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Capítulo II: la violencia económica

“No deberían existir las casas de acogida”, dice Marcos. “Ni los machistas”, responde Luisa. “Ni los mosquitos”, prosigue Marcos mientras se abraza los brazos en busca de la última picadura. Tiene 12 años, está tomando un batido de chocolate y no pierde detalle de la conversación entre Luisa y su madre, Rosa, que son amigas. Durante varios meses, Rosa y su hijo han vivido en dos casas de acogida para víctimas de violencia de género, lejos de Sevilla, su ciudad. De la primera tuvieron que irse porque su padre los encontró. De la segunda ya han salido porque se han cumplido los plazos establecidos en el protocolo. Los dos, madre e hijo, son víctimas de la violencia machista. Y los dos, hijo y madre, viven ahora en 40 metros cuadrados, en casa de un familiar. Sin trabajo y sin perspectivas de futuro.

“No me lo explico. Yo estoy en la calle con mi hijo y el padre vive en la casa que teníamos con un alquiler social que le ha concedido el banco. El banco me dice que a mí no me corresponde y tiene razón. La ley está de su parte. Yo firmé como deudora, no como propietaria. Pero yo también he pagado esa casa durante años y no sé a quién acudir. Mi abogada quiere iniciar los trámites para pedirle mi parte a él. Pero ahora mismo estoy como una patera en medio del mar. No tengo ni una cuchara“, cuenta Rosa, 43 años, delante de Luisa, 50 años. Ambas prefieren ocultar sus verdaderos nombres. Se conocieron buscando ayuda y han quedado para echar un ratito. “Lucía, una de las mujeres que estaba en la casa de acogida, volvió con su marido. ¿Te acuerdas, mamá?”, tercia Marcos.

En muchas ocasiones, los maltratadores no pasan la pensión a los menores; otras veces dejan de pagar la hipoteca; y en otros casos se niegan incluso a autorizar una refinanciación del préstamo para que la mujer pueda asumir los gastos ella sola, como le ocurrió a Luisa. Son distintas formas de violencia económica que perpetúan el maltrato hacia las mujeres después de la separación y la denuncia. El pacto de Estado aprobado el pasado septiembre insta a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuran como responsables del crédito hipotecario “a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de violencia económica”. Nada más. No hay medidas inmediatas. Ahora mismo estas mujeres se sienten desprotegidas y solo en algunos casos, y después de muchas negociaciones, las entidades bancarias se sientan a hablar. Luisa y Rosa se conocieron en las asambleas del 15-M y la PAH, donde las están asesorando.

El Defensor del Pueblo pide una ley específica

El caso de Luisa ha llegado, además, a una situación surrealista. Cuando se separó, su marido dejó de pagar su parte de la cuota hipotecaria, que ascendía a unos 500 euros al mes. Luisa asumió el gasto al completo –tres recibos los pagó Cáritas– hasta el día en que no tuvo más opción que dejar de aportar a la hipoteca para seguir alimentando a sus hijos. Tiene tres: una niña de 15 años, otra de 14 y uno de 12. Las dos mayores fueron testigos de la violencia de su padre hacia su madre y también recibieron maltrato. El banco, en este caso CaixaBank, decidió aplicar el Código de Buenas Prácticas, al que las entidades se adhieren de manera voluntaria. De esa manera, Luisa podría reestructurar la deuda, de unos 32.000 euros. El problema llegó de nuevo de la mano del maltratador, que se negó a dar su autorización para reformular un crédito que, para mayor gravedad, él ya ni pagaba. Tras meses de gestiones, Luisa ha podido por fin poner la casa a su nombre, con lo que ya no necesita la firma de su expareja. Lo paradójico de la situación es que ahora su exmarido, aun habiendo dejado de pagar la hipoteca e impedir que Luisa la refinanciara, recibirá 4.200 euros en concepto de devolución por la cláusula suelo. CaixaBank explica a La Marea que, por ley, le corresponde ese dinero. “A mí me dan también 4.200 euros. Pero me parece muy injusto que ese dinero se lo lleve él. Si se invirtiera en la hipoteca, yo tendría que pagar menos”, insiste Luisa.   

A la espera de un nuevo asesoramiento legal, aún no ha firmado la reestructuración: “Me sale que tengo que pagar 300 euros durante 40 años, es decir, como si volviera a pagar la casa desde el principio. Y yo ahora mismo estoy en paro. ¿A quién reclamo?”, se pregunta. “A nadie –le dice Rosa– ¿Cómo vas a reclamar al banco con esta ley de mierda?”. El Defensor del Pueblo Andaluz, que está trabajando en la resolución de cuatro historias similares, corrobora que al final estos casos tienen difícil solución sin una legislación que los ampare. La institución reclama, por ello, una normativa específica que impida que la violencia económica continúe lastrando la vida de estas mujeres y de sus progenitores.

En España hay casi dos millones de familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un informe de la ONG Save the Children sostiene que la mitad de ellas vive en situación de pobreza y, en general, están sometidas a un mayor riesgo de exclusión social, no solo por su situación económica, sino también por factores como el empleo, la vivienda, la salud o la red de apoyo. La tasa de pobreza en los niños que viven en hogares formados por madres solas es de un 54%, 12,5 puntos más que el conjunto de la población infantil y el doble que el total de la población, indica el citado informe. Ni Luisa ni Rosa tienen trabajo. Una cobra 319 euros. La otra, 426.

El caso de María Salmerón, condenada varias veces por incumplir el régimen de visitas e indultada por el Gobierno, es un ejemplo de libro de esta denominada violencia económica. El banco -Deutsche Bank- acaba de iniciar el proceso de embargo del piso en el que vive con su hija tras no poder asumir las indemnizaciones y costas atrasadas de los juicios y condenas que ha ido acumulando. En total, unos 80.000 euros. “Lo que quiere es asfixiarme económicamente y verme en la cárcel”, explica Salmerón, que asegura que cada mes le retienen un 30% de su nómina como auxiliar de enfermería. Los indultos concedidos están condicionados por ley al pago de estas indemnizaciones. Ahora ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar el máximo posible. “Esto es, además, violencia institucional”, añade.

Su historia comienza cuando la Justicia consideró que la condena previa que pesaba sobre el exmarido por maltratarla durante el matrimonio –21 meses de cárcel– no era un obstáculo para que pudiera ejercer sus funciones como padre. Una jueza incluso llegó a otorgarle la custodia, posteriormente recuperada por Salmerón tras una batalla judicial que terminó después de que la menor fuera escuchada en los tribunales. La conclusión fue que no quería estar con su padre. El pacto de Estado sí propone ahora establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Pero ahora hay que adaptar las leyes.

La necesidad de tener trabajo

Luisa, de todas formas, no quiere mirar atrás: “Él lleva seis años sin ver a sus hijos. A mí ya no me da pena de él. Él sabrá. A mí me dejó la autoestima por los suelos, no comía, no dormía, no era yo. A mí no me ha querido nunca. Y ahora lo único que quiero es un trabajo y que mis hijos salgan adelante. El pequeño, cuando aún vivíamos con el padre, no quería ir al colegio, hasta que nos dijo la psicóloga por qué no quería ir. Mi hija la mayor sí es muy estudiosa”, prosigue orgullosa.

Durante los primeros nueve meses tras la separación estuvo viviendo con su hermana. “Él se instaló en la casa y aprovechamos un día de Navidad que no estaba para entrar y quedarnos. Llegó a llamar a la Policía para que nos echaran. Pero claro, le enseñé los papeles judiciales y lo echaron”, recuerda ya con la tranquilidad que le da vivir sin ser esclava de nadie. “Ahora mismo yo me siento desamparada. Después de veintitantos años con él, me decido a dar el paso y no tengo ayuda de nadie. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos?”, pregunta insistentemente Rosa como una letanía. ¿Qué hacen? ¿Dónde van?

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“El Pacto de Estado es una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual”

“España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual”. Con esta rotundidad denuncia Amnistía Internacional la invisibilidad de la violencia sexual en nuestro país y la dejadez del Estado, que juzga estos días a los jóvenes acusados de violar a una chica en Pamplona pero también, paradójicamente, a la propia víctima.

La organización destaca algunos avances logrados desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, en 2004, que reconoció que las agresiones deben combatirse a través de una legislación específica y que hay que proteger a las víctimas. Sin embargo, en relación con la violencia sexual queda mucho por resolver. Entre otras deficiencias, señala la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7,2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres.

Aministía Internacional también denuncia que los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología). “Hay una ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual”, añade la organización. Según el estudio Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, publicado en octubre de 2016, solo 9 de las 17 comunidades autónomas disponen de centros de atención a víctimas de violencia sexual y no existe en todo el Estado español ningún centro de atención en crisis (24 horas los 7 días de la semana)”.

Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. El caso de La Manada es el ejemplo paradigmático. La responsable de política interior de la organización, Virginia Álvarez, incide en ello: “Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”.

Pero hay más ejemplos. El caso de Blanca (nombre ficticio), mujer de 20 años con nacionalidad española y de origen colombiano representa también los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual. Según el testimonio recogido por Amnistía Internacional, Blanca fue agredida sexualmente a las cinco de la mañana el 8 de mayo de 2016. En dos ocasiones perdió el conocimiento. Cuando llegó a casa a las siete de la mañana,  tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró cinco horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa. “En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad”, cuenta a la organización. En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro.

“En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos solo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz […] Tras ser violada a las cinco de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense”, denuncia Amnistía Internacional. Finalmente, fueron asesoradas por CAVAS, un centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales que conocieron a través de un folleto que encontraron en la comisaría. La investigación no ha avanzado.

Concretar en medidas el Pacto de Estado

Amnistía Internacional propone, entre otras cuestiones, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos un centro de crisis por cada 200.000 mujeres y, como mínimo, uno por cada comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. “No podemos olvidar que el pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, añade Álvarez.

La organización también señala que el pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición, una cuestión que tampoco incluyó ni la ley integral ni la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

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El Defensor del Pueblo pide explicaciones al Gobierno sobre la violencia machista

Manifestación celebrada en Sevilla el 8-M. O. C.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos. 

Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento hasta alcanzar casi un 10% y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia.

Ante estos datos, la institución ha solicitado a la delegación del Gobierno que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos. “Es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de estas mujeres para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores. En los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados”, denuncia el Defensor del Pueblo, que mantiene abierta otra actuación, a la espera de recibir información, sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La institución recuerda que en 2014 solicitó que se favoreciera la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género. Además –insiste–, comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.

Pasado un año desde la entrada en vigor de la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, el Defensor del Pueblo también ha preguntado por la eficacia de las medidas de alejamiento. “Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad a la institución la citada instrucción pretendía mejorar la coordinación entre la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía”, sostiene el Defensor del Pueblo.

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