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No al silencio

Este pasado 15 de mayo, asesinaron al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y reportero del semanario RíoDoce. Lo tirotearon en Culiacán (Sinaloa) a plena luz del día. Valdez era uno de los veteranos en la cobertura de temas de violencia y narcotráfico. Su libro Narcoperiodismo es ya una obra de referencia sobre el tema.

Valdez ha sido el sexto en lo que va de año.

En marzo asesinaron a otros tres periodistas a balazos en México: Cecilio Pineda, en Guerrero, Ricardo Monlui, en Veracruz, y Miroslava Breach, en Chihuahua. El 14 de abril ajusticiaron a Maximino Rodríguez, en la ciudad de La Paz, y el 2 de mayo, a Filiberto Álvarez, cronista de Morelos.

El mismo día 15 de este mes, solo horas después del asesinato de Valdez, tirotearon en Jalisco a la subdirectora comercial del semanario El Costeño y esposa de su propietario, Sonia Córdova, y a su hijo, Jonathan Rodríguez Córdova, que murió en el acto. A finales de marzo, dejaron malherido a balazos a Julio Omar Gómez y mataron a su guardaespaldas en el Distrito Federal, y el mismo mes, el periodista Armando Arrieta recibió un tiro en Veracruz.

En 2016, México se convirtió en el tercer país del mundo con más comunicadores asesinados, 11, solo superado por Irak (15) y Afganistán (13), según datos de la Federación Internacional de Periodistas.

La violencia contra los informadores en México es un crimen que nos afecta a todos. Denunciar la impunidad que la ampara es una responsabilidad ineludible.

Los Colegios Profesionales de Periodistas, como representantes legales de la profesión, y los abajo firmantes condenamos rotundamente esta situación y exigimos a las autoridades mexicanas que actúen para ponerle freno. Asesinar al periodista no mata la verdad.

El pasado 25 de marzo, tras el asesinato de su colega Miroslava Breach, Javier Valdez escribía en Twitter: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.”

Junto a Valdez, nosotros también queremos gritar: NO AL SILENCIO.

Colegios Profesionales de Periodistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Rioja, Castilla y León, Navarra y Asturias.

* Puedes firmar este manifiesto a través de la página web de CTXT.

**Este jueves 18 de mayo tendrá lugar una concentración ante la Embajada de México en España (C/ Carrera de San Jerónimo 46) para protestar contra la impunidad y el asesinato de periodistas.

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“Existe complicidad entre paramilitares y un sector del Ejército de Colombia para acabar con el proceso de paz”

Guerrilleros de las FARC I La Marea

Invitado por la comunidad Santo Tomás de Aquino, Abilio Peña (Bogotá, 1966) es un teólogo y filósofo que, desde hace casi 20 años, forma parte de la Comisión de Justicia y Paz que acompaña a las comunidades campesinas más vulnerables de Colombia en el proceso de protección frente a la agresión, tenga el signo que tenga. En la actualidad, vive en una de las regiones más bellas del país y al mismo tiempo más brutales en cuanto a la expresión de la violencia paramilitar, el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá.

Peña alerta de los peligros latentes que amenazan los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC, el 26 de septiembre de 2016 en La Habana. Su relato de la actualidad es demoledor. El representante de Justicia y Paz habla de la falta de voluntad del gobierno para desactivar los grupos paramilitares que siguen actuando con total impunidad en aquellas regiones donde la guerrilla se ha replegado en cumplimiento de los acuerdos. Y no olvida que aún se cometen asesinatos. “Hasta 120 en los últimos meses”, revela.

El cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno de Colombia y las FARC vive hoy un momento difícil. ¿Qué sucede?

Desde el comienzo del proceso en enero, podemos constatar la presencia de grupos armados paramilitares en varias cabeceras municipales abandonadas por las FARC en cumplimiento de los acuerdos. En estos momentos, 1.200 campesinos de la región del Chocó están protestando por el incumplimiento de los acuerdos y, en concreto, por la presencia paramilitar en su territorio. Somos testigos de estos hechos porque acompañamos a comunidades campesinas en municipios como Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó. Sólo el pasado año, en la medida que las hostilidades armadas entre guerrilla y ejército disminuyeron casi a cero, comenzaron a incrementarse los asesinatos de líderes políticos y defensores de los derechos humanos a manos de estos grupos. La Defensoría del Pueblo colombiano ha verificado 120 crímenes en este último año. Esta es una de las más contundentes amenazas al proceso de paz de Colombia, aunque no la única.

¿A qué peligros se refiere?

En las últimas semanas también se han asesinado a miembros de las FARC que salieron de la cárcel indultados tras los acuerdos de paz, y también a familiares de guerrilleros.

¿Qué grupo está detrás de estos crímenes?

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo paramilitar compuesto por muchos integrantes que en su día formaron parte de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. Rastrean los mismos caminos, van a las mismas comunidades y utilizan el mismo discurso de seducción con los campesinos: dinero y un supuesto progreso a cambio de plantar coca.

¿Qué actitud tiene el Gobierno con estas estructuras paramilitares?

Hasta ahora no ha mostrado ningún interés por desmantelar estos grupos. Esta actitud responde al enquistamiento histórico del paramilitarismo en Colombia. Lo que se conoce como parapolítica no se ha acabado porque es una expresión social, política y económica enraizada al más alto nivel. Nosotros hemos hecho informes de la producción del banano que se compra en Europa y EEUU y sabemos que las empresas utilizan a estos grupos armados. Es el caso de Chiquita Brands o Banacol, por poner algunos ejemplos. Este tipo de firmas no quieren que se consolide el proceso de paz y, lo que es más grave, cuentan con el apoyo de algunos miembros del Ejército. La prueba es que el pasado mes de enero, 45 casas de la comunidad de Curvaradó fueron marcadas con las siglas AGC, a pesar de que a cinco minutos se encontraba el batallón 54 del Ejército de Selva. Quiero decir que hay elementos importantes que desean que el proceso de paz fracase.

¿Por qué?

Porque consideran que hubo concesiones demasiado importantes a la guerrilla y a las comunidades campesinas. No hay que olvidar que el conflicto armado colombiano tiene su origen en el campo, en la distribución y propiedad de las tierras.

Pero el presidente Juan Manuel Santos ha dicho en varias ocasiones que combatirá a este tipo de grupos irregulares

El problema es que existe complicidad entre los paramilitares y ciertos sectores del Ejército. El exembajador estadounidense Myles Frechette acaba de asegurar que una parte de los militares agrupados en ACORE, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia, tienen chantajeado al presidente Santos. Y, efectivamente, así es a tenor de los comunicados que realizan, cuyo contenido está cargado de expresiones ultraconservadoras y muy favorables a las salidas violentas. Luego está el Centro Democrático de Álvaro Uribe, con quien el Gobierno no ha sido capaz de confrontar claramente los argumentos de su oposición al proceso de paz. Tras el ‘no’ en el plebiscito se hicieron demasiadas concesiones a este partido. Cesiones a demandas que, por otra parte, también son convenientes con el sector que representa el presidente Santos.

¿Qué tipo de concesiones se hicieron?

A los sectores de la agroindustria y abriendo las puertas a una inversión que golpea la economía campesina. Por ejemplo, los 15 millones de hectáreas que no están produciendo en el llano son la despensa para China e India. Hay una lógica de priorizar a estas empresas sobre la explotación campesina, y en esto hay coincidencias entre Santos y Uribe. No hay voluntad de someter a las estructuras paramilitares. Hemos hecho una propuesta piloto para desmantelar a las AGC en Urabá donde hay paramilitarismo, hay economía del narcotráfico y hay empresas vinculadas a grupos irregulares pero no hay interés de poner la lupa en esta zona porque quedaría en evidencia la voluntad de llevar adelante el proceso.

Su relato produce la sensación de que se vive un estado de provocación para que vuelva la guerra a Colombia.

Es una provocación que puede tener graves consecuencias, sí.

¿No teme que puedan acusarle de estar defendiendo a las FARC?

Defiendo los acuerdos de paz firmados y que no vuelva suceder lo que hemos vivido a lo largo de los 52 años de conflicto armado en este tipo de procesos, que ha sido el incumplimiento por parte del Estado. Tenemos una historia en Colombia que, si no lo resolvemos ahora, podemos dar al traste con este nuevo intento.

¿Por qué ganó el ‘no’ el referéndum sobre los acuerdos de paz?

Fue un golpe muy sensible a la esperanza. Una alta corte colombiana hizo un auto en el que demostró que había habido un engaño burdo al elector. El director de la campaña del ‘no’ uribista reveló públicamente que buscaron un asesor brasileño que les dijo qué mensajes debían de difundir según las zonas del país. No recuerdo el orden pero eran: si gana el ‘sí’ Colombia será como Venezuela, las pensiones se perderán y esto será el libertinaje moral por la cuestión de género. No hubo campaña pedagógica. Fue un desastre. La apatía y la indiferencia del gobierno a favor del ‘sí’ fueron totales.

El Nobel de la Paz ha sido otorgado al presidente Juan Manuel Santos por lograr estos acuerdos.

Es la imagen que ha sabido vender en el exterior porque su voluntad está en entredicho. En Colombia hay muchos otros que se merecen ese galardón. Hay quien asegura que Santos aspiraba a ese premio como su corona. Pues ahí lo tiene.

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