegidos por mayoría en el Parlament, con mayoría de juristas, pero también algún politólogos si sale elegido, que es el organismo encargado de supervisar todo el proceso.

No establece mínimos de participación para que la votación sea vinculante. Si hay más síes que noes, el resultado “implica la independencia de Catalunya”. Si hay más noes que síes, se convocarán elecciones autonómicas.

Ni la ley ni el decreto de normas complementarias marcan cuál será la fuente de datos del censo, pero el decreto establece que su elaboración será competencia de la Generalitat y que se utilizarán los datos cerrados a 30 de marzo de este año. La distribución por mesas se hará pública dentro de los diez días anteriores a la votación. Serán de un mínimo de 500 y un máximo de 2.000 electores cada una. La ley establece que los ayuntamientos “ponen a disposición” de la Generalitat, para la convocatoria, los locales que habitualmente se usan en las citas electorales.

El sorteo para elegir a los presidentes y vocales de cada mesa se realizará entre los dos y los siete días posteriores a la convocatoria. Como todos los plazos se entienden en días naturales y a partir del día siguiente a su publicación en el DOGC, sería entre el próximo domingo y el viernes.

Campaña electoral

poco después como anexo al boletín diario. poden expressar o mostrar suport a una opció sempre que respectin els principis al·ludits i que es tracti l’opció oposada de manera equitativa i raonable

En cap cas una organització, col·lectiu o ciutadà espanyol podrà sol·licitar l’acreditació com a membre d’una missió d’observació electoral ni com a visitant internacional.

Artículo de Eva Belmonte publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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