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Medio siglo de ocupación israelí en Palestina

Judíos ortodoxos en un asentamiento en Hebrón, Palestina. Foto: Patribia de Blas.

Existe una ciudad de apariencia moderna y tranquila, llena de parques infantiles, contenedores de reciclaje y placas solares en los tejados. La biblioteca universitaria es uno de sus edificios más emblemáticos; tiene suelos de mármol, enormes columnas blancas y perfume de vainilla en los lavabos. En cada calle, abundan las banderas de Israel. Adornan las farolas y muchos balcones, como si los vecinos hubieran acordado no descolgarlas después de una gran victoria deportiva. Junto a la barbacoa y los columpios, la Estrella de David asoma en los jardines de los adosados unifamiliares; hogares idílicos que, sin embargo, tienen vistas a un muro de hormigón que se levanta a su alrededor.

Esta ciudad fortificada se llama Ariel y, si preguntamos por su ubicación en el mapa, escucharemos dos respuestas distintas. Los judíos que la habitan afirman estar en el corazón del Estado de Israel, en las tierras bíblicas de Judea y Samaria. Sin embargo, para los palestinos de las poblaciones vecinas –que tienen prohibida la entrada salvo que presenten su carné de mano de obra barata–, Ariel es uno más de los asentamientos ilegales que proliferan en Cisjordania.

Los asentamientos empezaron siendo aldeas que los inmigrantes israelíes establecieron en los territorios conquistados a los árabes tras la Guerra de los Seis Días, hace cincuenta años. El conflicto permanente con los palestinos no detuvo su expansión y hoy existen –en una región del tamaño de la provincia de Alicante– unas 250 colonias, en las que viven más de 400.000 personas, en su mayoría judíos procedentes del Este de Europa y Estados Unidos. Y la cifra crece hasta los 700.000 colonos, si sumamos los que se han establecido en el Este de Jerusalén.

Asentamientos: ¿legales o ilegales?

Gran parte de la comunidad internacional está de acuerdo en que los asentamientos son ilegales. Por un lado, el Derecho Humanitario que se aplica en zonas de conflicto prohíbe al poder ocupante transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado. Es decir, Israel no debería construir nuevas ciudades para los judíos en tierras palestinas. Por otro lado, las Naciones Unidas han alertado de que Israel está cometiendo un crimen contra la Humanidad, al imponer en Gaza y Cisjordania un régimen de apartheid que discrimina y oprime a los palestinos de forma sistemática.

Los israelíes que viven en los asentamientos, sin embargo, tienen otra perspectiva. “Palestina nunca ha existido como Estado y, por tanto, que nosotros estemos aquí no es una ocupación. Quizá sea algo distinto, no sabría cómo llamarlo”, explica Michael Ketz, guardia de seguridad. Su familia emigró de Ucrania a Haifa en 1992 y más tarde se trasladaron a Ariel por los incentivos económicos que ofrece el Gobierno israelí, con el objetivo de favorecer la migración a los asentamientos.

La justificación de Ketz se asemeja a la del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel: Cisjordania no es un territorio ocupado, sino un territorio en disputa, sobre el que previamente no existía una soberanía legítima. “Quedó bajo control israelí durante una guerra, la de los Seis Días, donde el Estado hebreo ejerció la auto-defensa. Que los judíos elijan libremente establecer sus hogares en la tierra de sus ancestros no puede considerarse una transferencia de población”, señalan. Aunque reconocen que es necesario alcanzar la paz, y para ello se comprometen a dialogar con los palestinos y negociar, entre otros asuntos, el futuro de los asentamientos.

Michael Ketz asegura que no es racista, y que no discrimina a los palestinos. Intenta demostrarlo, poniendo ejemplos de su día a día en el sector de la seguridad, pero no termina de acertar: “Cuando vienen obreros a trabajar en el edificio, yo les saludo e incluso les sirvo café, como a los demás; aunque es cierto que dan más trabajo, porque tengo que estar pendiente de todo lo que hacen, y de lo que llevan en sus bolsas; en cualquier momento uno de ellos podría acuchillarme”.

El impacto de la ocupación

Estados Unidos ha sido el principal apoyo para Israel, tanto a nivel político como financiero. Pero incluso si los norteamericanos suavizasen su postura, desmantelar las colonias parece cada vez más inviable. Sus habitantes han echado raíces en esa tierra que creen suya, por mandato bíblico o por necesidad, y sus casas no son tiendas de campaña que puedan guardarse en el maletero. Ariel, por ejemplo, tiene una población que ya roza las 20.000 personas, a las que se suman cada día los cientos de jóvenes israelíes matriculados en la primera universidad ubicada dentro de un asentamiento.

Entre ellos, Anan. Estudia Física e Ingeniería en Ariel, porque es uno de los campus donde el alojamiento es más barato. Reconoce que está al tanto de la polémica que ha suscitado la construcción de una universidad dentro de una colonia. Un millar de académicos israelíes, contrarios a la ocupación, intentaron boicotearla, con el apoyo de instituciones como el Gobierno español. Pero Anan dice que no quiere entrar en temas políticos. “Los planes de estudios son buenos y es un lugar muy tranquilo, donde es fácil concentrarse”, apunta. Además, los fines de semana puede llegar a Tel Aviv en apenas 20 minutos, con el autobús directo que circula por la nueva autovía de uso exclusivo para israelíes. No es consciente ­de que esa carretera ha partido en dos a Cisjordania, obligando a los palestinos a dar grandes rodeos para visitar pueblos vecinos, o para trabajar las tierras que antes tenían frente a sus casas.

Murad Shtaiwi está entre quienes sufren las restricciones de Israel. Vive en Kafr Qaddum, una aldea palestina a la que el Ejército israelí impide, con las armas, utilizar su carretera principal, la que les comunica con la ciudad más cercana. El Estado hebreo alega que es una medida necesaria para proteger la seguridad de los 4.000 ciudadanos de Kedumin, un asentamiento próximo. “Nos han ido confiscando tierra, para ampliar su colonia y construir más casas. Solo nos dejan acceder a los olivos unas semanas al año, en la recogida. Algunos vecinos han muerto porque los soldados no dejaron entrar a las ambulancias en el pueblo”, cuenta Shtaiwi.

El bloqueo de Gaza y la ocupación de Cisjordania tienen efectos demoledores sobre la población palestina. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional –apoyadas por un sector de la sociedad civil israelí– han denunciado violaciones de los Derechos Humanos por parte de Israel. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Aplicadas de Jerusalén, además, el Estado judío está frenando el desarrollo de los territorios ocupados. Sus restricciones les cuestan cada año 9.458 millones de dólares a los palestinos, por la detención de ciudadanos, la expropiación de terrenos, las limitaciones en el uso de las infraestructuras o en el acceso a los recursos naturales, entre otros factores.

Fronteras inestables, visibles e invisibles

Lejos de frenarse, la ocupación parece seguir avanzando. Israel incentiva la llegada de inmigrantes judíos, de cualquier país del mundo, para que se asienten en la tierra que el Antiguo Testamento atribuye a sus antepasados, al mismo tiempo que prohíbe a los exiliados palestinos regresar a sus ciudades. Así practica, según la ONU, su propia ingeniería demográfica. El Gobierno israelí continúa autorizando la construcción de nuevos asentamientos, haciendo oídos sordos a las críticas internacionales, mientras aprueba también la demolición de viviendas palestinas. El Ejército ha echado abajo más de 48.000 casas desde la Guerra de los Seis Días y ha forzado el traslado de sus habitantes, alegando razones burocráticas, como la caducidad de una licencia, o de seguridad nacional.

La ocupación separa a unas ciudades de otras, como si fueran un archipiélago, y clasifica el territorio según el grado de control militar y administrativo de Israel. Lo que hoy está en el área A, donde la Autoridad Palestina mantiene sus competencias, mañana puede ser B, con la presencia del Ejército hebreo, y en el futuro C, bajo el dominio absoluto de los israelíes. Los muros, las vallas, los controles de carretera… continúan rompiendo el paisaje. Y las colonias fortificadas, con hileras de adosados coronados por placas solares, ganan terreno a las ciudades árabes, en cuyos tejados solo hay sitio para los enormes tanques donde se almacena el agua racionada por Israel.

La ocupación sigue redibujando el mapa palestino y lo llena de asentamientos, haciendo cada vez más difícil una solución pacífica al conflicto. Las condenas de Nacionales Unidas solo consiguen desvirtuar el término condena. Y mientras algunos defienden la reconciliación entre ocupantes y ocupados, otros rechazan la normalización de la opresión y ponen su esperanza en la legítima resistencia.

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20 millones de personas en riesgo de inanición necesitan alimentos, no bombas

El mundo se enfrenta a la catástrofe humanitaria más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Veinte millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Yemen, Somalia, Nigeria y Sudán del Sur. La respuesta del presidente Donald Trump ante esta situación ha sido cerrarle la puerta en la cara a los refugiados y recortar los fondos de asistencia humanitaria, al tiempo que propone una importante ampliación de fondos para el ejército estadounidense.

António Guterres, nuevo secretario general de Naciones Unidas, dijo recientemente: “Millones de personas apenas logran sobrevivir entre la desnutrición y la muerte, vulnerables a enfermedades y epidemias, obligados a matar a sus animales para comer y consumir los granos almacenados para la siembre del año que viene”. Guterres continuó: “Estas cuatro crisis son muy diferentes, pero tienen una cosa en común. Todas son evitables. Todas provienen de diferentes conflictos, para los cuales se necesita que hagamos mucho más en cuanto a prevención y resolución”.

Mientras Naciones Unidas se apresura a recaudar los 5.600 millones de dólares necesarios para evitar el peor impacto de estas crisis, el gobierno de Trump recorta los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos y, según el borrador de una orden ejecutiva obtenido por el periódico The New York Times, también los de Naciones Unidas. La orden, tal como está redactada (aunque todavía no fue firmada ni emitida oficialmente) indica “al menos un 40% de reducción general” de las contribuciones voluntarias de Estados Unidos a programas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unicef. “Francamente, esta es una actitud infantil que no es digna de la única superpotencia del mundo”, escribió Stewart M. Patrick, un ex funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush, que ahora integra el Consejo de Relaciones Exteriores.

Esta actitud, que podría calificarse de infantil, tiene un impacto letal en la población infantil real. Siete millones de personas en Yemen corren peligro de inanición, de las cuales 2,2 millones son niños. Cerca de medio millón de esos niños están “grave y agudamente desnutridos”, lo que implica que ya han sufrido daños de desarrollo, posiblemente de por vida, debido al hambre.

El director de la sede estadounidense del Consejo Noruego para Refugiados, Joel Charny, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Si la guerra continúa, mucha gente morirá de hambre. No creo que haya ninguna duda al respecto. Tenemos que hallar la forma de que la guerra termine”.

Para ello habría que empezar por ponerle fin a la entrega de armamento a Arabia Saudí, que bombardea Yemen sin piedad. En su lugar, el presidente Trump se reunió el martes en la Casa Blanca con el príncipe heredero de Arabia Saudí y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman, donde presuntamente habrían hablado de reanudar la venta de proyectiles guiados de precisión a la dictadura saudí. Amnistía Internacional instó a Trump a bloquear las nuevas ventas de armas. La organización emitió una declaración, en la que escribió: “Armar a los gobiernos de Arabia Saudí y Bahréin representa el riesgo de ser cómplice de crímenes de guerra, y hacerlo mientras simultáneamente se prohíbe a las personas viajar a Estados Unidos desde Yemen sería aun más inadmisible”.

La guerra en Yemen es considerada mayormente como un conflicto de poder entre Arabia Saudí e Irán, donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama y ahora con mayor intensidad bajo el de Trump, brinda armamento a los saudíes y apoya logísticamente su bombardeo a Yemen. “Cabe destacar que esto no comenzó el 20 de enero. Esta es una política llevada a cabo por Estados Unidos desde hace cierto tiempo”, dijo el funcionario humanitario Joel Charny en referencia a la asunción de mando de Trump y las políticas de Obama. A lo largo de sus dos mandatos, el presidente Obama le vendió armas a Arabia Saudí por un récord de 115.000 millones de dólares. Solo suspendió las ventas después de que un avión saudí atacara un funeral yemení con una serie de bombardeos sucesivos, que dejaron un saldo de 140 muertos y 500 heridos.

Millones de personas más se enfrentan al hambre y a una dolorosa muerte por inanición en Somalia, Sudán del Sur y Nigeria. Según Charny, en Sudán del Sur, pese a las ganancias por el petróleo y su tierra fértil, “los conflictos políticos no resueltos al interior de la clase gobernante de Sudán del Sur, que se remontan a la década de 1990 y quedaron disimulados durante la lucha por la independencia, ahora comenzaron a resurgir” y han conducido al país a la hambruna. En el noreste de Nigeria, el conflicto armado entre el grupo Boko Haram y el gobierno hace que la entrega de ayuda humanitaria sea muy peligrosa. Respecto a Somalia, donde la hambruna amenaza a poblaciones que pueden ser alcanzables por el debilitado gobierno central y las agencias de ayuda humanitaria, Charny expresó comentarios más optimistas: “Si podemos movilizar rápidamente alimentos y dinero en efectivo, podremos superar la situación en Somalia… si nos ponemos en marcha”.

Evitar la situación de hambruna en estos cuatro países es posible. El presidente Trump debería financiar totalmente los envíos de alimentos –no los envíos de armas– y liderar la tan necesaria diplomacia para evitar la inmensa catástrofe de 20 millones de muertes terribles a causa del hambre. Eso es lo que haría grande a Estados Unidos.


© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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