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Varios colectivos vecinales salen a la calle con el lema ‘Madrid no se vende’

Varios colectivos vecinales y sociales de Madrid han convocado una manifestación el próximo sábado con el lema Madrid no se vende tras los casos de corrupción conocidos en los últimos días en el marco de la operación Lezo, que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad Ignacio González y ha imputado a decenas de personas por la gestión del Canal de Isabel II. A la investigación, que sigue abierta, le anteceden otras tramas de corrupción como la Púnica, la Gürtel o la de Mercamadrid.

La manifestación, que comenzará a las 12 horas en la plaza Canalejas, tiene como objetivo denunciar la gestión urbanística de Madrid, la gentrificación y turistificación de los barrios céntricos, la criminalización de las personas inmigrantes y la privatización de los servicios públicos, entre otros reclamos. “No queremos que sean las marcas las que ocupen la ciudad, como está ocurriendo, sino las personas”, ha explicado Susana Albarrán, vecina de Vallecas, en la rueda de prensa en la que se ha presentado el colectivo. En este sentido, denuncian la realización del Open de Tenis de Madrid, financiado por Madrid Destino y cuya gestión está siendo investigada a petición del Ayuntamiento.

La plataforma está formada por diecisiete asociaciones, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), el Patio Maravillas, el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), la PAH o la Asociación Sin Papeles de Madrid. “La ciudad sigue supeditada a los intereses económicos”, ha señalado Enrique Villalobos, de la FRAVM. “Hay barrios a los que siguen sin llegar servicios como colegios o centros de salud y no avanzamos a la velocidad que Madrid necesita”, ha añadido.

Cuestiones como la violencia machista y el racismo también forman parte de los ejes de la plataforma, que a través de la organización colectiva y la movilización busca articular un modelo alternativo de ciudad.

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IU se querella contra Aguirre y el PP

Esperanza Aguirre. Es el nombre más destacado aún sin imputar en la operación Lezo incluido en la querella que han registrado este miércoles IU, las organizaciones que presentaron la denominada querella Bárcenas en 2013 y la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. La denuncia pide la imputación de varios cargos del PP y, en concreto, de la expresidenta madrileña -que ha dimitido como concejala en el Ayuntamiento arrastrada por el encarcelamiento de su sucesor, Ignacio González-.

“Creo que Aguirre no ha dimitido presionada por el PP, sino sabiendo lo que va a salir en este caso de corrupción, que va a ser uno de los más grandes de toda España. Cuando toda la información vaya siendo a la luz quedará reflejado que no era una persona que simplemente pasaba por allí”, afirmó el líder de IU, Alberto Garzón. El objetivo de la querella es poder ejercer la acusación popular, es decir, “poder realizar un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la Fiscalía y algunos medios de comunicación se han conjurado aparente y presuntamente para saquear bienes públicos”, informa IU en una nota de prensa.

En la denuncia, se pide la investigación de varios cargos del PP y del propio partido por hasta 13 delitos: desde organización criminal a revelación de secretos. “Entre las operaciones de índole criminal que la red ha perpetrado presuntamente destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP”, informa IU.

Las organizaciones firmantes de la querella, además de Izquierda Unida, son Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

 

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