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Datos escandalosos sobre la Frontera Sur (que no escandalizan al Estado)

Una nueva avalancha. Dos mujeres más muertas. Y las autoridades continúan mirando para otro lado. A veces, negando u obviando la realidad. Otras, vulnerando directamente los derechos humanos. El caso de las porteadoras, mujeres que llevan pesadas mercancías que cargan durante horas sobre su espalda y aguantan colas, avalanchas y empujones, representa una de las cuestiones más escandalosas en la frontera de Ceuta y Melilla.  Según el informe audiovisual #DDHHFronteraSur, hacia el restablecimiento de la legalidad, realizado por Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Fotomovimiento y Novact, estas mujeres marroquíes, de en­tre 35 y 60 años, tienen un sa­la­rio que os­ci­la en­tre los tres y los cinco eu­ros por bul­to.

“La vio­len­cia po­li­cial a am­bos la­dos de la fron­te­ra es una de las que­jas re­cu­rren­tes tan­to de las por­tea­do­ras como de las per­so­nas que tra­ba­jan en la zona. Es ha­bi­tual que vean sus bul­tos ras­ga­dos o re­qui­sa­dos, y que se en­fren­ten a si­tua­cio­nes de vio­len­cia ver­bal y fí­si­ca. La ges­tión de los pa­sos se rea­li­za por los po­li­cías que no es­tán pre­pa­ra­dos para di­cho tra­ba­jo, que re­quie­re ca­pa­ci­dad de diá­lo­go y me­dia­ción”, denuncia el informe.

El documento calcula que unos 50.000 tra­ba­ja­do­res trans­fron­te­ri­zos, entre ellos las porteadoras, cru­zan a dia­rio. En la siguiente infografía destacamos otros datos igualmente escandalosos de la Frontera Sur, donde se siguen produciendo también las denominadas devoluciones en caliente, legalizadas por el Gobierno.

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Los muertos que el Gobierno oculta hasta a sus familias

José Palazón y Mamadou Barry, ante la Consejería de Bienestar Social de Melilla.

Tras cinco días en Melilla, Abdelghafar por fin ha podido ver cuerpo de su hijo. Llegó el viernes a la Ciudad Autónoma desde Casablanca tras una llamada de un miembro de la ONG Prodein que, ante la dejación de funciones del gobierno local, le comunicó su fallecimiento. Soufiane, 17 años, había aparecido muerto el día anterior en su cama en el centro de menores Gota de Leche. Vivía allí desde el 26 de diciembre, cuando recibió el alta médica después de que le amputaran un pie tras caerse de los bajos del camión en el que intentaba colarse en el ferry que debía traerle a la Península. Soufiane apenas llevaba dos meses en Melilla, adonde había llegado tras escaparse de su casa para dejar de ser una carga para la familia y poder buscarse un futuro mejor en Europa desde donde ayudarles, según nos cuenta su representante legal.

Tras cuatro días solo en la Ciudad Autónoma sin que nadie de un organismo oficial le atendiese o informase de la situación de su descendiente, a Abdelghafar ayer se le unieron la madre, Soumia, y su otro hijo, llegados también desde Casablanca. Junto a su abogada, intentaron reunirse con el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, o algún representante del organismo responsable del menor. Nadie les atendió. En el juzgado, donde pidieron que se les permitiese cumplir con su derecho a reconocer el cadáver, les pidieron una traducción jurada de sus necua (el documento nacional de identificación marroquí) y de su libro de familia. “Es absurdo, porque se ve perfectamente que el apellido del padre coincide con el del niño y que se corresponde con la fotografía de la necua”, nos decía ayer la abogada. “También están poniendo como excusa que no se puede ver a Soufiane hasta que no estén los resultados de la autopsia, cuando eso no es legal. El reconocimiento se puede hacer antes, durante y después de la autopsia. Ya está amortajado”.

En todo este tiempo, ningún organismo oficial les había comunicado la defunción de Soufiane a su familia, a lo que hay que sumar la gravedad de las declaraciones realizadas por el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, por Twitter el sábado, cuando se hizo público que Prodein había llamado a los padres: “O sea q este menor tiene padres y han aparecido ahora o Palazón sabía q existían y tenía contacto con ellos? Para la administración familia no tenía y por ello estaba acogido” [sic].

Como explica la representante legal de la familia de Soufiane, el consejero “confunde desamparo con orfandad. Cualquier menor que entra solo en otro país está en desamparo y queda automáticamente bajo la tutela de la Administración local, como marca la Ley de Protección del Menor. Me preocupa muchísimo que se haga este tipo de declaraciones porque supone la interpretación de la norma al gusto del consumidor”, sostiene. Unas declaraciones que también han sido criticadas por Patricia Fernández Vicens, abogada del colectivo Coordinadora de Barrios y experta en temas de extranjería de menores. “Todos los niños y niñas tutelados tienen padres. Obviamente. Es la diferencia entre un niño en desamparo y un niño huérfano. Padres que no pueden cuidar de ellos. Pero que les quieren y sufren. Usted debería saberlo. Es su responsabilidad”, escribía en su cuenta de Twitter.

En la misma Consejería, ayer por la mañana los padres y el hermano de Soufiane se cruzaron con Mamadou Barry, tío del joven con el mismo nombre –también de 17 años– que murió hace dos semanas en la UCI del Hospital Comarcal. Originario de Guinea Conakry, fue hospitalizado el 24 de noviembre después de que sufriera varias paradas cardiorrespiratorias durante una pelea en el centro de menores infractores de la Ciudad Autónoma.

Mamadou pasó más de 20 días en coma antes de morir el 22 de diciembre. De nuevo, ninguna comunicación oficial a su familia, ni ninguna gestión para facilitar el reconocimiento del cuerpo. Ayer, tras viajar desde Almería, donde vive, Mamadou Barry se dirigió a la Consejería de Bienestar Social para recibir algún tipo de información sobre lo ocurrido con su sobrino y tener así algo que decirle a sus padres, que no pararon de llamarle durante toda la mañana desde Guinea Conakry. Acompañado por José Palazón, de la ONG local Prodein, pidieron hasta en ocho ocasiones que algún responsable les atendiera. No fue hasta que solicitaron un documento en el que poner una queja por la supuesta ausencia de todos los responsables citados, que un director general les atendió. “Nos dijo que si hasta jugadores de fútbol mueren de repente, por qué no iba a hacerlo su sobrino por la tensión en una pelea”, expone Palazón.

“No entiendo nada. Cómo es posible que en Europa, con todos los avances que hay, no me digan nada sobre cómo ha muerto mi sobrino. No sé que voy a decirle a sus padres. ¿Cómo te vas a pelear y te vas a morir de los nervios?”. Tras un silencio por teléfono en el que se intuye el llanto de Mamadou, continúa: “Yo estuve en su bautizo, en 2001”, añade. La familia desea repatriar su cadáver, una gestión que puede superar los 6.000 euros, una cifra que difícilmente podrían asumir. En cualquier caso, para ello, primero tendrían que poder reconocerlo.

La muerte de Budalbala en la cárcel CIE de Archidona

A menos de 300 kilómetros, la semana pasada vivió una situación parecida el hermano de Mohammed Budalbala, fallecido en la cárcel ilegal de Archidona (Málaga) donde fue encerrado tras llegar en patera a España procedente de Argelia en noviembre. Como bien ha contado el equipo de Entrefronteras en La Marea, mientras que la versión oficial sostiene que se suicidó, su hermano lo niega y pide una investigación inmediata e independiente.

Desde que Ahmed Budalbala llegó a Archidona el 31 de diciembre, dos días después de que su hermano apareciese muerto –de lo que fue informado por otro familiar internado en la prisión–, hasta que pudo ver sus restos el 5 de diciembre, pasaron seis días. Según su abogada, Amanda Romero, se sumaron distintos factores. Por las fiestas, el juzgado de jurisdicción única de Archidona -que está saturado, según reconoce Romero–, no contaba con personal suficiente por las vacaciones hasta el día 2 de enero. Esa jornada la dedicaron a gestiones notariales para acreditarla como representante legal.

El 3 de enero Ahmed Budalbala se dirigió al Instituto Médico Forense de Málaga, donde le dijeron que necesitaba el mandamiento judicial. “Me consta, porque ha ocurrido en otros casos que he llevado, que siendo preceptivo, cuando eso ocurre con familias de aquí en los que no había agravantes, el Instituto Médico Forense no les ha requerido ese mandamiento judicial y sí les ha permitido ver el cadáver”, explica Romero.

De esta manera llegamos al día 4, en el que el juzgado no remitió el mandamiento hasta las dos y media de la tarde, hora de cierre de la morgue. “Es verdad que están sobrecargados de trabajo, pero también que no lo priorizaron, como sí priorizaron archivar el caso de la muerte de Mohammed”. Archivo que, como ha contado La Marea, ha sido recurrido por la familia de Mohamed Budalbala con numerosos y pesados argumentos: No hay informe final de la autopsia aún, sino el estudio preliminar que recoge sólo la causa de la muerte, no de sus posibles detonantes; no se ha realizado ningún tipo de investigación judicial, sólo se ha valorado la policial en la que se recoge la declaración de los policías implicados; el juez no se ha planteado siquiera que los testigos, los otros afectados, puedan tener una versión que escuchar.

Entre otros, algunos vídeos grabados por los propios inmigrantes –todos ellos encarcelados directamente tras su llegada a las costas murcianas– muestran a antidisturbios agrediéndoles dentro de las instalaciones en los días previos a su muerte.

“Nos genera indignación que no se guarden siquiera ciertas formas. [La causa] se archivó el mismo día en el que tuvimos acceso al auto. Ha habido una precipitación absoluta”, sostiene Romero. “Propusimos la detención de las deportaciones porque podía haber testigos oculares. Además, incluso en el caso de que se confirmase que hubiese sido un suicidio -lo digo con toda la precaución- eso no significa que no pueda haber responsabilidades penales, porque estaba bajo custodia policial y podría haber muchas circunstancias que habría que investigar. Además, el hecho de que Archidona haya sido objeto de numerosas denuncias por parte de ONGs pero también de organismos como el Defensor del Pueblo Español, aumenta si cabe el celo que habría que guardar a la hora de investigar. Más cuando se han evidenciado numerosas ilegalidades como la existencia de menores en el centro o las irregularidades con las que se puso en marcha”.

Irregularidades que fueron definidas por el juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, en una entrevista publicada en Ctxt.es, como “fraude de ley puesto que con la legislación española vigente no se puede meter en ninguna cárcel, con independencia de cómo estén sus instalaciones, a las personas inmigrantes en situación irregular. Lo único que autorizó el Tribunal Supremo es que, en base al reglamento de los CIE, en casos de urgente necesidad se pudiera alojar provisionalmente a los inmigrantes en centros que tuvieran las condiciones íntegras similares a un CIE. Y eso significa que tuvieran los mismos derechos y servicios de tipo asistencial, de ocio, servicio médico, de tramitación de solicitudes de asilo, de servicios de asistencia jurídica, de visitas y control de la situación por parte de un juez de control… Y en Archidona no los tienen. Además no se ha justificado la necesidad, puesto que los habrían podido repartirlos por los distintos CIE del Estado”.

De hecho, el auto de internamiento por el que una jueza de Lorca (Murcia) ordenaba el internamiento de Mohammed Budalbala –a requerimiento de la Policía–, lo destinaba a un supuesto “Centro Temporal de Inmigrantes” (una figura que no existe legalmente) “dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga”, que tampoco existe puesto que fue clausurado en 2012.

Es en este contexto en el que Ahmed Budalbala no consiguió ver los restos de su hermano hasta el 5 de enero, seis días después de su llegada a Archidona y tras sortear numerosos obstáculos contrarios al ius sepulchri, el reconocimiento del derecho de la familia a ver y a enterrar el cadáver de un ser querido, recogido en el artículo 16 de la Constitución Española y corroborado por la Convención Europea de Derechos Humanos.

Un atropello que ya sufrieron los familiares de los 15 hombres que murieron entre disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil cuando intentaban llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal en 2014. El Gobierno español les denegó los visados necesarios para viajar a España y poder reconocer así sus cuerpos y repatriarlos en los casos en los que fuese posible. Tampoco vieron este derecho reconocido los familiares de Idrissa Diallo, el guineano de 21 años que murió bajo custodia policial en el CIE de Zona Franca de Barcelona en la Noche de Reyes de 2012. Tras seis años en los que su cuerpo ha permanecido desaparecido, y gracias a una investigación del equipo de La Directa que lo localizó en el cementerio de Montjuïc sin lápida ni identificación alguna, será por fin repatriado. Su familia jamás recibió comunicación alguna de su defunción.

Casi 300 personas perdieron la vida intentando alcanzar las costas del sur de España en 2016, según el conteo que realizó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía por las noticias publicadas. Las cifras de 2017 se prevén mucho mayores, ya que la llegada por vía marítima ha pasado de 10.200 en 2016 a 18.500 en 2017, según la Organización Internacional de las Migraciones. Sin embargo, el ostracismo es total. Se desconoce dónde se encuentran sus cuerpos, si se han intentado identificar o si se ha contactado con sus familiares en los casos en los que haya sido posible.

Mientras, la familia de Soufiane y de Mamadou siguen esperando en Melilla saber más de lo ocurrido con sus hijos y poder disponer de sus cuerpos. Ayer, tras no recibirles, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, declaró ante los medios que no tenía por qué hacerlo, dado que no tenía qué decirles ni sabía si eran quienes decían ser. “Para que vengan a llevarse un cadáver, que hubieran venido a llevarse a su hijo (…) Era un niño de la calle y tenía problemas de adicción”, declaró, como recogía el martes el Faro de Melilla. En el artículo, firmado por la periodista Irene Quirante, se puede leer “Ventura opinó que si hubiera conseguido colarse en un barco para llegar a la península, hubiera continuado en situación de calle”.

Pero sus descalificaciones no se quedan ahí. También atacó a José Palazón, de la ONG Prodein, a la que tildó de “persona que no contribuye para nada a la vida de los menores, sólo los mantiene en la calle y vive de las desgracias (…) A ver si es que tiene contacto con los padres en Marruecos y nos están llegando los niños, no sé cómo”, manifestó. Según expuso, consultaría sus sospechas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Un nuevo ejemplo de la criminalización que sufren la personas y las organizaciones que defienden los derechos humanos de los y las inmigrantes en la frontera sur de España y en el Mediterráneo, como ya ha pasado con Helena Maleno, Médicos Sin Fronteras y ProActiva Open Arms.


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Los muertos que el Gobierno oculta hasta a sus familias

José Palazón y Mamadou Barry, ante la Consejería de Bienestar Social de Melilla.

Tras cinco días en Melilla, Abdelghafar por fin ha podido ver cuerpo de su hijo. Llegó el viernes a la Ciudad Autónoma desde Casablanca tras una llamada de un miembro de la ONG Prodein que, ante la dejación de funciones del gobierno local, le comunicó su fallecimiento. Soufiane, 17 años, había aparecido muerto el día anterior en su cama en el centro de menores Gota de Leche. Vivía allí desde el 26 de diciembre, cuando recibió el alta médica después de que le amputaran un pie tras caerse de los bajos del camión en el que intentaba colarse en el ferry que debía traerle a la Península. Soufiane apenas llevaba dos meses en Melilla, adonde había llegado tras escaparse de su casa para dejar de ser una carga para la familia y poder buscarse un futuro mejor en Europa desde donde ayudarles, según nos cuenta su representante legal.

Tras cuatro días solo en la Ciudad Autónoma sin que nadie de un organismo oficial le atendiese o informase de la situación de su descendiente, a Abdelghafar ayer se le unieron la madre, Soumia, y su otro hijo, llegados también desde Casablanca. Junto a su abogada, intentaron reunirse con el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, o algún representante del organismo responsable del menor. Nadie les atendió. En el juzgado, donde pidieron que se les permitiese cumplir con su derecho a reconocer el cadáver, les pidieron una traducción jurada de sus necua (el documento nacional de identificación marroquí) y de su libro de familia. “Es absurdo, porque se ve perfectamente que el apellido del padre coincide con el del niño y que se corresponde con la fotografía de la necua”, nos decía ayer la abogada. “También están poniendo como excusa que no se puede ver a Soufiane hasta que no estén los resultados de la autopsia, cuando eso no es legal. El reconocimiento se puede hacer antes, durante y después de la autopsia. Ya está amortajado”.

En todo este tiempo, ningún organismo oficial les había comunicado la defunción de Soufiane a su familia, a lo que hay que sumar la gravedad de las declaraciones realizadas por el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, por Twitter el sábado, cuando se hizo público que Prodein había llamado a los padres: “O sea q este menor tiene padres y han aparecido ahora o Palazón sabía q existían y tenía contacto con ellos? Para la administración familia no tenía y por ello estaba acogido” [sic].

Como explica la representante legal de la familia de Soufiane, el consejero “confunde desamparo con orfandad. Cualquier menor que entra solo en otro país está en desamparo y queda automáticamente bajo la tutela de la Administración local, como marca la Ley de Protección del Menor. Me preocupa muchísimo que se haga este tipo de declaraciones porque supone la interpretación de la norma al gusto del consumidor”, sostiene. Unas declaraciones que también han sido criticadas por Patricia Fernández Vicens, abogada del colectivo Coordinadora de Barrios y experta en temas de extranjería de menores. “Todos los niños y niñas tutelados tienen padres. Obviamente. Es la diferencia entre un niño en desamparo y un niño huérfano. Padres que no pueden cuidar de ellos. Pero que les quieren y sufren. Usted debería saberlo. Es su responsabilidad”, escribía en su cuenta de Twitter.

En la misma Consejería, ayer por la mañana los padres y el hermano de Soufiane se cruzaron con Mamadou Barry, tío del joven con el mismo nombre –también de 17 años– que murió hace dos semanas en la UCI del Hospital Comarcal. Originario de Guinea Conakry, fue hospitalizado el 24 de noviembre después de que sufriera varias paradas cardiorrespiratorias durante una pelea en el centro de menores infractores de la Ciudad Autónoma.

Mamadou pasó más de 20 días en coma antes de morir el 22 de diciembre. De nuevo, ninguna comunicación oficial a su familia, ni ninguna gestión para facilitar el reconocimiento del cuerpo. Ayer, tras viajar desde Almería, donde vive, Mamadou Barry se dirigió a la Consejería de Bienestar Social para recibir algún tipo de información sobre lo ocurrido con su sobrino y tener así algo que decirle a sus padres, que no pararon de llamarle durante toda la mañana desde Guinea Conakry. Acompañado por José Palazón, de la ONG local Prodein, pidieron hasta en ocho ocasiones que algún responsable les atendiera. No fue hasta que solicitaron un documento en el que poner una queja por la supuesta ausencia de todos los responsables citados, que un director general les atendió. “Nos dijo que si hasta jugadores de fútbol mueren de repente, por qué no iba a hacerlo su sobrino por la tensión en una pelea”, expone Palazón.

“No entiendo nada. Cómo es posible que en Europa, con todos los avances que hay, no me digan nada sobre cómo ha muerto mi sobrino. No sé que voy a decirle a sus padres. ¿Cómo te vas a pelear y te vas a morir de los nervios?”. Tras un silencio por teléfono en el que se intuye el llanto de Mamadou, continúa: “Yo estuve en su bautizo, en 2001”, añade. La familia desea repatriar su cadáver, una gestión que puede superar los 6.000 euros, una cifra que difícilmente podrían asumir. En cualquier caso, para ello, primero tendrían que poder reconocerlo.

La muerte de Budalbala en la cárcel CIE de Archidona

A menos de 300 kilómetros, la semana pasada vivió una situación parecida el hermano de Mohammed Budalbala, fallecido en la cárcel ilegal de Archidona (Málaga) donde fue encerrado tras llegar en patera a España procedente de Argelia en noviembre. Como bien ha contado el equipo de Entrefronteras en La Marea, mientras que la versión oficial sostiene que se suicidó, su hermano lo niega y pide una investigación inmediata e independiente.

Desde que Ahmed Budalbala llegó a Archidona el 31 de diciembre, dos días después de que su hermano apareciese muerto –de lo que fue informado por otro familiar internado en la prisión–, hasta que pudo ver sus restos el 5 de diciembre, pasaron seis días. Según su abogada, Amanda Romero, se sumaron distintos factores. Por las fiestas, el juzgado de jurisdicción única de Archidona -que está saturado, según reconoce Romero–, no contaba con personal suficiente por las vacaciones hasta el día 2 de enero. Esa jornada la dedicaron a gestiones notariales para acreditarla como representante legal.

El 3 de enero Ahmed Budalbala se dirigió al Instituto Médico Forense de Málaga, donde le dijeron que necesitaba el mandamiento judicial. “Me consta, porque ha ocurrido en otros casos que he llevado, que siendo preceptivo, cuando eso ocurre con familias de aquí en los que no había agravantes, el Instituto Médico Forense no les ha requerido ese mandamiento judicial y sí les ha permitido ver el cadáver”, explica Romero.

De esta manera llegamos al día 4, en el que el juzgado no remitió el mandamiento hasta las dos y media de la tarde, hora de cierre de la morgue. “Es verdad que están sobrecargados de trabajo, pero también que no lo priorizaron, como sí priorizaron archivar el caso de la muerte de Mohammed”. Archivo que, como ha contado La Marea, ha sido recurrido por la familia de Mohamed Budalbala con numerosos y pesados argumentos: No hay informe final de la autopsia aún, sino el estudio preliminar que recoge sólo la causa de la muerte, no de sus posibles detonantes; no se ha realizado ningún tipo de investigación judicial, sólo se ha valorado la policial en la que se recoge la declaración de los policías implicados; el juez no se ha planteado siquiera que los testigos, los otros afectados, puedan tener una versión que escuchar.

Entre otros, algunos vídeos grabados por los propios inmigrantes –todos ellos encarcelados directamente tras su llegada a las costas murcianas– muestran a antidisturbios agrediéndoles dentro de las instalaciones en los días previos a su muerte.

“Nos genera indignación que no se guarden siquiera ciertas formas. [La causa] se archivó el mismo día en el que tuvimos acceso al auto. Ha habido una precipitación absoluta”, sostiene Romero. “Propusimos la detención de las deportaciones porque podía haber testigos oculares. Además, incluso en el caso de que se confirmase que hubiese sido un suicidio -lo digo con toda la precaución- eso no significa que no pueda haber responsabilidades penales, porque estaba bajo custodia policial y podría haber muchas circunstancias que habría que investigar. Además, el hecho de que Archidona haya sido objeto de numerosas denuncias por parte de ONGs pero también de organismos como el Defensor del Pueblo Español, aumenta si cabe el celo que habría que guardar a la hora de investigar. Más cuando se han evidenciado numerosas ilegalidades como la existencia de menores en el centro o las irregularidades con las que se puso en marcha”.

Irregularidades que fueron definidas por el juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, en una entrevista publicada en Ctxt.es, como “fraude de ley puesto que con la legislación española vigente no se puede meter en ninguna cárcel, con independencia de cómo estén sus instalaciones, a las personas inmigrantes en situación irregular. Lo único que autorizó el Tribunal Supremo es que, en base al reglamento de los CIE, en casos de urgente necesidad se pudiera alojar provisionalmente a los inmigrantes en centros que tuvieran las condiciones íntegras similares a un CIE. Y eso significa que tuvieran los mismos derechos y servicios de tipo asistencial, de ocio, servicio médico, de tramitación de solicitudes de asilo, de servicios de asistencia jurídica, de visitas y control de la situación por parte de un juez de control… Y en Archidona no los tienen. Además no se ha justificado la necesidad, puesto que los habrían podido repartirlos por los distintos CIE del Estado”.

De hecho, el auto de internamiento por el que una jueza de Lorca (Murcia) ordenaba el internamiento de Mohammed Budalbala –a requerimiento de la Policía–, lo destinaba a un supuesto “Centro Temporal de Inmigrantes” (una figura que no existe legalmente) “dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga”, que tampoco existe puesto que fue clausurado en 2012.

Es en este contexto en el que Ahmed Budalbala no consiguió ver los restos de su hermano hasta el 5 de enero, seis días después de su llegada a Archidona y tras sortear numerosos obstáculos contrarios al ius sepulchri, el reconocimiento del derecho de la familia a ver y a enterrar el cadáver de un ser querido, recogido en el artículo 16 de la Constitución Española y corroborado por la Convención Europea de Derechos Humanos.

Un atropello que ya sufrieron los familiares de los 15 hombres que murieron entre disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil cuando intentaban llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal en 2014. El Gobierno español les denegó los visados necesarios para viajar a España y poder reconocer así sus cuerpos y repatriarlos en los casos en los que fuese posible. Tampoco vieron este derecho reconocido los familiares de Idrissa Diallo, el guineano de 21 años que murió bajo custodia policial en el CIE de Zona Franca de Barcelona en la Noche de Reyes de 2012. Tras seis años en los que su cuerpo ha permanecido desaparecido, y gracias a una investigación del equipo de La Directa que lo localizó en el cementerio de Montjuïc sin lápida ni identificación alguna, será por fin repatriado. Su familia jamás recibió comunicación alguna de su defunción.

Casi 300 personas perdieron la vida intentando alcanzar las costas del sur de España en 2016, según el conteo que realizó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía por las noticias publicadas. Las cifras de 2017 se prevén mucho mayores, ya que la llegada por vía marítima ha pasado de 10.200 en 2016 a 18.500 en 2017, según la Organización Internacional de las Migraciones. Sin embargo, el ostracismo es total. Se desconoce dónde se encuentran sus cuerpos, si se han intentado identificar o si se ha contactado con sus familiares en los casos en los que haya sido posible.

Mientras, la familia de Soufiane y de Mamadou siguen esperando en Melilla saber más de lo ocurrido con sus hijos y poder disponer de sus cuerpos. Ayer, tras no recibirles, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, declaró ante los medios que no tenía por qué hacerlo, dado que no tenía qué decirles ni sabía si eran quienes decían ser. “Para que vengan a llevarse un cadáver, que hubieran venido a llevarse a su hijo (…) Era un niño de la calle y tenía problemas de adicción”, declaró, como recogía el martes el Faro de Melilla. En el artículo, firmado por la periodista Irene Quirante, se puede leer “Ventura opinó que si hubiera conseguido colarse en un barco para llegar a la península, hubiera continuado en situación de calle”.

Pero sus descalificaciones no se quedan ahí. También atacó a José Palazón, de la ONG Prodein, a la que tildó de “persona que no contribuye para nada a la vida de los menores, sólo los mantiene en la calle y vive de las desgracias (…) A ver si es que tiene contacto con los padres en Marruecos y nos están llegando los niños, no sé cómo”, manifestó. Según expuso, consultaría sus sospechas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Un nuevo ejemplo de la criminalización que sufren la personas y las organizaciones que defienden los derechos humanos de los y las inmigrantes en la frontera sur de España y en el Mediterráneo, como ya ha pasado con Helena Maleno, Médicos Sin Fronteras y ProActiva Open Arms.


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Condenados a quedarse en Melilla por negarse a ser ‘chivatos’ de la Guardia Civil

melilla ceti

En Melilla hay un padre que ve en España la única oportunidad que le queda para poder reunirse con su hija y su mujer en Francia. Se trata de Mamadou Mohamed, un joven de Guinea Conakry que lleva quince meses atrapado en la ciudad autónoma como represalia por negarse a “ser chivato de la Guardia Civil”, según ha contado a La Marea tras la publicación de su testimonio en un vídeo de la ONG Prodein. “Conseguí cruzar a Melilla por la frontera de Farhana. Me hice pasar por pintor con un cubo de pintura y cuando llegué al puesto salí corriendo. Cuando estaba cerca del CETI, guardias civiles me detuvieron y me pegaron bien. Me llevaron en coche a Farhana para preguntarme si había cruzado por ahí”, narra Mohamed. Un relato que confirma José Palazón, defensor de derechos humanos premiado por el Consejo General de la Abogacía Española en 2016 por su labor con Prodein.

No he venido hasta aquí para trabajar de chivato. CETI de Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

Aquel día, como tantos otros, Palazón se encontraba en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuando vio cómo la Guardia Civil detenía a Mohamed y se lo llevaba de vuelta a la frontera. “Pensé que lo iban a devolver”, recuerda. Pero no fue así. “De allí me llevaron a su edificio y me tuvieron dos horas hablando solo con ellos, sin abogado ni nada. Yo les hablaba, aunque no tenía información, porque en Melilla no hay ley. Eso lo aprendí la primera vez que entré aquí y me devolvieron a Marruecos”, añade Mohamed.

Lo hicieron mediante las llamadas devoluciones en caliente, por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por ser ilegales al tratarse de expulsiones de carácter colectivo que, además, vulneran el derecho al recurso efectivo, lo que incumple así el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pese a ello, estas prácticas siguen efectuándose de manera regular tanto en Ceuta como en Melilla, según confirma Prodein y Caminando Fronteras.

|#VÍDEO| La Guardia Civil aplica cuatro ‘devoluciones en caliente’ en la valla de Ceuta esta madrugada. Reiteramos la ilegalidad de esta práctica que vulnera los derechos más fundamentales. pic.twitter.com/oUEewo7Bvj

— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 21 de noviembre de 2017

“Me pedían información sobre cómo entra la gente aquí en coche, quién les trae, la matrícula… ¡Pero yo no entré en coche! Siempre me dicen lo mismo, que si no hablo no voy a volver a ver a mi bebé y a mi mujer, que me van a deportar a mi país”, explica Mohamed por teléfono en un discurso que es un torrente de desesperación.

A los dos meses de estar en Melilla, según su relato, trabajadores del CETI le notificaron su salida en uno de los ferrys que semanalmente trasladan a personas a la Península. Salvo los solicitantes de asilo de países como Siria, a la mayoría le entregan en el mismo instante de embarcar la orden de expulsión que les condena a pasar, al menos, tres años de clandestinidad en la Península. Muchos de ellos terminarán en un CIE. De estos, un 30%, deportados. El resto, sometidos al temor de ser detenidos durante redadas policiales basadas en su perfil étnico –consideradas ilegales por las Naciones Unidas por ser discriminatorias– y, muchos, explotados laboralmente sin posibilidad de denunciar por su situación administrativa irregular.

Cuando aquel día Mohamed se dispuso a partir hacia el puerto para tomar el barco, descubrió que el número que le habían entregado no se encontraba en la lista de salidas. “Tú ya sabes por qué”, cuenta que le contestaron en el CETI cuando preguntó. Es la misma respuesta que obtuvo, una y otra vez, Taffou Nyame Renaud.

El caro precio de negarse a ser informante

“Lo mismo me pasó a mí. Lo mismo”, subraya Renaud por vía telefónica desde Madrid, donde reside en la actualidad. El caso del camerunés Renaud, conocido en su entorno como Belleti, se hizo conocido en febrero de 2015, cuando publicó unas grabaciones de audio en las que se escuchaban las coacciones a las que le sometía un agente del Instituto Armado de Melilla para que se convirtiese en confidente. A cambio, le conseguiría los papeles de residencia como –decía– ya había hecho en muchas otras ocasiones. Ante su negativa, el agente –conocido por el sobrenombre de Willy– le advertía de que, entonces, nunca saldría de la ciudad fronteriza. De hecho, Renaud, pasó nueve meses allí, mientras la mayoría de los migrantes del África subsahariana no suelen pasar más de tres o cuatro meses antes de ser trasladados a la Península. En una ocasión llegaron a trasladarlo al ferry para su salida a la Península. Pero una vez allí fue detenido y llevado de vuelta al CETI. “Cuando le preguntaba al director y a las trabajadoras sociales qué pasaba conmigo, siempre me decían que fuese a hablar con la Guardia Civil. Yo les decía que eran ellos los responsables del centro y que debían ayudarme si tenía un problema. Pero allí te tratan fatal”, cuenta Renaud.

“El CETI, más que un centro de retención, es un espacio de estudio de quiénes son los inmigrantes, qué quieren, si alguno es terrorista… No digo que no tenga que controlarse eso, pero en esa labor de inteligencia colaboran todos”, opina Palazón. De hecho, tanto él como la fotoperiodista Teresa Palomo, gran conocedora de la realidad en las fronteras de Ceuta y Melilla y pareja de Renaud, coinciden en que las coacciones para que los migrantes se conviertan en confidentes son una práctica habitual. “Eligen chicos al azar. Los suelen llevar al sótano de la la Comandancia de la Guardia Civil. Allí pueden ser más agresivos para sacarles información o más persuasivos, comprándoles zapatillas, móviles… Es normal que muchos accedan porque llevan mucho tiempo en Marruecos esperando poder cruzar. Pero no es solo que no les dejen pasar, es que les dan pequeñas señales de esperanza de que van a poder irse y en el último momento se lo impiden, como le pasó a Belleti o a Mamadou. Es una guerra psicológica”, concluye Palomo.

Una mañana de febrero de 2015, llamaron al apartamento en Melilla de Palomo, donde se encontraba Renaud. Lo detuvieron y trasladaron al CIE de Barcelona. “Fue una represalia por no haber querido ser chivato. Me lo habían advertido”, asegura. Gracias a la publicación de los audios en los que se escuchaban las coacciones, a la interposición de una querella contra la Guardia Civil por la devolución en caliente que había sufrido meses antes –y que documentó grabando su salto a la valla– y a una campaña a la que se sumaron decenas de organizaciones sociales, Renaud fue puesto en libertad tras admitirse a trámite su solicitud de asilo por silencio administrativo. Es decir, por no haber sido respondida en los plazos legales. “Ese día íbamos a entrar en el CIE de Barcelona con una visita parlamentaria. Fue un éxito colectivo por todas las acciones que habíamos hecho”.

Hay un tercer caso de personas que hayan sido retenidas en Melilla como consecuencia de no haber querido convertirse en informante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de Farah (omitimos sus apellidos por razones de seguridad), una mujer argelina a la que esta periodista conoció cuando cocinaba a la intemperie para luego vender sus dulces. Vivía con sus cinco hijos en las chabolas que algunos migrantes habían construido en las inmediaciones del CETI ante sus condiciones de hacinamiento y cansadas de pasar años encerradas en un lugar en el que no gozan de ningún tipo de control sobre su vida cotidiana: qué comen, a qué hora se levantan o se acuestan, con quién comparten habitación… Unas condiciones propias del sistema penitenciario devastadoras en términos psicológicos.

Al contrario de lo que ocurre con la inmensa mayoría de mujeres que llegan a Melilla solas con sus hijos –que suelen ser trasladadas en pocas semanas a la Península–, Farah pasó años atrapada en Melilla por su negativa a ser confidente, según aseguró en 2012 y confirma Prodein, que siguió su caso durante años. “Guardias civiles le advirtieron que nunca iban a salir y que sus hijos nunca conseguirían papeles”, explica Palazón. “Y así fue. Tras años malviviendo, dos de sus hijos terminaron cayendo en la droga. Fue entonces cuando decidió volver a Argelia”, añade.

Según la fotoperiodista Teresa Palomo “es lícito que la Guardia Civil pida colaboración para destapar una mafia. Pero tiene que ser de una manera voluntaria y mediante la firma de unos documentos acreditando que vas a ofrecer esa información a cambio de una protección y unos derechos. Pero no coaccionando, como lo están haciendo ahora con Mamadou”.

La Marea ha intentado contrastar estas declaraciones con la Guardia Civil, que ha declinado hacer comentarios. Tampoco en el CETI de Melilla han atendido a nuestras preguntas.  

“Soy inmigrante, no policía”

Mamadou Mohamed tiene 27 años y salió de su país a los 20. Pasó cuatro años en Marruecos antes de conseguir entrar en Melilla. Allí sufrió agresiones por parte de la policía marroquí, cuyas secuelas se pueden ver en esta fotografía. Pasó hambre y trabajó en distintas labores por menos de siete euros al día. Fue en el reino alauí donde se reunió con su mujer, que partió después que él de Guinea Conakry, y donde tuvieron a su bebé. La niña no paraba de llorar y gritar por las noches, por lo que el equipo de religiosos que atienden a los inmigrantes en la frontera marroquí, la llevaron a hacerle pruebas al hospital de Nador. La madre, desesperada por la falta de mejoría de la niña, decidió que ya no esperaría más y que tomaría una patera desde esta ciudad hasta Melilla, según cuenta Mohamed.

Él no era partidario por lo riesgoso del viaje, pero ella estaba determinada y consiguió que familiares que viven en Albania le mandaran dinero. No consiguieron suficiente para el pasaje de los tres, así que zarpó ella con la cría previo pago de 800 euros. Cuando Mohamed consiguió llegar a Melilla, ellas ya estaban en la Península. Separados desde hace quince meses, ahora le esperan en Francia.

“Estoy desesperado, yo no vine para vivir en el CETI. Cuando veo irse a otros guineanos que llegaron hace dos meses, es algo que me vuelve loco. No puedo dormir y estoy cansado de mi vida”, explota Mohamed, que envía numerosas fotos con su hija y su madre. Las mismas que enseña a los guardias civiles cada vez que le recuerdan su oferta. “Y ellos siempre me dicen que si no acepto nunca me voy a encontrar con ellos. Pero yo no soy un policía, soy un inmigrante”, concluye.

Mohamed ha decidido hacer público su caso por la siguiente razón: “Si me pasa algo cuando intente llegar a Francia por Libia, quiero que sepan por qué fue”.

Mohamed habla con su hija a través de un dispositivo electrónico.
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388 muertos en un año: personas que no son tratadas como víctimas

víctimas

Entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016, 388 personas han muerto cuando intentaban llegar a España en patera. De ellas, 122 eran niños, niñas y adolescentes. Son las cifras sobre mortalidad en los accesos por mar a España de personas migrantes que se extraen de un informe elaborado por la ONG Caminando Fronteras. Según la organización, en Canarias hay un mayor porcentaje de muertos y desaparecidos respecto a otras rutas como la del Mar de Alborán, Ceuta o el Estrecho.

Sobre las medidas de salvamento y rescate, desde Caminando Fronteras denuncian que “en todas las alertas recibidas se ha constatado que las relaciones entre el Estado español y Marruecos funcionan mejor cuando se trata de una acción represiva y de control migratorio” que de una de asistencia a las personas en peligro. Así, aseguran que “en algunos de los casos documentados sobre la salvaguarda de la vida en el mar, la colaboración entre los dos países ha sido inexistente y eso ha derivado en pérdidas de vidas humanas”.

Las demoras de las acciones de salvamento una vez se recibe la alerta, el bloqueo del acceso por parte de las autoridades españolas y la suspensión de las operaciones de Salvamento Marítimo durante la noche en algunas zonas son las principales causas “evitables” de estas muertes, según apunta el informe.

Respecto a las personas supervivientes de los naufragios, estas “nunca fueron tratadas como víctimas de una tragedia”, alertan desde Caminando Fronteras. “Ni en Marruecos ni en el Estado español se aplicaron protocolos de víctimas y siempre primaron los de control y extranjería“, matizan.

Más heridos en el acceso por tierra

Los cortes y las fracturas son comunes entre quienes intentan acceder a Ceuta y Melilla a través de las vallas instaladas en sus fronteras. Entre las dos, Caminando Fronteras ha documentado que, entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016, hubo unas 700 personas heridas de gravedad y unas 600 devoluciones en caliente -de las que unas 100 fueron a menores de entre 14 y 17 años-.

Resiliencia frente a la deshumanización

El informe documenta también los procesos por los que pasan las personas migrantes que llegan a España desde el África Subsahariana. La deshumanización, el racismo, la estigmatización y la criminalización son algunos de los problemas que señalan.

Desde Caminando Fronteras, apuntan al trabajo de las familias de las víctimas “por la búsqueda de verdad, reparación y justicia” como un acto de resiliencia, así como “la capacidad de las comunidades migrantes para constituirse como ciudadanía empoderada capaz de reclamar sus derechos” frente a los relatos racistas y xenófobos.

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