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El Gobierno y la gestión del dolor

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El viernes, en Las Mañanas de Cuatro se informaba: “Mientras la luz sube un 10% en el año 2017, las pensiones se empobrecen. Mientras el IPC queda en el 1,1%, las pensiones suben un 0,25%, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. También se han empobrecido los sueldos, esta vez los sindicatos luchan por una subida del 3%, pero se está negociando una subida de tan solo el 1%”.

Todo esto venía a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acababa de avisar de que el recibo de la luz había subido ese 10% en 2017. Y pedía que se limite el beneficio de las eléctricas.

Podemos quedarnos en el pasmo, o pasar a la luz.

La luz es un bien de primerísima necesidad, como el agua. En una sociedad como la española, dichos suministros deberían estar garantizados para absolutamente todas las familias. En cambio, en muchas ocasiones es Cáritas quien paga los recibos de luz y agua en los hogares en los que se han cortado los suministros. De hecho, fue Cáritas la que, en su informe de 2017, alertó de que 7 de cada 10 familias en España no han notado eso que llaman el “fin de la crisis”.

¿Qué pasa si te cortan el suministro eléctrico? Más allá de quedarte a oscuras, en la mayoría de los casos te quedas sin calor, es decir, sin calefacción y agua caliente. Pero se dan pocos casos en los que a una familia le corten solo la luz. Normalmente, si te cortan el suministro eléctrico, también lo hacen con el agua y el gas. Eso, además del sufrimiento que supone para las personas, sobre todo la infancia, es causa habitual de enfermedades, y no precisamente psicológicas, que también.

¿Puede España permitir que miles de familias vivan sin suministro de luz o que este tenga que ser abonado por la “caridad cristiana”? Por su puesto que no. Y ese es un fallo del gobierno de la nación. No del Gobierno, que también, sino del gobierno, de cómo se gobierna.

Gobernar un país significa gestionar el bienestar –en la medida de sus posibilidades, que en España son muchas– de la mayor parte posible de la población, algo que tras años de mala gestión e ideología ultraconservadora se nos ha olvidado. Pero, sobre todo, sobre todas las cosas, cualquier buen gobierno exige evitar el dolor de las familias, mucho más si se trata de algo tan sencillo como que tengan acceso a la luz y el agua.

¡La luz y el agua!

¿En qué momento olvidamos que todas las familias españolas tienen derecho a luz y agua y que el Gobierno es el responsable último de que así sea? En el momento en el que se cedió la gestión de los suministros de primerísima necesidad a empresas privadas y se renunció a vigilar y controlar su gestión. Y sí, ahí están las puertas giratorias, en las que se echa a rodar el dolor de las familias sin ningún escrúpulo a cambio de que el ministro o la ministra de turno tengan asegurado unos cientos de miles de euros anuales de por vida.

El frío, la oscuridad y el hambre provocan dolor. Son, junto con la violencia, la mayor fuente de dolor en nuestra sociedad, que llamamos civilizada, culta, occidental, europea y demás martingalas. Pues bien, los sucesivos gobiernos españoles –PP y PSOE– han permitido que sean empresas privadas quienes gestionan el dolor de la población, entre otros, de los 3 millones de niños que viven en situación de pobreza en España. Y ellos –los sucesivos gobiernos de PP y PSOE– son los responsables sin excusas del dolor de cientos de miles de familias.

La gestión del dolor que las eléctricas perpetran aquí ni siquiera es cruel. “Es el mercado, amigo”, como dijo Rato el otro día en su infame comparecencia. Y nosotros hemos permitido que nuestros gobiernos, uno detrás de otro, deleguen el manejo del sufrimiento de la población en “el mercado”.

 

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El final del imperio de Endesa en Galicia

Zona de almacenamiento del carbón con la central térmica al fondo. Foto: Toni Martínez.

Dos ñandúes salen al paso de los caminantes que pasean por la estrecha acera situada cerca de las macro instalaciones que Endesa posee en As Pontes de García Rodríguez, un municipio en la frontera que separa A Coruña y Lugo. Junto a estos dos exóticos animales hay también gallinas, avestruces, un pavo real y varios ciervos, todos ellos a escasos metros de cuatro gruesas chimeneas que no dejan de echar vapor de agua, y otra mucho más fina y alta que expulsa humo producto de la quema de carbón. Con este pequeño zoo, que mengua año tras año, Endesa quiso demostrar a principios de la década de los 80 que era posible la convivencia feliz entre los seres vivos y su producción de energía.

La multinacional posee en la villa coruñesa una central térmica, una hidroeléctrica, un parque de carbón, dos presas y una amplia extensión de terreno que incluye un lago artificial creado en la antigua mina. La central y la mina asociada a ella han sido las infraestructuras más contaminantes del Estado español en los últimos años. La bonanza económica que vivía la zona tapaba cualquier denuncia de contaminación. Luis [no quiere que su nombre verdadero aparezca publicado en el reportaje] pertenecía a un pequeño grupo ecologista y asegura que la contaminación se notaba en las aldeas cercanas. “El polvo que flotaba en la atmósfera quemaba las cosechas; caía en una col y estaba perdida”, apunta. “Además –continúa– destrozaron muchas mámoas [dólmenes funerarios] de una riqueza patrimonial muy importante”. Luis señala a las presiones de Endesa y al carácter gallego la falta de presión social sobre la central, incluso ahora, cuando asegura que toda la contaminación que todavía produce la central acaba en el río y llega a Pontedeume, un municipio cercano.

Lee el reportaje completo en la web de #YoIBEXtigo.

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Multa de medio millón a Gas Natural Fenosa por la muerte de la anciana a la que había cortado la luz

Tras dos meses sin electricidad, Rosa murió en el incendio desatado por las velas con las que se iluminaba. FOTO: Tnarik Innael.

Gas Natural Fenosa tendrá que pagar 500.000 euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa, la viuda de 81 años a la que Gas Natural cortó el suministro de luz por impago, y que falleció en noviembre pasado asfixiada en el incendio que se produjo en su casa con las velas que usaba para alumbrarse. Rosa vivía sola y llevaba dos meses sin electricidad. La compañía energética fue multada este jueves por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por su responsabilidad en la muerte de la anciana.

Joan Aregio, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, explicó este jueves que se trata de la primera sanción ejemplar impuesta por parte del gobierno catalán a raíz de un caso de pobreza energética. Según Aregio, Gas Natural cometió el error “muy grave” de no pedir a las autoridades un informe previo de vulnerabilidad sobre Rosa antes de cortarle el suministro eléctrico. A la hora de aplicar la multa, la Generalitat también tuvo en cuenta que la muerte de Rosa produjo “una alteración social grave, de alarma y desconfianza”, tal y como expresó en un comunicado de prensa el gobierno catalán. A la hora de la publicación de este artículo, Gas Natural no había expresado su posición al respecto.

Tras el revuelo mediático causado por la muerte de la anciana de Reus, Gas Natural Fenosa emprendió una amplia campaña publicitaria para difundir sus políticas en materia de pobreza energética y ordenó paralizar los cortes de suministro en Reus. Un día después de la muerte de Rosa, Gas Natural Fenosa culpó a las administraciones por la tragedia. Una semana después el consejero delegado de la eléctrica, Rafael Villaseca, compareció a puerta cerrada en el Parlament para dar explicaciones y pedir “reglas claras” en materia de pobreza energética porque, en su opinión, “la ley no está en condiciones de ser aplicada”.

No obstante, un mes antes UNESA, la patronal eléctrica de la que Gas Natural forma parte, había presentado un recurso contencioso contra el protocolo de la Generalitat para desarrollar su ley contra la pobreza energética. Desde entonces la eléctrica ha firmado varios convenios contra la pobreza energética con ayuntamientos y gobiernos autonómicos, aunque sigue sin desglosar los cortes de suministro que aplica. Tras la tragedia, la CUP presentó una querella contra Gas Natural por homicidio imprudente.

El gobierno catalán ya ha impuesto al menos 108 multas en base a la ley catalana contra la pobreza energética, aunque esta es la de mayor cuantía hasta la fecha. Gas Natural Fenosa dispone ahora de dos meses para recurrir esta sanción. Al menos en los últimos diez años, tras varios recursos y procesos judiciales que se dilatan varios años, la Justicia española ha retirado numerosas multas contra la compañía que preside Isidro Fainé por “inducir al engaño”, manipular contadores de la luz, negarse a tramitar cambios de compañía a clientes que lo habían solicitado y otras prácticas anticompetitivas.

Gas Natural Fenosa ingresó 23.184 millones de euros en 2016, con un beneficio neto de 1.347 millones. La compañía cortó el suministro a 147.291 clientes en 2015, según el dato más reciente divulgado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin desglosar los casos concretos.

El primer dossier de #YoIbextigo está consacrado a Gas Natural Fenosa y ya está disponible para nuestros/as mecenas. A partir del viernes estará abierto a todo el público en www.yoibextigo.lamarea.com

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Tres mínimos para que el nuevo bono social no quede (otra vez) en papel mojado

bono social

Al menos tal y como está no sirve para lo que se creó. Es la conclusión rotunda de la Defensora del Pueblo sobre la reforma del bono social eléctrico, pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada a finales de enero en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos. En la resolución, realizada de oficio, recomienda al Gobierno modificar los principales aspectos de la medida, comenzando por la propia definición de consumidor vulnerable, es decir, las personas que se podrán beneficiar de ella. “El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social”, sostiene en las consideraciones iniciales.

El Ayuntamiento de Cádiz (Podemos y Ganar Cádiz), que de momento ha visto frustrado su bono municipal por el rechazo del PP y Endesa, también ha sido muy crítico con la medida del Gobierno, a quien ha remitido distintas aportaciones. Desde el PSOE aseguran que ahora tendrán que decidir las comunidades autónomas y Podemos insiste en que el bono en sí no vale porque no responde al significado real de la pobreza energética. Estos son tres mínimos indispensables para que el nuevo bono social, al menos, sirva de algo.

1. Que nadie que lo necesite se quede fuera

“El concepto de consumidor vulnerable se encuentra sin definir, y tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico”. La nueva ayuda será aplicada ahora según la renta familiar. Y en ello insiste también la Defensora del Pueblo: “Modular el umbral de renta de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación”. El borrador enviado a las comunidades incluye diferentes categorías para aplicar un descuento de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta ha sido una de las quejas más repetidas por el Ayuntamiento de Cádiz, que ponía como ejemplo contrario su bono. La fórmula municipal, basada en la renta familiar, progresiva y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, tiene prevista la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada, no un descuento fijo. Los beneficiarios tienen que pagar el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

La Defensora del Pueblo incide especialmente en este apartado en la protección de los menores: “Hay que valorar el principio de interés superior del menor y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta a un derecho fundamental que es la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol. Del mismo modo, las personas mayores y los discapacitados cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse”.

2. Que la energía no se someta a las reglas del mercado

“El ámbito objetivo de las nuevas medidas, según el artículo 52, se limita a los impagos que se produzcan en los contratos acogidos al PVPC o Tarifa de Último recurso. Muchos consumidores contratan el suministro eléctrico en el mercado libre y no cuentan con esta garantía, por lo que sería conveniente incluir también en el ámbito de aplicación de este procedimiento el caso de los impagos de estos contratos”, recomienda la Defensora del Pueblo. Además, propone dar publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

También aconseja incluir los impagos causados por las refacturaciones por fraude: “Las penalizaciones en materia de fraude han sido objeto de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, que ha puesto de manifiesto en que estos procedimientos no se están desarrollando con las suficientes garantías de imparcialidad, llegándose en algunos casos a producirse una verdadera indefensión material, que requiere medidas regulatorias específicas, que salvaguarden derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia”.

Ahora las pequeñas comercializadoras también tendrán que financiar la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio -el Gobierno, no obstante, ha recurrido la sentencia-. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Desde Cádiz lo ven como una barbaridad y se produce, además, la siguiente paradoja: Eléctrica de Cádiz, mayoritariamente pública y con servicio al 80% de las familias gaditanas según el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento.

3. Que no ocurran casos como el de Rosa, la mujer que murió en Reus

“La experiencia de algunas comunidades autónomas ha puesto de manifiesto la existencia de casos de bloqueo o de colapso por la insuficiente capacidad de los servicios sociales para emitir los correspondientes informes que determinen si la personas está o no en situación de vulnerabilidad”, indica el informe de la Defensora, que remarca que los procedimientos han de funcionar correctamente: “Y para ello es fundamental la cooperación leal entre Administraciones aprovechando las nuevas tecnologías”. Esta cooperación -añade- se puede desarrollar a través de Conferencia Sectorial de Energía.

Según el borrador, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas. “Como novedad fundamental, se crea una tercera categoría constituida por los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social. En estos casos, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares”, recoge la nota de prensa del Gobierno.

La Defensora del Pueblo hace referencia al contexto: ”El esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por la confluencia de dos factores: la crisis económica y la subida del precio de la electricidad”, concluye.

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Cádiz ultima un bono social eléctrico alternativo al del Gobierno

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La reforma del bono social eléctrico pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada esta semana en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos, puede acabar nuevamente en los tribunales, pero esta vez por iniciativa de las pequeñas comercializadoras, como Eléctrica de Cádiz, que ya ha anunciado que recurrirá el decreto ley tras su desarrollo reglamentario. A partir de ese momento, en unos tres meses, estas compañías tendrán que financiar también la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Hasta la fecha, la ayuda ha tenido un coste anual de unos 200 millones de euros y ha beneficiado a unos 2,4 millones de clientes. El PSOE asegura que está buscando una fórmula en el reglamento para evitar que las pequeñas comercializadoras salgan perdiendo. Podemos no sólo rechaza el modo de financiación, sino el bono en sí porque considera que no responde a la pobreza energética y se trata de una ayuda caritativa más.

“Es un disparate y un atropello para las comercializadoras como la nuestra, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”, denuncian desde Eléctrica de Cádiz, de mayoría municipal, que calcula que tendría que asumir un importe anual de 542.885 euros, la mitad de sus beneficios: “Ello nos obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y, por tanto, conllevaría la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.

Además, la eléctrica, que da servicio al 80% de las familias gaditanas según los datos aportados por el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono -que a partir de ahora será aplicado según la renta familiar- porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento. Es decir, los potenciales beneficiarios de las pequeñas eléctricas tendrán que cambiarse de compañía para poder acceder a la ayuda. “Obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”, afirma el concejal de Hacienda y presidente de la compañía, David Navarro. En el pleno anterior a la aprobación del decreto en el Congreso, el Ayuntamiento (Podemos y Ganar Cádiz) llegó a votar por unanimidad una moción para instar al Gobierno y a todos los partidos a no validarlo hasta corregir estas cuestiones.

Otras pequeñas comercializadoras, como la cooperativa Som Energia, coinciden en el análisis: “Si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida”, analiza. “El criterio debe ser la energía que vendan, no los clientes que tengan, igual que sucede en cualquier mercado de bienes, en el que se valora el volumen del negocio según las unidades totales vendidas, sea al cliente que sea, y no solo por a cuántos clientes venden sus unidades”, añade la cooperativa. De momento, Som Energia no se plantea recurrir el decreto “no porque no sea oportuno hacerlo sino por falta de medios”.

La propuesta de Cádiz

En el caso de Cádiz se suma otra circunstancia: el consistorio prepara un bono alternativo que financiaría una parte de los beneficios de la suministradora local. Anualmente, unas 2.000 familias solicitan ayuda municipal para pagar sus recibos de la luz, en los que el Ayuntamiento invierte cada año entre 500.000 y 600.000 euros, detallan desde el consistorio. En este nuevo contexto, Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo ponerlo en marcha. “El Gobierno propone sacar dinero a las pequeñas comercializadoras para enriquecer al oligopolio energético y excluye al 80% de los gaditanos y gaditanas. Tenemos derecho a poner en marcha el bono social de Cádiz”, afirmó el alcalde, José María González Kichi, el día que el Congreso validó el decreto ley.

La propuesta de bono municipal, basado en la renta familiar, progresivo y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, consiste en la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada. Los beneficiarios pagarán el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

Tiene previsto incluir dos tipos en función de la renta familiar: en el primero se bonificará el 100% de una cantidad de energía suficiente para cubrir los servicios energéticos básicos (cocinar, aseo, iluminación, comunicación y estudio) y un tramo de potencia de 2,3KW; y en el segundo se bonificará el 50% de dicha cantidad. “Es decir, que si la familia se ajusta a la cantidad de energía bonificada pagará una factura muy reducida, que no llegaría a los 10 euros mensuales”, asegura la coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, Alba del Campo. Los beneficiarios deberán asistir a talleres sobre ahorro y eficiencia energética y se les enseñará a entender el recibo eléctrico.

La propuesta está basada en un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que analiza una muestra de familias que han recibido ayudas del ayuntamiento entre 2015 y 2016 para pagar la luz. “Vemos de qué manera se consume la energía en los hogares y diferenciamos entre estructurales, es decir, consumos básicos de la vida, y los no estructurales, los que se pueden prescindir. Se trata de un informe objetivo y técnico que hemos elaborado de forma altruista para que se aproveche políticamente y se le dé la forma necesaria para construir un bono social más justo y más universal”, explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y decano del Colegio de Cádiz, Domingo Villero. “En algunas casas hemos encontrado situaciones penosas: con apenas una bombilla en el techo y un hornillo de gas”, describe.

“El objetivo es asegurar que todos los hogares tengan acceso a una cantidad de electricidad suficiente para cubrir sus necesidades domésticas más básicas: cocinar, aseo personal y doméstico, iluminación, climatización y estudio y que, en consecuencia, ninguna familia quede excluida del acceso a la energía por razones económicas o de vulnerabilidad”, resume la Mesa contra la Pobreza Energética. Hasta el momento, todos los representantes políticos y miembros técnicos del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz han apoyado el bono, a excepción del PP y Endesa, que aún no han manifestado su posición. En los próximos días, el alcalde realizará una segunda ronda de contactos. 

A la espera del reglamento

El nuevo bono estatal está pendiente ahora del desarrollo reglamentario en los próximos tres meses, donde quedarán definidos los consumidores vulnerables y los baremos de renta. La nueva propuesta amplía el plazo de dos a cuatro meses para proceder al corte de la luz en caso de impago y establece la obligatoriedad de avisar desde el primer momento al consumidor y los servicios sociales, que gestionarán los casos. 

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que el real decreto es un parche que no acabará con la pobreza energética: “La electricidad constituye solo el 35% del consumo doméstico. Es necesario un bono social energético que incorpore, además, suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles con los que se calientan el 65% de los hogares”. Facua llega a la misma conclusión: “Es un decreto carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo”.

La validación de este decreto se ha producido la misma semana en que millones de ciudadanos han recibido la abultada factura de la luz de enero y el mismo día que se hizo público el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España, un cargo propio de puerta giratoria que le reportará en torno a 150.000 euros brutos al año. Según los datos de Eurostat de 2015, la electricidad en España es la cuarta más cara de toda Europa, por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y la subida de los precios supera a la media europea (un 4,1% frente al 2,9%). Un 11% de los hogares, es decir, 5,1 millones de españoles, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio sitúa al 7% en una situación de pobreza energética. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones señaladas con mayor grado de afección.

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Rajoy dice que el precio de la luz bajará porque “va a llover”

MADRID// El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aseverado este jueves en una entrevista en Onda Cero esta mañana que el precio de la luz bajará porque “va a llover” y que no se plantean tomar medidas adicionales. La falta de lluvia y de viento de estos días ha impedido producir suficiente energía eólica e hidroeléctrica, han argumentado en los últimos días desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para explicar la subida de la tarifa eléctrica. Por su parte, expertos y partidos de la oposición como Unidos Podemos reclaman que se cambie el sistema de tarificación y se adopten medidas para evitar “abusos” derivados del “oligopolio” energético.

Precisamente el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparece hoy en el Congreso para explicar el comportamiento de los precios en los mercados de la energía tras el alza indiscriminado que ha subido el precio de la luz estos días. Nadal argumentará en la Comisión de Energía de la Cámara Baja cuáles son los factores que explican este incremento. Entre estos, destaca el encarecimiento del precio del gas y del petróleo.

El ministro comparece después de que el precio del megavatio hora alcanzara el máximo anual tras alcanzar una cota superior a los 100 € el pasado día 25 de enero a las 21:00 al situarse en 101,99 euros. Estos precios superan los que se marcaron en diciembre de 2013, después de que se modificara el sistema de subastas. Según el gobierno y el sector eléctrico este alza se debe a la meteorología y a la alta demanda propia de la época del año.

Sin embargo, la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo abrió diligencias para averiguar las razones por las que se ha producido este alza de los precios del mercado mayorista de la luz y proceder a investigar si estas alzas de precios son artificiales y perjudican al consumidor.

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