Venezuela sin ‘fake news’

Marcha "Somos Millones" del pasado 20 de maio a su paso por la Autopista Francisco Fajardo. Foto: Miguel Rueda/Agência Pública.

NATALIA VIANA, VENEZUELA // El pasado lunes 5 de junio, Venezuela amaneció con el mismo presidente, Nicolás Maduro, como viene sucediendo desde que relevó a Hugo Chávez en 2013. Una decepción más para muchos de los manifestantes que vienen llenando las calles de numerosas ciudades del país en los últimos dos meses. Circularon rumores, con un alcance multiplicado por mensajes de WhatsApp, de que Maduro huiría del país un día antes. Hasta una conocida vidente predijo su fuga, según uno de esos mensajes.

A pesar de ese episodio, todo lo que sucede en Venezuela está cercado por la desinformación e impregnado por las fake news divulgadas por simpatizantes del gobierno y la oposición. En la política venezolana todo es espectáculo. Por eso, olvide mucho de lo que ya leyó por ahí: Venezuela no está viviendo una catástrofe humanitaria por la falta generalizada de alimentos; el gobierno de Nicolás Maduro no va a caer mañana; la policía nacional no está masacrando manifestantes en las calles. Pero tampoco es cierto que todo esté bien y que las manifestaciones y la violencia en torno a ellas sean fruto de “terroristas” armados, como dicen los partidarios del gobierno.

Para este reportaje pasamos tres semanas en el país, con la intención de oír lo que dicen los venezolanos y sus líderes. Nada más llegar, asistimos a una marcha de la oposición al este de Caracas. Desde principios de abril, esas marchas han sacudido la capital: cada dos días hay una nueva protesta masiva, y las calles amanecen como un escenario de guerra. En todas las principales avenidas hay camiones de los antidisturbios junto a largas filas de guardias de la Policía Nacional Bolivariana portando armas de gran calibre. Los soldados del ejército, con sus uniformes verde oliva, también ocupan las esquinas y los lugares clave para intimidar a quienes van a manifestarse. Buena parte de las principales avenidas de rápido acceso a los lugares donde tienen lugar las protestas están cortadas por las fuerzas del gobierno, impidiendo el flujo de los manifestantes. Cierran las estaciones de metro. Algunas empresas dan el día libre a sus funcionarios en horarios alternados para evitar el caos.

Las marchas también tienen su rutina: allá en la Plaza Altamira, del barrio de clase media del mismo nombre, señores y señoras rubias con sus características gorras con los colores de Venezuela conversan mientras estudiantes de distintos centros, como la Universidad Central de Caracas, la Universidad Metropolitana y la Universidad Santa María, portan bandas y carteles con los nombres de sus escuelas y mensajes de orden contra el gobierno, que consideran una dictadura. Algunos pocos, grupos de jóvenes, morenos, blancos, negros, se organizan en círculo. Sacan de sus mochilas sus “armas de guerra”: cascos de moto, camisas negras que anudan a su rostro, máscaras antigás, guantes gruesos, escudos de madera cuidadosamente tallados, adornados con palabras como “coraje”, “libertad” y “honor”.

Los “black blocs” venezolanos piden no ser fotografiados. Al igual que en las manifestaciones en Brasil, abundan los jóvenes de entre 16 y 25 años que encuentran en esas marchas una manera de expresar su deseo de cambio para el país. Allá rompen sucursales bancarias y tiendas. Llevan piedras y usando sus gruesos guantes, devuelven, cuando pueden, las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por la policía; algunos lanzan cócteles molotov o explosivos caseros. Y son saludados como héroes por la oposición.

Jóvenes con máscaras antigás durante una protesta en Caracas. Foto: Manuel Rueda/Agência Pública.

Cuando la plaza está llena, estos jóvenes pasan en fila india, con el brazo sobre los hombros de quien les precede, en dirección a la línea de frente entre fuertes aplausos. Algunas señoras piden permiso para tomarse fotos con ellos. “¡Son tan valientes!”, exclamaba una de ellas. Su papel allí consiste en intentar “empujar” el cordón policial que de manera invariable interrumpe la marcha cuando esta se aproxima al centro de la ciudad, impidiendo así que los manifestantes penetren en la zona donde se encuentran los edificios gubernamentales. “No hay un paro nacional en Venezuela. Hay unas protestas, y esas protestas están focalizadas en guetos donde el gobierno te deja “, resume el director del Instituto Datanálisis, Luis Vicente León.

Nada de eso es nuevo en Venezuela. El eslógan “calle, calle, calle” ha sido repetido por diferentes líderes de la oposición, con menor o mayor vehemencia, desde que Hugo Chávez fue electo presidente en 1998. Las olas de protestas, boicots, lockouts (cierre de fábricas), son tantas que se pierde la cuenta. Muchas contaron con el apoyo de Estados Unidos, mediante financiación de la Agencia Americana para la Cooperación Internacional (USAID). Desde la muerte de Hugo Chávez en 2012, hubo por lo menos tres grandes oleadas de protestas, siempre con el mismo recorrido. Y, a pesar de esto, al conversar con los manifestantes, estos aseguran que esta vez será diferente. “Vamos a seguir en la calle. Es todo un país el que no quiere continuar con este régimen”, dice Alejandro Ferrero, de 23 años, tras un casco con los colores de la bandera. Desde abril, más de 2.800 manifestantes fueron detenidos. Más de 200 permanecen en prisión.

Una Asamblea en desacato y una Constituyente sin voto popular

El motivo de la última ola de protestas está en un edificio blanco en el centro de Caracas, adornado con columnas blancas de estilo romano y una fuente de agua en su lujoso patio, donde trabaja -o debería- la Asamblea Nacional. A mediados de mayo de este año, las sesiones tenían lugar como mucho una vez por semana, reuniendo a un puñado de diputados de la oposición; los diputados del gobierno no daban la cara. En agosto del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró a la Asamblea en “desacato”, y desde entonces nadie sabe bien cómo sacarla de esa situación.

Un destino melancólico, pero muy venezolano, para una Asamblea cuya elección, en diciembre de 2015, significó la primera derrota electoral del chavismo en el Legislativo, controlado durante 16 años por el gobierno. Los partidos de la oposición que forman parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) conquistaron la mayoría de dos tercios de los escaños, pudiendo así hacer leyes que contrarian las principales políticas del Ejecutivo, además de aprobar o derogar préstamos internacionales o los presupuestos nacionales. Un hecho histórico, fuertemente celebrado en las ruas, en los cafés elegantes, en las empresas y en los grupos de WhatsApp.

Ya en la ceremonia de investidura, el presidente electo de la Asamblea, Henry Ramos Allup, promulgó una ley de amnistía para todos los presos políticos y prometió que “en un periodo de seis meses, vamos a proponer un método, un sistema para cambiar al gobierno por vías constitucionales”. Horas antes, el presidente Nicolás Maduro había emitido un decreto retirando a la Asamblea el poder de nombrar al director del Banco Central, y el TSJ había impedido a tres diputados de la oposición la toma de posesión -para que no lograran la mayoría-. La MUD no acató la orden judicial y desde entonces, el gobierno no paga salarios a los diputados, y todas las decisiones del Legislativo son anuladas por el TSJ -que el 29 de marzo llegó a decidir que asumiría los poderes del Congreso, pero capituló tras la reacción internacional-.

“La asamblea funciona en un sentido testimonial. Acá en el palacio funcionan reuniones, se hacen debates, pero todas las leyes que aprobamos fueron anuladas. Desde que empezó este mandato, hay más de 60 decisiones de la Sala Constitucional anulando todos los actos”, explica a Agência Pública el actual presidente de la Asamblea, Julio Borges. Aún más beligerante que su predecesor, Borges tomó posesión del cargo en enero prometiendo elecciones generales para este verano. En marzo anunció que el Legislativo declaraba el “abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro, por la ineficiencia del gobierno para lidiar con una aguda crisis económica que genera crisis de falta de medicamentos y alimentos, y una inflación anual por encima del 500%. Pero nadie le dio demasiada importancia.

“Es absurdo pretender que toda una institución esté en desacato, como si fuera una persona”, dice Borges. “Maduro aprobó el presupuesto él solo, en el Tribunal Supremo de Justicia. Aprobó la deuda nacional él solo, sin pasar por el Parlamento, de manera que tenemos un Parlamento cerrado por un gobierno al que no le importan ni el voto popular ni la democracia”.

Manifestantes con escudos tallados en madera. Foto: Manuel Rueda/Agência Pública.

La guerra entre los dos poderes se agravó a lo largo de 2016. Un intento de diálogo, acompañado por el Papa Francisco y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a finales de año, también quedó en papel mojado. “Nicolás Maduro está gobernando fuera de la Constitución. Y el país se rebeló ante un gobierno que está instalando en Venezuela una dictadura”, opina Borges, en referencia a una avalancha de enredos a los que el gobierno apeló para postergar los votos en las urnas, después de la abrumadora derrota electoral en el Legislativo en 2015. El referéndum revocatorio para el mandato del presidente -propuesto por los partidos de la oposición- fue interrumpido cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la recogida de firmas por fraude en cinco estados a finales de octubre. Esa misma semana, el CNE anunció que las elecciones a gobernador, que podrían dar mayoría a los opositores -y darían así el control de diversos cuerpos regionales de policía-, serían realizadas en el primer semestre de 2017, con seis meses de retraso. Todavía no han tenido lugar.

Antes de despedir a Borges, la reportera pregunta sobre qué pasaría si el gobierno no convocara elecciones generales, como pide la oposición: “Nada. Vamos a seguir luchando, porque no hay otra”.

Los ojos de Chávez

En el centro de la ciudad, los ojos del fallecido líder Hugo Chávez están por todas partes. Literalmente. Pintados sobre paredes de edificios gubernamentales, adornando muros, esparcidos sobre los escalones del parque El Calvario, trayendo -de una forma un tanto siniestra- la memoria constante de que Venezuela es “territorio del chavismo”, como muchas pintadas se encargan de recordar. También ante la mirada de varios retratos de Chávez atiende Elías Jaua en su despacho del Ministerio de Educación. Hombre de confianza de Chávez, anteriormente Jaua fue secretario de la Presidencia, canciller (ministro de Exteriores), ministro de Economía Popular, ministro de Agricultura y Tierras y vicepresidente. Ahora, además de la cartera de Educación, Jaua dirige el principal esfuerzo del gobierno para librarse del atolladero creado por la oposición, que sigue firme en las calles: la creación de una Asamblea Constituyente, propuesta por Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo. La elección de los 545 miembros está fijada para el próximo 20 de julio. Lo que antes fuera una consigna de la oposición, deseosa de poner fin al gobierno chavista, la Asamblea propuesta está cargada de controversia. Si sigue adelante en el futuro, la Constituyente suplantará a todos los demás poderes -y por tanto, puede comandar o poner fin a la rebelda Asamblea Nacional-. El gobierno promete un referendum popular nada más terminar el proceso.

De tez morena y con mirada seria tras sus gafas cuadradas, Jaua explica, enfático, que el mayor problema del país es la “injustificable negativa de la oposición a sentarse a dialogar con el gobierno y su preferencia por la violencia”. “Ellos desconocen el derecho de gobernar de esa fuerza popular que alzó la bandera de los indígenas, campesinos, pescadores, afrodescendientes, excluidos de todo tipo. Y no es nuevo. Son 18 años de ignorancia”, dice.

Como chavista histórico que es, Jaua fue el encargado de coordinar el esfuerzo constituyente, una apuesta arriesgada de modificar uno de los mayores legados de Hugo Chávez, la Constitución de 1999 que, a pesar de ser muy protestada en la época, ahora está en boca de cualquier político: todos se acusan mutuamente de estar violando la Constitución. Es la respuesta del ministro, por ejemplo, cuando se indaga sobre si no sería más fácil abrir el diálogo realizando unas elecciones generales. “No está en la Constitución la figura de las elecciones generales. Y mediante la presión y la violencia ellos no pueden forjar un escenario que no es constitucional. Eso seria la desaparición de la república”. Es tal el aprecio por la Carta Magna que Jaua parece contradecirse al explicar la necesidad de una Constituyente.

El ministro de Educación, Elías Jaua, hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez. Foto: Reproducción/Agência Pública.

“No se trata de cambiar la Constitución”, explica Jaua a Agência Pública. “Se trata de apelar al principio de que la soberanía popular es la fuente suprema del destino de la nación. [Buscando diálogo] no más con la cúpula de la oposición, sino con un proceso electoral por vía universal, directa y secreta. Y que emerjan tanto líderes del gobierno, como líderes de la oposición que están en contra de esa violencia”.

La fórmula para elegir a los constituyentes es más que polémica. La mitad será escogida por regiones; la otra mitad, en función de nueve sectores, como campesinos, empresarios, indígenas, personas con deficiencia, universitarios y representantes de consejos comunales, que cuidan del mantenimiento de las favelas (barrios humildes), por ejemplo. Cada sector tendrá sus representantes. Sobre los que quedarán fuera, como los jóvenes que no están en la universidad, Jaua justifica que todos podrán votar por su región.”La única razón es técnica y legal. Tiene que haber un registro histórico, reconocido, institucional de los sectores. No se trata de discriminación, sino que el registro ha de ser fiable y certificado”, enfatiza.

Pero, ¿cómo sabe el gobierno que la población aprueba la iniciativa si no hay un referéndum consultivo? Él responde con confianza: “Eso se verá en las elecciones constituyentes, y se verá en las próximas semanas, en miles de candidaturas que ya empiezan a florecer por todos lados”. Hasta mediados de junio, ya había más de 50.000 candidatos, según fuentes oficiales. Sean cuales sean los cambios que surjan tras la Constituyente electa de esta forma, él garantiza que “las bases doctrinarias y filosóficas de la Constitución de 1999 se mantendrán”.

Más protestas y más muertes

La propuesta gubernamental prendió el ambiente político. La conmoción fue palpable cuando, el 11 de mayo, una marcha llenó las calles de La Mercedes, en la zona oriental de Caracas. La protesta, organizada en menos de 24 horas, era la antítesis de la marcha del día anterior, cuando en aquel mismo lugar la multitud intentó acceder al centro de la ciudad, enfrentando el cordón policial, los estallidos y, finalmente, la tragedia. Hoy, guiada por un sacerdote católico, las familias rezan, cantan y traen coronas de flores para el joven Miguel Fernando Castillo Bracho, de 27 años, un estudiante de comunicación de la Universidad Santa María, que murió por el impacto de una bola de acero lanzada por un arma casera en las manifestaciones del día anterior, según la Fiscalía venezolana. “Estoy aquí como madre para compartir el dolor de las madres de esos jóvenes asesinados, resultado de tanta represión y tanta maldad como tiene este gobierno. ¿Qué miedo tienen de que la gente llegue al palacio de Miraflores?”, decía la profesora Ana Karina Malave.

Manifestante venezolano contrario al gobierno. Foto: Manuel Rueda/Agência Pública.

Ya han muerto más de 70 personas en la ola de protestas en Venezuela desde marzo. El recuento de fallecidos -una perversión del sensacionalismo venezolano- se convierte en arma arrojadiza a ambos lados del espectro político. En Caracas, una de las ciudades más violentas del mundo, los muertos han marcado todas las olas de manifestaciones contra el chavismo. En 2014 los 43 manifestantes muertos sirvieron para que la Justicia condenara a 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, del partido Primera Justicia. Desde entonces, López se ha convertido en el preso político más famoso del país. En 2002, las 19 muertes durante la jornada de protestas del 11 de abril sirvieron de pretexto para que la cúpula militar exigiera la renuncia de Hugo Chávez, despejando así el camino para un golpe de Estado que duraría menos de 48 horas.

Es por eso que, al entrar en el despacho del ministro de Comunicación, esta reportera encuentra a Ernesto Villegas sobre una montaña de papeles impresos, organizados en el suelo al pie de una pizarra blanca, con una lista de nombres. Cada folio trae una foto, nombre, apellidos y datos como la edad, el sexo y el “status del caso”. Ernesto Villegas es ministro de Comunicación y presidente de la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). Es, ante todo, periodista. “Eso no me lo quita nadie”. Tras el golpe de 2002, Villegas estudió los muertos del 11 de abril para su libro Abril, golpe adentro.

“Mire, todas las muertes valen lo mismo, son todas dolorosas, independiente del color político de la victima”, dice Villegas, asegurando que hoy como en la época del golpe, el número de muertos a manos de la policía nacional es muy interior al que se difunde. Hasta comienzos de junio, de los 77 casos registrados por su equipo, solo 25 personas estaban participando en manifestaciones cuando fallecieron. Entre ellas hay víctimas que recibieron impactos de armas caseras o por armas de fuego. Un estudiante de medicina, Paúl Moreno, de 24 años, fue atropellado por una camioneta Hilux en Maracaibo, al oeste del país, y otro universitario, Juan Pernalete, de 20 años, murió tras el impacto de una bomba lacrimógena tirada por la policía y que impactó contra su tórax, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Entre los muertos hay también cuatro chavistas, cuatro policías y ocho víctimas que murieron electrocutadas durante un saqueo a una panadería en Caracas (los datos pueden ser consultados aquí y aquí).

“El pretexto para la intervención extranjera son las violaciones de derechos humanos. De ahí los esfuerzos de un aparato mediático gigantesco están puestos para esa narrativa del gobierno de Maduro como violador masivo de derechos”, declara el ministro. Para él, si un agente de policía dispara a manifestantes, está desobedeciendo la Constitución, las órdenes expresas de sus superiores y las del presidente. “Para mí es sospechoso estar alineado con el show de Luis Almagro en Venezuela”, dice en referencia al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa en concordancia con la política de Estados Unidos.

La muerte más brutal de todas fue la de un joven de 21 años, Orlando Figuera, linchado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes que ocupaban la plaza Altamira el 20 de mayo, tras haber sido acusado de intentar robar a una persona. Figuera murió en el hospital 15 días después. Según sus padres, chavistas férreos, el joven se dedicaba a estacionar vehículos en Las Mercedes y “fue asesinado por ser chavista”. La noticia recibió poca atención por parte de los medios internacionales y fue utilizada por el gobierno para atacar a la oposición. “Aquí la prensa internacional no aplica su manual de estilo. Se descalifica a la fuente oficial como válida. Hay una visión de que cualquier cosa que se diga contra el gobierno es válida como noticia, no es necesario verificar”.

Entre 2002 y la actualidad Villegas destaca una diferencia fundamental: la primacía de las redes sociales. Internet tiene una tasa de penetración del 53% en Venezuela, con más del 70% referida a las clases populares. “E