El Gobierno no exige a la Fundación Franco devolver documentación original secreta

El general golpista, Francisco Franco I La Marea

Una carta remitida por la Subdirección General de los Archivos Estatales al presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) deja en evidencia que el Gobierno de España sigue sin reclamar la devolución al patrimonio público de la documentación original amparada bajo la Ley de Secretos Oficiales en manos de la fundación fascista.

El escrito, fechado el pasado 1 de marzo, exige a la Fundación que retire del fondo documental en su posesión los documentos bajo restricciones de acceso en virtud de la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales, pero en ningún caso exige al órgano de carácter privado que devuelva los originales de dichos documentos al patrimonio estatal público.

La misiva forma parte de la respuesta que el Gobierno ha trasladado a una pregunta escrita en el Congreso presentada por Alberto Garzón (GCUP-ECP-EM) que, tras el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la existencia de documentación confidencial y protegida en la FNFF, exigía conocer las medidas que se habían tomado para proceder a la restauración de dicha documentación al Centro Documental de la Memoria Histórica o cualquier otra institución pública que permita al acceso libre y seguro por parte de los investigadores.

Esther López Barceló, responsable de Memoria Democrática de IU, ha declarado que ”es increíble que el Estado no haya reclamado la documentación original que conserva la Fundación Francisco Franco. Esa documentación debería estar disponible para consulta en una institución pública”.

Riesgo para los investigadores

Una de las problemáticas paralelas al hecho de que la Fundación Francisco Franco tenga los documentos originales, amparada bajo la Ley de Secretos Oficiales o no, susceptible de ser objeto de investigaciones históricas o periodísticas, es el riesgo que puede ocasionar para los investigadores. La fundación es la encargada de recoger las peticiones de acceso a su archivo, lo que le permite tener datos confidenciales y personales de aquellos trabajadores que acudan a sus instalaciones.

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