Ferrovial acepta indemnizar a los refugiados de un centro de detención australiano

Manifestación de la asociación Refugee Action en Melbourne en apoyo a los refugiados. Foto: Takver.

Las personas refugiadas del mundo pudieron celebrar una rara victoria hace unos días cuando el gobierno de Australia dio el carpetazo a un pleito en los tribunales por los abusos que sufrieron los detenidos en un centro de Papúa Nueva Guinea. Unas 2.000 personas que fueron retenidas durante varios años en la isla y que fueron representados por el despacho de abogados Slater & Gordon recibirán una indemnización de 70 millones de dólares australianos (unos 48 millones de euros). Los letrados habían demandado al gobierno de Australia y a las empresas que regentaban el centro, G4S y Broadspectrum. Esta última fue adquirida por la constructora española Ferrovial el año pasado.

En abril, Amnistía Internacional había denunciado en un informe la situación y los abusos en dicho centro. “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”, dijo Lucy Graham, investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. “Al permitir a sabiendas la continuación de este sistema, concebido expresamente para causar sufrimiento y disuadir a las personas de viajar a Australia en barco en busca de asilo, Broadspectrum y Ferrovial son inequívocamente cómplices de estos abusos”, añadió.

Durante unos años, Australia interceptaba en alta mar a los barcos de migrantes que buscaban asilo y trasladó a las personas a la isla de Papúa Nueva Guinea para evitar que acabaran en suelo australiano. Los Centros de Tramitación de Refugiados (RPC) de Nauru y la isla de Manus están gestionados por Broadspectrum, la empresa que fue adquirida por Ferrovial en abril de 2016. Naciones Unidas y varios grupos defensores de los derechos humanos habían denunciado las crueles condiciones que se viven en estas instalaciones.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, dijo en la junta de accionistas de la constructora en abril que estos centros eran legales y que la empresa no era la responsable del estatus legal de los detenidos. Pero ante las críticas, Ferrovial ha decidido que su filial Broadspectrum no prolongará los contratos de concesión que vencen en octubre. Una fuente de Ferrovial dijo a la agencia Reuters que el reparto del pago de la indemnización era confidencial.

“Este acuerdo es un paso importante hacia el reconocimiento de las condiciones extremadamente hostiles que aguantaron los detenidos en la isla de Manus”, dijo Andrew Baker, uno de los abogados de Slater & Gordon, citado por Financial Times. El gobierno de Canberra confirmó el arreglo extrajudicial, pero rechazó cualquier culpa. Se trataba de evitar los costes y la publicidad negativa que hubiera acarreado un largo proceso.

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