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Dos años de ‘leyes mordaza’

'Sentada silenciosa' contra la Ley Mordaza en la Puerta del Sol. I La Marea

MADRID // Este sábado se cumplen dos años de la entrada en vigor de las conocidas como Leyes Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y reformas del Código Penal). Por ese motivo, un grupo de organizaciones y movimientos sociales han emitido un comunicado en el que denuncian “las graves consecuencias de la aplicación de estas leyes para el libre ejercicio de los derechos humanos”, y exigen que se cumplan diez principios básicos para garantizar la protección de los derechos ciudadanos fundamentales.

“Hemos sido testigos de un incremento de la discrecionalidad policial”, advierte el comunicado, al que se han adherido colectivos como Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, Red Acoge, Sos Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), entre otros.

Los firmantes advierten que “la ambigüedad de la ley” deja a la ciudadanía en una “situación de indefensión” ante el poder de la policía, que es quien tiene “la potestad de interpretar qué hechos son sancionables o no dentro del libre ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión o reunión”.

Por este motivo, el Grupo de Análisis de la Plataforma No Somos Delito, compuesto por más de 15 juristas, con el apoyo de distintas asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, ha iniciado la redacción de una propuesta para una ley que garantice la Seguridad Jurídica.

“Consideramos que cualquier ley o disposición legal debe basarse en criterios claros y predeterminados, sin que quepa la libre interpretación del Derecho penal o administrativo”, expone el primer punto de este decálogo que quieren que se debata en el Parlamento. El documento también exige “transparencia y garantías en la aplicación de la ley”, que se elimine el principio de veracidad de los agentes, que se cumpla el principio de igualdad y no discriminación para evitar actuaciones por razones étnicas o discriminatorias, la eliminación del registro de infractores y que se proteja de manera especial a la diversidad y a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, entre otros apartados.

Los colectivos que quieran adherirse a esta propuesta pueden hacerlo a través de un formulario que cuenta, de momento, con el apoyo de 20 organizaciones.

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“Hay intención y deseos de ejemplarizar”

El exjuez Baltasar Garzón I La Marea

MADRID// Desde que en 2012 el Tribunal Supremo (TS) lo condenó por prevaricar en el caso Gürtel a 11 años de inhabilitación como juez, Baltasar Garzón (Jaén, 1955) dedica sus esfuerzos a la defensa como letrado de distintas causas relacionadas con los derechos humanos. Buen conocedor del funcionamiento de la Audiencia Nacional –fue juez instructor allí durante 23 años–, Garzón investigó algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política, delincuencia económica… En 1998 ordenó el cierre de un medio de comunicación, el diario Egin. Casi dos décadas después, el controvertido exjuez sigue defendiendo aquella actuación. “Egin era un instrumento al servicio de ETA”, contesta por escrito a La Marea. El jurista advierte de la deriva peligrosa que atraviesa España a raíz de la judicialización de ciertos temas vinculados al ámbito de la libertad de expresión. Y se muestra muy crítico con el Gobierno del PP, a quien acusa de querer amedrentar a la población mediante la aplicación de leyes que no tendrían cabida en otros países de nuestro entorno democrático. Parte de esta entrevista fue publicada en el número 47 de la revista La Marea.

¿Cómo se explica el aumento de denuncias relacionadas con el terrorismo, cuando hace años que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada?
El terrorismo yihadista ha crecido exponencialmente en los últimos años y eso ha determinado un incremento de las investigaciones. Ahora bien, si se refiere al terrorismo de ETA, no tendría justificación, por cuanto esta organización carece de actividad delictiva desde octubre de 2011 y pretender que hechos como los de Alsasua
[la agresión a dos guardias civiles y sus parejas]  sean acciones terroristas, es ir mucho más allá de lo razonable; como lo es también criminalizar el uso de las banderas, los himnos, las fotos, etc. Desde luego son temas que entrarían en el ámbito de la libertad de expresión de un país democrático. Es decir, las causas relativas a ETA se han potenciado a partir de incesantes denuncias por enaltecimiento o justificación del terrorismo. Sin embargo, ello no responde a una realidad criminal objetiva, sino a un deseo de que la percepción sobre un determinado terrorismo no cambie. Como digo, ETA no atenta ni delinque ya y prácticamente está concluyendo el camino de su desaparición, que podría ser más rápido si el Gobierno supiera asumir que la pacificación es una realidad y que es el momento de cerrar ese espacio macabro que tanto dolor ha causado en nuestro país. Por ello, traerla a presente en forma más o menos forzada o artificial puede ser muy peligroso, por más que le interese a determinado sector del ejecutivo seguir alimentando la explotación política del fenómeno terrorista.

¿Cree que hay un abuso de la imputación por delitos de enaltecimiento del terrorismo? ¿Su definición es demasiado ambigua y abierta a la interpretación de cada juez?
Como decía, puede haber una  desacertada aplicación de ese delito cuando no responde a criterios estrictamente legales o cuando se fuerza la interpretación de la norma para forzar su aplicación. La propia Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene criterios distintos en función de la composición del tribunal o del magistrado ponente que conozca del caso concreto. Los votos particulares o disidentes son muchos más que en otros tipos delictivos. Por todo ello, sí que parece en ocasiones que se confunden los conceptos. No creo en absoluto que casos como el de Strawberry, los titiriteros y otros bien conocidos caigan en lo que se conoce como enaltecimiento del terrorismo. El concepto de enaltecimiento del terrorismo tiene una serie de componentes que en estos casos no se dan. Más bien hay intencionalidad y deseos de ejemplarizar. Yo diría que hay miedo por parte del Ejecutivo hacia un sector de la sociedad que realiza una crítica probablemente grosera o zafia en ocasiones,  al no saber cómo abordarla.

¿Cuál es la diferencia entre enaltecimiento de terrorismo y libertad de expresión?
El enaltecimiento del terrorismo implica apoyar a grupos terroristas que se encuentran en situación activa y es un concepto legal que se acuñó en realidad en el País Vasco, en un momento en que ETA asesinaba y había grupos o personas que apoyaban mediante diferentes fórmulas como carteles, pancartas o pintadas -entre otros- sus acciones. Ese podría ser un primer criterio a aplicar. Como el de la violencia, es decir, el de la justificación e incitación a la violencia terrorista, para la consecución de los fines terroristas. La libertad de expresión supone exponer libremente las propias opiniones con los límites de lo que implica el respeto al otro, y sin incurrir en la difamación o la injuria. Yo añadiría que también se agradece el no faltar al buen gusto. No lo digo solo por estos ejemplos de tuits, sino por los exabruptos a que nos tienen acostumbrados algunos contertulios.

¿Cuál es el papel del ministro de Justicia en el aumento de las denuncias por enaltecimiento?
Desde luego, el señor ministro no está contribuyendo, como debiera, a atemperar o mesurar la situación. Formalmente el ministro carece de papel alguno en este ámbito. Si hay apariencia de delito, bien, y eso le toca apreciarlo a la policía, al fiscal y al juez, cada uno en su respectivo rol y competencia. El ministro de Justicia o el de Interior no deben interferir. Sin embargo, lo cierto es que algunas declaraciones coadyuvan a las actuaciones desproporcionadas y perturbadoras de algunos jueces y fiscales.

¿Cree que la Audiencia Nacional está siendo instrumentalizada por el Gobierno?
Confío plenamente en la independencia de los jueces de la Audiencia Nacional. Pero ello no obsta para que haya algunos magistrados que por su mayor sintonía con el partido actualmente en el Gobierno tengan una interpretación de la Ley próxima a aquel, y mucho más laxa que la que debería ser aceptada dentro del respeto a los derechos y garantías más estrictos. Así mismo, creo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está ocupándose de cosas que muy difícilmente podrían catalogarse como delito de terrorismo o de enaltecimiento del mismo.

¿Cómo se explica que algunas de estas detenciones (Strawberry, por ejemplo) hayan coincidido con momentos políticos de especial relevancia, como unas elecciones?
No creo que sea casual, hay una decidida intención por parte del Ejecutivo de hacer que la sociedad sienta temor o precaución hacia otras formaciones políticas. Y esto es altamente peligroso en una democracia. Dejar pasar estas actitudes, nos acerca cada vez más a una especie de sociedad constreñida por la seguridad y el temor a manifestarse libre y espontáneamente.

Organismos internacionales y ONG como Amnistía Internacional alertan del retroceso de libertades en España. ¿Está de acuerdo?
Sí. Es lo que se percibe. Para quienes hemos luchado por una sociedad en libertad y con plenos derechos es frustrante y produce indignación ver de qué manera el Gobierno del Partido Popular va echando por tierra avances que han costado la juventud e incluso la vida de muchos españoles.

¿Cree que en España está suficientemente garantizado el derecho a la libertad de expresión?
España tiene normativa constitucional y legal que la garantizan, el problema es la aplicación de esa normativa por los jueces y tribunales que pueden vaciarla de contenido en una sentencia, por ejemplo. Tampoco contribuyen a que el espacio de libertad triunfe sobre el de seguridad. Ahí está la denominada Ley Mordaza. Con ella, a pesar de los recortes sufridos, se manifiesta una especie de miedo a la sociedad y a sus manifestaciones frente a determinadas formas de hacer políticas contrarias a los derechos ciudadanos.

¿Cómo están afectando las leyes mordaza a estas libertades?
Como digo, generan en primer lugar inseguridad sobre lo que se puede y no se puede hacer y, por tanto, temor en los ciudadanos. En segundo término y no por ello menos importante, afectan a la libertad de expresión, al derecho de manifestación y permiten que acciones que deben ser en todo caso a criterio de un juez queden al arbitrio de los funcionarios de policía.

¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿Cuáles son?
Por supuesto. Los límites son la injuria, la difamación, la mentira y yo creo que también hay que repasar los valores porque hay groserías innecesarias. El respeto a los demás también es un límite. El discurso del odio tampoco está amparado por la libertad de expresión.

Muchos de estas imputaciones tienen que ver con la difusión de mensajes en redes sociales. ¿Qué diferencia hay en expresar una idea a través de un medio u otro?
Hay dos aspectos en cuanto a las redes. Uno es la falsa sensación de anonimato e impunidad que hace que algunos crean que no hay barreras para decir cualquier cosa. Esto no es así. El otro es el de que algo que se haga público en Internet tiene una difusión casi infinita y es muy difícil después ‘borrar’ o retractarse de lo que se diga. No hay más que ver el acoso escolar en redes que lleva a las víctimas a situaciones de desesperación difíciles de imaginar.

En 1998, usted cerró el diario Egin. ¿Qué motivó aquella decisión?
Durante años, aproximadamente desde 1989, tras la detención de Josu Ternera acumulé evidencias e indicios suficientes que me permitieron comprender en toda su extensión el fenómeno terrorista. Obviamente mi planteamiento y el de los investigadores, siendo legal, no coincidía con la visión que, interesadamente, patrocinaba la organización terrorista ETA de sí misma. Siempre ha tenido un doble y un triple, e incluso más lenguajes para protegerse debajo de una serie de caparazones que no dejaran resquicio alguno al descubrimiento de sus verdaderas intenciones.
Una vez  que se reunieron las suficientes indicios de criminalidad para demostrar que la organización terrorista había nombrado al director del periódico; que se transmitían directrices de la organización que llegaron a apuntar a acciones criminales que luego ejecutó ETA (no se olvide que entonces los terroristas mataban); que la relación de dependencia de las distintas sociedades del grupo Orain y del diario Egin respecto de ETA era absoluta, hasta el punto de que los propios miembros del aparato político de la organización terrorista controlaban la línea editorial del diario, tomé la decisión de cerrar provisionalmente el medio y suspender las actividades del grupo, de acuerdo con el artículo 129 del Código Penal, el 16 de julio de 1998. Como antecedente, puedo decirle que a partir de 1992 el diario Egin llegó a estar plenamente subordinado, tanto en sus funciones como en su organización, a la estrategia global de ETA, si bien bajo la cobertura aparente de ser un periódico plural e independiente. La organización terrorista imponía sus directrices en el funcionamiento y organización del grupo editor, transmitiéndolas a través de claves directas de comunicación. También  Egin avisaba públicamente de la puesta en marcha de operaciones policiales dirigidas contra ETA o sus grupos de apoyo, permitiendo así que el resto de los colaboradores conociese esta circunstancia y pudiera eludir la acción policial. Egin era un instrumento de ETA y al servicio de ETA. Así se probó en la sentencia de la Audiencia Nacional y fue confirmado por el Tribunal Supremo.

Pero años después, el Tribunal Supremo dejó sin efecto el pronunciamiento relativo a la declaración de ilicitud de las actividades de Egin. ¿Cree que fue un error cerrar el periódico?
Siento contradecirle, pero la sentencia de fecha 22 de mayo de 2009 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en ninguna de sus líneas ni en ninguna de sus 922 páginas, afirma que fue un error o que fuera ilícito el cierre de Egin. Dice exactamente lo contrario: la actividad delictiva cesó con el cierre y la suspensión de actividades. “De todo lo dicho se concluye que la convicción probatoria del Tribunal no es irracional, sino que es fruto de la valoración de la prueba practicada obteniendo una conclusión que no es inmotivada o arbitraria ni contraria a la lógica. El Tribunal de instancia ha valorado racionalmente las pruebas sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar la vinculación del diario EGIN y la emisora EGIN IRRATIA y sus dirigentes con la organización terrorista ETA”. De esta manera, tras valorar la constancia de la reunión efectuada en 1992 con el responsable de la dirección política de ETA, así como la documental señalada y las declaraciones citadas, no resulta contrario a la lógica afirmar lo indicado por el Tribunal sentenciador: que las designaciones de estos recurrentes fueron oportunamente autorizadas por el aparato político de ETA, con el fin de que los medios que dirigían mantuvieran una posición afín a la de la organización terrorista y, de esa manera, coadyuvar a la obtención de sus fines. Esa es la verdad judicial.

 Una de las críticas más fuertes que se le ha hecho desde determinados ámbitos de la izquierda es que usted haya cerrado un medio de comunicación. ¿Cree que aquel cierre vulneró la libertad de prensa?
Ha habido una gran manipulación en todo lo relativo al cierre provisional del periódico Egin y la emisora Egin Irratia que acordé el 16 de julio de 1998. En ningún momento se clausuraron estos medios porque se pretendiera cercenar la libertad de prensa sino porque  eran un instrumento, creado, controlado y dirigido por ETA y en su nombre, dirigidos por diversas personas que fueron condenados al igual que los componentes del consejo de administración de la empresa editora Orain, SA. En la sentencia de la Audiencia Nacional, se destacó sin fisuras la actividad delictiva que se plasmó en las condenas contenidas en el fallo. Si bien al imponer las consecuencias accesorias (declaración como asociación ilícita y declaración de ilicitud), el tribunal debería haber explicitado los motivos por los que era preciso acudir a la imposición de las consecuencias accesorias para evitar la continuidad delictiva, motivando especialmente por qué tal finalidad no podía ser conseguida con las penas impuestas a las personas físicas que en un momento u otro utilizaron las estructuras de las entidades (Orain SA, entre otras). La sentencia constata y refiere la utilización de las entidades a las que se aplicaron estas sanciones para las actividades delictivas imputadas, pero sin embargo no motivó en qué medida con la aplicación de consecuencias accesorias se pretendía conjurar los riesgos derivados de una ulterior actuación delictiva de Orain o Hernani Imprimategia, entre otras. Se limitó únicamente a afirmar que “la actividad punible consiste en poner determinadas estructuras mercantiles o asociativas al servicio último de una organización terrorista, como es ETA”. Esta motivación escueta olvidó lo que el artículo 129.3 del Código Penal, exigía: correlacionar la sanción o sanciones impuestas con los fines que con su imposición se quiere obtener.
Las acusaciones no solicitaron expresamente respecto de dichas sociedades legales –a diferencia de KAS, EKIN, y XAKI– su declaración de asociación ilícita del art. 515.2 y, como consecuencia de ello, su disolución, sino que solo pidieron la declaración de ilicitud sin más y el TS, frente a ello, dijo que “esa declaración de ilicitud de las actividades no puede equipararse a la declaración de asociación ilícita pues ello podría implicar que todo delito cometido en el seno de una persona jurídica habría de ser sancionado adicionalmente con la disolución prevista para la asociación ilícita”. Al no existir pronunciamiento expreso declarando a algunas de las asociaciones como ilícitas, sino como ilícitas sus actividades y como consecuencia de tal declaración la disolución, la Sala de lo Penal de la AN, debería haber expresado con base en qué delitos por los que finalmente fueron condenados los acusados se impuso la consecuencia accesoria.

En definitiva, la suspensión provisional de actividades que yo adopté en 1998, no solo fue correcta sino necesaria para hacer cesar la presunta actividad delictiva que se estaba desarrollando a través del citado medio. La medida se mantuvo por los cinco años que preveía la ley y luego se alzó; de modo que tanto el periódico como la editora podían haber reanudado sus actividades. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ratificaron y avalaron esas medidas, entre las que estaba el cierre de Egin, en forma absoluta y reconocieron expresamente la actividad delictiva a través de las mismas en el seno de la organización terrorista ETA. Solo aconteció que el tribunal de instancia (es decir, la Sección correspondiente de lo Penal de la Audiencia Nacional compuesta por tres magistrados), al declarar la ilicitud, sin previa declaración de asociación ilícita (caso de Orain SA y otras) fue mas allá de lo pedido por la parte acusadora, y el tribunal de casación lo anuló. Nada más. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo y no otra cosa en el centésimo nonagésimo razonamiento, a partir de la página 822 de la sentencia de 22 de mayo de 2009. La prensa y la libertad de prensa poco tienen que ver con la actividad terrorista a través de Egin, descrita en las sentencias, a cuya lectura invito.

Años después, el juez del Olmo ordenó el cierre de Egunkaria. Finalmente, todos los imputados fueron absueltos tras una sentencia que tildó el cierre de “injerencia en la libertad de prensa”. ¿Cuál es su valoración de este caso? ¿Cree que existe alguna diferencia entre el cierre de Egin y el de Egunkaria?
Absolutamente diferentes. La prueba de que no se pretendía ningún tipo de secuestro de la opinión o de las críticas que desde el mundo abertzale se hacían a las actuaciones judiciales, es que nunca autoricé una operación contra Egunkaria. Me mostré contrario, a pesar de la petición del fiscal y rechacé la intervención, clausura y apertura de investigación alguna contra su director. No obstante, con la misma documentación que yo rechacé y con el impulso del fiscal Eduardo Fungairiño, se abrió a instancias de la Guardia Civil una investigación por orden del juez central número 6, Juan del Olmo, que, después de muchas incidencias y denuncias de malos tratos y tortura, acabó en absolución de su director. Nunca debió abrirse aquella causa, y, a pesar de haber sido yo el que se negó a incoar la misma y a pesar de estar en contra de esa actuación, para no variar, se me imputó a mí haberlo hecho.

Con el auge del independentismo catalán, también ha habido casos muy llamativos como diversas imputaciones por pitar el himno nacional en la final de la Copa del Rey, colgar esteladas, quemar ejemplares de la Constitución o fotos del rey. ¿Qué opina de que algunos magistrados consideren estas acciones un delito? ¿Podría verse como una persecución ideológica o una manera de coartar la libertad de expresión?
Volvemos a lo mismo, a la judicialización de temas que deberían ser temas de debate y solución políticos y a la confusión de acciones en este sentido. Se entra en una espiral de provocación–respuesta–provocación que no conduce a nada más que a crispar y tensar a la sociedad. El problema inicial es del Gobierno, que no sabe o no quiere gestionar estos asuntos. Pero, sin duda hay una corriente de interpretación jurídica demasiado amplia en la Fiscalía y la judicatura que está dando entrada en el Código Penal a hechos que nada tienen que ver con el principio de intervención mínima que caracteriza al derecho penal. Iniciar esa deriva nos lleva a una especie de medida cautelar suspensiva de la libertad de expresión y ello es altamente peligroso, porque de ahí a la condena por delitos de opinión, solo hay un paso.

¿Le consta que en otros países próximos la justicia actúe igual?
En los países democráticos este tipo de acciones ni se producen porque se ha gestionado mejor o porque hay otro concepto sobre la patria y la bandera en el sentido de que son patrimonio de todos sin que unos se las apropien y otros las demonicen. En otros países este tipo de acciones están extremadamente penadas porque también existe una falta terrible de libertades. Creo que aquí tenemos que revisar nuestra convivencia, el marco constitucional y resolver problemas de fondo como la pervivencia del franquismo a estas alturas en diversos estamentos sociales o la injerencia de los políticos en la administración de Justicia.

¿Podría llegar a ocurrir que para muchos de los condenados el Tribunal de Estrasburgo sea su última esperanza?
Desgraciadamente, sí. Estoy pensando por ejemplo en Strawberry, recientemente condenado por el Tribunal Supremo echando por tierra las decisiones de los jueces de la Audiencia Nacional. Y lo cierto es que frente a Europa, ese tipo de situaciones acaban siendo un bochorno para nuestro país.

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Interior indemniza con 750 euros a una mujer agredida a porrazos por antidisturbios

Cargas policiales en Madrid I La Marea

MADRID // Una juez de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior con una multa de 750 euros por las lesiones sufridas por una joven en un bar del barrio de Huertas (Madrid), tras ser aporreada por agentes antidisturbios en septiembre de 2012. La agresión sucedió al final de una manifestación contra la aprobación de los Presupuestos Generales. En un momento dado, varios grupos operativos de Intervención Policial comenzaron a recorrer las calles del barrio de las Letras, en el centro de Madrid.

Tal y como recoge una grabación efectuada por un vecino desde el balcón, un grupo de antidisturbios entró en varios establecimientos, entre ellos el bar La Brocense, del que comenzaron a sacar a varias personas. En las imágenes se aprecia cómo parte de los agentes espera en la puerta del bar para hacer “un pasillo” a las personas que sus compañeros sacan de su interior, mientras “les golpean de manera reiterada e indiscriminada y con una clara intención de escarnio”, según denuncia la Comisión Legal Sol —la asociación encargada de asesorar legalmente a la víctima—, en su página web.  Posteriormente se ve cómo sacan a dos mujeres del bar, M. y G., las cuales son rodeadas por varios policías en la misma puerta para, “sin dejarles escapatoria, golpearlas reiterada y brutalmente en la cabeza y tronco, produciéndoles sendas brechas que necesitaron para su curación la aplicación de grapas”, prosiguen los abogados.

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Ni a M. ni a G., ni a ninguna de las personas que fueron agredidas se les identificó ni detuvo, “quedando por tanto acreditado un ánimo por parte de los funcionarios de Policía de mero castigo y escarnio totalmente gratuitos”.

El procedimiento penal que dio pie las denuncias interpuestas por M. y G. fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid en un Auto en el que se afirmaba que “si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas”.

“Esa noche, como tantas otras, los funcionarios de la Unidad de Intervención Policial llevaban tapado su número de placa con el chaleco antitrauma que vestían encima”, recuerdan desde la Comisión Legal Sol.

Tras interponer el procedente recurso de amparo, que fue inadmitido, M. y G. demandaron al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de investigación, demanda que se encuentra aún en trámite.

Paralelamente, tanto M. como G. reclamaron responsabilidad patrimonial al Ministerio del Interior por el mal funcionamiento de las Unidades de Intervención Policial. Dicha reclamación fue rechazada en ambos casos.

Ahora, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 7 les ha dado la razón y ha decidido anular la desestimación de la reclamación patrimonial realizada por G. y declarar su derecho a percibir 750 euros por las lesiones sufridas. Queda pendiente que se resuelva el procedimiento judicial sobre la reclamación patrimonial de M., cuya vista está señalada para los próximos meses.

“Más allá de la irrisoria cuantía, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y de la vergonzante postura de la Abogacía del Estado, quien hasta el último momento ha rechazado reconocer el mal funcionamiento de la actuación policial; desde la Comisión Legal queremos poner el acento en la falta de investigación efectiva de este tipo de abusos y en la impunidad consentida que supone el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de ir debidamente identificados”, concluye la Comisión Legal Sol.

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Belén Lobeto: “No es libertad de expresión si coartas la libertad de otras personas”

A Belén Lobeto la multaron por llevar un bolso con una imagen de un gato y las siglas ACAB junto a la leyenda: All cats are beautiful. Todos los gatos son bonitos. En la denuncia, los agentes concluyeron que esas siglas correspondían a All cops are bastards. Todos los policías son unos gilipollas. El caso, que finalmente fue archivado, es uno de los ejemplos más evidentes de la “barbaridad” de la Ley Mordaza, una de las normas represivas aprobadas por el Gobierno del PP. Casi un año después, conversamos con Belén para #LaMarea47, un monográfico sobre el estado de la libertad de expresión en España. “Me parece mal que siga en vigor esa ley porque en un país supuestamente democrático es increíble ver cómo cada vez se tienen menos libertades y más leyes represoras que no se preocupan de lo que realmente importa, y se basan totalmente en controlar a la gente a través del miedo”, denuncia.

¿Cómo están tus gatos?

Xuacu y Lluna están súper bien, a punto de cumplir cinco añitos en unos meses y más cariñosos y simpáticos que nunca. Tanto que mi compañera de piso y yo estamos abriendo una página de Facebook e Instagram que se va a llamar Besos de Gato, donde vamos a ir publicando vídeos y fotos suyas porque es que están súper graciosos y guapísimos.

¿Qué opinas, ahora con el tiempo, sobre la denuncia de la Policía?

Básicamente mi percepción sobre el tema no ha cambiado mucho, sigo pensando que fue un abuso de poder, y una decisión totalmente absurda y fuera de lugar por parte de los agentes, que si bien se ha quedado en una anécdota, tiene un trasfondo que deja mucho que pensar y reflexionar acerca de las leyes y los valores y derechos que estamos perdiendo.

¿Te afectó en tu vida diaria o en tu forma de pensar sobre determinados asuntos?

Me afectó durante esos días por el tema de la presión mediática, las redes sociales, las llamadas, el apoyo de la gente, pero actualmente se ha quedado básicamente en una anécdota y sigo pensando exactamente lo mismo que antes sobre el sistema. También me enseñó que no hay que tener miedo ni callarse porque hay mucha gente dispuesta a ayudar y a luchar contra las injusticias.

¿Qué está ocurriendo en España con la libertad de expresión? 

Ocurre lo mismo que antes, hay una libertad de expresión teórica. Pero llevada a la práctica no hay libertad de expresión para la ciudadanía y, en concreto, para ciertos sectores que no interesa que tengan voz, y son censurados sistemáticamente. Las instituciones quieren ejercer un control sobre la población basado en el miedo. Miedo a decir lo que uno piensa, miedo a manifestarse, miedo a protestar, porque en cualquier momento nos pueden denunciar, multar, detener… A raíz de todo esto, conocí a la gente de la plataforma No Somos Delito, que lucha por los derechos de las víctimas de la Ley Mordaza, y en uno de los encuentros organizados por la plataforma conocí por ejemplo a César Strawberry, al compartir mesa redonda con él y otras víctimas de esta ley. Todos estábamos ahí para contar nuestro caso, y el suyo me resultó especialmente sangrante dado el empeño que se ha puesto en perseguirle una y otra vez y convertirle en algo así como el enemigo público número 1.

¿Tú te sientes libre de decir lo que quieras?

No, no me siento libre de decir lo que pienso, al menos públicamente, pero ni yo ni nadie en función del tema que estemos tocando. Hay cosas de las que no quieren que se hable.

¿Has vuelto a usar el bolso?

Sí, claro. Y tras el archivo del expediente por la Jefatura Superior de Policía, con mucho más orgullo que antes, que lo llevaba como un simple bolso. Eso demuestra que llevar ese bolso no fue delito nunca, y por lo tanto, otros casos similares tampoco lo son, ni deberían serlo.

¿Crees que se usan mal las redes sociales?

Depende para qué, pero en este contexto, está claro que se han convertido en una herramienta para que tanto instituciones como “posibles enemigos” tengan acceso a información que pueden usar para atacarte. No nos damos cuenta de lo expuesto que estamos publicando ciertas cosas que pensamos que solo ve nuestro entorno. En mi caso concreto, me ayudaron muchísimo, ya que sin los más de 20.000 retweets que tuvo mi tuit, probablemente mi caso hubiera seguido adelante habiendo tenido que pagar la multa. Es un tema delicado.

¿Y por qué crees que se persiguen unos comentarios en las redes sociales y otros no?

Pues depende de los intereses del perseguidor, me imagino.

¿Dónde hay que poner el límite?

En el respeto. Da igual que seas Bimba Bosé que Letizia Ortiz. Está claro que la persecución está totalmente segregada y dirigida hacia un sector concreto. Y lo importante no debería ser el receptor, sino el contenido. Las opiniones nunca deberían ser censuradas, mientras no sean insultos ni amenazas, ya que entonces no estarían basadas en el respeto. Lo que no es normal es leer en Twitter las burradas que le publicaron a Miguel Bosé sobre la muerte de su sobrina y que no pase nada porque “solo era una modelo”… Por cosas mucho más lights dirigidas hacia quien no interesaba he visto a gente meterse en problemas. Es necesario que haya respeto tanto para instituciones como para la ciudadanía. El problema es que no se hace coherentemente.

¿Has pensado dos veces qué tuit o qué comentario en Facebook vas a escribir antes de publicarlo por temor a que te denuncien?

Por supuesto que sí.

Hay gente a la que la situación actual le recuerda a algunos momentos de la dictadura…

En cierta manera sí, si comparamos la censura, la represión y la falta de libertades a la hora de expresarse o manifestarse. Evidentemente no es el mismo contexto, pero aún queda mucho trabajo por delante si queremos llegar a un progreso y un entendimiento basado en el respeto, y no en el miedo, que es el camino fácil, destruir en vez de construir, reprimir en lugar de educar en el respeto. En cualquier caso, es normal encontrar similitudes con las leyes del franquismo cuando la mayoría de quienes están al frente de las instituciones son, de una manera u otra, descendientes de aquello.

¿Crees que ha aumentado la persecución en los últimos años?

Persecución siempre hubo, aunque quizás ahora en mayor medida, porque ahora con leyes como esta y las redes sociales es mucho más evidente y más fácil perseguir. Pero tengamos en cuenta que también nosotros las podemos usar en nuestro favor. Hay que ser listos, al menos más listos que ellos.

¿El caso del autobús de HazteOir entraría dentro de la libertad de expresión?

Todo esto del autobús me parece una auténtica vergüenza y una falta de respeto. Ellos se escudan en la libertad de expresión pero lo que hacen no es dar su opinión, sino la forma más dañina de proselitismo. No puede llamarse libertad de expresión cuando estás coartando la propia libertad de otras personas, sobre todo en este caso, ya que hablamos de la libertad individual de alguien, de sentimientos y decisiones que, te guste o no, no afectan a nadie más que a esa persona. Porque puedes estar de acuerdo o no con el transgénero (en este caso, ya que en este debate pueden entrar más temas como el matrimonio homosexual, por ejemplo), pero que una persona decida cómo se siente con su cuerpo a ti no te afecta en absoluto, y si te molesta tanto que no lo puedes consentir y además pretendes que nadie lo haga, lo que eres en realidad es un intolerante. No se pueden imponer las creencias de uno mismo a la gente. Hay que vivir y dejar vivir a la gente con lo que cada uno sea feliz, siempre y cuando no afecte ni perjudique directamente a los demás.

Ya a la venta el monográfico sobre libertad de expresión en quioscos y en nuestra tienda online

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Despenalizar ciertas conductas en el ámbito de los delitos de expresión

'Sentada silenciosa' contra la Ley Mordaza en la Puerta del Sol. I La Marea

Desde la Comisión de Defensa de ALA, siempre hemos propuesto la despenalización de algunas de las conductas que más están dando que hablar en el ámbito de los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Comenzando con el delito de enaltecimiento del terrorismo, tenemos que recordar que la modificación del Código Penal para la incorporación del delito de enaltecimiento del terrorismo se produce en el marco de un nuevo paradigma en la lucha contra ETA y lo que se dio en llamar “su entorno”, coincidente con la llegada del José María Aznar al Gobierno, y que se inicio con la tramitación del sumario 18/98, que perseguía a las diferentes organizaciones sociales del mundo abertzale en aplicación de la teoría de los distintos “frentes de ETA”, y continuó con normas como la LO 6/2002, promulgada para conseguir la ilegalización de HB, o la LO 1/2003, que estableció unos mecanismos que permitían no otorgar subvenciones a los partidos políticos con representación pública de la órbita abertzale. Es en este marco, como decimos, cuando se aprueba la LO 7/2000 que incorpora el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Desde esta perspectiva, entendemos que supone una legislación de excepción, que si alguna vez estuvo justificada, que no creemos, con el fin de las acciones violentas de ETA parece absurdo que continúe en nuestro Código Penal.

Por otro lado, las acciones más graves de aquellas que actualmente encajan en este delito de enaltecimiento del terrorismo encontrarían su reflejo en la figura de la apología delictiva, que sigue vigente en nuestro Código Penal (la apología es un modo de incitación directa a la comisión del delito mediante el elogio del mismo o del delincuente, y se configura en nuestro Derecho Penal como un acto preparatorio del delito), así como mediante el delito de injurias graves, que protege el honor y consideración de todas las personas, incluyendo a las víctimas del terrorismo, del cáncer, o de las agresiones sexuales, sin distingos artificiales, siempre que se menoscabe gravemente su honor.

De este modo, las acciones que habitualmente se entiende ponen en peligro a la sociedad quedarían castigadas a través de los mecanismos que ya contemplaba la ley antes del año 2000, mientras que otras conductas, como los chistes o las opiniones polémicas, que han dado lugar a imputaciones, enjuiciamientos, e incluso a sentencias condenatorias, quedarían nítidamente fuera del ámbito del Derecho Penal.

En lo que concierne al delito de incitación al odio y a la violencia que contempla el art. 510 del Código Penal, la crítica es distinta: se ha realizado una redacción en la reforma de la LO 1/2015 completamente elefantiásica, a través de decenas de frases subordinadas entre sí que llenan varias páginas, como si de un prospecto farmacéutico se tratara, y que impiden al ciudadano conocer a priori si la expresión de sus pensamientos es delictiva o no.

A ello ha de añadirse que las conductas que el art. 510 del Código Penal recoge y penaliza no precisan estar de algún modo vinculadas a la efectiva causación de un mal o creación de un peligro cierto para la sociedad, de modo que meras opiniones, por el simple hecho de resultar contrarias al sistema actual de valores, podrían ser castigadas, como lo podría ser  –por ejemplo– la defensa de una revolución en nuestro país, o la expresión del simple deseo de que ésta ocurra.

Por ello, con la actual redacción, el delito de incitación al odio está abocado a ser arma arrojadiza entre grupos ideológicos de signo distinto que van a acusarse unos a otros de incorporar un invocado “discurso del odio” en su argumentación, simplemente como medio de evitar la expresión de ideas contrarias al sistema de valores del grupo acusador, con la Administración de Justicia, institución netamente conservadora, como árbitro de la contienda, lo que entendemos resulta una situación altamente preocupante, no solo para las libertades públicas, sino para la propia izquierda si acepta, como ya está haciendo, entrar en esta peligrosa deriva.

Por eso, desde nuestra Comisión proponemos retomar la regulación original del delito, que al penalizar la provocación al odio o a la violencia permitía desvincular la comisión del delito de la simple emisión pública de opiniones y lo asociaba, una vez más, a la incitación directa a la comisión de actos de violencia o discriminación, que es donde reside el peligro que sí es conjurable a través del Código Penal, a nuestro juicio.

Opiniones homófobas, machistas, supremacistas, racistas, etc., que no sólo no compartimos, sino que son abiertamente contrarias a nuestras creencias y valores, entendemos deben confrontarse en el debate, deben vencerse con educación, con tolerancia y con libertad, pues la prohibición de la expresión de opiniones, aun cuando sean execrables, paradójicamente nos acerca un poco más a los regímenes en donde se defendieron.

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Monográfico #LaMarea47: Libertad de expresión

Portada sobre el deterioro de la libertad de expresión, por MANEL FONTDEVILA

Ya a la venta el monográfico sobre libertad de expresión en quioscos y en nuestra tienda online

Son malos tiempos para la libertad de expresión. Con la excusa de combatir el terrorismo, en muchos países se han adoptado medidas legislativas que restringen los derechos civiles. En España se da la particularidad de que la banda terrorista ETA lleva seis años sin matar, pero el número de condenas por enaltecimiento del terrorismo se ha disparado. Asimismo, el Gobierno del PP ha dado una vuelta de tuerca importante con las denominadas leyes “mordaza” y otras medidas que sirven para acallar protestas incómodas. Recientemente, hemos visto a dos titiriteros pasar dos días en la cárcel en régimen de aislamiento por representar una obra de teatro. También juicios a cantantes acusados de enaltecimiento del terrorismo y a una estudiante por humillar a las víctimas al publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter.

Ante la gravedad de la situación, que ha sido denunciada por la ONU, La Marea dedica un número especial al tema. Hemos ido más allá de los titulares de todos estos casos para hablar en profundidad con algunos de los protagonistas en sus lugares de residencia, desde Madrid hasta Granada, pasando por Vic, Zaragoza, Sevilla, Manresa y Andoain. ¿Cómo se siente una persona cuando el Estado le señala con el dedo acusador por supuesta simpatía con el terrorismo? Las leyes las hacen los políticos pero son interpretadas por la Justicia. Por ello, perfilamos a algunos de los fiscales más destacados de la Audiencia Nacional. El afán censurador también amenaza a la prensa, especialmente medios pequeños y sin apoyo financiero como este.

Hablan Alfonso Lázaro y Raúl García, los titiriteros que fueron enviados a la cárcel por representar una obra de teatro; César Strawberry, que acaba de ser condenado por publicar seis tuits; Cassandra, a quien la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por chistes sobre Carrero Blanco en Twitter; Candela Bettencourt, detenida junto a varios compañeros más sin pruebas contundentes (Nahuel sigue en la cárcel); Guillermo Zapata, finalmente absuelto por la Audiencia Nacional; Antonia Ávalos y Rocío Ballesta, las feministas que fueron imputadas por procesionar un coño insumiso; Manuel Fontdevila, autor de la portada de El Jueves secuestrada en 2007 y autor de la portada que ilustra este número de La Marea; Martxelo Otamendi, director del periódico injustamente cerrado Egunkaria; el concejal de Vic Joan Coma, imputado por un delito de incitación a la “sedición”; Raquel Tenías, absuelta de un delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad; y Belén Lobeto, cuya sanción en aplicación de Ley Mordaza fue finalmente archivada.

En el quién es quién de la Audiencia Nacional -tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Justicia se han negado a confirmar la lista- hacemos un repaso a las actuaciones en los casos más polémicos y nos detenemos en un asunto un tanto desconocido: las puertas giratorias de la Fiscalía la Audiencia Nacional.

Contamos con una entrevista a Baltasar Garzón, que fue juez de instrucción en la Audiencia Nacional durante más de dos décadas, y a? que preguntamos por el cierre de los diarios Egin y Egunkaria.

Asimismo, publicamos un análisis de la abogada Isabel Elbal, la experiencia en las redes de Barbijaputa y una guía rápida de los derechos de las personas detenidas elaborada por Eduardo Gómez, de la Asociación Libre de Abogados. 

Desde el punto de vista internacional, abordamos cómo el incremento de ataques yihadistas está sirviendo de excusa a muchos países de Europa para endurecer leyes que afectan directamente a la libertad de expresión. Y nos detenemos específicamente en el caso de Alemania y su legislación particular contra el nazismo.

En Cultura, nos centramos en esas voces disidentes de la comedia que cada día se intentan hacer hueco en España. Y, como en cada número, contamos con las secciones habituales: los Apuntes de Economía, de Eduardo Garzón, Lo mejor del BOE, de Eva Belmonte, la viñeta de Atxe, el relato breve de Isaac Rosa, las recomendaciones culturales de Bob Pop, Elena Rosillo, Antonio Ligero y Alfonso Álvarez Dardet, y nuestra Herstory, dedicada este mes a Margaret Sanger, la pionera de la planificación familiar a la que también intentaron silenciar.

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“Es el deber del Gobierno anular la Ley de Conservación de Datos”

Graffiti de Banksy frente a una cámara de circuito cerrado.

Internet es testigo de una batalla silenciosa desde hace años. A un lado, intereses privados y partidistas representados por lobbies e incluso gobiernos; al otro, colectivos ciudadanos como Xnet, que desde 2008 lucha en favor de la democracia en la red. Entre los asuntos que están en juego hay temas cruciales para el futuro de la sociedad, como la libertad de expresión en Internet, la privacidad y neutralidad en la red o la protección legal de los alertadores o whistleblowers que filtran pruebas sobre casos de corrupción, evasión fiscal o abuso de poder por parte de gobiernos y corporaciones.

El año pasado los colectivos ciudadanos ganaron un importante pulso en el seno de la Unión Europea que se materializó en una sentencia del Tribunal de Justicia europeo que deja en la cuerda floja a, entre otras, la Ley española de Conservación de Datos, la misma que obliga a las operadoras a guardar información pormenorizada de la actividad de sus usuarios, desde las páginas que visitan hasta las personas con las que hablan.

Este miércoles Xnet entregó su Agenda Digital 2017 a los distintos grupos parlamentarios y al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el documento, el colectivo marca una hoja de ruta en defensa de los derechos y libertades digitales y lanza varias propuestas para mejorar las posibilidades de aprender e innovar a través de Internet. Alfonso Sánchez, informático y químico miembro de Xnet, explica los principales desafíos presentes y futuros en defensa de los derechos en la red.

¿Cuáles son actualmente los temas prioritarios en el ámbito digital?

Los temas más urgentes son aquellos relacionados con enmendar legislaciones que ya existen. A nivel de España, lo más urgente es conseguir la nulidad de la Ley de Conservación de Datos, que ya fue tumbada por la Justicia europea. En España y otros países se hicieron los locos y mantuvieron esta ley, que es totalmente invasiva con la privacidad, hasta que por segunda vez, en 2016, el Tribunal de Justicia europeo volvió a pedir su anulación. También es importante vigilar que las normas que salieron adelante en favor de la neutralidad de Internet se pongan en práctica y no se permita que las telecos abusen. Otro tema clave es la transposición de la Directiva europea de Secretos Comerciales, que pone el secreto comercial por encima del derecho de la ciudadanía a conocer información de interés, y pone en peligro a periodistas y alertadores, para quienes pedimos protección.

¿Han recibido alguna respuesta por parte del Ministerio o de algún partido político tras la entrega de la agenda 2017?

De momento hemos recibido los acuses de recibo del Ministerio y de partidos como el PP y Ciudadanos. Estamos a la espera de que se reúnan con la sociedad civil y empecemos a trabajar estos temas. La ciudadanía sigue infrarrepresentada frente a los lobbies.

¿Esperan que este año haya avances significativos en algún área en concreto?

En realidad somos optimistas por varias razones. Por ejemplo, el tema de la privacidad y la conservación de datos es tan flagrante que no se sostiene. Hay que estar atentos para que el Gobierno cumpla con su deber, que es anular la Ley de Conservación de Datos. Si el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital hace su trabajo, esta batalla en principio no tendría que tener más dificultad. En lo que no somos tan optimistas es en la lucha que más va afectar a los derechos digitales a nivel europeo. El año pasado fue la neutralidad de la red, y este año la directiva sobre el derecho de autor de la Unión Europea, que es de 2001 y necesita actualizarse, solo que esta actualización en vez de aprovechar el potencial de Internet y hacerlo más abierto para que la gente pueda innovar y florezca la economía, lo que ha hecho es escuchar a los viejos lobbies, a las grandes empresas del copyright y las entidades de gestión, que ven cómo sus imperios se desmoronan y presionan para poner más restricciones al copyright y a Internet.

¿De qué manera afecta la Ley Mordaza a las libertades en el ámbito digital?

La Ley Mordaza criminaliza a la red con medidas que limitan la libertad de expresión en Internet, como la libertad para convocar una manifestación. También incluye acciones policiales a través de Internet que son impensables en la calle. La Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye cosas como que un agente puede incitarte al delito para después acusarte, un sinsentido. Es muy importante defender la libertad de información y de expresión en internet, para que podamos ver casos de corrupción y organizarnos en las redes para actuar.

Hace poco una tuitera que bromeó con la muerte de Carrero Blanco fue sentenciada a una pena de cárcel. ¿Qué opina al respecto?

No conozco al detalle este caso y no soy abogado, pero sí puedo decirte que se deben aplicar normas constitucionales y respetar la libertad de expresión de esta chica, de la propia sátira política.

¿Cuál es su apuesta para regular los derechos de autor en el poroso mundo digital?

Potenciamos los nuevos modelos de difusión de la cultura, que además están triunfando y se están comiendo a instituciones que no han sabido innovar. Si el modelo de la SGAE no funciona, la culpa no es de la ciudadanía. Hay otros servicios, como la música en streaming o la televisión en Internet, que también están teniendo éxito porque han sabido aprovechar la tecnología. Respecto al copyright, hay que buscar un equilibrio entre la dictadura de los intermediarios, sociedades de derechos de autor, discográficas… Para que pongan en valor los derechos de la ciudadanía a acceder fácilmente a contenido de calidad y no pagar mil veces por el mismo contenido, y que los beneficios tengan mayor repercusión sobre los autores y artistas que los crean, y que no se queden solo en manos de los intermediarios que se dedican a hacer lobby legal.

¿Qué sucede con el canon por copia privada?

No es fácil de explicar porque es una auténtica aberración. Se trata de un canon, una tasa que paga la gente al comprar materiales capaces de copiar contenidos, desde una fotocopiadora hasta un CD o un disco duro. Se tiene en cuenta que pueden utilizar estos dispositivos para hacer copias de contenidos culturales y que eso supone un prejuicio para la industria cultural. Al pagar este canon, se da por sentado que vas a hacer copias aunque en realidad uses el CD para guardar los vídeos de tus vacaciones o utilices tu impresora para imprimir tu tesis doctoral. La Unión Europea ya ha llamado la atención al respecto en dos ocasiones. Pagas a la SGAE aunque no estés haciendo copias de ningún contenido con copyright. Pagamos todos por algo que apenas se hace, ¿quién copia hoy en día CDs?

Ustedes defienden el derecho a protección de los alertadores (whistleblowers) que filtran, por ejemplo, irregularidades fiscales o políticas. ¿Estamos más protegidos ahora que antes?

No se ha dado ningún paso legislativo en aras a proteger a los alertadores. Los países anglosajones llevan siglos teniendo leyes que protegen a quienes denuncian corrupción o abusos empresariales y políticos. Aquí en España no hay legislación a este respecto, y tampoco en la Unión Europea. Si en algo hemos avanzado, es en la consciencia de nuestra propia ciudadanía acerca de la importancia de la figura del alertador, del denunciante, para que estas personas sean protegidas. El otro gran avance se ha dado en las tecnologías, que ahora permiten filtrar información de manera totalmente anónima.

¿Qué países pueden servir de ejemplo por su red de Internet abierta, libre y competitiva?

En el tema de la neutralidad en la red, el modelo a seguir en la Unión Europea es Holanda, que antes de toda la lucha que se dio el año pasado ya protegía fuertemente la neutralidad de la red. A nivel global, hay casos como el de Chile, y también Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, tiene el marco para que sea fuerte pero habrá que legislar para que se desarrolle bien.

¿Hasta qué punto están vigilados los ciudadanos españoles? ¿Cree que se utilizan argumentos como la lucha antiterrorista para fortalecer aún más la vigilancia de los ciudadanos?

Totalmente. No sabemos hasta qué punto los ciudadanos están vigilados, porque esto solo se sabe cuando hay un “caso Snowden”. Lo que sí sabemos es que hay una ley vigente en España que obliga a las operadoras de Internet, como Telefónica, Vodafone u Orange, a guardar durante un año todos tus datos de conexión a la red, desde tu dirección IP hasta las páginas que visitas, tu historial de búsquedas o las personas con las que hablas.

¿Cuál es su postura frente a los bloqueadores de publicidad?

Nuestra postura no es blanco o negro. Por un lado defendemos firmemente que el usuario haga con su ancho de banda lo que quiera, y si no quiere ver publicidad, debe tener derecho a bloquearla, sobre todo cuando se le empuja a ello con el bombardeo publicitario, que llena Internet de anuncios invasivos, que rastrean tus preferencias y hasta tienen software dañino. Pero por otro lado también entendemos que es totalmente legítimo que una web que desarrolla contenidos pueda vivir de ello. Por tanto, pensamos que debería encontrarse una solución de consenso teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios de bloqueadores publicitarios los usan contra la publicidad invasiva, pero que si hay algún banner en la página, no es ningún problema. Hay que llegar a un punto medio en el que las web puedan ingresar por publicidad, como es legítimo, sin que los usuarios estén constantemente atacados por la publicidad. Es importante que estos límites no lo decidan los poderosos bloqueadores de publicidad, sino los legisladores y las agencias reguladoras de la competencia, para así evitar conflictos de intereses.

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