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Multa de 600 euros a un activista LGTBI por perturbar la marcha del bus de Hazte Oír

El activista LGTBI Fran Pardo. Foto: MIQUEL RAMOS

VALÈNCIA // El Grupo III de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional propone una sanción de 601 euros a Fran Pardo por “perturbar con insultos y amenazas” los actos de promoción del autobús con lemas contra la transexualidad de la organización ultracatólica Hazte Oír. La campaña se presentó en València el pasado 31 de marzo tras varios días de polémicas y accidentadas apariciones en otras ciudades del Estado.

Pardo, joven activista LGTBI valenciano, acudió a una gasolinera de la población valenciana de Quart de Poblet donde el autobús repostaba y su presidente, Ignacio Arsuaga, realizaba una rueda de prensa. Durante el acto, “tan solo les dije que ellos no eran nadie para decidir sobre la vida de las personas”, declara el activista.

Una hora más tarde, el autobús aparcó ante la plaza del Ayuntamiento de València. Sus promotores pretendían hacer llegar una carta al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, pero se encontraron con el desplante de varios concejales que salieron a las puertas del consistorio a mostrarles su rechazo.

Durante la protesta, Pardo portaba una bandera con el símbolo antifascista y los colores del arco iris. El joven se situó justo tras Arsuaga mientras este hacía declaraciones a la prensa y se dirigía a las Cortes Valencianas para entregar sus propuestas a los distintos grupos políticos. Allí también fue recibido con carteles contra la homofobia y con el rechazo de varios representantes políticos, además de los gritos de protesta de varios viandantes y otros activistas. Pardo admite que siguió e increpó, junto con otra gente, a los miembros de Hazte Oír desde el Ayuntamiento hasta las Cortes Valencianas, tal y como muestra el vídeo del periódico Levante-EMV.

La policía lo identificó junto a otros activistas que seguían a la comitiva ultraderechista. Este jueves ha recibido una notificación donde figura como denunciante el Grupo III de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional y en la que pide que se imponga una sanción de 601 euro bajo la Ley de Protección Ciudadana (ley Orgánica 4/2015), conocida como Ley Mordaza, por “perturbar con insultos y amenazas” la rueda de prensa de Hazte Oír “sin parar de hacerlo” hasta que llegaron a las Cortes.

Según la notificación de la Policía, se trata de una supuesta infracción grave tipificada en el artículo 36.03 de dicha ley. Este artículo contempla la sanción grave por “causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.”

Este medio se ha puesto en contacto con la Policía para recabar más información sobre la notificación, pero no han hecho declaraciones al respecto.

Denuncia sin respuesta

Pardo lleva meses esperando otrra notificación de la Policía, y no precisamente para sancionarle por protestar contra la transfobia. En 2014 puso una denuncia en la Fiscalía de delitos de odio y discriminación de València por las amenazas que venía recibiendo desde hacía tiempo por las redes sociales por su condición sexual: “Vamos a por ti maricón de mierda. Te vamos a meter los bates por el culo, que es lo que te gusta. Heil Hitler!”, “A puñetazos, que pegarle tiros no tiene emoción” o “a lo Palomino style” (en referencia al joven antifascista asesinado de una puñalada por un neonazi en Madrid el año 2007).

Estas y más de 50 capturas de pantalla acreditan las constantes amenazas que recibe este joven activista, que a pesar de haberlas denunciado, siguen hoy impunes. “Fui a la Fiscalía dos años después de poner la denuncia para ver qué estaba pasando, y me dijeron que necesitaban más datos… las fechas exactas de los tweets y si esos usuarios seguían activos.. Lo comprobé allí mismo con mi teléfono. No habían hecho nada. Hoy, todavía sigo esperando”.

Pardo, además, fue víctima de una agresión neonazi el 9 de octubre de 2016 tras finalizar la tradicional manifestación de la izquierda valencianista que se celebra cada año en esta fecha. Un grupo de unas diez personas rodeó y golpeó salvajemente a Fran y a su pareja. Ambos presentaron denuncia e informaron de la presencia de cámaras en la zona que apuntaban directamente al lugar de los hechos, el Pont del Reial, en pleno centro de la ciudad. Aportaron incluso un tweet de un usuario de extrema derecha que reivindicaba la acción. Tampoco a día de hoy se sabe nada de esta denuncia. Hoy debe pagar una multa de 601€ por protestar contra el odio.

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España aumenta su pérdida de liderazgo en la defensa de los derechos LGTBI

Colectivos y grupos posan tras el registro de la Ley de Igualdad LGTBI. FELGTB

MADRID // Hasta hace unos años, España era uno de los referentes en la lucha por los derechos de las personas LGTBI en Europa. Desde 2015, sin embargo, su influencia se ha ido perdiendo y otros países, como Noruega y Reino Unido, han tomado su puesto. España es ahora novena en el ranking que cada año elabora la organización internacional ILGA Europa. Se trata de la peor posición desde que esta clasificación se comenzó a elaborar en 2010, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia que se celebra este 17 de mayo. El primer puesto del índice lo vuelve a ocupar Malta. En el extremo contrario, se sitúan Armenia, Rusia y, como país menos respetuoso en Europa de los derechos de las personas LGTBI, se encuentra Azerbaiyán.

“Sin duda es debido a la inacción del Gobierno central. La única razón por la que seguimos manteniéndonos en el top ten es gracias a que varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones específicas. De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia”, explica Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Según Rubén López, responsable de Derechos Humanos de FELGTB, “mientras que el resto de países de nuestro entorno avanzan, España se ha quedado anclada, ignorando así las graves violaciones de derechos humanos que todavía sufrimos las personas LGTBI”. En este sentido, desde la organización consideran que la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, registrada el 4 de mayo en el Congreso por Unidos Podemos y en la que decenas de colectivos llevan trabajando años, haría que España remontase en esta lucha

Hacia una ley que proteja la diversidad sexual, de género y familiar

Pasar de una “igualdad simbólica” —la que representan el matrimonio igualitario y la normativa sobre identidad de género de 2007— a una “igualdad real”, en palabras de Jesús Generelo, es precisamente el objetivo de la Ley LGTBI, que se encuentra ahora mismo en plena tramitación parlamentaria después de que todos los partidos diesen luz verde al proyecto.

Para llegar a este punto, se han dado dos principales circunstancias. “Un tejido asociativo potente y con personas muy formadas, que tienen claras su reivindicaciones, ha confluido con el impulso europeo que se está dando a las problemáticas de las personas LGTBI”, resalta Laia Serra, abogada del Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya y que ha participado en la redacción de la ley.

A nivel autonómico, territorios como Cataluña, Madrid, Extremadura, Navarra o Andalucía ya han aprobado normativas para garantizar los derechos de personas gais, lesbianas, transgénero, bisexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. “Que hubiera un vacío a nivel estatal no se podía alargar mucho más”, apunta Serra.

Leyes, todas ellas, “de carácter preventivo y formativo”, como explica Generelo, pero que ven limitado su ámbito de actuación. “Es necesario unificar y poner un suelo básico de defensa de los derechos fundamentales en todas las Comunidades Autónomas. Ahora, una persona trans no es tratada como enferma en un pueblo, pero sí puede serlo si se va al de al lado”, incide el presidente de la FELGTB.

¿Por qué es necesaria esta ley? Para Generelo, “la discriminación por identidad de género y orientación sexual es el principal motivo de acoso escolar y se reproduce en los ámbitos laborales y sanitarios. Las agresiones a personas LGTBI no cesan: en 2016 y solo en la Comunidad de Madrid, se registraron más de 230. Además, hay quienes no se sienten empoderados para denunciar estos ataques”. Serra apunta a la necesidad de abordar el terreno específico de las personas intersex y la violencia intragénero. De aprobarse la Ley, ambas cuestiones entrarían por primera vez en la legislación española.

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“Una ley LGTBI es necesaria pero insuficiente para las personas trans”

trans

“Desafortunadamente la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos no cuentan con un marco legal que cubra de forma expresa la discriminación basada en la identidad de género; por el contrario, sí contemplan una regulación patologizante y enteramente adscrita a un paradigma médico que concibe las identidades trans como una disforia de género y le impone un diagnóstico de trastorno mental”. Con este planteamiento de base, la Plataforma Trans –federación de asociaciones integrada específicamente por personas transexuales-, ha enviado una propuesta de ley específica a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Igualdad para que, al igual que el borrador de la Ley de Igualdad LGTBI, sea registrada en el Congreso.

“La ley LGTBI es necesaria para todas las personas que se reconocen como lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, para la protección contra los delitos de odio por orientación o identidad sexual, pero es una propuesta generalista e insuficiente para dar una respuesta específica a las personas trans. La ley trans viene a dar respuestas concretas a todas las circunstancias específicas y de forma integral y transversal. Las necesidades de las personas trans son necesidades específicas que requieren de respuestas específicas“, insiste la presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé.

La denominada Ley sobre el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la no discriminación de las personas trans pretende visibilizar la “compleja situación” que experimentan estas personas, que no responden a un colectivo homogéneo, “ni siquiera a una unívoca forma de sentir y ser persona trans o intersexual”; reconocer la existencia de múltiples itinerarios y formas de construir, expresar y vivir las identidades trans; e incorporar aquellos derechos que reconocen la libre determinación de la identidad y expresión de género de todas las personas, la autodefinición y gestión del propio cuerpo, la regulación jurídica de la identidad y expresión de género desde un enfoque interseccional y no desde la medicalización.

“[Con ello] los poderes públicos se convierten en garantes de un derecho que históricamente ha estado sujeto a la discrecionalidad gubernamental. Se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo, sus caracteres sexuales y su ser”, reza el borrador. Establece, por tanto, un marco jurídico que fomenta las políticas públicas contra la discriminación y unifica todas las leyes autonómicas que ya existen o puedan existir para evitar discriminaciones por territorios. “Es similar a cuando se ha legislado en favor de las mujeres con una ley de violencia de género. ¿Sufren violencia las parejas del mismo sexo? Sí, pero no es violencia de género es intragénero; en personas transexuales, si son heterosexuales, sí sería violencia de género”, ejemplifica Cambrollé, que destaca, no obstante, la cada vez mayor conciencia política. 

Colectivos vulnerables

La ley se centra particularmente en varios colectivos aún más olvidados dentro del propio colectivo: las mujeres trans, personas de avanzada edad y extranjeras identificadas como trans o intersexuales, identificadas como sujetos en situaciones de vulnerabilidad y a quienes el Estado debe garantizar una protección y atención integral de acuerdo a la identidad y expresión de género que manifiesten; los menores, que, según la plataforma, “fueron excluidos expresamente de la Ley 3/2007, lo que lejos de atender a su interés superior tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del Niño, les ha obstaculizado el respeto a sus derechos fundamentales, que han quedado menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo registral no coinciden con el sexo que sienten y muestran”; y las personas intersexuales: “Se conocen históricamente como hermafroditas y han sufrido situaciones bárbaras en aplicación de leyes injustas, que las han llevado, por ejemplo a la mutilición genital o morir quemadas vivas (…)”. La ley prohíbe por tanto las cirugías en recién nacidos y menores de edad, se les reconoce el derecho a su identidad de género, en cuyo ejercicio podrán instar la rectificación de la mención relativa al sexo registral en el Registro Civil, y se dispone que en el asiento de nacimiento de la persona intersexual recién nacida su sexo constará como No Binario.

La propuesta también reconoce el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género dentro de las instalaciones penitenciarias y centros de internamientos sin necesidad de presentar informe médico o psicológico que acredite la condición trans o intersex. “El internamiento en los centros o módulos penitenciarios se realizará respetando la identidad de género manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer, tomándose todas las medidas de seguridad que garanticen la integridad física”, afirma el texto. Estas personas tendrán derecho a acceder a los servicios de atención médica especializada en las mismas condiciones que el resto de internos y a ser ubicados en los módulos e integrados en los programas de acuerdo a la identidad y expresión de género autodeterminada. “Se deberán garantizar la continuidad de cualquier tratamiento médico u hormonal que tenga lugar o se desee iniciar”, añade.

Según los datos recabado por la plataforma, en España existen más de 46.000 personas trans, de ellas aproximadamente 4.600 menores. 

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