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La crisis de la vivienda no ha terminado… y menos aún para las mujeres

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Vanessa, de 34 años y con dos hijas, fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, y actualmente reside en Móstoles en el inmueble ocupado La Dignidad. “Alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”, declara. Asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social. “La trabajadora social me dice que no me puede ayudar porque tengo un piso en propiedad con una persona que me daba palizas, consumía drogas y bebía mucho”, denuncia. Es uno de los testimonios con los que Amnistía Internacional retrata la situación de la vivienda en España diez años después del inicio de la crisis.

En su informe La crisis de la vivienda no ha terminado denuncia cómo está afectando la violación de este derecho constitucional especialmente a las mujeres, y en particular a las que encabezan hogares monomarentales y a las víctimas de violencia de género. “No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, afirma la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos.

La organización lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta -añade- las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres. Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1%, asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de ellas encabezadas por mujeres.

“La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia. Y aunque en teoría, según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consiguen el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda”, prosigue.

La organización señala, además, el oscurantismo en torno al asunto: “No existen datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”, denuncia Suárez-Llanos.

“La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”, sostiene el autor del informe, Koldo Casla. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, añade.

Los fondos buitre

Del total de desahucios registrados en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente. En Madrid la situación es especialmente preocupante para las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que se produjo entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento, denuncia Amnistía Internacional. Más de cuatro años después, continúa Casla, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.

Es el caso de Paula, de 39 años y con tres hijos. Sin haber sido informada del proceso, cuenta que un día recibió una notificación de cómo la vivienda social en la que vivía desde hacía ocho años había sido vendida a la empresa Encasa Cibeles por parte del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid). “Era desesperante pensar que no podíamos luchar y teníamos que aceptar las condiciones que el nuevo propietario nos imponía”, declara. Después de que se le subiera el precio de alquiler, Paula no pudo seguir pagando y finalmente fue desahuciada. Actualmente vive en una casa  que no reúne las condiciones adecuadas, especialmente para su hijo. “Después de decirle que no podría solicitar una nueva vivienda social porque ya había sido adjudicataria de una, el consejo para poder volver a serlo era sobrecogedor: ser desahuciada de nuevo para acceder a una vivienda de emergencia social”, afirma la organización en un comunicado.

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Varios colectivos de Madrid impulsan una ILP por el derecho a la vivienda

MADRID // La Coordinadora de Vivienda de Madrid, integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas de Stop Desahucios, ha presentado este lunes su Iniciativa Legislativa Popular “por el derecho de todas a una vivienda digna”, que entregará este jueves en la Asamblea de Madrid.

La propuesta, en la que también participan la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), pretende dar paso a una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid que sitúe el acceso a la vivienda en primera línea política y lo garantice para todas las personas residentes en la comunidad autónoma, priorizando a aquellas cuya situación es más vulnerable. “Ya no podemos acudir al argumento de que no hay dinero o no hay viviendas; esta ley supone una reordenación de las políticas públicas”, indica  Alejandro Gámez, de la ALA.

La iniciativa surge fruto de “la inacción política de los poderes públicos”, según denuncia Alejandra Jacinto, de la Coordinadora de Vivienda. Según esta asociación, cada año se ejecutan 10.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, además de 25.000 cortes de agua. Y más de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energética para mantener la temperatura de su hogar. El diagnóstico del colectivo es “alarmante”. El acceso a la vivienda en Madrid, advierte, se ve dificultado por “los continuos lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios, a menudo vinculados a clausulas abusivas, la extinción de contratos de alquiler en vivienda social o la venta de viviendas públicas a fondos de inversión”.

En este contexto, parar los desahucios sin alternativa habitacional y llevar a cabo medidas contra la pobreza energética son dos de los principales puntos de la ILP. “Queremos una ley que dote de eficacia, desarrollo y protección el artículo 47 de la Constitución”, explican sus impulsores, que proponen un régimen de acceso general que reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos y que incluya los gastos de suministro.

En aquellos casos en los que existe un elevado riesgo de desamparo, para personas sin hogar o que se enfrentan un desalojo inminente, la ILP propone un régimen de emergencia habitacional. En este proceso, “la asignación de vivienda es temporal y gratuita, pero su solicitud lleva aparejada automáticamente la solicitud del régimen general”, explican.

Perseguir conductas abusivas

La ILP incluye también un régimen sancionador que persiga los “usos ilícitos de la propiedad privada” cuando el infractor sea un “Gran Tenedor” —entidades financieras y empresarios inmobiliarios—. Así, se aplicarían sanciones económicas de hasta 600.000 euros por las viviendas vacías durante más de seis meses, la omisión de oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo, el incumplimiento de los deberes de conservación de la vivienda, el incumplimiento de los deberes de pago y conservación de fincas derivados de la Ley de Propiedad Horizontal y el incumplimiento del deber de inscripción registral de la titularidad.

Para garantizar que las medidas se cumplen y existe una protección de los consumidores, la ILP propone la creación de la Agencia de Protección al Consumidor, con el objetivo de perseguir conductas abusivas en los contratos.

Para la tramitación como ley de la ILP, deben sumarse un mínimo de 50.000 firmas en tres meses desde que la Asamblea de Madrid dé luz verde a la propuesta.

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