El Constitucional alemán rechaza prohibir el partido ultraderechista NPD

Frank Franz, president del partit neonazi NPD

El Tribunal Constitucional de Alemania ha rechazado la prohibición del Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD), una formación de ultraderecha vinculada a grupos neonazis. Los Estados federados (Länder) habían pedido esta medida ya que consideraban que el partido era un peligro para el orden constitucional del país. El presidente del tribunal, Andreas Vosskuhle, dijo que el NPD persigue objetivos que van en contra de la Constitución, pero que no había “indicios concretos” de que sea capaz de lograrlos.

La Constitución alemana es muy esctricta en cuanto a la posibilidad de prohibir a un partido político. No basta con que una formación busque socavar el orden constitucional, sino que se debe demostrar claramente que tiene el potencial de hacerlo y, por lo tanto, presenta un peligro.

El NPD era el último de varias formaciones de ultraderecha que tenía cierta relevancia en el país, después de que otros, como DVU o Los Republicanos, cayeron en el olvido. Sin embargo, en las últimas elecciones regionales no logró mantener su presencia en algunos parlamentos regionales en el este del país y actualmente solo cuenta con un eurodiputado.

Los nacionaldemócratas han acusado el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD), el partido xenófobo que ha conseguido aglutinar el apoyo de la parte de la sociedad proclive a echar la culpa de todos los males a la llegada de refugiados. Aunque sus dirigentes a menudo hacen declaraciones abiertamente racistas y escandalosas -como invitar a los agentes fronterizos disparar contra inmigrantes si hiciera falta- AfD ha conseguido mantener un perfil más moderado que seduce a personas poco sospechosas de simpatizar con la causa nacionalsocialista. En los sondeos el partido supera el 10% de cara a las elecciones federales en septiembre.

Es el segundo fracaso de ilegalizar al NPD. En 2003 se rechazó abrir juicio a base de una petición conjunta del gobierno federal y las dos cámaras del Parlamento porque el partido ultraderechista estaba infiltrado por topos de los diferentes servicios de inteligencia del Estado. Los jueces alegaban que no podían distinguir entre la autoría de las pruebas incriminatorias porque algunos agentes habían llegado a ocupar posiciones muy relevantes en la organización.

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