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Desconexión

Emilio Polo* // Stuart está asignado como operador de drones en la base aérea que el ejército de Estados Unidos tiene en Holloman, Nuevo México. Está casado y tiene dos hijas. Gran parte de su jornada laboral consiste en hacer tareas de vigilancia dela…

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La mercantilización de la democracia

JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y PEDRO RAMIO* // La profunda crisis normativa en la que nos encontramos se ha convertido en un campo más de experimentación donde transformar el Derecho en una armadura jurídica de dominación, pasando a formar parte –de manera expresa y con funcionamiento autónomo– del conjunto de mecanismos de opresión de las mayorías sociales. La mercantilización de la democracia es una de sus expresiones más preocupantes.

Con la crisis económica y financiera que se inició en 2008 se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. Y así parece que la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales. No podemos olvidar que, al fin y al cabo, las constituciones son “mecanismos estabilizadores” que formalizan jurídicamente las relaciones de fuerza en el combate socio-político.

Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una “constitución económica” que se impone –en la mayoría de las ocasiones sin ninguna oposición de los gobiernos– a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberanía popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la mera interpretación de esa sacrosanta constitución económica. Como afirman Laval y Dardot, se sustituye el gobierno de las personas por el gobierno de las leyes privadas.

Esta constitución económica, eso sí, no se encuentra formalizada en ningún texto jurídico. Es una suma de normas, disposiciones, decisiones, pactos, tratados, resoluciones judiciales, planes, recomendaciones, rescates, deudas soberanas, indicadores riego-país, tratados comerciales y acuerdos de inversión, laudos arbitrales, etc. Todos ellos entrelazados, “amontonados” y superpuestos, de forma que desacoplan las reglas de la jerarquía normativa, el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

De la reforma del artículo 135 de la constitución española hasta la aprobación del CETA, pasando por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón que se ha anunciado hace unos días, se trata de normas que se sustraen a la democracia y a los derechos de las mayorías sociales. Un nuevo marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatización y la desregulación de los derechos sociales. Y que se vincula, a la vez, con acciones públicas que incorporan a la armadura jurídica de dominación la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la austeridad fiscal, el no endeudamiento, la “independencia” de los bancos centrales, el pago de la deuda… Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, al margen de los vaivenes de la democracia representativa. Lo que resulta novedoso es que se formaliza constitucionalmente la protección de los intereses de las clases dominantes y se disciplina la soberanía popular a las reglas de derecho privado.

Esta es una tendencia que viene fraguándose desde hace años y que el modelo neoliberal ha ido implementando poco a poco. Sería muy interesante disponer de un análisis detallado sobre los límites que las armaduras jurídicas globales heredadas por los gobiernos progresistas en América Latina han supuesto para el ejercicio de las políticas públicas a favor de las mayorías sociales, ya que nos podría dar mucha luz respecto a las dificultades que conlleva poner en práctica la voluntad popular. En cualquier caso, la Unión Europea es un ejemplo paradigmático en esta línea. Recordemos aquellas palabras de Juncker hace tres años cuando dijo que no podrían celebrarse elecciones que contravinieran los tratados europeos.

Esta afirmación implica limitar los cambios sustanciales que pueda generar la alternancia electoral y, al mismo tiempo, consolidar de facto las reglas económicas por encima de las normas que protegen los derechos humanos y socioambientales que también forman parte de los mismos tratados. Y como nos demuestra la experiencia reciente de Grecia, representa una amenaza latente para toda opción política que pretenda modificar los intereses corporativos constitucionalizados. ¿Qué papel jugaron la Carta Europa de Derechos Fundamentales de la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos en las decisiones que la troika impuso al pueblo griego que, por cierto, había ejercido su soberanía por medio de un referéndum democrático? Absolutamente ninguno.

Además, la propuesta de las instituciones comunitarias y de la mayoría de los gobiernos miembros de la Unión incide en la necesidad de filtrar la voluntad de las mayorías al ejercicio “responsable” de la política de los gobernantes, que deben ajustar la soberanía popular a las reglas privadas de carácter económico que consolidan la armadura jurídica de dominación. La aprobación de la reforma constitucional exprés para limitar el déficit público del gobierno Zapatero es nuevamente un ejemplo paradigmático al respecto.

La privatización de las normas jurídicas está dislocando los núcleos centrales y garantistas del Derecho. Así, el “derecho oficial” pierde su centralidad y se desestructura al coexistir con otro derecho no oficial dictado por diversos legisladores –no democráticos, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, el Banco Central Europeo, etc.– en el ámbito de la globalización neoliberal. A eso hay que añadir la “contractualización” de la ley y de las relaciones económicas, lo que provoca la anulación de los procedimientos legislativos, la dislocación de la separación de poderes y la mutilación de la soberanía de los pueblos y naciones. De este modo, se van suprimiendo las normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión, muy especializados, fragmentados y de una altísima complejidad técnica. Todos ellos, atravesados por las relaciones de poder que imponen las clases dominantes.

Como colofón, los acuerdos y tratados de comercio e inversiones van privatizando el poder judicial mediante los tribunales arbitrales. Igualmente, van “administrativizando” el poder legislativo, subordinándolo a instituciones y procedimientos que profundizan en la libre competencia y en la mercantilización de todas y cada una de las esferas del sector público y el interés general.

La fragilidad de los mecanismos de control, la irresponsabilidad de los poderes públicos, la sustitución de instituciones democráticas por instituciones tecnocráticas y la aprobación de técnicas y procedimientos que evalúan los derechos en función de su eficacia económica, además, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y “confusión democrática”. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del nuevo Derecho Corporativo Global y forman parte de su metabolismo funcional. De hecho, las reglas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y muy alejadas de la ciudadanía. Casi nunca se conocen los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”. Las decisiones se toman a espaldas de las mayorías sociales y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

Todo ello va alejando a la ciudadanía del control de los centros reales de poder, consolidando mecanismos autoritarios y debilitando la legitimidad de las instituciones representativas. Y es que la privatización de las normas jurídicas y la mercantilización de la democracia están provocando que los derechos humanos sean expulsados del imaginario colectivo y que se esté procediendo a una reconfiguración de quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Lo que nos conduce a una nueva etapa en la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos: las normas privadas están desplazando a los derechos humanos, protegiendo la “seguridad jurídica” de unos pocos frente a los intereses de la mayor parte de la población.

Frente a la hegemonía del proyecto neoliberal, los movimientos sociales y las comunidades en resistencia tenemos el reto de diseñar nuevas formas de participación para todas aquellas personas que viven en los márgenes del modelo político y económico. Y eso requiere, de entrada, reconstruir la democracia y los derechos humanos desde abajo y para las de abajo.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Las alternativas al sistema y el dilema de Galeano

Eduardo Galeano

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate* // Cualquier persona preocupada por cambiar las cosas, por construir alternativas al statu quo, tendrá en mente esta frase atribuida a Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Con ella, el escritor uruguayo destaca la capacidad que tendrían miles de alternativas diversas y locales –un verdadero “mar de fueguitos”– de generar un gran incendio que logre transformar las dinámicas y estructuras económicas, políticas y culturales que hoy nos condenan a una crisis de raíz civilizatoria.

La frase tiene dos lecturas muy positivas. Por un lado, pone en valor la agencia humana, la capacidad de todos y de todas por actuar políticamente, por influir en el curso de las cosas no solo desde la macropolítica sino también desde la vida cotidiana. Así, la emancipación y el cambio social no serían asuntos de unos pocos, ni algo que se decide únicamente en ámbitos multilaterales alejados de la ciudadanía, sino eso que nos atañe a todos y todas. Ser parte de grupos de consumo responsable, acudir de manera preferente a los mercados sociales, defender los derechos laborales, corresponsabilizarse en la distribución de las tareas de cuidados, militar en movimientos sociales y organizaciones políticas, salir a la calle a manifestarse y movilizarse… son cuestiones que no debemos obviar.

Pero, además, Galeano posiciona la esperanza como variable irrenunciable, enfatizando el potencial transformador de las múltiples iniciativas que se enfrentan a esa idea con la que nos taladran desde los tiempos de Margaret Thatcher: no hay alternativa. De esta manera, la cita considera cada iniciativa en sí como un cambio pero, sobre todo, como germen de transformaciones profundas en favor de la humanidad y del planeta, que dan pie a lo otro posible. Frente a las privatizaciones se pueden oponer remunicipalizaciones, como en 2008 hizo París con el agua, en una disputa con los gigantes corporativos Suez y Veolia. Frente a la impunidad con la que operan las transnacionales, se contraataca con la propuesta de una normativa internacional vinculante para obligar a las multinacionales a cumplir los derechos humanos, impulsada en la ONU por países como Ecuador y Sudáfrica. Frente a la inevitabilidad de las élites económicas, se pueden sostener empresas sin patrón, con criterios democráticos y bajo la primacía del trabajo, como muestra el movimiento de empresas recuperadas –que avanza en América Latina y se extiende por Europa– o la pujanza de la economía solidaria y la soberanía alimentaria. Bien pudieran ser estas las bases para provocar ese incendio.

Entre el incendio y las cenizas

No obstante, la frase también puede tener una lectura más cuestionable. Porque pudiera dar a entender que simplemente atendiendo a nuestras luchas más cotidianas y locales, concentrando los esfuerzos en el ámbito más cercano de vida, estaríamos en condiciones de desmantelar esa cosa escandalosa que nos aboca a un atolladero histórico. Nos conformaríamos así con la disputa en las periferias, y no también en los centros; con el rescate de espacios menos agresivos, pero sin querer ganarlo todo para todas y todos; con mejoras parciales, evitando una mirada diversa pero integral. La frase, de esta forma, nos trasladaría un buenismo antiestratégico y antipolítico que cifra en la fe las esperanzas de convertir lo pequeño en grande, sin explicar ese salto, quién o cómo se produciría, pese a la envergadura del adversario.

Luchamos contra un sistema que cuenta con un proyecto integral, que cada vez tiene menos fronteras. Un proyecto que, en síntesis, se podría explicar por apuestas que ya están en marcha. Como el desmantelamiento de los mínimos democráticos en el altar del gobierno de facto de las empresas transnacionales, mediante una nueva oleada de tratados de comercio e inversión y bajo un patrón de apropiación corporativo del territorio. O el ensayo de un muy cuestionable nuevo ciclo de crecimiento económico en base a la inteligencia artificial y al “capitalismo verde” –sin garantía de alcanzar la productividad generalizada esperada, o de construir más empleo del que se destruya– que nos aboca, de la mano de la prioridad de las finanzas y la deuda,  a una constante incertidumbre y especulación que además ahondará el abismo social y el colapso ecológico. Al igual que el impulso, frente a otras posibles agendas inclusivas y pacíficas, del fascismo social, el miedo y la guerra, tal y como destila Trump como avanzadilla de lo que nos viene.

Frente a este proyecto, ¿múltiples iniciativas, interesantes y emancipadoras, pero también frágiles, vulnerables, inconexas? El mar de fueguitos pudiera entonces no convertirse en incendio, sino más bien en un mar de cenizas. Es el dilema que nos ofrece la frase de Galeano: movernos entre el incendio y las cenizas. Ninguno de los dos términos son seguros, ambos son posibles. Podemos poner en valor lo que se está haciendo, claro, y no caer en la desesperanza, por supuesto. Pero tampoco se trata de poner todos los huevos en el cesto de la fe en lo pequeño, contentarnos con victorias parciales, puntuales o locales. Más bien se trataría, bajo dicha base, de apostar por la disputa total, a partir de la articulación de agendas y estrategias que, desde la diversidad, marquen otros horizontes para las grandes mayorías sociales.

Estrategias inclusivas en transición

Frente a la agenda suicida y biocida que nos ofrece el statu quo, plantear agendas y estrategias en defensa de la vida que articulen un horizonte alternativo, en base a lo que ya se está ensayando y poniendo en práctica. Este es el reto fundamental, y dos son los conceptos que nos pueden ayudar en esta tarea: transición e inclusión.

Transición para tratar de aunar, en una lógica temporal y de creciente intensidad transformadora, el abordaje de las necesidades prácticas, urgentes e inmediatas de las mayorías sociales. A la vez prefiguramos nuevas sendas por las que avanzar, que apuesten por la transición energética, por los circuitos económicos cortos, por lo local como ámbito estratégico, por la defensa de lo público dentro del marco más amplio de lo común, por una verdadera democracia, etc. Aunque estos elementos no sean premisas de actuación sino referencias hacia las que avanzar. Tan malo sería limitarse a resolver lo concreto dentro del estrecho marco de lo posible, como construir lo nuevo desde el alejamiento de la realidad vital de los sectores populares. Marcar horizontes de radicalidad, mientras se acompañan los procesos del sujeto popular, amplio y diverso, es una de las claves emancipadoras.

E inclusión, como vía para sumar esfuerzos ante un sistema de dominación múltiple que nos afecta gravemente –aunque de maneras diferentes– y que se define por su complejidad, por lo que también compleja debe ser la respuesta. De esta manera, a partir del reconocimiento de la diversidad y de las asimetrías, resulta estratégico aunar agendas y sujetos, como comenzaron a trabajar hace una década en la Conferencia de Nyeleni (Mali) la Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres y Amigos de la Tierra.

Y también articular esfuerzos en todos los niveles competenciales, afianzando las luchas por el territorio desde una mirada integral y global, como por ejemplo están haciendo los sindicatos canadienses, las activistas ecologistas brasileñas y las comunidades mozambicanas, todas ellas afectadas por la gran corporación minera Vale. Así como corresponsabilizarse de la lucha política, allá donde sea posible, entre comunidades, movimientos sociales e instituciones públicas, como ha puesto de manifiesto la experiencia napolitana en defensa de los servicios públicos desde una alianza público-autogestionaria. El combate es explícito y duro, por lo que agentes, sectores o territorios aislados no están en condiciones de afrontarlo desarticulados. La inclusión, donde sea posible, y asumiendo su complejidad, se convierte en otra necesidad perentoria.

Disputar con audacia los sentidos comunes

Ante la agudización de esta compleja disputa entre capital y vida, y bajo el reto de construir alternativas inclusivas de transición, ¿qué hacer, qué priorizar? Por supuesto, es una cuestión específica de cada contexto y situación, no algo que se pueda generalizar. En todo caso, en coherencia con lo dicho, se trataría de priorizar apuestas dentro de un triángulo marcado por aquello que sea eficaz para desmantelar el proyecto hegemónico, incorpore la pedagogía política suficiente para movilizar a las grandes mayorías sociales y, por último, asuma una mirada inclusiva, preferentemente con los sujetos, dinámicas y espacios más olvidados.

En este sentido, frenar la renovada oleada de tratados de comercio e inversión; defender el territorio y los bienes comunes; enfatizar el carácter insostenible, odioso e ilegítimo de parte importante de la deuda; y confrontar el relato de fascismo social para señalar a los verdaderos antagonistas de la vida, son algunas posibles referencias, que en todo caso corresponden a cada estrategia y agenda específica.

Mejor coger lo bueno de la frase de Galeano y añadirle un cierto sentido estratégico, con una lógica inclusiva y de transición. El sentido común frente a esta afrenta contra la vida está de nuestra parte, podemos aprovechar con audacia esta oportunidad.

* Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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El Canal de Isabel II en Colombia

Erika González y Pedro Ramiro* // Devolver todos los bienes, infraestructura e información necesarios al gobierno municipal. Es el dictamen de un juzgado de Colombia, que hace un par de meses ordenó a Metroagua, la filial del Canal de Isabel II en la ciudad de Santa Marta, transferir la gestión del suministro y saneamiento del agua a la administración de ese municipio colombiano. Así concluye un proceso judicial contra la compañía que tiene su origen en las continuadas denuncias por mala prestación del servicio durante quince años. Numerosos cortes de agua, desbordamiento de aguas residuales del alcantarillado, deficiente calidad del agua, falta de extensión del servicio a toda la población… han ido creando un contexto de confrontación entre la ciudadanía y los gobiernos locales, así como entre ambos y Metroagua.

Ahora que termina el plazo para devolver la gestión de la empresa al municipio —la fecha límite es el 17 de abril—, precisamente el día en que finaliza el contrato firmado por el Canal de Isabel II, nos preguntamos: ¿qué pinta la empresa pública de agua de Madrid gestionando otras compañías privadas en países como Colombia? ¿Qué impactos ha tenido allí? ¿Por qué un juzgado ha ordenado la entrega del servicio justo cuando acababa el contrato con el municipio? ¿Qué planteamientos pueden hacerse a partir de ahora para su gestión? Y, en el caso español, ¿hay ejemplos similares?

El Canal de Isabel II, una multinacional en Colombia
Seguramente no es muy conocido el hecho de que el Canal de Isabel II, la empresa pública responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento en la Comunidad de Madrid, dispone de filiales privadas en otras ciudades de España y en diferentes países de América Latina. Se trata de toda una corporación transnacional, aunque a diferencia de otras grandes empresas nunca ha hecho mucha publicidad de ello.

Sus negocios fuera de Madrid siempre han sido poco visibles, hasta que en los últimos años han ido saliendo a la luz numerosas denuncias de irregularidades. Como, por ejemplo, la relacionada con el episodio de las bolsas que en 2008 llevaba Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al entrar, junto con otros dos directivos del Canal, en la casa de un familiar de un narcotraficante en Cartagena. A la salida de su visita —como se demostró en un vídeo difundido por la Cadena SER—, las bolsas habían desaparecido y se sospecha que podrían contener dinero fraudulento. Otro caso es el que tiene que ver con la compra de la compañía brasileña Emissão Engenharia e Construções, que se hizo mediante una sociedad instrumental en Uruguay y con pagos a través de cuentas en Suiza, empresa que luego vio reducido drásticamente su valor en apenas un año: en 2013 fue comprada por 21 millones de euros y al año siguiente se estimaba su valor en solo 5 millones.

En realidad, la andadura internacional del Canal de Isabel II empezó bastante más atrás, concretamente en 2001, cuando creó una sociedad mercantil —llamada Canal Extensia— como vehículo para comprar empresas en otros países. Una de sus principales adquisiciones para expandirse por América Latina fue Inassa, una compañía que ya estaba en Colombia y que hasta el año 2000 fue filial de Aguas de Barcelona. A partir de entonces, extendió su actividad a más países como la República Dominicana, Ecuador y Panamá. Y ha llegado a disponer de una red empresarial tan grande que se llega a perder la pista de su internacionalización. Como afirma el periodista Pere Rusiñol, es “un entramado societario que en la práctica escapa al control de los órganos fiscalizadores públicos en España, ya sea la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas”.

En Colombia, el Canal de Isabel II controla la gestión del ciclo urbano del agua en los municipios de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, todos ellos situados en la costa del Caribe. Y también tiene filiales dedicadas a la aplicación de tecnologías para el agua y saneamiento, así como a la gestión del cobro y de la recaudación tributaria. Eso sí, mientras en Madrid el servicio de abastecimiento y saneamiento es de buena calidad
—aunque con una creciente mercantilización del servicio que hace que se prioricen los beneficios frente a las inversiones, las mejoras técnicas y el empleo, ahora más precarizado—, en ciudades como Barranquilla y Santa Marta deja bastante que desear.

En la región costera de Colombia, donde más de la mitad de la población dispone de escasos recursos económicos, sus tarifas no son asequibles para muchas personas. Y las reclamaciones no solo se centran en las facturas, también en los cortes de agua, en la ausencia de una calidad adecuada del servicio y en la falta de mantenimiento y extensión de las redes, especialmente de saneamiento. Esta realidad, que ya se expuso en la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos celebrada en Madrid en 2010, apenas ha cambiado desde entonces; de hecho, en Santa Marta, el servicio ha empeorado en los últimos años.

Los impactos de la gestión del Canal en Santa Marta

En Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena, el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua ha sido gestionado hasta ahora por Metroagua, filial del Canal de Isabel II. Además de la empresa madrileña, en su accionariado están el distrito de Santa Marta, con un 28% de la propiedad, y varios empresarios colombianos entre los que se encuentra William Vélez, conocido como el “zar de las basuras” porque controla la gestión de los residuos en toda la costa del Caribe y que, por cierto, ha sido investigado por sus conexiones con el paramilitarismo.

El Canal inició su actividad en la ciudad en el año 2002. Si antes de su llegada había denuncias de la falta de inversión y mantenimiento de las redes de agua, tras su entrada las quejas se multiplicaron. Hoy hay 15.000 familias sin conexión a las redes y, del 85% de vecinos y vecinas con acceso a agua potable, una parte importante no dispone siempre de este recurso. A una parte de la población le llega 20 horas diarias de agua, a otra solo durante algunos días a la semana; en las zonas más deprimidas, se llega a cortar el agua durante 15 días. Así que en la ciudad ha aumentado la recolección de agua de lluvia, la compra de agua a cisternas, la apertura de pozos… Ante el mal servicio prestado, la ciudadanía ha venido reclamando la salida de la empresa como solución a este problema, y para ello ha llevado a cabo cortes de carretera y manifestaciones, a la vez que se han recogido más de 260.000 firmas.

Según la empresa, el problema es que no existen fuentes de agua para asegurar la demanda de todo el distrito de Santa Marta. De hecho, los ríos de donde se obtiene el agua para la ciudad están sobreexplotados y su situación está empeorando por los efectos del cambio climático —en 2016 las sequías y la escasez del agua fueron más graves debido al fenómeno climático de El Niño—. En este escenario, la compañía no ha buscado alternativas para satisfacer la cantidad de agua que necesita la población y, al mismo tiempo, no deteriorar más los ecosistemas de donde procede el recurso. Para Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, esto es debido a que en el contrato “no se estableció que la empresa tenía que hacer estudios sobre las nuevas fuentes y tampoco se estipuló que hiciera inversiones en el sentido de satisfacer esa demanda”.

En lo que se refiere al saneamiento de aguas residuales, la situación es aún peor: el alcantarillado solo llega al 75% de la población y, al igual que en el abastecimiento, el servicio, cuando existe, es deficiente. Cada vez que llueve rebosan las alcantarillas y continuamente hay aguas residuales en diferentes puntos de la ciudad. Todo ello se vuelve especialmente sensible en el centro histórico de una localidad tan turística como Santa Marta.

La rescisión del contrato y salida del Canal de Isabel II

Cuando Carlos Caicedo fue alcalde de Santa Marta, entre 2012 y 2015, intentó romper el contrato con Metroagua. Pero se encontró con que estaba hecho a medida de los intereses de la empresa: según comentaba Caicedo en diciembre pasado en una reunión que mantuvo en Madrid con la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, estaba “plagado de irregularidades”. Empezando por el hecho de que no se trata de una concesión de un servicio, sino de un contrato de arrendamiento. Y eso introduce importantes diferencias como, por ejemplo, que tuviera que haber un concurso público para seleccionar la mejor oferta para la gestión; es decir, que se adjudicó directamente. Además, un contrato de arrendamiento como el que fue firmado, según la normativa colombiana, no podría tener una duración mayor a cinco años; en cambio, los anteriores gobiernos locales aprobaron cambios legales que permitieron su vigencia durante 25 años.

Otras modificaciones que se fueron realizando sobre el contrato, a principios de la primera década de los años 2000, continuaron con la misma senda e introdujeron cláusulas en contra del interés público: se bajó la recaudación que tenía que pasar al distrito, en concepto de pago por arrendamiento, del 33% mensual al 2%; el control fue subcontratado por la propia empresa a un tercero, en vez de ser realizado por instituciones públicas; las mejoras financiadas por la compañía pasarían al municipio una vez acabado el contrato y serían pagadas en base a su valor comercial. Por todo ello, Caicedo señala la connivencia entre la empresa y los anteriores gobiernos municipales, como el encabezado por Hugo Gnecco, alcalde que no terminó su mandato al ser destituido en 2003 por corrupción.

Una de las vías que utilizó Carlos Caicedo para intentar rescindir el contrato de arrendamiento fue la judicial. En 2015, interpuso una acción popular —una acción jurídica para la defensa de los intereses colectivos— para declarar la ilegalidad del contrato. En ella solicitaba que, ante el cúmulo de irregularidades que se estaban produciendo, la empresa entregara la gestión del agua al gobierno local. Especialmente, para evitar que se hiciera realidad una de las cláusulas: la compañía no cedería las redes de agua al distrito si antes no se le pagaban las inversiones hechas en el transcurso del contrato. Es decir, si el gobierno de Santa Marta no pagaba lo que estimara Metroagua, podría prorrogarse automáticamente el contrato.

La compañía, por su parte, ha ido señalando que su intención era salir de Santa Marta una vez que finalizase el contrato a mediados de este mes de abril. Eso sí, cobrando entre 6 y 10 millones de euros, que según Metroagua es lo que ha invertido en las infraestructuras del agua. Y esto es precisamente lo que se ha evitado con la reciente decisión judicial: la empresa debe transferir los bienes, redes e información al municipio el 17 de abril, día en que termina el contrato, sin poder poner como condición el pago de ese dinero. Frente a la sentencia, la empresa afirma que “acata las órdenes judiciales y administrativas de las autoridades competentes, sin perjuicio de ejercer sus derechos ni renunciar a los mecanismos de impugnación o protección disponibles” que tiene a su disposición.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

Hasta el momento, el proceso de transferencia del servicio se está realizando de manera efectiva. Ahora que, en relación al monto solicitado por Metroagua, hay un debate abierto sobre la veracidad de las cifras. La alcaldía de Santa Marta señala que las inversiones para garantizar el servicio de agua, estimadas en más de 80 millones de euros entre 2003 y 2016, han sido financiadas mediante las propias tarifas. Y también hay que tener en cuenta las subvenciones del Estado colombiano, a través del Plan Departamental de Aguas y el Ministerio de Ambiente, así como la financiación concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estimada en más de 8 millones de dólares.

De cara a la futura gestión del agua, la alcaldía de Santa Marta y el Departamento de Planeación Nacional han hecho una licitación para que una empresa lo administre de forma transitoria durante un año, hasta que pueda definirse bien cómo será el tipo de contrato o si una empresa pública se encargará de ello. Según las declaraciones publicadas en diversos medios colombianos y lo propuesto por el exalcalde Caicedo, la opción que se está barajando para realizar las inversiones necesarias y llevar a cabo una buena gestión del servicio es la de constituir una alianza público-privada.

Y el primer paso ya está dado: la compañía Proactiva ha sido la ganadora de esa licitación y será la que, a partir del 17 de abril, sustituirá a Metroagua en la gestión del servicio. Proactiva es una empresa que fue filial de la constructora española FCC, quien compartía su propiedad con la multinacional francesa Veolia, hasta que en 2013 —tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las abultadas deudas acumuladas por esta compañía— FCC decidió vender todas sus acciones en esa empresa a Veolia. Proactiva, por cierto, también había sido denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2008 por la ausencia de suministro de agua y la realización de obras sin tener en cuenta los impactos y riesgos que se estaban produciendo en diferentes barrios de Montería, otro municipio de la costa del Caribe colombiano.

Por otro lado, los movimientos sociales que apuestan por la remunicipalización del agua defienden que la recuperación de este servicio por parte de las administraciones públicas debe cumplir una serie de requisitos. Algunos de ellos se están poniendo en marcha en el caso de Metroagua; otros no parece que vayan a implementarse. Y es que el traspaso de una gestión privada a una pública debería contar con mecanismos para ejercer un adecuado control social, por eso es importante llevar a cabo una auditoría socioeconómica que habría de ser ciudadana y tendría que evaluar la gestión privada para ver cómo terminar el contrato. En esa línea, los esfuerzos del distrito de Santa Marta han ido encaminados a la realización de esta auditoría y a comunicar sus resultados a toda la población.

Otra cuestión es ver quién gestiona el agua una vez se haya rescindido el contrato. Ante este tipo de decisiones, movimientos como la Red Agua Pública y ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona y A Coruña, entre otros, defienden que la mejor opción son las instituciones 100% públicas. Así quedó recogido en el Encuentro de ciudades por el agua pública que se celebró en Madrid en noviembre de 2016. Allí, los alcaldes y las alcaldesas de las ciudades anteriormente citadas y de otras como Zaragoza, Córdoba, Valencia, Valladolid, Terrassa, Santiago de Compostela y Arganda se comprometieron a impulsar la gestión pública, transparente, participativa y sostenible del ciclo integral del agua. No parece que ese vaya a ser el caso de Metroagua, ya que, a corto plazo, va a entrar una de las mayores transnacionales del agua y, a largo plazo, lo que se está planteando es una alianza público-privada para invertir en la construcción de más infraestructuras para proveer el agua que necesita Santa Marta.

A nuestro entender, sin embargo, la capacidad de financiación que tiene el Estado para la inversión en infraestructuras y servicios públicos es alta —como ya se ha visto en los rescates a bancos, constructoras o eléctricas como Gas Natural Fenosa en Colombia—, con lo que es posible buscar formas de pago que no supongan un excesivo endeudamiento público ni tener que depender de compañías privadas que luego puedan pedir contraprestaciones contrarias a la función social y ambiental del servicio. Por eso, lo mejor sería buscar y seleccionar empresas públicas para ese período de transición hasta concretar la gestión definitiva, poniendo en marcha, en el caso de necesitar apoyos externos, una alianza público-pública como en el caso de la Mancomunidad Aguas del Huesna en Sevilla o de los operadores remunicipalizados de París y Grenoble, que a su vez han tenido un papel clave en la recuperación pública del agua en otras ciudades de Francia.

El debate sobre la remunicipalización

Esta rescisión del contrato de una de las filiales colombianas del Canal de Isabel II no solo debería servir para generar debate sobre cómo plantear el paso de lo privado a lo público en Colombia, sino también aquí. Porque en el Estado español ya existe un creciente movimiento por la remunicipalización del agua, que se ha reflejado en la creación de la Red de Ciudades por el Agua Pública en 2016 y en la recuperación de la gestión por parte de gobiernos municipales como los de Valladolid, Torrelavega, Arteixo, Manacor, Medina Sidonia, Arenys de Munt y Lucena.

Una de las cuestiones a las que debe hacer frente la ruptura del contrato con la empresa privada es qué hacer cuando la compañía reclama el pago de las “inversiones realizadas”. En este sentido, las propuestas dirigidas a la realización de auditorías ciudadanas que certifiquen qué y cómo se ha invertido constituyen un imprescindible primer paso. Volviendo al caso colombiano, si se demuestra que la inversión del Canal de Isabel II en las redes de Santa Marta no ha repercutido en una mejora del servicio, ¿el gobierno de Santa Marta debe pagar esos 10 millones que Metroagua dice que ha invertido? Con los datos que exponen el gobierno municipal y las instituciones públicas colombianas consideramos que no, aunque se tratara de dinero que procede del presupuesto público que tiene el Canal. Si damos por ciertas las afirmaciones del presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, según el cual “Canal Gestión no invierte un euro de lo recaudado por los madrileños en el extranjero y, en cambio, sí que obtenemos beneficios de las inversiones que hacen nuestras empresas filiales”, el rechazo de este pago se debe hacer aún con mayor motivo.

El problema de la indemnización cobra especial relevancia en el Estado español por el canon concesional, esto es, el monto que pagan las compañías a los ayuntamientos cuando son subcontratadas para administrar la gestión del agua. Es una fuente de abundante liquidez para las arcas municipales; pero también es una fuente de irregularidades y una forma de quedar absolutamente atado a la empresa por el pago de este canon en el caso de romper el contrato.

La rescisión del contrato, la auditoría ciudadana, el cuestionamiento del pago de una hipotética indemnización y la eliminación del sistema de canon concesional, en definitiva, son medidas que devuelven la soberanía sobre el agua a las comunidades y poblaciones que están siendo afectadas. Estas y otras propuestas, como considerar el abastecimiento y saneamiento del agua un derecho humano que debe estar fuera de la lógica del mercado, o como invertir lo recaudado en las tarifas en la mejora del servicio y no en otros negocios, así como la puesta en marcha de mecanismos de control social y democrático, son las premisas de las que parte la Red de Ciudades por el Agua Pública para avanzar en una gestión que garantice el cuidado de los ecosistemas de donde procede el agua que usa la población y también un acceso universal, equitativo y participativo.

* Erika González y Pedro Ramiro son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

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Cinco claves para enfrentar a las empresas transnacionales

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Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate* // “Vivimos en el mejor de los mundos, no hay alternativa posible”. Este es el mensaje con el que nos llevan bombardeando durante décadas, de manera machacona: el capitalismo ha triunfado y no tiene oposición. Máxima que se mantiene aún hoy, incluso en los tiempos que corren, donde se evidencia el colapso ecológico en el que nos encontramos, las crecientes desigualdades que nos asuelan, la violencia y la exclusión como pan de cada día. “Dentro del sistema, todo; fuera, el abismo”, añaden ahora, ante el oscuro panorama que se nos ofrece a la humanidad y al planeta. De esta manera, como cada vez se hace más complicado vender las virtudes del sistema, centran sus esfuerzos en destruir toda iniciativa, propuesta, agente y proceso que ose marcar otras sendas por las que avanzar. El marco de lo posible —nos siguen diciendo—  es tan estrecho como el que define la lógica capitalista y la democracia formal. Se impone un imaginario dentro de este minúsculo margen, que tratan de inocularnos hasta que parezca pensado por nosotras mismas: no hay bienestar sin crecimiento económico; los problemas ecológicos tienen solución tecnológica; el comercio y la inversión son premisas del desarrollo; si a las grandes corporaciones les va bien, nos irá bien a todos y todas. Precisamente, son las empresas transnacionales, principales protagonistas del sistema vigente, quienes más interés tienen en sostener y difundir este imaginario, como vía para mantener y ampliar un poder sin igual en la historia: actualmente, 69 de las 100 principales entidades económicas mundiales son empresas y solo 31 Estados.

A la vez, su acceso e incidencia en las decisiones estratégicas es enorme a través de la labor de lobby, de la corrupción y de las “puertas giratorias” —auténticas camas redondas público-empresariales, en realidad—; manejan la información y la comunicación a través del control de seis grandes conglomerados mundiales; y han impuesto un marco jurídico global plagado de tratados de comercio e inversión, que configuran una arquitectura de la impunidad que sitúa en un altar la seguridad en las inversiones, mientras que los derechos humanos y de la naturaleza se arrodillan. “Las instituciones financieras multilaterales son necesarias para garantizar la estabilidad de los países” y “los tratados de libre nos benefician a todos, quedarse fuera es rezagarse en el progreso”, nos repiten cual mantra.

Pero por mucho que insistan, cada vez más comunidades, movimientos sociales y gobiernos populares tienen claro que sí hay alternativas, y que todas ellas transitan por caminos antagónicos a los hoy dominantes. Son alternativas no solo teóricas, sino sobre todo prácticas, demostrando que se hace camino al andar y que la disputa es aquí y ahora, para ganar nuestro presente y nuestro futuro. No hay término ni vía intermedia: o apostamos y defendemos la vida, o nos hundimos con el capital. El imaginario hegemónico se rompe y se cuestiona desde la raíz.

Así, por ejemplo, en 2008 se remunicipalizó el servicio del agua en París, frente a la oposición de las dos más grandes empresas mundiales del sector (Suez y Veolia), demostrando la viabilidad de lo público frente a la avaricia corporativa. A su vez, Bolivia había denunciado en 2015 todos y cada uno de los 22 tratados bilaterales de comercio e inversión firmados hasta esa fecha, cancelando en 2006 su deuda con el FMI y  poniendo fin a su adhesión a los tribunales de arbitraje del Banco Mundial, sin hundirse ni mucho menos por ello. Y podemos destacar también, entre muchas otras experiencias, el caso de la empresa de producción de té FRALIB, recuperada en Marsella por los y las trabajadoras, evidenciando la posibilidad de que estas dirijan la misma sin patrón alguno —y además desde una perspectiva agroecológica—, frente al gigante Unilever, que pretendía deslocalizar dicha planta en Polonia en busca de menores costos laborales.

Este es el punto de partida de Alternativas al poder corporativo, un libro que recoge 20 propuestas y 90 medidas políticas frente al poder de las grandes empresas, fruto de la sistematización de 30 experiencias de resistencia, regulación y propuesta alternativa en América Latina y en Europa. Se trata de plantear, de esta manera, toda una agenda de confrontación con las multinacionales —que necesariamente debe ser aterrizada a contextos y agentes específicos— cuya meta es, en última instancia, contribuir a la movilización social y a la agencia política frente al poder corporativo y al capitalismo, a partir de la sugerencia de una respuesta humilde pero articulada a las preguntas sobre qué, hacia dónde y cómo hacerlo.

1. Apuesta inequívoca por la vida frente al capital. Los contextos climático y energético están poniendo en riesgo la vida tal y como la hemos conocido, y por ello es necesario disputar espacios a los mercados, la ganancia y el lucro, posicionando en sentido contrario el bien común, la democracia, el trabajo y la sostenibilidad. Es fundamental incidir en la impostergable transición energética, como propone la cooperativa vasca sin ánimo de lucro GoiEner que, además de garantizar consumo de energía renovable a sus socias, se plantea la producción local y social como horizonte. A su vez, es fundamental priorizar la defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos, tal y como nos muestran miles de experiencias de resistencia, de entre las que destacamos la articulación de campesinos, maestras y comunidades del istmo de Tehuantepec (México) frente a los “desiertos eólicos”, en los que participan empresas como Iberdrola. Esta defensa del territorio en ningún caso conlleva obviar la apuesta global, como ejemplifica la red de articulación internacional de sindicatos y movimientos en torno a la empresa minera brasileña Vale, con nodos que van desde Canadá a Mozambique.

2. Defensa de la democracia y avance del poder popular. Frente a la democracia de baja intensidad, la única vía posible es la de fortalecer la regulación y ampliar los procesos participativos. Destacamos aquí la propuesta de un Tratado de los pueblos impulsada por la campaña global Desmantelando el Poder Corporativo, que defiende un sistema jurídico internacional en favor de los derechos humanos y de la naturaleza frente a la lex mercatoria. Igualmente son muy valiosos ejercicios de democracia directa como las consultas populares realizadas en muchos lugares del mundo frente a la arremetida de los megaproyectos, desde la celebrada en 2005 en Sipakapa (Guatemala), ante el rechazo popular a la entrada de la minera canadiense Goldcorp, al referéndum realizado en 2011 en Italia en favor del agua como derecho y servicio público, hito de soberanía popular frente a la privatización.

3. Construcción de economía alternativa. Es fundamental demostrar la viabilidad de otros principios y sistemas viables de entender la economía, más allá de la hegemonía absoluta de mercados y grandes empresas. Así, es importante aprender del ejemplo de REAS en el Estado español, una red que integra producción basada en el trabajo, mercado social y finanzas en un sistema de intercooperación articulado y en expansión. O del movimiento de la Vía Campesina, que impulsa procesos de reforma agraria, apoyo a las economías campesinas y al modelo agroecológico a partir del enfoque de soberanía alimentaria, tal y como propone también el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Podemos destacar también el intento de generar nuevas institucionalidades basadas en la autogestión, como el proyecto de comunas venezolanas.

4. Redistribución radical de bienes y trabajos. No hay emancipación sin igualdad, por lo que redistribuir es preceptivo. Y no nos referimos únicamente a los recursos sino que, dentro de una lógica de desmercantilización, ampliamos la mirada a la propiedad de todo aquello que resulte fundamental para la sostener la vida, así como de todos los trabajos necesarios en ese sentido. Destacamos así la apuesta por una compra pública socialmente responsable, como la impulsada en el Estado español a través de muchos ayuntamientos; la incidencia en favor de una fiscalidad internacional que ponga fin a los paraísos fiscales y a la evasión y elusión fiscal; la realización de auditorías para el impago de la deuda y la nacionalización de empresas y sectores estratégicos como las llevadas a cabo en Bolivia y Venezuela en la última década. Además, tenemos mucho que aprender de planes de igualdad como el hoy vigente en Gipuzkoa, que aborda de manera novedosa y emancipadora aspectos cruciales como los cuidados y las asimetrías de género.

5. Estrategias corresponsables y articuladas local-globalmente. Para avanzar en términos de poder popular es fundamental, ahí donde sea posible, el esfuerzo combinado de instituciones, movimientos sociales y comunidades. Gobiernos que regulen y también favorezcan la emancipación, organizaciones sociales que sostengan la agenda de transformación estructural desde una lógica de transición. Este ha sido el caso del Programa Campesino en Porto Alegre (Brasil), con el que se han articulado organizaciones campesinas, sindicatos urbanos y la municipalidad para impulsar una estrategia de alimentación saludable y transición agroecológica conjunta. Al igual que el caso de Nápoles, donde la municipalidad otorga valor jurídico a los procesos de autogestión, ensayando nuevas institucionalidades alternativas.

No podemos caer en el desánimo. Frente al imaginario único, hay muchos otros imaginarios, viables, en marcha, que disputan espacios al capital. Esperamos que este y otros trabajos parecidos sirvan para ponerlos en valor y multiplicar su fuerza. Los pueblos y comunidades sí tenemos alternativas, sí hay otros mundos posibles.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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El CETA o el laberinto jurídico del “libre comercio”

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Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una lógica jurídica de feudalización del ordenamiento normativo global. Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Así, los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales y de los pueblos. Todo ello, en favor de los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices. El  Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), negociado entre la Unión Europea y Canadá y actualmente pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo —votación que tendrá lugar el 14 de febrero en Estrasburgo—, participa de esta lógica. Veamos cómo.

Quiebra de las instituciones democráticas. La globalización neoliberal ha impulsado el papel de las instituciones público-privadas de carácter supranacional —como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el G8 primero y el G20 después, las agencias de calificación de riesgos, etc.— y de los instrumentos jurídicos que refuerzan la lex mercatoria, como los acuerdos de inversión y los tratados comerciales —llamados habitualmente de “libre comercio”, aunque no tengan nada que ver con un intercambio libre entre partes iguales—, que han ido creando un entramado institucional y un conjunto de normas jurídicas más privadas que públicas. Con sus propias lógicas de funcionamiento pero con efectos erga omnes, es decir, sobre las mayorías sociales del planeta. De este modo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o India están más condicionadas por las directrices que aprueban estas organizaciones que por las leyes que aprueban sus parlamentos nacionales. Y no estamos hablando de que exista un gobierno universal o una globalización jurídica, hablamos de un Derecho Corporativo Global al servicio de los intereses del capital y los negocios de las grandes corporaciones. El CETA se enmarca en este contexto.

Falta de legitimidad y transparencia. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes de los tratados y acuerdos mencionados, forman parte de su metabolismo funcional. Y es que las normas de comercio e inversión se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Casi nunca son conocidos los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… mientras se envuelve el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre las partes negociadoras”; se toman decisiones al margen de los procedimientos parlamentarios y a espaldas de la sociedad civil, secuestrando los textos en discusión incluso a los representantes públicos. Los lobbies que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes, eso sí, forman parte del “poder legislativo” del que emanan los tratados y los acuerdos de comercio e inversiones. En el caso del CETA, las negociaciones se desarrollaron a puerta cerrada y el texto quedó cerrado y listo, sin ningún debate público, para su consentimiento por las autoridades correspondientes.

Procedimientos de diferentes velocidades. En su primera fase de aprobación, en el pasado otoño, el Consejo Europeo tuvo muchas dificultades para conseguir la unanimidad en relación al CETA —con una presión brutal sobre Valonia—; a la vez, en el parlamento español se eludía el debate y el gobierno en funciones lo ratificaba de manera casi clandestina. En esta segunda fase, es el Parlamento Europeo el encargado de ratificar el CETA en febrero. Así, la maquinaria burocrática se ha puesto en marcha y todas las interpretaciones más restrictivas y antidemocráticas de los procedimientos parlamentarios se están poniendo encima de la mesa. La moción cuyo contenido residía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizara la legalidad del Sistema de Tribunales de Inversión fue rechazada, sin debate alguno, por el pleno del Parlamento Europeo. Lógicamente, no quieren que se expongan las múltiples razones que juristas, magistrados y asociaciones de jueces sostienen frente a la falta de adecuación del modelo de tribunales de arbitraje al sistema judicial europeo. Y mientras la UE tiene mucha prisa y ya prevé la aprobación provisional del CETA una vez haya sido admitido por el Parlamento Europeo, incluyendo materias que entrarán en vigor antes de la ratificación del conjunto de los Estados miembros de la Unión, los derechos humanos se empantanan en procedimientos largos y repletos de burocracia sin límite.

Exceso de normas jurídicas. Según publica la Comisión Europea, el CETA consta de más de 1.600 páginas entre el texto central y los anexos, mientras los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU —conocidos como Principios Ruggie, que tendrían que servir para “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos por las empresas transnacionales— tienen 32 páginas. Miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales frente a unos cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica, sus obligaciones; una asimetría jurídica que se consolida como el principio esencial de la globalización neoliberal. En el caso concreto del CETA, como tendencia general, la precisión y la claridad conceptual desde el punto de vista de los negocios de las grandes compañías colisiona con la indeterminación de las excepciones que garantizan los servicios públicos o los derechos sociales; de nuevo, una asimetría continua y profunda. Y, a pesar de que las dudas en torno a este acuerdo se han intentado solventar formalmente por medio de una Declaración interpretativa de 12 páginas de carácter vinculante, esta no aclara la mayoría de las cláusulas abiertas que forman parte de lo que hemos denominado Derecho vivo.

Privatización del poder legislativo. Con todos estos tratados y acuerdos comerciales de última generación se avanza en la privatización de los procedimientos legislativos: las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de las denominadas normas tipo. Dicho de otro modo: además de su poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la propia elaboración de las normas. Y es que el Comité Mixto del CETA asumirá importantes competencias reguladoras e interpretativas —al igual que el Consejo de Regulación del TTIP—, alejándose de todo lo que tenga que ver con el control parlamentario y ciudadano. Se configura, así pues, un Derecho vivo en continua reelaboración a favor del capital y las empresas transnacionales: la alerta temprana, las evaluaciones de impacto, el intercambio de materias de regulación, el diálogo permanente entre las partes, los exámenes conjuntos de legislación para aligerar las cargas normativas sobre las empresas, las neutralidad de las regulaciones, la convergencia reguladora, el mutuo reconocimiento de reglamentaciones, la armonización normativa… son técnicas jurídicas que permiten construir un poder meta-legislativo que quiebra la separación de poderes y la reconstruye a favor de las grandes multinacionales.

Privatización del poder judicial. El Sistema de Tribunales de Inversión recogido en el CETA es un sistema paralelo al poder judicial —se trata de tribunales privados— y favorable a las empresas transnacionales, que quedan al margen de los poderes judiciales nacionales, comunitarios e internacionales. En la citada Declaración interpretativa se dedica el epígrafe más extenso a la defensa del polémico Sistema de Tribunales de Inversión; no obstante, los ejes centrales del sistema se mantienen. Además, tal y como Cecilia Olivet y otras autoras han analizado, las supuestas mejoras quedan cuestionadas por las diferentes interpretaciones en relación con la eficacia de los laudos arbitrales, las posibles excepciones que sirvan para “proteger la vida o la salud humana”, las reservas específicas presentes y futuras por parte de los Estados, etc. Por cierto, resulta muy sorprendente el apartado f) de la Declaración, ya que insiste en que los tribunales sobre inversiones son independientes, imparciales e inspirados en los sistemas judiciales públicos de la UE, sus Estados miembros y Canadá, así como en los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las preguntas, entonces, son obligadas: ¿para qué se crean estos tribunales? ¿Por qué no se encarga esta labor a los poderes judiciales ya existentes?

Armadura jurídica de dominación. Desde una perspectiva normativa, el capital ha conseguido de los distintos Estados e instituciones globales reformas dirigidas a garantizar la libertad absoluta de capitales y convertir en principio jurídico universal la supuesta estabilidad financiera. Se disloca así la jerarquía normativa internacional, al situar los derechos empresariales por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales. En la Unión Europea, junto a ello, al CETA y al resto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones hay que sumarles el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza; el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); el programa de estabilidad y convergencia, los procedimientos de déficit excesivo, los sucesivos rescates, las recomendaciones por país… Todo ello conforma una nueva armadura jurídica de dominación. De ahí que los movimientos sociales europeos se enfrenten, “por arriba”, con la decisión de aprobar el TTIP, el CETA y otros nuevos tratados y acuerdos de comercio e inversiones y, “por abajo”, con un blindaje jurídico donde los intereses del capital se juridifican al más alto nivel. Por eso nos movilizaremos el sábado 21 de enero, para provocar que el CETA descarrile y hacer que el TTIP quede definitivamente enterrado.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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