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Fragatas españolas ‘made in Australia’

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con la tripulación de la fragata Cristóbal Colón en Australia. Foto: Jose I. Gómez/MDE

El Gobierno de España lleva décadas apostando fuerte por la industria armamentística nacional. Este martes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, finalizó su viaje oficial a Australia para “reforzar los lazos de cooperación en materia de Defensa” y promover la venta de nueve fragatas antisubmarinas F-100 de Navantia al ejército australiano. A diferencia de la venta de corbetas a Arabia Saudí, en este caso la controversia no reside en el respeto a los derechos humanos en Australia, sino en otro aspecto: si prospera el acuerdo, las fragatas serán fabricadas íntegramente en los astilleros de la ciudad australiana de Adelaida.

La información contrasta con el argumento de la creación de empleo, uno de los que con más frecuencia esgrimen la TEDAE, la patronal armamentística española, y las distintas administraciones, desde el Gobierno central del PP hasta el Ayuntamiento  de Cádiz, regido por Podemos. Según TEDAE, la producción de armas mantiene 51.000 puestos de trabajo en España. En el caso del posible contrato con Australia, el rol de Navantia se limitaría a la cesión del conocimiento técnico necesario para fabricar las fragatas F-100.

Navantia responde que Australia tiene una industria naval en crecimiento y que “lógicamente” quieren dejar la carga de trabajo en su país. “Por supuesto que en España se podrían construir, las [fragatas] de las armadas española y noruega sí se construyeron, pero Australia quiere hacerlo en su país”, explicó vía email la responsable de prensa de Navantia, compañía propiedad del Estado español a través del holding estatal SEPI. La empresa no publicó notas de prensa al respecto y su último informe de cuentas data de 2015. La Marea aguarda las respuestas del Ministerio de Defensa sobre sus gestiones, aparentemente fallidas, para que la fabricación tuviera lugar en astilleros españoles.

En los tres días que duró la visita oficial, Cospedal también visitó la fragata española Cristóbal Colón, atracada en Sidney desde enero de este año. Permanece en aguas australes como parte del plan de apoyo institucional a Navantia para obtener el contrato y para instruir a los marines australianos en el manejo de sus destructores Hobart, diseñados por Navantia junto con la británica BAE Systems y la estadounidense Raytheon. El apoyo de las autoridades españolas a la industria armamentística va desde las gestiones de la Casa Real en Arabia Saudí hasta la cesión de soldados para que ejerzan de comerciales en beneficio de compañías como General Dynamics.

ABC asegura que el despliegue del Cristóbal Colón fue costeado por el Gobierno australiano, aunque no cita fuentes y el Ministerio de Defensa no desglosó detalles como el coste de mantener el Cristobal Colón y su tripulación durante más de cuatro meses en Australia. El anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés (ahora embajador en Washington), realizó un viaje similar en 2013 que también contó con la presencia de un buque de guerra español. A finales de mayo varias organizaciones internacionales lanzaron una petición al gobierno contra el secretismo de la venta de armas españolas.

 

El HMAS Canberra y el HMAS Adelaida en 2016 en Fort Denison, Australia. Foto: Printjockey.

Desde 2007 Australia es, junto con Noruega, Arabia Saudí y Turquía, uno de los principales destinos de las armas españolas. El plan de modernización naval de la Real Marina Australiana (proyecto SEA5000) está valorado en aproximadamente 20.000 millones de euros. Australia ya desembolsó más de 3.000 millones de dólares por la compra de dos buques de Navantia (ver foto), construidos en sus astilleros de Ferrol, que ya han sufrido averías en sus propulsores, causando un considerable debate en los medios de ese país. En esta ocasión, los buques de guerra españoles compiten con los de la italiana Fincantieri y la británica BAE Systems, segundo mayor contratista militar del mundo.

Cospedal regresa a España un día después de que El País informara de los planes de la Fuerza Aérea para renovar la flota de aviones de combate con los F-35 de la estadounidense Lockheed Martin, más caros que los Eurofighter previstos inicialmente, en cuyo desarrollo España ya ha invertido 10.630 millones de euros.

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Defensa superó su presupuesto en 1.395 millones durante 2016

Militares españoles del Ejército de Tierra I La Marea

El BOE recoge este viernes la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016. Gracias a este documento podemos saber cómo se desviaron los distintos departamentos
del presupuesto original aprobado en el Congreso durante el año anterior. Como es tradicional, el engorde de las previsiones en el Ministerio de Defensa supera los miles de millones de euros.

Así, el presupuesto inicial aprobado por Las Cortes para 2016, de 5.788 millones de euros, engordó 1.395 millones hasta alcanzar los 7.183. Este aumento de los créditos no es nuevo. Lo que lo hace diferente es que, en esta ocasión, el Gobierno no ha podido echar mano del también tradicional crédito extraordinario de verano destinado al pago de Programas Especiales de Armamento (PEAs), que suele justificar buena parte del engorde anual y que en julio fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional.

Si tenemos en cuenta las cifras de lo efectivamente gastado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno en el Congreso concede a Defensa unos 390 millones más de lo gastado el año anterior y lo eleva a 7.573 millones. Si se aprobara, nada hace pensar que ese presupuesto inicial, como ha pasado en años anteriores, no engorde, lo que elevaría aún más esa cifra.

Además, para valorar el gasto de 2017 hay que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa, ante el veto del Constitucional al uso del decreto-ley para aprobar créditos extraordinarios el año pasado, aplazó a 2017 el pago de 717 millones de euros destinados a sufragar estos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

Sin créditos extra para armamento

En la sentencia de 2016, que responde a un recurso presentado por varios grupos
parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no hubo marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).

En el documento, el TC recoge palabras del propio Ministerio de Defensa en el Congreso: “no trata de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, para justificar que no se trata de gastos que no se puedan planificar. En ese sentido, establece que, aunque no se puede saber exactamente a cuánto ascenderá la factura anual a la industria armamentística, sí se conoce el total a abonar hasta 2030: 29.500 millones.

Además, asegura que la urgencia de la que habla el Gobierno, vinculada a que la imagen del país no resulte dañada por el impago de obligaciones como estas, se podría aplicar a cualquier sector y que no está justificado de forma suficiente en este caso concreto. Por todo ello, concluye que el Ejecutivo podría utilizar el trámite de una ley ordinaria y que no hay razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifiquen el uso del
decreto-ley.

Pese a todo, y sin esos créditos extraordinarios, el Ministerio de Defensa aumentó en 1.395 millones el presupuesto inicial de 2016. Por el momento, la cifra queda lejos de los 2.300 millones extra concedidos en 2015. Gracias a ese engorde, el crédito final superó al de 2014 y ascendió a 8.102 millones de euros.

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