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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

PABLO CARMONA*// Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

La Troika manda. Montoro te interviene

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha tratado –cumpliendo todos los objetivos de estabilidad–, de desarrollar políticas sociales, de fomentar la inversión en las necesidades más básicas de los madrileños y las madrileñas, el gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con el papel que tiene asignado desde Bruselas. Algo así como el lobo que guarda a las gallinas. El marco europeo es meridianamente claro: el Gobierno español tiene toda la comprensión en sus incumplimientos de objetivos con Bruselas, mientras mantenga a raya a aquellas administraciones que demuestran con sus prácticas que el presupuesto público puede dedicarse a cubrir las necesidades sociales. El objetivo es sustraer recursos destinados a atender las graves desigualdades sociales que acrecentó la crisis para desviarlos con el único fin de engrosar las cuentas de resultados del sistema financiero. Sin duda, este es el pecado original de Ahora Madrid que Montoro no puede consentir. Solo así se entiende la fiereza y la intransigencia e incluso las interpretaciones fuera de la ley con las que ataca nuestras cuentas públicas.

Una vez que la maquinaria de recortes se pone en marcha, la lógica es aplastante. Lo que no se ganó en las urnas, se gana por la fuerza. La Ley de Estabilidad funciona en la práctica de acuerdo con la doctrina del shock, una vez se pone en funcionamiento se empiezan a aplicar las medidas más severas. En apariencia, para las administraciones se presenta el siguiente dilema: ajustarse a los dictados o ser intervenido, pero la realidad es que cualquiera de las dos opciones suponen una intervención real. 

La intervención de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda aparece como la amenaza inmediata y conlleva la pérdida de toda autonomía sobre el motor político de cualquier gobierno, sus presupuestos. Pero si uno se detiene y piensa con cierta frialdad, se puede comprobar que tal dilema no existe. En realidad, el dilema se resume entre acatar los recortes –esto es, recortar de motu proprio–, o esperar a ser intervenido y que se apliquen exactamente los mismos recortes.

¿Qué se juega en Madrid? 

Como decíamos, Madrid es el laboratorio a la hora de aplicar estas políticas de austeridad. La primera pregunta es, por tanto, ¿por qué este nivel de celo y de presión sobre la ciudad de Madrid? ¿Por qué este ataque tan persistente y determinado sobre nuestro presupuesto? De manera automática se presenta la siguiente respuesta: este ataque se produce porque Madrid es uno de los símbolos del llamado cambio político. No obstante, si buceamos un poco más, se pueden añadir nuevas cuestiones. ¿Por qué razón se aplican con tanta rigidez medidas que fueron diseñadas para controlar el gasto en los peores años de la crisis? ¿No es lógico que cuando algunas administraciones han saneado sus cuentas se permita mayores niveles de inversión y prestación de servicios? Si aceptamos la premisa de que las crisis está pasando, ya no sería necesario el rigor en la imposición de recortes del pasado. Parece algo lógico, pero no es así.

En definitiva, en estos momentos no nos enfrentamos a la pasada crisis. Más bien estamos ante un nuevo ensayo general de gobierno en las escalas regionales y locales. Justo ahora que estamos a las puertas de un nuevo periodo de dificultades económicas. La eliminación de estímulos financieros por parte del Banco Central Europeo nos avoca a una nueva fase de estancamiento o recesión y Madrid constituye un laboratorio de escala media, un modelo para testar nuevos procesos de recortes a los Estados del bienestar europeos, un ensayo políticamente muy rentable. Cuando los Estados se articulan cada vez más en complejas estructuras, compuestas de administraciones locales y regionales más diversas, exigen que los mecanismos centralizados del gobierno financiero –el encargo principal del que se ocupa el gobierno del PP–, estén bien engrasados. Solo atendiendo a esta clave entenderemos el marco más amplio de la situación.

En estos días el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado y aprobado que aceptará las condiciones exigidas por Montoro. A cambio, se retirarán las medidas judiciales que han paralizado algunas inversiones y también los contenciosos emprendidos por el Ayuntamiento en su legítima defensa. Se trata de un nuevo Plan Económico Financiero que incluya todas los recortes exigidos por el gobierno del Partido Popular. Valga decir que grosso modo y a falta de tener el detalle presupuestario, estamos hablando de un recorte en los gastos no financieros de cerca de 550 millones de euros, solo en el primer año. Recortes que afectarán fundamentalmente a tres líneas de gasto: la imposibilidad de desarrollar nuevos programas sociales de calado, el incumplimiento de las mejoras laborales pactadas en el último año con los sectores más precarios del Ayuntamiento de Madrid y la reducción de las inversiones de la ciudad en más de un 80%. Los nuevos centros culturales, las escuelas infantiles, los polideportivos, los centros de mayores, las escuelas de música y la gran mayoría de las nuevas instalaciones prometidas (la práctica totalidad del plan de gobierno de la ciudad en materia de inversiones) no se podrán realizar.

¿Qué hacer ante esta situación? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara. Para el gobierno de Ahora Madrid es inasumible cerrar la legislatura aprobando recortes multimillonarios. Continuar la batalla en este sentido significa no ceder ante las exigencias de Montoro y abrir un frente político en el que se debatan las medidas de austeridad y sus consecuencias, donde las reglas del juego cambien en favor del sentido común y donde los recortes no se presenten como la única alternativa posible. En definitiva, ser parte actora clave en este conflicto y no cómplice o ejecutor del mismo. Es nuestra responsabilidad que las inversiones y el gasto social al que se puede comprometer Madrid se lleve a cabo, como también es necesario entender que –en el fondo–, lo que está en juego es quién gobierna las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid, un gobierno elegido en las urnas o un ministro que actúa al dictado de la Troika. 

El dilema de Ahora Madrid no se resuelve con convertirse en un buen aparato de gestión de la realidad dada, además de impuesta. Ahora Madrid tiene el reto de apuntar un camino de transformación política en nuestra ciudad, asumiendo que su papel debe expresar la rebeldía y el programa político que hicieron posible nuestra candidatura, sin aceptar la cultura política del neoliberalismo triunfante, ni sus líneas programáticas.   

* Pablo Carmona es concejal de Ahora Madrid, presidente de las Juntas Municipales de Salamanca y Moratalaz y miembro de Ganemos Madrid.

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

No ha habido ningún elemento positivo en la aprobación del Plan. El Ayuntamiento ni siquiera puede beneficiarse del desbloqueo de las inversiones recién ordenado por el PP a cambio de la aprobación de los recortes. Si los 120 millones de euros en inversiones que se acaban de desbloquear no se tramitan hasta la fase presupuestaria de autorización del gasto en los seis días hábiles que quedan, se perderán por completo (así queda estipulado en la disposición adicional nonagésima sexta de PGE 2017). Y que se tramiten a tiempo es hartamente improbable porque para ello es necesario que las unidades gestoras finalicen los expedientes –que incluyen memorias técnicas y económicas–, que la Intervención municipal los fiscalice (en una época de congestión por ser final de año) y que los órganos de contratación firmen los correspondientes decretos. Además, aunque nos situásemos en el caso imposible e idílico de aprobación de esos 120 millones, no compensarían el recorte de 533 millones.

Por otro lado, los recortes ni siquiera se podrán compensar con las Inversiones Financieramente Sostenibles porque 1) actualmente no hay marco legal para aprobar estas figuras y probablemente hasta marzo no lo habrá, y porque 2) no sirven para obras de construcción nueva, como escuelas infantiles o centros de mayores; así como por otras limitaciones de carácter administrativo.

Tampoco sirve el argumento de que como el Ayuntamiento de Madrid no es capaz de ejecutar todo el presupuesto y siempre sobra dinero a final de año, los recortes no afectarán apenas al Ayuntamiento. En realidad, que a final de año no se ejecute todo el presupuesto no quiere decir que se pueda prescindir de un presupuesto bien dotado. Todos los proyectos y todas las obras necesitan tener presupuesto para poder licitarse y adjudicarse, independientemente de que el último día del año el proceso no se haya finalizado por completo y sobre algo de dinero. Si no hay suficiente presupuesto las obras no se pueden iniciar porque es condición indispensable tener y “apartar” ese dinero para ello, aunque a final de año no se haya utilizado toda la cantidad apartada.

Por último, celebrar que Montoro se haya retirado es absurdo. Se ha retirado porque el Pleno ha aprobado sus brutales recortes. Montoro se va porque se ha salido con la suya: ha conseguido que haya recortes y que el mejor concejal de economía del país ya no esté poniendo los recursos económicos al servicio de la mayoría social.

En definitiva, desgraciadamente con la aprobación de este Plan Económico solo gana Montoro y los fanáticos de la austeridad, mientras que pierden los madrileños y madrileñas y el necesario y precioso proyecto de confluencias que representa Ahora Madrid. Es una pena que así haya sido cuando existían alternativas que podían haberlo impedido. No obstante, ni que decir tiene que esto es solo una batalla y que aún queda mucha lucha por librar.

 

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El cese de Sánchez Mato, un ejemplo de política subyugada

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

El cese de Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por parte de Manuela Carmena ha supuesto un nuevo episodio en el que la alcaldesa, y quienes la apoyan, han vuelto a agachar la cabeza ante la derecha, en este caso ante Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública del Gobierno central. Sin embargo este suceso, más allá de sus protagonistas concretos, nos puede valer para analizar los males que azotan a la izquierda y el funcionamiento político de nuestra sociedad actual. De hecho, su desenlace es la constatación de que esos males no son percibidos como tal, sino tan solo como el único resultado posible. Lo que aquí se juega es más que una batalla partidista o un modelo municipal, lo que aquí se dirime es que sea la política quien dirige a la economía o que quede relegada a mero apéndice gestionario del modelo neoliberal.

La primera consecuencia, la más grave, es que muchos simpatizantes de Ahora Madrid, así como una parte de los políticos de eso que se llamó el cambio, han aceptado el horizonte de la abnegación, el there is no alternative thatcheriano, la siniestra confusión que nos lleva a pensar que la responsabilidad es un término absoluto y no dirigido: siempre se es responsable respecto a alguien o algo y en este caso Carmena lo ha sido respecto a Montoro, la Troika y los mercados, no hacia sus votantes. La responsabilidad es mucho mayor que la de una mala decisión o una simple decepción –la cual siempre es superable–, la responsabilidad es la educar en una mentira interesada a miles de personas hipotecando nuestro futuro inmediato. Resulta paradójico que quien se aupó sobre el sí se puede diga ahora que no es el momento, que se jacte de la imposibilidad.

A Sánchez Mato, quien había hecho una más que correcta labor en su área, logrando superávit, reduciendo la deuda y aumentando la inversión, se le cesa con la excusa de su negativa para votar su plan económico y financiero, para entendernos, un papelote que los ayuntamientos que han superado el techo de gasto impuesto por Montoro, esto es, Bruselas, tienen que presentar al ministro para decirle que se van a portar bien. Encontramos aquí la primera mentira en el asunto. Decir que este plan era de Sánchez Mato equivaldría a decir que el Quijote es autoría del señor que activa la imprenta donde se edita. El concejal, junto a otros compañeros de grupo, se mantuvo firme en la convicción de no aprobar algo que no representaba su trabajo, su línea política, la del programa con el que Ahora Madrid se presentó a las elecciones. El PP salió al quite. Los compañeros de viaje lo expresan todo.

Había herramientas legales y vericuetos administrativos para no haber tenido aún que poner en marcha el plan. Lo que se ha presentado como una elección entre la independencia del ayuntamiento o la intervención del ministro es realmente aceptar una intervención de facto. Reducir la partida de inversión a límites de supervivencia ni siquiera vistos en los momentos más duros de la crisis para pagar la deuda de la M30 y sus sobrecostes –veremos de qué naturaleza– es algo más que una intervención, es ponerte la careta del ministro pero recibir tú los golpes. Del no debemos, no pagamos, a pase y sírvase usted mismo.

El cese no era obligatorio, ni técnico, sino una cabeza que tanto Montoro, como la alcaldesa querían cobrarse. La razón es doble: por un lado, no ha convenido mostrar a la ciudadanía que otra política económica es posible; por otro, que quien la ha llevado a cabo sea un comunista ha despertado grandes suspicacias, y no solo en la derecha. El ministro se quita a una de las pocas figuras que le había plantado cara, la alcaldesa elimina a quien le recordaba cuál era el compromiso fundacional de Ahora Madrid. Efectivamente, como se ha dicho, había razones estratégicas y electoralistas, pero no precisamente por parte del concejal.

Montoro ha hecho su trabajo. Su herramienta, presentada como una falsa asepsia económica, ha sido la de retorcer su propia norma de gasto para pedir unos recortes aún más exagerados a Madrid, una dureza inédita en otros ayuntamientos, donde se ha sido más suave o directamente se ha mirado hacia otro lado. La razón es obvia: Madrid era la punta de lanza de las políticas contrarias al austericidio. Hacer fracasar su proyecto es asestar un aldabonazo a las mismas.

Si esta es la situación concreta, donde las excusas han venido más por parte de la propia Carmena que de la derecha –que se ha limitado a observar y frotarse las manos– cabría indagar en las causas de cómo ha sido posible que se llegue hasta aquí. Si bien las razones del reparto de poder dentro del contexto del Podemos madrileño han importado, también habría que recordar que Carmena ya representa una corriente en sí misma, donde su mano derecha en la sombra, Cueto, ha ejercido de Richelieu contra los sectores más avanzados de la convergencia: IU, Anticapitalistas y Madrid 129. La auditoría municipal, el caso del Open de Tenis o la operación Chamartín se han destapado como los casos en los que el carmenismo ha pugnado con estos sectores, es decir, se ha hecho patente la lucha entre la tecnocracia social liberal y la izquierda transformadora.

Es cierto que la división favorece a la derecha, como no es menos cierto que esta ya es una coartada que nos debería sonar: fue la que durante años utilizó el PSOE cada vez que aplicaba políticas de derechas. Que quien crea las divisiones advierta de ellas es tan solo un mecanismo para cargar la culpa sobre quien, justamente, las critica. Esta no ha sido la primera línea roja que el carmenismo ha cruzado. Desde el caso Zapata, pasando por los titiriteros, hasta sus encontronazos con las plataformas de vivienda no ha dudado en dejar a los pies de los caballos a quien haya hecho falta para no enturbiar su buscada imagen de sensatez. Mención aparte quizá merezca el caso de Rita Maestre, donde la concejala conservó su puesto y, pese a haber recibido el apoyo de todos los sectores de Ahora Madrid así como de la izquierda en general, no dudó en utilizar un vídeo en las primarias de Podemos donde abjuraba de ellos. Los significantes vacíos no entienden de lealtad.

La propia línea política del carmenismo podría encajar a menudo en el propio Ciudadanos. Insistir en la mentira de la gestión neutra, en la ideología de la no ideología, en el gobernar para todos. Siempre se gestiona de acuerdo a unos principios, en una dirección, buscando unos resultados, siempre se gobierna de acuerdo a una ideología, nunca se puede gobernar para todos, cuando ese todos, la ciudadanía, está compuesto por clases sociales con intereses contrapuestos. Insistir en despolitizar Ahora Madrid no es más que politizarlo de acuerdo a una ideología muy concreta, la que piensa que tratando bien a los ricos se podrán crear unas condiciones óptimas para todos. El PP opina lo mismo, solo que sabe que la segunda parte de la propuesta es tan irreal como prescindible.

Carmena se ha movido a la perfección en las guerras culturales y en la crítica de los sectores más reaccionarios a sus proyectos de movilidad. Mientras que ella sea presentada como una peligrosa revolucionaria por los grandes medios, mantiene a salvo su imagen para la mayoría de sus votantes, que perciben lo exagerado de las acusaciones. El juego le ha permitido ir sorteando el conflicto, tapado por encontronazos teatrales, hasta que el conflicto se ha presentado y no ha tenido más remedio que hacerle frente, elegir, aplicar una ideología, la suya. Carmena, al renunciar unilateralmente al programa de Ahora Madrid y condenar al ostracismo a las bases de Ganemos, no ha mostrado independencia, sino cesarismo, aquella forma de proceder que sitúa las decisiones personales –las de su corriente y los intereses que representa– por encima del proyecto que representaba.

Porque este ha sido el pecado original no, siendo justos, de la alcaldesa, sino de quien la aupó a ser quien es. Carmena, ya como creación electoral, fue una figura indispensable para ganar el ayuntamiento, no por sí misma, sino por los valores que se le asociaron en una campaña que duró meses y que se construyó desde abajo: sin el esfuerzo coordinado de miles de personas no hubiera sido más que una candidata más. El problema de las figuras vacías es que nunca lo están realmente y en este juego de matrioskas lo que Carmena traía coincide poco con lo que Ahora Madrid decía pretender.

Esto no es un conflicto entre una izquierda radical, insensata y perdedora contra una nueva política victoriosa con los pies en la tierra. Lo primero porque, resulta absurdo, calificar lo que Sánchez Mato ha representado como idealista, cuando no ha existido nada más material que sus cuentas, dirigidas ideológicamente hacia el objetivo de una gestión más justa. Lo segundo porque las victorias no son cosas de campañas ni de piruetas retóricas, sino de contextos y saber aprovecharlos, y el que se dio en las pasadas elecciones no se dará en las siguientes. Lo tercero porque lo electoral era solo una herramienta para ir más allá, o al menos eso se nos dijo con el asalto municipalista: la clave era aprovechar las instituciones para mostrar otra forma de hacer, pero también para fomentar una repolitización por abajo. Justo al revés de lo hecho, ya que la idea no era crear superheroínas, sino dejar claro que sin la movilización ciudadana y su implicación en los asuntos de la polis no hay transformación posible. No esperábamos la revolución, sí algo de oxígeno.

Hay que tener, efectivamente, los pies en la tierra. Pero para ello lo que es imprescindible es recordar que siempre existen dos tierras, la del club de campo y la de los barrios que te votaron. No hay nada peor que el escapismo atroz de la falsa sensatez.

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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

MADRID *// ¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!

Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.

Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.

Veremos en qué acaba la cosa.

*Eduardo Garzón es asesor de economía en Ayuntamiento de Madrid

Donación a La Marea

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No es Manuela, son los parques

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

En el ámbito local es donde la ciudadanía puede comprender sin martingalas su pago de impuestos. Más o menos así: Yo aporto un X por ciento de lo que gano/gasto –que me cuesta un riñón y un ojo y la vesícula–, y ahí aparece un parque. Yo vuelvo a aportarlo, y se abren cuatro escuelas infantiles. De nuevo, y los centros deportivos municipales son gratis para los críos. Etcétera. Muy esquemáticamente viene a querer decir que en los municipios es donde los ciudadanos pueden comprobar el fruto de pagar impuestos, o sea ver que vale la pena, o sea comprender el funcionamiento de lo público.

Paralelamente, aquel ciudadano que comprende de esa forma la fiscalidad, no solo deja de demonizar los impuestos, sino que pasa a demonizar a aquellos que los evaden y también a aquellos que roban de lo público, porque roban de su riñón, su ojo y su vesícula. De ahí la sustancial importancia del ámbito local y de la actuación política a ese nivel. Porque si el ciudadano no ve frutos, no solo trata de no aportar lo suyo sino que deja de castigar al que lo evade o lo roba. Nadie quiere entregar su riñón a cambio de nada.

Hasta aquí, lo fácil.

Ayer, el ministro Montoro envió una carta al Ayuntamiento de Madrid informándole de que Hacienda pasaba a intervenir las cuentas del Consistorio, algo nunca visto en España.

Se podría explicar el malestar entre los municipios de otra manera, pero sirva el comunicado de apoyo de la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes:

Tras la carta remitida por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid con la intención de intervenir las cuentas municipales, desde la Red Municipal Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes queremos expresar nuestro rechazo a esta intervención. Asimismo, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ahora Madrid y todo su equipo, que han demostrado con su gestión que se puede gobernar dando prioridad a los derechos sociales de las mayorías, y no a los intereses de las élites económicas y financieras.

El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid no solo ha puesto en el centro de la política económica a las personas, sino que lo ha hecho reduciendo la deuda insostenible e ilegítima que dejaron los gobiernos de Gallardón y Botella.

Los ataques al Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Hacienda han sido continuos desde que Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento. El Gobierno de Manuela Carmena ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales al mismo tiempo que se reducen gastos superfluos y se reduce deuda. La gestión de la Concejalía de Economía y Hacienda, con el concejal Carlos Sánchez Mato a la cabeza, ha desarrollado una gestión responsable, a la vez que con un marcado carácter social, de las finanzas de la ciudad. Esto es precisamente lo que el Gobierno del Partido Popular y Montoro no pueden tolerar.

La Red Municipalista, en la que aparecen cargos municipales de distintos partidos, se fundó el pasado mes de marzo para luchar contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también llamada “Ley Montoro”. Representa a más de 600 municipios en toda España.

Esa red de protesta no había recibido una respuesta contundente hasta el momento. Hasta que el ministro Cristóbal Montoro decidió, hace un par de días, intervenir y fiscalizar semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena. El argumento del ministerio para hacerlo es que su plan económico financiero no se atiene a la legalidad y “el incumplimiento sucesivo y acumulativo de la Regla de Gasto”. Cabe preguntarse, entonces, por qué precisamente al Ayuntamiento de Madrid, cuando supera el medio millar los municipios que se encuentran en la misma situación, además de las comunidades autónomas y la propia Administración Central.

Desde el Ayuntamiento madrileño se da la siguiente explicación: “Se trata claramente de una medida de carácter político. Se nos está poniendo palos en las ruedas simplemente porque somos adversarios políticos y aquí no hay otra cuestión. Porque si uno se atiene a la interpretación estricta de la ley, o lo más neutra posible, nuestro plan económico financiero lo acaba respetando. De hecho, en la propia comunicación que nos han enviado, se ve claramente que cuando metemos nuestro plan económico financiero en la aplicación informática del Ministerio, nos da que que cumplimos la regla de gasto. Lo único que ocurre es que ahora ellos han modificado la forma de calcular esa regla de gasto y dicen que tal y como siempre la hemos calculado estaba mal. Pero en realidad, el ministerio nunca –este encontronazo lleva dos años—nos había dicho que nuestro método de calculo era erróneo… nos decía otras cosas, como que a lo mejor teníamos que recortar algo más o ajustar tal o cual partida presupuestaria, pero nunca que nuestra base de cálculo era errónea. Por lo tanto, creemos que no se ajusta a la legalidad y que simplemente es un ataque político”.

De hecho, las cuentas del Consistorio capitalino no pueden jugar más a favor del ciudadano: Desde la llegada del equipo de Manuela Carmena, el Ayuntamiento ha reducido la deuda ciudadana en más de 2.000 millones de euros, lo que supone un 40% de los que se encontraron a su llegada; han multiplicado por dos la inversión en infraestructuras y ha incrementado en un 50% la inversión social.

Sin embargo, la citada Ley Montoro impone a los Ayuntamientos priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. “Lo que ocurre”, explican fuentes del Consistorio madrileño, “es que el Ayuntamiento a lo mejor ingresa un 7% más que el año pasado, pero esta Ley le obliga a que solo incremente el gasto en un 1,5 o 2%. Por lo tanto, incrementas el gasto mucho menos de lo que has incrementado los ingresos y por lo tanto te sobra dinero en la cuenta bancaria”. O sea, que la Administración central reprime las inversiones de los municipios, controla sus gastos y al final quienes se benefician de la maniobra son las cuentas que el Estado presenta ante Bruselas. Miles de millones de euros ahorrados en los últimos dos años por los ayuntamientos han seguido este camino.

Sin embargo, el último paso de Montoro, inédito hasta el momento, interviniendo las cuentas madrileñas inaugura una nueva manera de hacer. O no. O quizás puede ser, como afirman los perjudicados, sólo una medida política destinada a atenazar a la adversaria.

Pero cuando el ciudadano ha aprendido lo que valen su riñón, su ojo y su vesícula, resulta harto difícil jugar con ellos. Ya les puedes citar el artículo 135 de la Constitución, la prioridad del pago de la deuda o la austeridad. Frente a ellos, el parque, las escuelas infantiles y el ejercicio de los críos resultan argumentos incontestables. Sobre todo, cuando aquel que los reclama se coronó con una amnistía fiscal.

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Cierre del gasto, control de pagos y aviso a los bancos, las medidas de Montoro en Cataluña

CIVIO // El BOE de hoy recoge la orden ministerial que establece las medidas de control a las cuentas de la Generalitat establecidas ayer por Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, para evitar que se destinen fondos públicos a financiar el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre. Firmada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos a propuesta del propio ministro, establece el control de pagos, operaciones financieras y contrataciones, además de la congelación del gasto en todos los apartados presupuestarios, excepto en aquellos destinados a mantener los servicios básicos.

El Gobierno responde por esta vía, en una orden ministerial y con la estabilidad presupuestaria como uno de los argumentos base, a los movimientos de la Generalitat para llevar a cabo el referéndum. La decisión, según el propio texto, responde a la carta de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, que escribió a Montoro para anunciarle que la Generalitat dejaba de enviar los informes semanales de gasto que el Gobierno impuso a Cataluña en julio como medida de control.

Aunque recuerda la unidad de España establecida en la Constitución, la exposición de motivos se centra, sobre todo, en cuestiones financieras. Según el texto, “en las últimas semanas se ha producido una escalada de acontecimientos que ponen en riesgo el principio de coordinación de las Haciendas Públicas, el de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera, perjudicando gravemente el interés general y poniendo en peligro el funcionamiento del sistema de financiación autonómico en Cataluña”. Y que la autonomía financiera termina donde empieza la estabilidad financiera, a la que coloca por encima nombrando el artículo 135 de la Constitución, reformado de forma exprés por PSOE, PP y UPN en 2011.

Además, argumenta que, al generar “dudas sobre la voluntad del Gobierno de la Comunidad de atender los pagos de la deuda pública”, siendo la Hacienda estatal el principal acreedor, las decisiones económicas de Cataluña son “una clara amenaza para el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública del conjunto del país”.

Esta es la tercera orden de Hacienda para controlar las cuentas catalanas y, un control que ha ido escalando desde las probadas en noviembre de 2015 y el pasado mes de julio. Ahora, lo que se ordena en este texto es un control casi total de pagos, gastos y financiación.

Si Puigdemont no firma el acuerdo de no disponibilidad, lo hará Montoro

La primera medida pasa por exigir a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, que firme un acuerdo de no disponibilidad en 48 horas que suponga la prohibición de nuevos gastos, excepto aquellos destinados a pagar los servicios públicos básicos y las remuneraciones de los funcionarios. Si no lo hace, avisa la orden, será el propio Montoro el que la firme.

Para los pagos sí permitidos, todas las facturas que vayan con cargo a los fondos del sistema de financiación se pagarán desde el Ministerio de Hacienda. Deberán contar con certificados que acrediten que se destinan a asuntos que no incumplen la ley. También se exigirá esa certificación a los contratos públicos, y se advierte a las empresas adjudicatarias que deberán informar a Hacienda y al Ministerio Fiscal, si fuera necesario, si son contratados para servicios o suministros vinculados con el referéndum.

En cuanto al control financiero, la orden establece que todas las operaciones de financiación o deuda de la Generalitat deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Cualquier operación en entidades de crédito deberá contar con un certificado o una declaración responsable que acredite que el movimiento no está destinado a actividades ilegales. Además, obliga al Interventor General de la Generalitat, en 48 horas, a entregar a Hacienda una lista de los contratos de servicios bancarios o financieros en vigor. El objetivo es que Hacienda pueda comunicar a las entidades financieras que no pueden autorizar movimientos destinados a sufragar el referéndum.

Artículo publicado originalmente en el blog Elboenuestrodecadadia.com, de CIVIO.

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Detenido un hombre en Tenerife acusado de filtrar Los Papeles de la Castellana

Agentes de la Policia Nacional han detenido a un hombre de 43 años en Tenerife por haber revelado, presuntamente, información fiscal de importantes empresarios y grandes fortunas de España, que dio origen a la investigación conocida como  Los Papeles de la Castellana.  Ahora se enfrenta a penas de prisión de hasta cinco años.

En junio de 2016, una filtración masiva procedente de una fuente anónima llegó al buzón de Fíltrala. En total, 38.598 documentos que desvelan las fórmulas usadas por grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos. Los documentos fueron analizados en una investigación conjunta por tes medios: eldiario.es, La Marea y Diagonal. La documentación tenía como origen expedientes de despachos de asesoría fiscal situados en el Paseo de la Castellana, el corazón de los negocios en Madrid desde donde operan compañías de todo el país.

Poco después de la publicación de las primeras noticias relacionadas con Los Papeles de la Castellana, un despacho de asesoría situado en el Paseo de la Castellana de Madrid presentó una denuncia ante la Policía Nacional tras sospechar que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente.

Según fuentes conocedoras del caso, la policía detuvo al sospechoso tras analizar los servidores de la asesoría. La plataforma de filtraciones seguras Filtrala.org protege la identidad de todos los usuarios que acceden a la herramienta. “La detención no tiene que ver con la seguridad del proceso de envío de Fíltrala, sino con la forma como la persona ha obtenido la información que posteriormente habría enviado a Fíltrala”, explica un portavoz de esta plataforma.

La Policía asegura en una nota de prensa que un fallo en la configuración del servidor de una asesoría tributaria permitió al hombre ahora detenido descargar dicha información, que luego hizo llegar a Filtrala. Los agentes consiguieron rastrear el origen de la intrusión hasta el domicilio del sospechoso, en Tenerife.

La publicación de Los Papeles de la Castellana supuso la primera revelación de los documentos de amnistía fiscal que se hicieron públicos en España. En la extensa lista que se fue desgranando durante tres semanas, se publicaron las amnistías fiscales de al menos 21 personajes relevantes, varios miembros de la familia Borbón-Dos Socilias, empresarios y miembros incluso de la dictadura franquista

Puedes leer toda la información sobre Los Papeles de la Castellana aquí.

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