You are here

Un lío

lío

Puedes comprar #LaMarea53 #¿A dónde vamos a llegar? en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

¿Has pensado ya qué vamos a hacer el uno de octubre, Manuel? Ehmm… ya tengo una sorpresa mirada, Montserrat, tranquila que este año voy con tiempo para que no me pase como el año pasado; y después de la sorpresa nos vamos a cenar al sitio aquel tan elegante y pintón que hay al lado de la Boquería. Dos de noviembre, Manuel, nuestro aniversario es el dos de noviembre; cuarenta años casados y no hay manera de que a este hombre se le meta una fecha en la cabeza, per l’amor de déu. Ya sabes que soy de letras, Montserrat. Tú eres de letras y yo soy de tener ganas ya de pedir la desconexión matrimonial por tus despistes, Manuel, que te estoy hablando del referéndum, del referéndum del uno de octubre.

No hagas desconexión, Montserrat, por dios. ¿Cuál de ellas? Ni una ni otra; en lo familiar los dos juntos somos más fuertes para negarnos a cuidar a los nietos los fines de semana; y en lo estatal, si nos desconectamos, ¿qué van a decir tus primos de Badajoz, o mi familia en Toledo? Que digan lo que les dé la real gana, Manuel, pero yo estoy ya hasta las narices de todo, así que, de una o de otra cosa, yo me desconecto. Bueno, pues si tienes que desconectar, que sea de España mejor que de mí, Montserrat, digo yo. Yo desconecto de España, pero tú también te desconectarás conmigo, ¿o te piensas quedar en casa a verlas venir, como haces siempre?

A ver, Montserrat, tú sabes bien que a mí lo estatal, lo nacional y lo provincial me dan un poco ocho que ochenta. A mí lo que tú digas me parece bien, pero es que va a ser un lío eso de desconectarse, que si pon urnas, que a ver dónde encuentras tantas nuevas de un día para otro con lo poco que queda, que si sal de Europa, que dónde te vas si no es Europa, porque el resto del mundo está hecho un cristo, ya viste las fotos de cuando tu hermana estuvo en Túnez, que si a ver qué pasa con el Barça, que yo jugando con el Sabadell todos los sábados no me imagino motivado al Messi… Para ti todo es un lío, Manuel, es un lío que nos vayamos a Mallorca de vacaciones porque no puedes ir con el coche, es un lío que nos pasemos un domingo en Perpiñán o en Andorra, que son lugares preciosos que están ahí al lado, porque estamos mayores para tantos kilómetros, y eso excusa no es, Manuel, mira el Jordi Pujol y la Marta Ferrusola… Pero Montserrat…

Ni pero ni pera, Manuel, que llevamos pagando a los de Gas Sobrenatural toda la vida aunque ens roben cada mes en la factura, y no nos cambiamos porque es un lío; para ti todo es un lío, pero yo ya estoy harta. ¿Pero quién nos está robando, ahora, Montserrat? Pues España, Manuel, España. ¿Pero no eran los de Gas Sobrenatural? También, Manuel, los del Gas Sobrenatural también. ¿Y los Pujol? También, Manuel, los Pujol también, ¡pero por lo menos conocen mundo! No te pongas así, mujer, no se hable más, si tú quieres yo me desconecto contigo.

¿Harías eso por mí? Yo por ti fabrico una urna, me quedo fuera de la zona euro y hasta me hago a la idea de un Messi desmotivado, si hace falta. Es muy bonito eso, Manuel, ¿y cuál es la sorpresa de aniversario? Una escapada a Andorra, Montserrat. T’estimo molt, Manuel.

Este artículo forma parte de #Yotambién quiero un referéndum para Cataluña. Puedes comprar #LaMarea52 en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Alexia Echevarría: “La solución es sentarse a hablar, con mesura y tolerancia”

Puedes comprar #LaMarea53 #¿A dónde vamos a llegar? en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

“Bueno, la verdad es que no hablamos tanto del tema de Cataluña, ¿verdad?”, pregunta Alexia Echevarría a su marido frente a la ría de Huelva. 40 grados. El Estadio Nuevo Colombino a un lado y el muelle del Tinto al fondo. “No”, responde él. Y se ríen. Lo que quieren transmitir con este apunte cómplice es que no les aburre el asunto. Quieren estar informados. Y por eso Alexia ha accedido, una tarde de agosto, pegada a sus gafas de sol, a hablar del referéndum desde su pequeña Mesopotamia, como define esta arqueóloga de 47 años su ciudad.

Allí vive y allí se crió. Nieta de una inglesa y de un vasco por un lado; nieta, por otro, de una zaragozana y un onubense, dice que nunca ha entendido este “tipo de sentimiento independentista” que le llega desde Cataluña.

“¿Cómo voy a ser yo nacionalista? Las fronteras son lo peor. Pero si Cataluña quiere independizarse primero se decide, y si gana el sí que lo haga. Pero bien, con garantías, cambiando la Constitución, que se cambia desde la mesura, el diálogo, la tolerancia… Que bien que la han cambiado rápido para otras cosas. Porque aquí están jugando todos a un pulso, a ver quién la tiene más larga, se nos está intentado confundir desde los dos lados”, afirma rotunda.

No cree, no obstante, que ocurra solo con la situación catalana. Alexia considera que vivimos en un clima de embrollo embadurnado de corrupción del que se aprovechan los poderes, además, para meter miedo. Como con la crisis, que afirma Alexia que fue un invento para agrandar las desigualdades. “La solución es sentarse a hablar”, concluye.

Esta entrevista forma parte de la serie #Yotambién quiero un referéndum para Cataluña. Puedes comprar #LaMarea52 en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Las goteras de la democracia

democracia

Puedes comprar #LaMarea53 #¿A dónde vamos a llegar? en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

España no es una dictadura. Está clarísimo. Pero 80 años después del golpe del 18 de julio de 1936, tras una Transición modélica, una Constitución “nacida del consenso” y una convivencia razonable, la ONU sigue pidiendo a este país que reconozca a las víctimas del franquismo, porque se trata sencillamente de una cuestión de derechos humanos. El pasado septiembre le dio 90 días para hacerlo. ¿Alguien cree que el Estado va a reconocerlas en 90 días?

Está claro que España no es una dictadura, pero el funcionamiento de algunas instituciones revela déficits sustentados, sobre todo, en la falta de control por parte de la ciudadanía. Estos son los pilares sobre los que se ha construido una democracia permeada por el franquismo que deja ver sus goteras desde hace tiempo.


La Iglesia

El símbolo del poder que aún mantiene la Iglesia podríamos situarlo en la mezquita de Córdoba, de la que la jerarquía católica se ha adueñado por unos pocos euros sin sonrojo. Pero la Iglesia, en realidad, está en todos lados: en la escuela, en la Justicia, en el Parlamento… La Iglesia no paga IBI, el Estado financia colegios que segregan, los ayuntamientos siguen nombrando alcaldesas a las vírgenes, los tribunales juzgan casos como el de la procesión-protesta del coño insumiso, el Parlamento legisla en muchos casos con criterios de moral católica… De momento, lo que dice la Iglesia en este país va a misa.


La monarquía

El rey es el jefe de Estado, además del máximo responsable de las Fuerzas Armadas. El Ejército está a sus órdenes, a pesar de que no se ha celebrado un referéndum que permita elegir el modelo de Estado (monarquía o república) que desean los ciudadanos para España. A diferencia de su padre, que juró su cargo delante de una Biblia y un crucifijo, Felipe VI lo hizo sobre la Constitución, es más joven y preparado, pero la Casa del Rey, por ejemplo, no está obligada a detallar el presupuesto que tiene asignado. Recientemente, los Papeles de la Castellana pusieron en evidencia la ausencia de control y la alegría con la que algunos Borbones han gestionado sus fortunas.


El poder judicial

Los últimos casos de represión relacionados con la libertad de expresión han evidenciado con claridad la anomalía del sistema judicial, que salió de los tribunales franquistas y, sin solución de continuidad, se metió en los tribunales que hoy nos juzgan. Un ejemplo: Felipe Rodríguez Franco, ponente de la sentencia de Juan Antonio García, un albañil de la CNT fusilado, fue el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. A ello se suma la politización de la Justicia. No hay que irse muy lejos. “El Gobierno está intentando controlar la Fiscalía primero y, posteriormente, tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, advirtió Jueces para la Democracia ante los casos de corrupción que afectan al PP.  En el sentido contrario, el caso Gürtel condenó al juez Baltasar Garzón y el caso Caja Madrid-Bankia, al juez Elpidio José Silva.


El bipartidismo

El 15-M anticipó que la alternancia de los dos partidos mayoritarios en España tenía los días contados. La irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos ha revolucionado el hemiciclo. En política, dos más dos ya no suman cuatro. Y hasta hemos estado a punto de ir a la repetición por tercera vez de una elecciones generales. La asignatura pendiente para romper definitivamente con el bipartidismo se llama reforma de la ley electoral, para que el reparto de diputados y senadores sea más proporcional en función de los votos obtenidos. La Constitución vigente, por otra parte, excluye los revocatorios –para expulsar a gobernantes si incumplen sus promesas– y los referéndums derogatorios, que permiten a la ciudadanía tumbar una ley. Las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) pueden ser moldeadas por los partidos en el trámite parlamentario.


Las instituciones económicas

La influencia que han alcanzado la Troika y las grandes empresas del Ibex 35 ha permitido condicionar la redacción de algunas leyes e, incluso, forzar la modificación de la Constitución, a pesar de ser organizaciones cuyos representantes no han sido elegidos por la ciudadanía. Las puertas giratorias son la principal vía de acceso a esta forma de control: políticos sentados en los consejos de administración de bancos y grandes energéticas. Además, los mecanismos de defensa de la democracia para prevenir, vigilar y sancionar posibles abusos de los poderes económicos, financieros y administrativos también están bajo sospecha. Las denuncias de enchufismos en el Tribunal de Cuentas es un ejemplo.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Bea Pinilla: “Una ruptura así siempre tiene consecuencias”

Puedes comprar #LaMarea53 en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

La plaza de Montijo (Badajoz) está engalanada para las fiestas. Hay más gente de la esperada. Bea Pinilla es una de las jóvenes que apura los últimos días de vacaciones antes de comenzar el tercer curso de Fisioterapia en Salamanca. Hace tres años, al cumplir los 18, decidió irse de su localidad para empezar la carrera de Filosofía, pero la abandonó. Recientemente, en otra charla, ya dejó clara su posición respecto a la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña: estaba a favor. Sin embargo, aún no conocía el porqué.

“El referéndum es uno de los instrumentos más importantes en democracia y en un Estado democrático es el pueblo el que debe tomar sus propias decisiones”, argumenta hoy. Sin embargo, a pesar de su respuesta directa, prefiriría que el plebiscito se abriera al conjunto de la ciudadanía española, aunque solo los resultados obtenidos en Cataluña fuesen vinculantes.

Pinilla no quiere que Cataluña se vaya y, además, dice que no consigue entender el sentimiento nacionalista, ni el de los catalanes ni el de los españoles. “No me gustan las ideas de patria y de amor a un país, no las comprendo”, zanja. A pesar de su convicción, reconoce sentir cierto miedo: “Una ruptura así siempre tiene consecuencias. Y para España no imagino ninguna consecuencia que no sea negativa”.

La joven transforma este temor en conformismo, en lugar de en rechazo y odio. No se identifica con la polaridad que transmiten los medios de comunicación. “Muchos piensan que en Barcelona todos tienen una estelada en el balcón”, termina entre risas.

Puedes leer más testimonios de #Yotambién quiero un referéndum para Cataluña en #LaMarea52.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Con la Constitución hemos topado

Puedes comprar #LaMarea53 en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

Que las normas jurídicas se entienden en función de las “gafas” que usa quien las lee es algo difícil de discutir. Quienes interpretamos los preceptos de una Constitución o de una ley somos personas que irremediablemente plasmamos nuestros valores, ideales, deseos, certezas, dudas, etc. a la hora de dotar de significado a lo dispuesto en ellas. Nuestro marco epistemológico condiciona nuestra forma de ver el mundo e, igualmente, esa parte del mismo que es el Derecho. Pretender que las normas solo admiten una única lectura correcta y, a la vez, dotar a esta lectura de una incuestionable superioridad “técnica”, obviando por el camino todo el abanico de condicionantes que la determinan, es una posición tan dogmática como la del formalismo jurídico imperante en el siglo XIX.

De ahí que, antes de comenzar cualquier debate, al jurista se le debería exigir –como a cualquier otro científico social, economistas incluidos–, cumplir con lo que Max Weber denominaba el “imperativo meta-científico”: declarar de entrada sus “prejuicios”, es decir, los elementos ideológicos, epistemológicos y políticos que están detrás de sus juicios sobre las normas. Así, todas las cartas estarían sobre la mesa y se conocerían públicamente los puntos de partida de los intervinientes en el debate.

Traigo a colación esta advertencia weberiana al hilo de las reacciones leídas y escuchadas tras la aprobación por el Parlament catalán de las leyes del referéndum y de transitoriedad. Muchas de las opiniones vertidas en el debate público se arropan en una hipotética expertise, ocultando así que, al igual que las restantes opiniones, responden a posiciones políticas o ideológicas tan discutibles como subjetivas. Así, para cumplir con las enseñanzas de Weber y ser coherente con lo expresado hasta ahora, señalaré uno de mis puntos de partida, el cual inevitablemente determina mi interpretación sobre lo acaecido estos días.

Creo que en el territorio del Estado español existen varias naciones, cuya convivencia dista hoy de ser pacífica –algo que no es nuevo en nuestra historia moderna– y que, por tanto, es necesario pensar, debatir y articular un modelo de relación política entre estas naciones que solvente o atenúe los problemas a que da lugar el modelo territorial diseñado en la Constitución de 1978. La solución podría venir por la configuración de un Estado confederal con el reconocimiento inicial de un derecho de las naciones a decidir si desean formar parte o no de la confederación. ¿Qué naciones? Catalunya, Euskadi, Galiza y España, pues estas –y no otras– son las que coexisten en el Estado español. Así, los integrantes de cada una de ellas deberían poder ser soberanos para decidir en cada caso cuál es la relación política que desean establecer con la confederación, incluyendo por supuesto la formación de un nuevo Estado independiente y al margen de la misma.

Hay buenas razones para argüir en favor de una confederación de estas cuatro naciones. Tal Estado confederal tendría más mimbres para garantizar mejor la calidad de vida de todos sus integrantes, en términos de satisfacción de derechos, que si alguna de estas naciones decidiera no formar parte del mismo. Pero esta es una decisión que deberían tomar en cada caso catalanes, vascos y gallegos, pues son ellos y ellas los soberanos de cada una de estas naciones. Otra cosa sería el diseño final (distribución de competencias, recursos, hacienda pública, etc.) de dicha confederación, en el que por supuesto participaríamos todos los ciudadanos. Pero esa sería una cuestión posterior.

Desconocer este ámbito de decisión libre y soberana supone reducir el concepto nación al plano cultural, casi folclórico, cuando es este un concepto también –y sobre todo– político. Dar expresión a una nación no es solo contemplar con buena cara que sus equipos deportivos tengan competiciones propias, o que participen en festivales de la canción, sino también –y sobre todo– dar voz a sus nacionales para que decidan sobre la forma como desean articularse políticamente, incluyendo la decisión de ser o no un Estado independiente. Si el concepto de nación entra en juego, y sería disparatado que en una realidad como la nuestra alguien pretendiera eludirlo, entonces hay que ser coherente con sus consecuencias.

Desde este punto de partida, la pregunta que debemos hacernos es si cabe en la Constitución española de 1978 esta forma de articulación territorial. Y la respuesta es negativa. En efecto, no es posible articular un Estado confederal desde el texto constitucional de 1978, y tampoco cabe la independencia de alguna de estas naciones. Tales opciones solo serían posibles tras un proceso constituyente que supusiera la ruptura –y no una mera reforma– con la vigente Constitución. Todos los actores de este proceso lo saben y, en consecuencia, todos lidian, de una u otra forma, con ello.

La opción seguida por el Parlament catalán ha sido la de la ruptura unilateral. Actuando como órgano soberano de la nación catalana, el Parlament ha iniciado el camino de la desconexión e independencia hacia una república catalana. Los argumentos esgrimidos son de diversa índole. Entre ellos se encuentra la apelación al reconocimiento por el Derecho internacional del derecho a la autodeterminación de los pueblos, una forma de entender el concepto nación que lo identifica casi en exclusiva con la capacidad de sus integrantes de expresarse políticamente de forma plena y sin límites, así como una llamada al principio de las mayorías como único parámetro de medición de la calidad democrática de una sociedad.

Lo cierto es que, a pesar del ruido, sobre el fondo de estos argumentos se ha llegado a debatir bien poco. La machacona apelación a la inconstitucionalidad del procés –algo que, como ya he señalado, resulta indubitable– está impidiendo un debate serio y sosegado sobre estos argumentos. Es cierto que el Derecho internacional reconoce solo el derecho de autodeterminación a los pueblos colonizados, y no parece que Cataluña lo sea (por lo menos, no como sí lo son Palestina y el Sáhara). Asimismo, es discutible la concepción de nación que se maneja desde el Palau de la Generalitat, como también lo es la forma de entender y, sobre todo, de aplicar el principio democrático aislado de las garantías que deben acompañar cualquier proceso de participación ciudadana. Lo sucedido en los debates parlamentarios de estos días de septiembre da buena fe de ello. En efecto, el curso de independencia acelerado en dos tardes que nos ofreció el Parlament es de todo menos ejemplar en términos democráticos. Y tampoco es admisible que aparezcan hoy como adalides de la “ruptura” con el régimen del 78 quienes durante años y años lo han apuntalado con sus apoyos a gobiernos del PP, sus prácticas corruptas y sus recortes en políticas sociales.

Pero todo esto importa poco, porque el toque a rebato desde las filas de los defensores de la Constitución ha hecho imposible cualquier debate. Nada hace mella en su discurso, ni siquiera, paradójicamente, los buenos argumentos que podrían tener en sus manos si quisieran entrar a debatir la cuestión territorial. La fe en la Constitución no admite ni siquiera un debate: o se está con ella o contra ella.

En el pasado cercano ya hubo ocasión de poner a prueba esta fe. Fue en 2008, con ocasión del planteamiento por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe de una consulta popular sobre el futuro estatuto político de Euskadi. Entonces, la voluntad de debatir y negociar fue tan nula como lo está siendo ahora. Personalmente me sorprende que en estos días se haya hablado poco de aquella consulta fallida intentada por el Gobierno vasco. Contento quizá con su posición actual y los pingües beneficios que obtiene de ella, ni siquiera el PNV ha resucitado el tema. Lo cierto es que entonces el Tribunal Constitucional ya cercenó la posibilidad de convocar consultas populares al margen de la figura del referéndum consultivo regulada en el art. 92 de la Constitución. En resumen, o la consulta la convoca el presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, o no hay nada que consultar. Pocas voces críticas se oyeron entonces hacia esta interpretación tan excluyente del Tribunal Constitucional para con los procesos de participación ciudadana; elemento clave en cualquier teoría de la democracia.

La apelación a la Constitución impide pues avanzar en la discusión, el debate y la negociación. Y esto –participar, debatir, argumentar, negociar, etc.– es precisamente un elemento central del constitucionalismo; expresión que resume la filosofía y la cultura de la democracia y de los derechos humanos que debe impregnar todo sistema constitucional. Sin ella, la Constitución no es más que una norma jurídica que se impone por la coacción y la fuerza. Deja de tener su sentido como norma ordenadora de una convivencia virtuosa y republicana, en el sentido clásico del término.

Algo de esto parece estar sucediendo ahora en el Estado español, donde el constitucionalismo se bate en retirada. Que la derecha española participe en su entierro no es de extrañar, pues nunca tuvo cultura constitucional en su historia y lo que tiene ahora es más bien la fe del converso interesado. Pero lo que sí sorprende es que en esta tarea las filas de la derecha se vean jaleadas por sectores, voces y proyectos políticos que tradicionalmente se han auto-considerado de izquierdas. Los escritos y manifiestos firmados estos días por intelectuales, profesores y académicos para denunciar la vulneración de la Constitución por parte del Parlament –llegando incluso uno de ellos a pedir al Gobierno que utilice la “fuerza legítima” para volver al orden constitucional– son una buena prueba de ello.

En este sentido, conviene subrayar que los paladines de la vigente Constitución, quienes estos días han mostrado todo su ardor guerrero, hayan permanecido callados durante los últimos años, en los que esa Constitución a la que tanto defienden ha sido amordazada y pisoteada hasta límites insospechados. Así, por ejemplo, el silencio más absoluto fue la respuesta de la academia, en general, y de los juristas, en particular, cuando en agosto de 2011 fue reformada por vía de urgencia y mediante procedimiento abreviado (por cierto, ¿no es de falta de garantías y debate de lo que se acusa al Parlament cuando aprobó en dos tardes el referéndum y la desconexión?).

Tampoco se hace referencia en ninguno de los recientes manifiestos a los ataques a la cultura constitucional perpetrados estos últimos días: un Gobierno que interviene “de facto” la autonomía catalana ignorando olímpicamente el art. 155 de la Constitución; registros de imprentas, detenciones y actuaciones al margen de la legislación procesal vigente; el Tribunal Constitucional convertido en órgano de imposición de multas; e incluso jueces que prohíben la realización de debates en espacios municipales sobre el derecho a decidir. Por cierto, la vulneración a la libertad de expresión y al principio constitucional de la autonomía local que supone que un juez prohíba que se celebre un debate –sí, sí, un debate– en un espacio municipal, ¿no merecía un pequeño apartado en el manifiesto que más de 200 profesores de Derecho constitucional han firmado en defensa de la Constitución?

En suma, este silencio no es involuntario ni casual, sino que tiene que ver con lo que se advertía al comienzo de estas páginas: cada persona lee e interpreta las prácticas políticas y las normas jurídicas de acuerdo con su escala de principios y valores. En este caso, lo que les ciega no parece ser el sol de la Constitución, dado que poco calor irradia esta hoy. El dogma a defender es una vez más la tesis de la unidad de España, “patria común e indivisible de todos los españoles”, tal y como reza su art. 2, aprobado –como fehacientemente sabemos– al dictado de los militares.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Patricia Horrillo: “Necesitamos un pequeño caos para avanzar”

Puedes comprar #LaMarea53 #¿A dónde vamos a llegar? en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

Patricia Horrillo nació en Madrid, creció en Ávila y maduró en Barcelona. Y es esta ciudad la que en los últimos tiempos se ha convertido en su refugio. Un refugio atacado: “Me dije ‘voy a pasar a Barcelona unos días, para desconectar’. Llegué el domingo y de repente me empezaron a llegar mensajes. Dos personas muy distintas me preguntaron ¿estás bien? Y ahí ya fue cuando me enteré de todo”. La noticia le hizo mella, pero no solo por los ataques terroristas, sino también por el ruido que se generó casi de inmediato: “A mí lo que me parece triste es que se aproveche una situación que afecta directamente a la ciudadanía, como es el caso de un atentado, para aportar un discurso político que ni siquiera es un discurso, es un mensaje muy claro: esto es culpa de quien ha intentado separarse. ¿Qué tonterías estamos diciendo?, ¿acaso Madrid intentaba separarse de algún lado cuando ocurrió el atentado allí?”, comenta Horrillo acerca de los distintos editoriales y visiones políticas que se han podido leer en la prensa después de los días después del atentado.

Su testimonio es el de una española –y del centro, para más señas– que encontró en Cataluña una situación política, cultural y ciudadana distinta a esa imagen que, en general, se suele hacer de esta problemática (para algunos) comunidad: “Yo recuerdo que tenía una imagen de Cataluña y del catalán basada en lo que había escuchado viviendo en Madrid, cosas como que si el catalán lo utilizan políticamente para fastidiar. En aquella época se veía como una especie de capricho para imponernos algo que los demás no entendemos. Algo que jamás te pasaría con cualquier otra lengua extranjera y, sin embargo, esa idea la tenía totalmente interiorizada. No la había analizado. Era el año 2005. Al irme a vivir allí, te puedo hablar de impresiones. La parte racional a veces te la marca un poco la emoción. Yo me sentí allí, en Barcelona, totalmente acogida desde el minuto uno. Como ciudad, al compararla con Madrid, me pareció mucho más europea. Los quioscos, por ejemplo, me sorprendieron porque había más cabeceras de prensa diferentes de las que encontraba en Madrid, al menos en el centro”.

Este encuentro agradable y correspondido por parte de la ciudad permitió a esta periodista integrarse en Barcelona sin ningún tipo de resquemor. Ni siquiera con el idioma: “Para mí, aprender catalán no fue un trauma. Por supuesto, me apunté a las clases que ofrecía la Generalitat, porque me encantaba. Y no solo no creo que sea un problema, sino que es un enriquecimiento para la persona. En ese sentido, había mucha más gente de otros países aprendiendo catalán. Eso también me pareció muy sintomático. Aunque es cierta una cosa: somos vagos, si tú vas a un sitio y no tienes que hacer ningún esfuerzo para que te entiendan… Curiosamente, gente de otros países veían como algo positivo que, desde la Generalitat, se favoreciera que tú aprendieras una lengua que era propia del lugar. Parece que en el resto de España estamos tan cegados por la forma en que se nos ha ido explicando todo esto, de un modo tan hostil, que la predisposición es a cerrar las puertas mentales. Es decir, nadie cuestiona que escuches a Trump hablar en inglés, no se te ocurre decir ‘es que lo hace por joder’. Asumes que esa es su lengua. Hay una hostilidad que no tiene nada que ver con la lengua”, reflexiona.

El idilio de Horrillo con Barcelona terminó hace ocho años, en parte por cuestiones profesionales, y en parte porque el ambiente había empezado a cambiar. “Es verdad que cuando regresé a Madrid ya empezaba a crispar un poco el tema del independentismo. Yo soy anarquista, a mí el tema nacionalista me resbala. Me parece todo una construcción muy jodida de la historia. Sin embargo, había empatizado bastante con esa idea de injusticia respecto a Cataluña cuando estuve viviendo allí. Me parecía que había un tratamiento muy despectivo por los medios de comunicación a Cataluña. Eso ha sido un caldo de cultivo que, durante mucho tiempo, ha estado calando”, explica.

Otra forma de entender la política

Una consecuencia, no solo de un sentimiento, sino también de otra forma de entender la política: “Viviendo allí, todo lo que había escuchado respecto al discurso del independentismo me había parecido de mayor nivel que aquí. Yo allí veía debates y no eran crispados. Incluso de cuestiones políticas muy difíciles. Me daba bastante envidia porque tenía la sensación de que había una forma de entender la política bastante elevada. No siempre, no en todo momento, pero en general. Y, sobre todo, había debate político. Aquí, no. Allí había más diálogo, y además una forma de debatir políticamente más madura. No tanto de lectura de discurso, sino de argumentos. Al menos, había palabra. Y aquí, ni la había antes de que me fuera, ni la ha habido después de que haya vuelto”.

Para Horrillo, el interés del referéndum no radica en la acción de separarse, sino que lo entiende como una oportunidad para permitir que la ciudadanía exprese su opinión de una forma madura: “Creo que el diálogo político tiene que evolucionar. Lo que no puede hacer es estancarse. Las fronteras solo sirven para generar Estados, construcciones que servían para amasar poder. Ahora no es diferente. Sin embargo, creo que, a pesar de mi ideología, impedir que haya un referéndum en una supuesta democracia demuestra la inmadurez que tenemos como sociedad.

Sin que yo esté de acuerdo con la idea del nacionalismo, considero que cualquier consulta es importante. La actitud  inamovible que tiene el Gobierno español al negar que los Estados evolucionan bloquea toda construcción. De lo que sea. Quizá España debería ser un Estado federal, posiblemente eso representaría mejor lo que es en realidad. Pero esa idea de unidad, como si fuera un concepto positivo en sí mismo, supone más uniformidad. Y para mí la uniformidad no es algo positivo, lo positivo es la diversidad. Aceptarla y buscar la forma política para que se pueda manifestar de forma libre: ese es el objetivo”.

¿Y cuál sería la opción de Horrillo si tuviera la oportunidad de expresar su opinión sobre la separación de Cataluña?  Creo que votaría que sí. Precisamente para intentar que haya una evolución en este proceso. Porque provocar una situación en la que haya una ruptura real, posiblemente nos ayudaría a avanzar como sociedad en conjunto. Mucha gente piensa que una ruptura provoca caos, y que eso es algo que no se puede permitir. Son quienes dicen lo de ‘o nosotros o el caos’, aunque ellos también lo sean. Y así es como se genera ese miedo sociológico. Por otro lado, creo que en España en particular necesitamos un pequeño caos”, concluye.

Esta entrevista forma parte de la serie #Yotambién quiero un referéndum para Cataluña. Puedes comprar #LaMarea52 en kioscos y en nuestra tienda online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Raúl Sánchez: “Hay que celebrar un referéndum por sentido común”

Raúl Sánchez es de Moratalaz (Madrid) pero se considera, ante todo, ciudadano del mundo. No es muy de fronteras, somos todos ciudadanos de la misma urbe, asegura. Por ello, la independencia de Cataluña le parece un sinsentido. Ahora bien, cuando se trata del derecho a decidir la cosa cambia. Aunque no quiere que España se fracture, tampoco quiere vivir en una sociedad que no le dé la oportunidad de decidir. Es de profesión traductor, pero ha pasado muchas horas de su vida como activista. La Marea ha quedado con él en una terraza en el barrio de Vallecas para hablar sobre el referéndum. Llega puntual y con un discurso que parece haber repetido no pocas veces.

¿Por qué está a favor de la celebración de un referéndum de independencia para Cataluña?

Por varios motivos. El principal es por sentido común. Si fuera una reivindicación minoritaria sería diferente, pero no es el caso,y, por lo tanto, para solucionar el bloqueo del proceso democrático en Cataluña hay que respetar lo que quiere la mayoría. Además, la propia Constitución reconoce que el reino de España es plurinacional.

¿Según los datos recogidos en las encuestas sería suficiente para reconocer una Cataluña independiente?

Desde que se creó el llamado Procés, en 2012, el voto a favor de la independencia se ha demostrado que no es mayoritario, no llega al 50%. Por lo tanto, no habría una mayoría razonable para una independencia. Nadie con sentido común puede hacer una secesión o construir un nuevo Estado con una sociedad dividida en dos mitades. Lo importante es que se pueda decidir y que las cuestiones de la pertenencia o no a un Estado dentro de unos límites razonables estén sujetas a la consulta popular. Es una cuestión fundamental.

¿En qué porcentaje pondría el límite en caso de que saliese el sí a la independencia?

Más que el límite lo que haría sería poner un criterio de sentido común. La democracia es lo que permite decidir a la mayoría sobre el bien común, no sobre el mal común.

¿Un 55% de votos a favor de la independencia sería suficiente para la desconexión con España?

No sé qué decirte, yo creo que no.

¿Y un 65%?

Sí, sería razonable. Si vas más allá de los tres quintos no se puede quedar la cosa como está. Pero no me centraría en la independencia, que en el fondo no la quiere casi nadie y cuando profundizas descubres que en realidad es una minoría bastante loca o fanática la que la desea. Las élites catalanas quieren construir un paraíso fiscal, un Estado comercial, mercantilista y fiscalmente favorable dentro de la Unión Europea, algo que tal y como está el cuadro es muy poco probable.

¿Estaría siempre a favor del referéndum o habría alguna situación que le hiciera cambiar de opinión?

Creo que no puedo imaginar ningún supuesto en el que no estuviera a favor.

¿Cuál es su imagen de Cataluña?

He ido a Barcelona en incontables ocasiones. Mi imagen de Cataluña es mixta, por una parte de la observación y por otra por mi trato y lo que me cuentan los catalanes. Es evidente que hay un universo que es Barcelona y buena parte de la vieja costa industrial y luego todo el resto. Hay una visión deformada de Cataluña como algo homogéneo.

¿Ha sufrido lo que algunos llaman españofobia?

No. Cuando fui por primera vez a Barcelona tenía 22 años y era ya políticamente simpatizante del catalanismo y el independentismo. Luego he sido menos simpatizante pero lo era por mi formación política. Nunca me ha parecido que haya algún tipo de rechazo a los españoles. He visto gente de izquierda que no frecuenta mucho Cataluña o que ha ido a zonas costeras y que le han hablado en castellano, pero cuando se han visto en una situación que no interaccionas en catalán se han sentido molestos, como si hubiera una intención agresiva en ello.

¿Qué opina de lo que le ocurrió al periodista holandés en la rueda de prensa?

Me parece que un periodista tiene que poder entender o que le traduzcan las lenguas oficiales del Estado, y si está en Cataluña, con mayor motivo. Es una arena de combate que en una situación como un atentado en el que hay una demanda de información urgente, la exasperación del periodista le lleve a cabrearse e irse en vez de ir a un colega y preguntarle qué ha dicho. Por otro lado, no me parece bien que el Mayor no le diga quédese en castellano. De lo que se queja el periodista holandés es de que hablen en catalán, podía haber pedido por favor que se lo dijeran en castellano. Cuando hay esa crispación es difícil juzgar. Lo que hay que criticar es ese marco de seguir con la guerra lingüística cuando hay una situación en la que la mayoría de los muertos de las Ramblas no son ni españoles ni catalanes. Sorprende que en una situación de ese tipo se produzca esta anécdota tan lamentable.

¿Cree que el referéndum es la única forma de solucionar el conflicto entre España y Cataluña o hay otras formas?

Hay otras formas, pero ¿cuáles son las más probables? Todas ellas pasan por que haya una mayoría política y social que vote cambiar la Constitución. Veo poco factible que se produzca una consulta en los términos en los que estamos… Por otra parte, tal y como se está haciendo ahora, el llamado Procés es muy sectario y peligrosamente nacionalista.

Estamos viendo cómo cada día la tensión crece, ¿cree que el 1-0 será un día violento o pacífico?

Creo que será pacífico. Puigdemont sabe que la relación de fuerzas está completamente empantanada, no se mueve y que tienen que seguir adelante. Creo que lo más probable es que haya un amago, un gesto de hacer el referéndum pero que finalmente no lo harán y echarán la culpa a la represión del Constitucional y al gobierno de Rajoy y eso precipitará las elecciones, que serán constituyentes. Ahora bien, en esas elecciones, lo que se intentará hacer es ampliar la base social y electoral del derecho a decidir a través de una posible alianza de Esquerra con Los Comunes y también se intentará seducir al PSC para que rompa con la disciplina que intentará imponer Pedro Sánchez.

¿La inacción del Gobierno de España como estrategia ha aumentado el número de independentistas?

El origen del nuevo independentismo, es decir, el que sustituye al catalanismo de Pujol se remonta a  la segunda legislatura de Aznar y luego a la gran torpeza de Zapatero de recortar el Estatut y no haber presionado fuertemente, llamando a la puerta de la Casa Real y a la judicatura, y no haber presionado también al Constitucional, que anuló el Estatut. Estoy muy de acuerdo con Javier Pérez Royo, que ha escrito algunos artículos en los que habla del Estado de excepción constitucional. El Constitucional anuló el Estatut siendo un tribunal de chichinabo, que no es ni el alemán ni el Supremo estadounidense, y que no tiene legitimidad ninguna para hacerlo, y es lo que ha dado alas a ese independentismo, y con legitimidad.

¿Entiende el sentimiento de identidad catalana?

La identidad catalana entendida como la narración de una Cataluña igual a sí misma y que vive y late a través de los siglos a mí me parece una falacia. Tengo afecto por el catalanismo popular que va desde la CNT, los sindicatos, el PSUC, el Poum y todas las formaciones que han existido junto al anarquismo de Ferrer Guardia. Yo diferenciaría esto del catalanismo conservador y de derechas que tiene muchas resonancias carlistas como las tiene el nacionalismo racista de Sabino Arana.

¿Ha conocido a personas de otras comunidades que sientan por su tierra lo que los catalanes sienten por la suya?

Sí, tengo amigos castellanistas independentistas y también voy relativamente a Andalucía y también lo ves. El problema que se produce ahora es que hay una mezcla de sustancias que pueden ser muy tóxicas. El juego peligroso que está haciendo la CUP es que está mezclando ese catalanismo popular republicano, integrador y no racista, que parte de la migración, con el adoctrinamiento identitario de los años 70, que viene de Valencia, de Joan Justé, y eso es muy peligroso. El gran problema de la CUP es que quieren hacer la independencia aliándose con los explotadores y luego quiere derrotar a los explotadores para que se haga justicia social, y la justicia social, razonablemente, le llevará a una solidaridad territorial con los trabajadores de su área económica, porque si eres rico vas a tener migración y qué vas a hacer con esa migración que será fundamentalmente aragonesa, castellana o andaluza…

¿Por qué hay tantos españoles que no se atreven a pedir que se celebre un referéndum?

No sé decirte. Hay gente a la que directamente le da igual y, si ves el grueso de votantes del PP, son de más de cincuenta años. El PP y el PSOE es actualmente un partido de viejos.

¿Es imposible una España sin Cataluña?

Sí. Sin duda. Se puede ir tirando, pero España es la integración de unos reinos históricos, que tiene consolidado en el mercado europeo una cierta especialización productiva, turismo, construcción e industrias… Cataluña reúne todo eso. Desde el punto de vista financiero, la potencia catalana es más de un cuarto del PIB español. Es inviable, no puedes ocupar la posición que tienes si se te va Cataluña y está claro que si se va, el País Vasco no se va a quedar como está.  

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Fosilización política, tijera legal. Un proyecto de recortes democráticos con la excusa catalana

Puedes leer el dossier #Yotambién quiero un referéndum para Cataluña en #LaMarea52, que puedes comprar aquí. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.

Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.

Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?

Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.

Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.

Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.

El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.

El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.

Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.

En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.

Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.

Más en lamarea.com

Read More

Fosilización política, tijera legal. Un proyecto de recortes democráticos con la excusa catalana

Puedes leer el dossier #Yotambién quiero un referéndum para Cataluña en #LaMarea52, que puedes comprar aquí. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.

Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.

Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?

Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.

Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.

Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.

El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.

El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.

Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.

En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.

Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More